Clementina Eugenia Pasquel Ramírez
Expediente 87/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 87/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 11/11/2021
Partes del expediente
- Clementina Eugenia Pasquel Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, a través del cual solicita que se informe el estado procesal que guarda el presente controvertido, al respecto, dígasele que mediante proveído de dos de septiembre del año en curso, este órgano jurisdiccional remitió al archivo el presente asunto, en virtud que se encuentra concluido, asimismo, remítase copia de dicho acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, a dos de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se aprecia que feneció el plazo de quince días que establece el párrafo primero del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera el auto que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 196, párrafo cuarto, de la ley reglamentaria, en su oportunidad, envíese al archivo. En cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, toda vez que por una parte, se concedió el amparo, y por otra, se sobreseyó en el juicio, de conformidad con el numeral 18, primer párrafo, fracción I, inciso b, del acuerdo general en cita, se establece que el presente expediente es susceptible de depuración. Luego, dado que la parte quejosa exhibió diversos documentos, se dejan a su disposición por el plazo de noventa días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, en el entendido que de no recogerlos en la temporalidad indicada, se procederá a destruirlos con el expediente, tal como se establece en el párrafo segundo del numeral 21 del acuerdo general en cita. Hágase de su conocimiento que para la devolución de tales documentos deberá agendar una cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a la que deberá acudir con una identificación oficial vigente, adicionalmente se le solicita que elija una fecha que le permita informar por escrito a este juzgado, cuando menos con una anticipación de cinco días hábiles, la temporalidad que se haya generado en el sistema, a fin de que se realicen las gestiones necesarias para su entrega. Con la precisión que de incumplir con el aviso en los términos en que se le requiere, necesariamente tendrá que agendar otra cita. Finalmente, se instruye al personal judicial que le corresponda, supervise la debida integración entre el expediente físico y electrónico. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo; por consiguiente, dado que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, lo procedente es que de conformidad con los diversos 192, 193 y 196 del mismo ordenamiento, se determine si está o no cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto. ... ... se concluye que la sentencia protectora está cumplida. Así se considera, porque la citada autoridad responsable dio contestación al escrito presentado por la quejosa el treinta de marzo de dos mil veinte, pues le indicó que: "(.) En mérito de lo anterior, se hace del conocimiento que no ha lugar a acordar favorable su petición, en virtud de que esta Autoridad no ha girado ningún oficio citatorio o acto de molestia. - Con base en lo anterior el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece.". Resérvese el envío del expediente al archivo de este juzgado, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho numeral. Sirve de apoyo a la presente determinación, la jurisprudencia 2a./J. 22/2021 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1891, Libro 1, Tomo II, Mayo de 2021, Materia común, Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en que estableció lo siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. - Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. - Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. - Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva". Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, a veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Tercera Investigadora adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la Fiscalía General de la República, a través del cual se informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Derivado de lo anterior, dese vista a las partes, para que de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga, en el entendido que transcurrido dicho plazo y aun ante la ausencia de argumentos, este juzgado resolverá lo conducente con las constancias que existen en el expediente. Con la precisión que para imponerse del contenido de dichas constancias deberán agendar una cita, a través del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.
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