Cleofas Alberto Martinez Gutierrez
Expediente 743/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 743/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 31/08/2017
Partes del expediente
- Cleofas Alberto Martinez Gutierrez
- Juez Septimo de Distirto de Procesos Penales Federales en el Estado de México en toluca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
de conformidad con el articulo 27, fraccion i inciso c, de a ley de amparo, s enotifica al quejoso el auto de treinta y uno de los cursante spor emdio de lista el cual en lo conducnete dice: CUMPLIMIENTO. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes mediante auto de veintisiete de julio del presente año (foja 544), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto la forma en que las autoridades responsables, aducen haber cumplido el fallo protector, siendo que únicamente el quejoso ha emitido pronunciamiento al respecto, mediante escrito presentado el tres de julio de dos mil diecisiete (fojas 532 a 538); por tanto, este Juzgado de Distrito, se pronuncia al respecto. De inicio, se precisa que por sentencia terminada de engrosar el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis (fojas 187 a 227), se concedió al quejoso Cleofás Alberto Martínez Gutiérrez, el amparo y protección de la tutela constitucional solicitada, para el efecto de que el Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada, y; 2. Emita otra con libertad de jurisdicción en la que analice de nueva cuenta lo referente al cuerpo del delito y la probable responsabilidad de Cleofas Alberto Martínez Gutiérrez, considerando los medios de prueba que tenga a su alcance, en el entendido que los testimonios que obran en copia certificada y que no fueron expresados dentro de la averiguación previa de donde deriva la causa penal de origen, deben ser valorados como documentales, fundando y motivando su determinación, señalando los preceptos con los cuales valoró las pruebas recabadas en lo individual y en su conjunto, el valor que le adjudique (plano, indiciario o ninguna eficacia); y precise con qué medios de prueba de la averiguación previa le son útiles para acreditar cada uno de los elementos del cuerpo del delito en estudio, plasmando los razonamientos adecuados al caso." Concesión que se hizo extensiva a la autoridad responsable ejecutora, Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano". Inconformes con tal pronunciamiento el quejoso y la representante social de la adscripción interpusieron recurso de revisión, del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien lo registró bajo el arábigo 360/2016, y en sesión de doce de mayo de dos mil diecisiete (fojas 389 a 430), determinó confirmar la sentencia recurrida, por lo que el veintinueve de ese mismo mes y año (fojas 431 y 432), se requirió a las responsables su cumplimiento. En acatamiento a lo anterior, por oficios recibidos en este Juzgado el veintisiete de junio (foja 452), y el veintiséis de julio (foja 543), ambos del año en curso, las responsables hicieron del conocimiento la forma en que dieron cumplimiento al fallo protector, remitiendo el Juez del proceso, copia certificada de las constancias que a su dicho lo acreditaban. Por lo que el veintisiete de julio de dos mil diecisiete (foja 544), se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera. Mediante escrito presentado el tres de julio de dos mil diecisiete (fojas 532 a 538), el quejoso realizó diversas manifestaciones respecto a la forma en que las responsables acataron el fallo protector, mismas que serán atendidas en esta determinación. En virtud de lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, que dispone, entre otras cosas, que el órgano jurisdiccional dictará resolución fundada y motivada que declare si la sentencia está cumplida o no, y si se incurrió en exceso o defecto; la suscrita procede a determinar si la sentencia dictada en el juicio en que se actúa fue cumplida en sus términos, para lo cual habrán de precisarse los efectos del fallo protector y las consideraciones emitidas por las responsables en cumplimiento a dicha sentencia. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DE AMPARO CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA. Para que el Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México: 1. Dejará insubsistente la resolución reclamada, y; 2. Emitiera otra con libertad de jurisdicción en la que analizara de nueva cuenta lo referente al cuerpo del delito y la probable responsabilidad de Cleofás Alberto Martínez Gutiérrez, considerando los medios de prueba que tenga a su alcance, en el entendido que los testimonios que obran en copia certificada y que no fueron expresados dentro de la averiguación previa de donde deriva la causa penal de origen, deben ser valorados como documentales, fundando y motivando su determinación, señalando los preceptos con los cuales valoró las pruebas recabadas en lo individual y en su conjunto, el valor que le adjudique (plano, indiciario o ninguna eficacia); y precise con qué medios de prueba de la averiguación previa le son útiles para acreditar cada uno de los elementos del cuerpo del delito en estudio, plasmando los razonamientos adecuados al caso. Concesión que se hizo extensiva a la autoridad responsable ejecutora, Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano". El Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en resolución de veintiséis de junio de dos mil diecisiete (foja 453), determinó: 1. Dejar insubsistente la similar de dos de mayo de dos mil dieciséis (foja 454). 2. Procedió a emitir una nueva resolución respecto de la situación jurídica del quejoso, en la cual: -Relacionó el material probatorio con que contaba dentro de la causa penal. -Citó el marco legal y constitucional del auto de formal prisión. -Procedió a analizar la acreditación del cuerpo del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito de secuestro, previsto por el artículo 2°, fracción VII, y sancionado por el diverso 4°, fracción II, inciso a), todos de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Para lo cual ponderó que el tipo penal constaba de tres elementos: a) Que tres o más personas se organicen de hecho. b) Que la organización sea en forma permanente o reiterada. c) Que la organización tenga como fin cometer alguno o algunos de los delitos que señala el mencionado artículo 2°, en la especie secuestro. Aplicándolo al caso concreto, analizó de forma conjunta el primer y segundo elemento, con las mismas pruebas, por la estrecha vinculación que tienen para su comprobación, las cuales ponderó al tenor de lo dispuesto por los artículos 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 280 y 285 del Código Federal de Procedimientos Penales, siendo estas: -Copia certificada de la resolución pronunciada el cuatro de noviembre de dos mil quince, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de uno de octubre del mismo año, dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en los autos del amparo directo 178/2015, al resolver los autos del toca penal 75/2014, relativo al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en la causa penal 64/2013-XC, el treinta de enero de dos mil catorce, por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, la cual estimó con pleno valor probatorio al ser una sentencia irrevocable, la cual concatenó con: -La copia certificada de la declaración ministerial de Mario Armando Ramírez Treviño, alias el "X20", de veinte de agosto de dos mil trece. -La copia certificada de la declaración ministerial de Jesús Alejandro Leal Flores alias "El Simple" o "El Güero Cumbias" o "M-24" o "El Comandante Simple", de dos de marzo de dos mil catorce. -La copia certificada de la declaración ministerial de Jesús Alejandro Leal Flores alias "El Simple" o "Ángel de la Garza", de dos de abril de dos mil catorce. -La copia certificada de la declaración ministerial de Sergio Roberto de la Garza Aguirre, de veintiuno de enero de dos mil catorce. -La copia certificada de la declaración de Gustavo de Jesús Valdivia Contreras, de veintiuno de enero de dos mil catorce. -La copia certificada de la declaración ministerial de Edgar Alejando Gómez alias "El Flaco", de diecisiete de mayo de dos mil quince. -La copia certificada de la declaración ministerial de Juan Manuel Rodríguez García, alias "Juan Perros", de veintiséis de mayo de dos mil catorce. -La copia certificada de la declaración de Iván Beas Belmonte, de doce de diciembre de dos mil quince. -La copia certificada de la declaración de Nohemí Alejandra Rodríguez Guevara, de trece de diciembre de dos mil quince. -La copia certificada de la declaración ministerial de Gerardo Díaz Pérez, alias "El Chilango", de diez de noviembre de dos mil quince. -La copia certificada de la declaración ministerial del testigo Jorge Ulises Flores Fuentes, identificado con clave "Tiburcio", de veintiséis de abril de dos mil trece. -La copia certificada de la declaración ministerial del testigo José Salvador Puga Quintanilla, identificado con clave "Pitufo", de veinticuatro de junio de dos mil trece. Medios de convicción que valoró del modo siguiente (fojas 474 y 475): "Los anteriores medios probatorios, desde luego siguiendo las directrices narradas en la ejecutoria de amparo que ahora se cumplimenta, al tratarse de documentales públicas, en cuanto a su forma (continente), adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 41, párrafo primero, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 280 y 281 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria en términos del numeral 7 de la ley especial en cita, respecto a la existencia de dichos deposados, emitidos en las fechas señaladas por parte de determinados sujetos en su calidad de indiciados y ante el órgano investigador, ya que al estar certificadas por una autoridad dotada de fe pública, competente y en función de sus facultades, da certeza de la existencia de las diligencias ministeriales que se contienen en esos documentos. Empero, en cuanto al fondo (contenido) de tales documentales, la información contenida en los mismos, adquiere el valor de indicio, conforme a lo establecido por el numeral 285 del código procesal en mención, de aplicación supletoria en términos del arábigo 7 de la ley especial citada, por haber sido recabadas conforme a las facultades de investigación que prevén los artículos 21 constitucional y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, justificado así que dichas personas proporcionaron información sobre los hechos ahí narrados, mismas que valoradas en su conjunto, conforme a la naturaleza de los hechos imputados, la prueba de ellos, la autenticidad de las documentales aludidas, la información contenida en cada una de estas, y el enlace existente entre la organización delicuencial plenamente probada y la vinculación que se busca de las personas implicadas, permiten demostrar, al menos hasta este momento procesal, la existencia de un grupo delicuencial integrado por más de tres sujetos denominado "Cártel del Golfo". (.). Y el hecho de que dichas declaraciones hayan sido recabadas en diversas averiguaciones previas, en modo alguno sirve para enervar su individual valor probatorio de indicio; en tanto que el Ministerio Público actuó como rector de la investigación y, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, ordenó el desglose de ciertas actuaciones y su traslado a la averiguación previa que aquí importa, a fin de integrarla y ejercer acción penal por algunos de los hechos investigados; es decir, en estricto sentido tales probanzas no provienen de una indagatoria diversa a la instrumentada por el Ministerio Público de la Federación en contra del encausado." Lo que además concatenó con diversos medios de convicción que obran en la causa penal, a los cuales también les confirió valor probatorio de indicio en términos del artículo 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en relación con el diverso 285 del Código Federal de Procedimientos Penales (foja 491), estimando así acreditados los dos primeros elementos del cuerpo del delito en estudio. En lo tocante al tercer elemento del cuerpo del delito (foja 492), estimó que el mismo se encontraba acreditado con los indicios deducidos de las pruebas que justipreció previamente, y señaló que la finalidad de cometer alguno o algunos de los delitos que prevé el artículo 2° de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, se demuestra con las siguientes pruebas: -La copia certificada de la declaración ministerial de Mario Alberto Ramírez Treviño, alias el "X20", de veinte de agosto de dos mil trece. -La copia certificada de la declaración ministerial de Jesús Alejandro Leal Flores, alias "El Simple" o "El Güero Cumbias" o "M-24" o "El Comandante Simple", de dos de marzo de dos mil catorce. -La copia certificada de la declaración de Jesús Alejandro Leal Flores, alias "El Simple" o "Ángel de la Garza", de dos de abril de dos mil catorce. -La copia certificada de la declaración ministerial de Sergio Roberto de la Garza Aguirre, de veintiuno de enero de dos mil catorce. -La copia certificada de la declaración ministerial de Gustavo de Jesús Valdivia Contreras, de veintiuno de enero de dos mil catorce. -Copia certificada de la declaración ministerial de Iván Beas Belmonte, de doce de diciembre de dos mil quince. *Por otro lado, en lo tocante a la probable responsabilidad penal del quejoso (foja 500), estimó que hasta ese estadio procesal se encuentra acreditada, como autor directo, máxime que no se acreditó alguna causa de licitud o excluyente de culpabilidad, teniéndola por demostrada con los siguientes medios de convicción: -La copia certificada de la declaración ministerial de Mario Alberto Ramírez Treviño, alias el "X20", de veinte de agosto de dos mil trece. -La copia certificada de la declaración ministerial de Jesús Alejandro Leal Flores, alias "El Simple" o "El Güero Cumbias" o "M-24" o "El Comandante Simple", de dos de marzo de dos mil catorce. -La copia certificada de la declaración de Jesús Alejandro Leal Flores, alias "El Simple" o "Ángel de la Garza", de dos de abril de dos mil catorce. -La copia certificada de la declaración ministerial de Sergio Roberto de la Garza Aguirre, de veintiuno de enero de dos mil catorce. -La copia certificada de la declaración ministerial de Gustavo de Jesús Valdivia Contreras, de veintiuno de enero de dos mil catorce. -La copia certificada de la declaración ministerial de Edgar Alejandro Gómez, alias "El Flaco", de diecisiete de mayo de dos mil quince. -La copia certificada de la declaración ministerial de Juan Manuel Rodríguez García, alias "Juan Perros", de veintiséis de mayo de dos mil catorce. -La copia certificada de la declaración ministerial de Iván Beas Belmonte, de doce de diciembre de dos mil quince. -La copia certificada de la declaración de Nohemí Alejandra Rodríguez Guevara, de trece de diciembre de dos mil quince. -La copia certificada de la declaración ministerial de Gerardo Díaz Pérez, alias "El Chilango", de diez de noviembre de dos mil quince. -La copia certificada de la declaración ministerial del testigo Jorge Ulises Flores Fuentes, con nombre clave "Tiburcio", de veintiséis de abril de dos mil trece. -La copia certificada de la declaración ministerial del testigo José Salvador Puga Quintanilla, con clave "Pitufo", de veinticuatro de junio de dos mil trece. Los cuales concateno con la copia certificada de la resolución pronunciada el cuatro de noviembre de dos mil quince, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de uno de octubre del mismo año, dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en los autos del amparo directo 178/2015, al resolver los autos del toca penal 75/2014, relativo al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en la causa penal 64/2013-XC, el treinta de enero de dos mil catorce, por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit. Asimismo, estableció: "Probanzas antedichas cuya valoración se realizó en el estudio del primer y segundo elemento del cuerpo del delito, y que en este apartado se reitera para evitar repeticiones innecesarias, como lo establece el artículo 95, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Las cuales resultan, al menos hasta el momento, adecuadas para justificar la probable intervención de Cleofás Alberto Martínez Gutiérrez alias "El Güero Cleofás" y/o "El Güero Ataques", pues se aprecian datos e indicios de incriminación eficaces contra él, en tanto, que propiamente ponen de relieve esa reunión de más de tres personas, de forma reiterada y con el propósito de cometer delitos de los que se especifica el artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada al tenor de las acciones que a continuación se precisan: (.)." Por lo que tuvo por acreditada la probable intervención del quejoso en el delito que se le atribuyó. Procediendo a calificar como dolosa, formal y materialmente antijurídica la conducta del quejoso, además de pronunciarse respecto a la reserva de declaración ministerial ejercitada por éste, y en relación al principio de presunción de inocencia, así como el debido proceso, además de pronunciarse en relación a lo alegado por su defensa, para concluir dictando auto de formal prisión en su contra. La Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", mediante oficios recibidos el uno de junio (foja 437), y el veintiséis de julio (foja 543), ambos del año en curso, informó que mantenía las cosas en el estado que guardaban y que acataría lo que determinara el Juez del proceso, lo cual anotó en sus registros y controles electrónicos, así como en el expediente del quejoso. Atento a ello y confrontadas las exigencias contenidas en la ejecutoria de amparo, con las constancias de las autoridades responsables, se advierte que ha dado cabal cumplimiento al fallo protector, pues el Juez del proceso acertadamente valoró como pruebas documentales las declaraciones allegadas por la representación social, en la averiguación previa génesis, y que no fueron expresados dentro de la misma, dándoles el valor de indicio que estimó conducente expresando los motivos de ello; mismos que valoró en lo individual y en su conjunto, en términos de los numerales 14 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 280 y 285 del Código Federal de Procedimientos Penales, especificando claramente las razones y los medios de convicción, que le llevaron a tener por acreditados los elementos del cuerpo del delito que se le atribuyó al quejoso. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos y no se incurrió en exceso o defecto. Sin que sea obstáculo a lo anterior, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa mediante escrito recibido el tres de julio de dos mil diecisiete (foja 532), en el cual refiere estar inconforme con la manera en que se acató el fallo protector, en atención a que estima se valoraron de forma indebida los medios de convicción que obran en la causa génesis, al considerar que acorde a la ejecutoria de amparo, éstos no solo no podían ser considerados como testimonios, sino que tampoco debían ser incorporados a la indagatoria al no cumplir con la calidad de pruebas admitidas en otro proceso, conforme a lo previsto en el artículo 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Dado que los efectos de la ejecutoria de amparo en relación a la valoración de los medios de convicción, se fijaron del modo siguiente: "los testimonios que obran en copia certificada y que no fueron expresados dentro de la averiguación previa de donde deriva la causa penal de origen, deben ser valorados como documentales, fundando y motivando su determinación, señalando los preceptos con los cuales valoró las pruebas recabadas en lo individual y en su conjunto, el valor que le adjudique (plano, indiciario o ninguna eficacia); y precise con qué medios de prueba de la averiguación previa le son útiles para acreditar cada uno de los elementos del cuerpo del delito en estudio, plasmando los razonamientos adecuados al caso." Es decir, que los testimonios que obran en la averiguación previa debían ser ponderados como pruebas documentales, hecho lo cual, el responsable estaba obligado a otorgarles el valor probatorio que a su prudente arbitrio, considerara conducente, es decir, darles valor pleno, de indicio, o restarles su eficacia; se explica, no se instruyó excluir dichos medios de convicción, o a dotarlos de determinado valor probatorio. La misma surte recae en los argumentos esgrimidos relativos a que las pruebas valoradas por el juez del proceso son ilícitas, así como su incorporación a la causa, pues como se vio en líneas precedentes, dichas circunstancias no fueron materia de la concesión del amparo, por lo que este Juzgado no puede emitir en este estadío procesal pronunciamiento alguno al respecto. ARCHIVO DEL ASUNTO. Así las cosas, archívese el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. DEPURACIÓN. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es depurable, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del considerando Vigésimo Primero, del Capítulo V, contenido en dicho acuerdo, con la salvedad de que únicamente se conservarán la demanda de amparo y la sentencia respectiva; en consecuencia, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, trasládese al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; asimismo, a juicio del suscrito y por la naturaleza de lo resuelto, no es de valor jurídico.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL ACUERDO DE FECHA VEINTISIETE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE:Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, dese vista a las partes, para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito se pronunciará al respecto. De igual forma, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a este órgano jurisdiccional, para que manifieste lo que a su representación social corresponda.
- Principal
I. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, dese vista a las partes, para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito se pronunciará al respecto. De igual forma, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a este órgano jurisdiccional, para que manifieste lo que a su representación social corresponda.
- Principal
I. Visto el estado procesal de los autos, de los que se desprende que mediante oficio presentado el uno de junio último, la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en atención al auto por el cual se le requirió el cumplimiento a la sentencia de amparo, manifestó que se limitaba a mantener las cosas en el estado que se encontraban, hasta en tanto el Juez del proceso emitiera la resolución que en derecho correspondiera y se la notificara.
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