Clementina Torres Hernández

Expediente 1523/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1523/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Clementina Torres Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Agréguese el oficio signado por diversa Secretaria adscrita a este juzgado de distrito, al cual adjunta los autos originales del expediente ********************del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, así como cuatro copias de traslado. En ese tenor, una vez impuesto de las constancias recibidas, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente asunto promovido por ********************, por derecho propio. Acúsese recibo. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador federal debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/61, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO", por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto, quien resuelve considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 8, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." De conformidad con el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona goza de ejercer el derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, a la cual deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, teniendo la obligación de hacerlo conocer en "breve término" al peticionario, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, misma que tiene que ser congruente con lo solicitado, ello sin perjuicio de que la respuesta sea contraria a sus intereses, pues el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formula, a proveer necesariamente de conformidad lo solicitado, sino que está en libertad de resolver acorde con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. En ese sentido, si la gobernada estima que su derecho de petición ha sido infringido por la omisión de la autoridad a dar respuesta a su petición, causándole con ello un perjuicio o agravio, puede acudir al juicio de amparo, a efecto de que le sea restituido el goce del derecho fundamental violado. No obstante, para instar la acción constitucional, como presupuesto de procedencia la promovente debe acreditar que transcurrió al menos el lapso necesario para que materialmente la autoridad actúe conforme a sus atribuciones y dé contestación a lo solicitado, en el caso, para que esté en posibilidad material de realizar el pago cuya omisión se tilda de inconstitucional. En otras palabras, se considera que para poder controvertir una omisión por parte de la autoridad responsable es menester que haya trascurrido al menos el plazo que la ley dispone para dar contestación a las peticiones. De este modo, para determinar si una autoridad omite contestar una petición hecha por un gobernado en breve término, debe atenderse a la naturaleza de la petición que se le hace, lo cual supone que la autoridad esté en aptitud material y legal de poder emitir el acuerdo correspondiente. Ahora, del dispositivo constitucional trascrito con antelación, se advierte que toda autoridad ante quien alguna persona formule por escrito cualquier tipo de solicitud o petición, siempre que ésta se haga de manera pacífica y respetuosa, tiene la obligación de dar respuesta congruente en breve término y, además, hacer del conocimiento del promovente el resultado de su petición; debiéndose entender por lo primero, que toda respuesta de autoridad que recaiga a una solicitud de los gobernados debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado sin omisión de alguna cuestión, sin que existan consideraciones contrarias entre sí y respetando los principios de congruencia y, por lo segundo, que la respuesta debe emitirse en un lapso en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición, y ésta debe darse a conocer al solicitante. En el caso, como se adelantó, el acto que por esta vía se reclama consiste en la omisión de realizar el pago de la pensión por fallecimiento determinada en favor de ********************, a través del dictamen de otorgamiento de pensión ********************, de once de agosto de dos mil veintitrés, ello, derivado de la presentación del formato de aceptación de pensión de dieciocho de septiembre del año en curso. En ese sentido, a consideración del suscrito, no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional, pues no ha transcurrido el tiempo mínimo necesario para que la autoridad responsable esté en aptitud de realizar el pago reprochado a la parte quejosa. Se llega a dicha conclusión, en virtud que en el Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, se establece el procedimiento para solicitar cualquier clase de pensión, mismo que iniciará a petición de parte, por escrito, mediante los formatos establecidos por el Instituto y debiendo cumplir diversos requisitos documentales que ahí se detallan. Así, el artículo 75 de esa disposición reglamentaria refiere, en lo que interesa, que el Instituto señalará al solicitante una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles. En ese sentido, debe entenderse que cualquier trámite relacionado con el procedimiento de solicitud de pensión, deberá ser atendido dentro de los treinta días hábiles siguientes, situación que se considera que es aplicable a la respuesta que deba otorgarse en torno a la presentación del formato de aceptación de pensión, pues ésta constituye un trámite relacionado con el otorgamiento de las pensiones del instituto, por lo cual, a efecto de que la responsable se encuentre materialmente posibilitada para atender dicha circunstancia, se considera que debe transcurrir el lapso de tiempo referido, pues se trata de un parámetro legalmente determinado a efecto de atender las solicitudes ante la autoridad pensionaria. Siendo que en el caso, la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que el dieciocho de septiembre del año en curso, aceptó el dictamen pensionario ante la Oficina de Atención al Derechohabiente de Naucalpan, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, lo que se corrobora con la copia de dicha solicitud que adjuntó a su escrito de demanda. Por su parte, al haber solicitado la pensión el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, y considerando que la demanda que se provee se presentó el treinta de octubre siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, es evidente que sólo transcurrieron veintinueve días de los treinta que prevé el artículo 75 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, computados en términos de lo previsto en el artículo 292 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles y, por ende, a la fecha de la presentación de la demanda, la omisión reclamada no genera una transgresión al plazo razonable con el que cuenta la autoridad para darle respuesta a la solicitud formulada. Lo anterior, tomando en consideración que entre la fecha en que presentó su solicitud ante la autoridad y la que ingresó su demanda de amparo, fueron inhábiles sábado y domingo, de conformidad con el calendario de pagos a pensionados y pensionistas, el cual puede visualizarse en la página de internet https://www.issemym.gob.mx/calendariodepagos. De ahí que no puede considerarse que haya transcurrido el tiempo mínimo suficiente para que materialmente la autoridad pueda realizar el pago reprochado; es decir, el acto reclamado no constituye una demora prolongada, en virtud que no han transcurrido al menos los treinta días hábiles que prevé el artículo 75 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 92 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios, establezca que el pago de la pensión por fallecimiento de pensionado (la cual fue autorizada a la parte quejosa), procederá a partir del día siguiente al en que el servidor público cause baja en el servicio, pues se considera que dicho precepto se refiere al derecho del trabajador retirado a la cuantificación del pago de la pensión relativa, y no así al pago propiamente dicho, pues es evidente que previo a ello debe existir la solicitud de pensión, así como el trámite a que se ha hecho referencia. Aunado a ello, es un hecho notorio que los pagos de pensión se realizan de manera quincenal, por lo que, de referirse dicho precepto al pago material, resultaría imposible su cumplimiento atendiendo justamente a la temporalidad de pago. Lo anterior, no implica un detrimento en los derechos humanos de la parte quejosa, en virtud que es necesario conceder debida oportunidad a la autoridad a fin de realizar la tramitación correspondiente y con ello dar cumplimiento a la aceptación de pensión ante ella presentada; siempre y cuando ello no se aparte de un plazo razonable computado a partir de la fecha de la aceptación realizada. Ilustra lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible a foja 41, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen LXXXI, Tercera Parte, Sexta Época, de registro 266384, que a la letra dice: "PETICIÓN, DERECHO DE. CUANDO NO SE CONSIDERA TRANSGREDIDO EL ARTICULO 8o. CONSTITUCIONAL. La tesis jurisprudencial número 767 del Apéndice de 1955 al Semanario Judicial de la Federación expresa: ... "Atento lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional". Como se ve, la repetida tesis no establece que deban pasar mas de cuatro meses sin contestación a una petición, para que deba considerarse transgredido el artículo 8o. de la Constitución Federal, y sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el repetido precepto. El mismo precepto impone a los funcionarios y empleados públicos la obligación de respetar el derecho de petición y demanda que a toda solicitud deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la que tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Asimismo, es aplicable en lo conducente la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, visible en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia Constitucional, Común, Decima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Sin que el sentido de la presente determinación se torne rigorista al aplicar el sentido literal tanto del numeral Constitucional, como de la jurisprudencia invocada, en torno al plazo para atender las peticiones relativas al derecho de pensión; pues debe considerarse que ante la laguna del legislador, en el criterio jurisprudencial tuvo como finalidad establecer ese parámetro de temporalidad para los supuestos como el del caso concreto, mismo que no resulta flexible, atento a que aceptar diversa postura, sería tanto como adoptar un margen de tiempo mayor o menor al que ya se fijó para dichos asuntos. Máxime que con ello no se irroga perjuicio a la parte quejosa, pues sin conceder, en el supuesto de que la omisión reclamada aún prevalezca de estimarlo conveniente a sus intereses, tiene expedito su derecho para proveer diversa demanda de amparo contra tal acto reclamado. No se soslaya que a la fecha de emisión de esta resolución dicho plazo de treinta días ya feneció; sin embargo, éste -el plazo-, debe ser computado a la fecha de la presentación -treinta de octubre de este año-; determinación que se justifica porque la demanda de amparo, tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que aduce le fue violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción. Criterio en contrario, generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos; en términos de la jurisprudencia 2a./J.3/94, registro 206346, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 79, Julio de 1994, Materia(s): Común, Página: 15, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Cabe precisar, que la determinación anterior no implica transgresión a los derechos del quejoso de contar con un recuso sencillo, rápido y efectivo ante los Juzgados o Tribunales competentes, o de acceso a la justicia, pues tal acceso a la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es perfectamente compatible con los requisitos de procedencia dispuestos por el legislador, que deben cumplirse para justificar la acción del aparato jurisdiccional, pues se trata de los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas para que el juzgador este en aptitud de conocer la cuestión de fondo que se le plantea. Toda vez que así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.), localizable en la página 213, Tomo I, Libro 48, Noviembre de 2017, de la Décima Época, consultable en la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN." En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Asimismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 26 fracción IV, 30 fracción II, 31 fracciones II y III de la ley de la materia, con relación en el numeral 9 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ésta y las subsecuentes notificaciones consideradas de carácter personal se le practicarán vía electrónica por conducto del usuario ******************** en el entendido que la promovente queda obligada a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. En la inteligencia que la elección de esta modalidad electrónica, debe entenderse aplicable únicamente a las notificaciones que dentro del juicio se deban realizar de forma personal, pues éstas obedecen a la necesidad de comunicar fehacientemente determinados actos o resoluciones de importancia y relevancia para el interés de su destinatario; en términos de la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), registro 2026122, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Marzo de 2023, Tomo III, página 2405, Undécima Época, Materias(s): Común, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." AUTORIZADOS Por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos; de igual forma, únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que indica. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Como lo solicita, con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio al usuario que señala; y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de medios electrónicos, tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintiuno de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa..."

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