Clemente Salazar Blas
Expediente 1025/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1025/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 01/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Clemente Salazar Blas
- Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Acapulco, Guerrero; uno de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracciones II y IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita En relación al original y duplicado del incidente de suspensión, se establece que al haberse negado la suspensión de los actos reclamados, se determina que ambos cuadernos son susceptibles de destrucción al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción III, del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto referido. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, de autos se aprecia que la parte quejosa acompañó a la demanda de amparo diversa documental; de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se deja a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerla, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dicho documento será destruido junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA BRAULIO SALAZAR DE DIOS, LA SENTENCIA AUTORIZADA EL ONCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMA QUE DICE... VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 1025/2018. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito recibido el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Clemente Salazar Blas, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar Distrito Judicial de Tabares. Ejecutoras Primera Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. Todos con domicilio en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "1. De las Autoridades Ordenadoras.- Se reclama el oficio de descuento de pensión alimenticia girado a mi fuente de trabajo, la Falta de Emplazamiento y/o la ilegal Emplazamiento, que sin motivo ni fundamento legal alguno han ordenado cumplir fuera de todo procedimiento legal, en virtud de que no he sido oído ni vencido en un procedimiento de orden público, debidamente seguido ante autoridad competente y bajo las normas pre establecidas en la que se prevé la legalidad, la equidad y justicia, que desconozco el alcance de un supuesto juicio que al parecer existe en el índice de algún juzgado de Primera Instancia del Ramo Familiar de este distrito Judicial de Tabares responsable ordenadora. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS.- Se reclama el cumplimiento dado al oficio de descuento girado a mi fuente de trabajo y la Falta de Emplazamiento y/o el ilegal Emplazamiento en mi contra." SEGUNDO. Preceptos constitucionales vulnerados. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de cinco de diciembre de dos mil dieciocho se radicó la demanda de amparo con el número de expediente 1025/2018 y se requirió al quejoso para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Actuario Adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, por lo que una vez desahogado de manera favorable dicho requerimiento, mediante proveído de doce de diciembre siguiente, se desechó la demanda por lo que hace a la Primera y Segunda Secretarias de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares y los actos que se les atribuyen, admitiéndose respecto de las restantes autoridades señaladas como responsables, a quienes se les solicitó sus informes justificados, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en dos ocasiones, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclaman actos derivados de un juicio del orden familiar en el que el quejoso se ostenta como tercero extraño por equiparación, y que se tramita por autoridades con sede en la jurisdicción de este órgano constitucional. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. El quejoso bajo protesta de decir verdad refirió tener conocimiento de los actos reclamados el tres de diciembre de dos mil dieciocho, sin que de autos se advierta diversa fecha de conocimiento; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del cuatro al veinticuatro de diciembre del año pasado, descontándose por inhábiles los días ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés, de ahí que, al haberse presentado la demanda el cuatro de diciembre anterior debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 21 de la Ley de Amparo. TERCERO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama por esta instancia: a) La falta de emplazamiento al juicio especial de alimentos 1292-1/2018, promovido por el aquí tercero interesado Braulio Salazar de Dios; y b) El oficio a través del cual se ordenó el descuento por concepto de pensión alimenticia del cuarenta por ciento (40%) de su sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que obtenga en su fuente de empleo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez y Primer Secretario Actuario, ambos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residentes en esta ciudad, en virtud de que así lo reconocieron al rendir sus respectivos informes con justificación (folios 18 y 41), lo que además se corrobora con la documental que allegó al sumario el juez responsable en apoyo a su informe, consistente en copia certificada de las constancias que integran el juicio especial de alimentos número 1292-1/2018, y que también hizo suyas el Primer Secretario Actuario; la cual dada su naturaleza tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. QUINTO. Actualización de diversas causales de improcedencia. No obstante la certeza de los actos reclamados, previo al estudio de fondo del asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así tenemos que por lo que hace al acto precisado en el inciso a) de oficio se advierte se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, ambos de la ley de la materia, este último aplicado a contrario sensu, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." El argumento del quejoso para acudir a la presente instancia constitucional, se basa esencialmente en el hecho de que las autoridades responsables transgreden en su perjuicio las garantías individuales que a su favor tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, principalmente su garantía de audiencia lo anterior, porque a partir de la segunda quincena de noviembre del año pasado se le descontó el cuarenta por ciento de su sueldo con motivo de un oficio por concepto de pensión alimenticia, sin que previamente se le hubiere emplazado o notificado la instauración de algún procedimiento judicial en su contra. Así las cosas, de las constancias que en copia certificada allegó el juez responsable -cuyo valor probatorio pleno quedó señalado en el considerando que antecede-, se obtiene lo siguiente: 1. Por escrito presentado el seis de noviembre de dos mil dieciocho, en el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, el aquí tercero interesado Braulio Salazar de Dios, por derecho propio, promovió juicio especial de alimentos, en contra del quejoso Clemente Salazar Blas. 2. Por auto de siete de noviembre siguiente se admitió la demanda planteada bajo el número de expediente 1292-1/2018, y entre otras cosas, se ordenó correr traslado al demandado Clemente Salazar Blas (aquí quejoso), y emplazarlo a juicio en el domicilio señalado para ese efecto, comisionándose para ello a la actuaria de esa adscripción, asimismo se decretó como pensión alimenticia provisional a favor del actor aludido el cuarenta por ciento (40%) mensual del salario y demás prestaciones que previas deducciones de ley, obtuviera el demandado de su fuente de trabajo, por lo que se ordenó girar oficio de descuento al Titular del Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento Municipal de esta ciudad, a fin de que ordenará a quien correspondiera realizara el descuento indicado y la cantidad resultante fuera entregada al accionante. 3. Mediante escrito de cuatro de diciembre pasado, el demandado, aquí quejoso Clemente Salazar Blas, se apersono al juicio y designó abogados patronos y autorizados para oír y recibir notificaciones, asimismo solicitó copia simple de todo lo actuado en el expediente. 4. En acuerdo de nueve de enero del año en curso, se tuvo por recibido el ocurso aludido y se acordó de conformidad lo peticionado por el aquí quejoso. Ahora bien, el juicio de garantías siempre debe tener una finalidad práctica, pues de otro modo no podría materializarse lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo; y en ese orden de ideas, si bien es cierto no obra en el expediente de origen constancia alguna con la que se acredite el emplazamiento ordenado del aquí quejoso, partiendo del hecho de que por ocurso de cuatro de diciembre del año pasado se apersonó al juicio, no es atendible su petición para que mediante el presente juicio se constriña a las autoridades responsables a que realicen dicho acto, es decir que se conceda la protección de la justicia federal para el efecto de que se verifique la diligencia de emplazamiento del aquí quejoso, dado que éste el cuatro de diciembre pasado compareció al juicio de origen y se integró a la relación procesal y al haberlo hecho así está en aptitud de interponer los recursos previstos por la legislación que rige el juicio de origen así como interponer cualquier otro medio de defensa para hacer valer sus derechos sustantivos y procesales, entonces, no puede menos que considerarse que el quejoso forma parte del procedimiento de origen al comparecer al mismo en defensa de sus derechos, por lo que es inconcuso que a ningún fin practico conduciría otorgar la protección de la justicia de la unión para ese efecto. Por tanto, en el caso opera la causal de improcedencia que resulta al relacionar el artículo 77, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Federal, en su interpretación a contrario imperio, con la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que -se insiste-, a ningún fin práctico conduciría otorgar la protección de la justicia federal que se solicita, y por ende, con fundamento en el arábigo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio a su respecto. SEXTO. Estudio de fondo. Al no advertirse actualización de diversa causal de improcedencia, se procede al análisis del concepto de violación por lo que hace al acto identificado con el número b). En este punto es conveniente precisar que no obstante que el acto reclamado emana de un juicio especial de alimentos, no se actualiza algún supuesto previsto en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, que obligue al Juzgador a suplir la deficiencia de la queja, porque no se aprecia que la litis constitucional verse sobre los derechos de un menor de edad o incapaz, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, por lo que el análisis constitucional del acto reclamado debe ponderarse únicamente a la luz del concepto de violación hecho valer por el quejoso. Así tenemos que es infundado el argumento referente a que se transgredió la garantía de audiencia en perjuicio del quejoso, al afirmar que sin ser oído y vencido en juicio se ordenó girar el oficio de descuento por concepto de pensión alimenticia del cuarenta por ciento (40%) de su sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que obtenga en su fuente de empleo, en razón de que dicha comunicación no es un acto autónomo, sino sólo se trata del medio a través del cual se hace saber a alguna autoridad -judicial o administrativa- la determinación adoptada en el proceso, por lo que su "legalidad" deriva de la fundamentación y motivación de la resolución judicial por virtud de la cual se expiden, y en el caso, dicha comunicación oficial se expidió en cumplimiento al acuerdo de siete de noviembre de dos mil dieciocho emitido en el juicio especial de alimentos número 1292-1/2018, en el que se proveyó entre otras cosas, sobre la medida provisional solicitada. De lo anterior se obtiene que es en el citado auto de siete de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 1292-1/2018, en el que se contiene la decisión jurisdiccional sustantiva mientras que el oficio reclamado sólo es la instrumentación de dicha determinación judicial. Máxime que el acuerdo de siete de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se ordenó girar oficio de descuento al Titular de Recursos Humanos del Ayuntamiento Municipal de esta ciudad, para que ordenara a quien correspondiera realizara el descuento al demandado, aquí quejoso, constituye una medida cautelar, la cual dada su naturaleza, no exige la audiencia previa de la contraparte de quien la solicita, lo que puede apreciarse, del contenido del artículo 208 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, que establece: "Artículo 208. Medidas cautelares indeterminadas. Antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente. Estas medidas se decretarán sin audiencia de la contraparte, y no admitirán recurso alguno. La resolución que niegue la medida es apelable." Igualmente sustenta lo anterior, la jurisprudencia número 21/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 18, Tomo VII, Marzo de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguientes: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." En efecto, en toda providencia precautoria o cautelar deben siempre encontrarse presentes dos características esenciales, que son la de apariencia del buen derecho y el de peligro en la demora. La primera de ellas, supone únicamente que sea verosímil la existencia del derecho discutido en el juicio, o que en apariencia exista, mas no exige una comprobación plena del derecho porque esto último es materia de una sentencia definitiva sobre el tema principal debatido. La segunda característica tiene implícito en su naturaleza que el fallo o resolución que decida la controversia puede demorar, por lo que la tutela preventiva o cautelar debe proveerse de inmediato, ya que de lo contrario se pondría en riesgo la materia del proceso, al poder perderse o desaparecer durante el trámite. Por tanto, si el auto que contiene la resolución sustantiva no exige para su dictado la audiencia previa de la parte contraria de quien solicitó la medida cautelar consistente en que el al Titular de Recursos Humanos del Ayuntamiento Municipal de esta ciudad, ordene a quien corresponda realice el descuento al demandado Clemente Salazar Blas, tal exigencia tampoco puede trasladarse al oficio reclamado que sólo es el reflejo de aquella decisión. En mérito de lo expuesto, al resultar jurídicamente infundado el concepto de violación en estudio lo que procede es negar la protección constitucional solicitada en contra del oficio a través del cual se ordenó el descuento por concepto de pensión alimenticia del cuarenta por ciento (40%) del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que obtenga el quejoso en su fuente de empleo, emitido en cumplimiento al acuerdo de siete de noviembre de dos mil dieciocho dictado en el juicio especial de alimentos número 1292-1/2018. Determinación que se hace extensiva por lo que hace al acto reprochado al Actuario adscrito al Juzgado responsable, por no haberse reclamado por vicios propios. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis y jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 76, 77, 78, 80, 155 y 192 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio número 1025/2018, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Clemente Salazar Blas, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 1025/2018. R E S U L T A N D O PRIMERO...se, R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio número 1025/2018, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Clemente Salazar Blas, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
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