Cleofas Monsivais Lopez y Otros.
Expediente 501/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 26 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 501/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 01/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Cleofas Monsivais Lopez
- Cleofas Monsivais Lopez y Otros.
- Rogelio Monsiváis Infante
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Incidental
1. Archivo de asunto. Ahora bien, se advierte que con esta fecha se remitió al archivo el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión; además, en este incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos de la fracción XVIII, del artículo 3° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del citado Acuerdo General, archívese este asunto como concluido. 2. Valoración. Toda vez que en este asunto se negó la suspensión definitiva, quien esto provee considera que el presente incidente de suspensión de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso c) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 3. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del original del este incidente de suspensión. 4. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.
- Principal
1. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base a las constancias que obran en el juicio. 2. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió en: El auto de vinculación a proceso dictado en dieciocho de agosto de dos mil veinte, contra los quejosos directos dentro de la causa penal 221/2020, y la medida provisional de restitución respecto de los lotes de terreno números 40, 41, 42 y 43, de la colonia Agrícola Ganadera Palestina, municipio de Jiménez, Coahuila de Zaragoza, decretada en favor de la víctima, de esa misma fecha La protección constitucional se concedió para el efecto de que el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral de Acuña, Coahuila de Zaragoza, realizara lo siguiente: i) Deberá verificar que quien asistió a los imputados en la audiencia inicial de formulación de imputación y auto de vinculación a proceso, contaba en ese momento con la acreditación jurídica, legal, suficiente y comprobable, mediante el original o copia certificada de la cédula profesional. ii) Si del ejercicio de verificación resulta que los defensores no eran licenciados en derecho, deberá reponer la audiencia inicial de formulación de imputación de dieciocho de agosto de dos mil veinte y el auto en el que se vinculó a proceso a los quejosos Cleofas Monsiváis López, José Ángel Gausin Monsiváis y Rogelio Monsiváis Infante, siguiendo los lineamientos argumentativos de esta sentencia, otorgándole plenitud de jurisdicción en su decisión cuando resuelva la situación jurídica de los impetrantes. iii) Si por el contrario, del ejercicio de verificación resulta que las personas a cargo de la defensa o asistencia jurídica sí eran licenciados en derecho, deberá asentar el resultado de la verificación en aquella determinación que por su naturaleza y efecto estime conveniente. El proceso de verificación debe ser inmediato a que cause ejecutoria esta resolución constitucional. iv) Para lo anterior, deberá cumplir con el requisito formal de que el funcionario ante quien se verifique la audiencia inicial, sea el mismo que presida la continuación de la audiencia de vinculación a proceso. v) En caso de que exista imposibilidad para ello, deberá justificarse de manera fehaciente las razones por las cuales el mismo juzgador no puede presidir ambas audiencias. 3. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral de Acuña, Coahuila de Zaragoza, remitió constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia constitucional, documentales a las que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º. Con ello, mediante proveído de veintiséis de abril del presente año, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera. 3.1 Primer efecto. En cumplimiento a la sentencia constitucional, el juez responsable declaró insubsistente la audiencia inicial de dieciocho de agosto de dos mil veinte, en la que se formuló imputación y se resolvió la situación jurídica de los quejosos, señalando como nueva fecha para que tuviera verificativo dicha audiencia inicial el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en la cual se verificó que, efectivamente Jesús Alfonso Montellanos Reyna, defensor particular de los quejosos, acreditó tener el carácter de licenciado en derecho, lo cual quedó registrado en la videograbación correspondiente. 3.2 Segundo efecto. Por lo que, una vez verificado lo anterior, esto es, saneada que fue la audiencia inicial, en términos del artículo 99 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la autoridad responsable declaró subsistentes los actos procesales que de ella emanaron y en las que intervino el ya mencionado defensor de los quejosos. 4. Manifestaciones en torno al cumplimiento. Sin que en el caso sean conducentes las manifestaciones realizadas por la parte quejosa el seis de mayo del presente año, a través de las cuales alega que la ejecutoria de amparo se encontraba parcialmente cumplida en razón de que la autoridad responsable únicamente procedió a verificar si efectivamente el defensor de los quejosos tenía el carácter de licenciado en derecho, más no emitió pronunciamiento a su favor tocante al resto de sus pretensiones en dicha diligencia. Lo anterior en razón de que, como ya se dijo en párrafos precedentes, el juez responsable no solo constató al verificar que el defensor particular de los quejosos contaba con cédula profesional de licenciado en derecho, sino que una vez saneada la audiencia inicial, dispuso dejar subsistentes las actuaciones posteriores en las cuales intervino dicho defensor, esto en acatamiento a la ejecutoria del amparo. De igual forma, las diversas manifestaciones vertidas por los impetrantes del amparo, en torno a que este órgano jurisdiccional no se pronunció respecto al fondo del asunto, no tienen cabida en el presente juicio, ya que las mismas las debió hacer valer como agravios al momento de impugnar la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, de haber sido su deseo, quedando desde luego expedito su derecho para hacer valer lo que consideren conducente, al haberse emitido el fallo correspondiente en la presente instancia constitucional. 5. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 6. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 7. Valoración. Toda vez que se concedió la protección constitucional en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 8. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 9. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, deberá realizarse la depuración y transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. 10. Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original.
- Principal
1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio signado por el Encargada de Causa del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual informa el estado procesal que guarda la causa penal NIC-0221/2020. 1.1 Acuerdo. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, atento a que el diez de marzo del año en curso, se acordó lo conducente respecto al referido oficio.
- Principal
1. Promoción. Agréguese a los autos el escrito signado por Jesús ***, defensor particular de los quejosos, a través del cual realiza diversas manifestaciones en torno al cumplimiento dado al fallo protector por parte de la autoridad responsable. 1.1 Acuerdo. Por tanto, se tiene al promovente realizando sus manifestaciones, mismas que serán tomadas en cuenta al momento de resolver si se encuentra cumplida o no, la sentencia dictada en autos.
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