Cleofas Alberto Martinez Gutierrez y Otros.

Expediente 1147/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1147/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
17/08/2017

Partes del expediente

  • Cleofas Alberto Martinez Gutierrez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    IV) Toluca, Estado de México; diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco y diez días que establecen los artículos 98 y 81de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja y revision contra el proveído de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, a través del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo y se sobreseyó en este juicio, sin que la parte quejosa los haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración pues en el presente asunto se concedió la suspensión de plano (punto vigésimo primero, inciso III), párrafo segundo y cuarto. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    IV) Toluca, Estado de México; treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. El estado procesal de los autos y la certificación de cuenta evidencian que los quejosos Everardo Díaz Ballesteros, Vicente Javier Guillen Espinosa, William de Jesús Torres Solórzano y Edgar David Morales Robledo, no desahogaron la prevención formulada mediante proveído de veinte de julio de dos mil diecisiete; en consecuencia, y atento a la certificación precedente, con apoyo en lo anotado en el penúltimo párrafo del ordinal 114 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el proveído de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo, respecto de los citados agraviados. Por otra parte, toda vez que mediante auto de veinticuatro de julio de dos mil diecisiete (fojas 13 y 14), se reservó acordar lo conducente respecto al desistimiento del presente asunto respecto del quejoso Cleofás Alberto Martínez Gutiérrez. Atento a lo expuesto con anterioridad, es claro que en el presente asunto se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio." En tal virtud, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Cleofás Alberto Martínez Gutiérrez contra actos del Titular del Área de Servicios Médico del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, pues emerge la causa de sobreseimiento inserta en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J.10/2003 publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2003, tomo XVII, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 184572, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Aunado a que la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, y con la sola declaración de la voluntad, válidamente la parte quejosa puede ceder en cualquier momento, pues el desistimiento de la demanda constituye la renuncia a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional. No es obstáculo para dictar la presente determinación el hecho de que en el presente asunto aún no se haya dictado auto admisorio, pues el procedimiento del juicio de amparo se inicia con la presentación de la demanda, por lo que la parte quejosa puede desistirse de éste hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia dictada en el mismo. En ese sentido, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 4/90, publicada en la página 125, del Semanario Judicial de la Federación, Julio a diciembre de 1990, Tomo VI, Primera Parte, Materia Común, Octava Época, número de registro 206461, que dice: "JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INICIA. El juicio de garantías se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano judicial, y por ello, los proveídos como el de incompetencia y los relativos a la medida cautelar, anteriores a la admisión son de carácter netamente procesal y se dan durante la tramitación del juicio mismo, atento a lo cual, resulta desafortunado señalar que se trata de acuerdos prejudiciales, pues la decisión sobre la incompetencia y el acuerdo de suspensión se dan dentro del procedimiento que se inicia con la presentación de la demanda." Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese y personalmente a los quejoso en términos del auto de veinticuatro de julio de dos mil diecisiete.

  3. Principal

    IV9 Toluca, Estado de México; veinticinco de julio de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio suscrito por la Médico de Guardia en suplencia de la Jefa del Departamento de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, a través del cual rinde informe de cumplimiento a la suspensión de plano y de oficio, concedida en autos. Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y personalmente a los quejosos en términos del auto de veinticuatro de julio de dos mil diecisiete.

  4. Principal

    IV) Toluca, Estado de México; veinticuatro de julio de dos mil diecisiete. Vista la diligencia practicada el veinte de julio del año en curso, mediante la cual el actuario de la adscripción notificó personalmente al quejoso Cleofás Alberto Martínez Gutiérrez, el auto de veinte de junio del año en curso, dictada en el presente juicio de amparo; constancia de la que se aprecia que el impetrante manifestó lo siguiente: "Me desisto yo no Meti esta queja o Demanda señalo para oír y recibir notificaciones." Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la diligencia de cuenta para que surta los efectos legales procedentes. A la aseveración inserta en la razón de cuenta se le concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°., porque la fe dada por un funcionario judicial, en ejercicio de su encargo conserva su valor probatorio para tener por cierto lo ahí asentado, pues se encuentra investido legalmente de fe pública. Se estima aplicable, la tesis publicada en la página 202, del Tomo XI, marzo de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso, por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad". En ese contexto, ténganse por hecha la manifestación del quejoso Cleofás Alberto Martínez Gutiérrez, a través del cual se desiste del presente juicio de amparo y señala autorizada para oír y recibir notificaciones. Atento a lo anterior, respecto del desistimiento manifestado resérvese acordar lo conducente, hasta en tanto los quejosos Everardo Díaz Ballesteros, Vicente Javier Guillen Espinosa, William de Jesús Torres Solórzano y Edgar David Morales Robledo, desahoguen o no el requerimiento formulado en auto de veinte de julio del presente año. Finalmente, y toda vez que el quejoso designa autorizada, practicarle las demás notificaciones, con fundamento en el artículo 26 fracción I, en relación con el 27 fracción III, inciso a) de la ley de Amparo, por lista que se fija en este juzgado, aún las de carácter personal. Notifíquese y personalmente a los quejosos por conducto de su representante común, en términos de este auto.

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