Clemente Rivera Ramírez
Expediente 1288/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1288/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/08/2019
Partes del expediente
- Clemente Rivera Ramírez
Actuaciones
- Principal
Se recibe testimonio. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por medio del cual, remite el juicio de amparo en que se actúa, un cuaderno de pruebas y testimonio de la sentencia emitida en sesión de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, dentro del recurso de revisión 56/2019; en el que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida por las consideraciones vertidas en el considerando octavo de la presente sentencia. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio respecto al acto reclamado consistente en la orden verbal de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, en la que se dispuso que el impetrante resignara de prestar sus servicios policía vial para desempeñarlos "pie a tierra" en algún crucero de la Zona Metropolitana, de Jalisco, no se le permitiera el uso de arma de fuego, dejara de elaborar cédulas de notificación de infracción y actas de accidente vial; atento a las razones esgrimidas en la parte final del considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso con relación al acto reclamado consistente en la orden verbal de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, relativa a la suspensión de pago por concepto de estímulo económico por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), en contra del aquí quejoso, en su carácter de agente vial de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco; acorde a los razonamientos expuestos en el considerando último de esta ejecutoria". Acúsese el recibo de estilo correspondiente, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes, así como el citado testimonio, y hágase del conocimiento de las partes lo resuelto en este, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para los efectos siguientes: "(.) Efectos de la concesión de amparo. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y la protección constitucional a la quejosa, para el efecto de que: Las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras, incluso aquellas que no hayan sido señaladas como responsables, en el ámbito de sus facultades cubran al quejoso el estímulo económico mensual de cinco mil pesos cero centavos moneda nacional ($5,000.00), en su calidad de policía vial adscrito a la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, y le reintegren las cantidades que dejó de percibir a partir de la fecha en que le fueran restringidas. Lo anterior, en el entendido de que lo resuelto en el caso concreto, no impide que las autoridades en el ámbito de su competencia, puedan emitir una resolución por escrito debidamente fundada y motivada, en el mismo sentido, en cuyo caso deberán purgar los vicios de legalidad evidenciados en la presente resolución". Se formula requerimiento a las autoridades. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acrediten a este órgano jurisdiccional, haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo en los términos señalados en los incisos precedentes. En el entendido de que el plazo concedido, se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad, a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos planteados en el fallo protector. Apercibimiento. Se le apercibe que de no cumplir en el lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. Informa cambio de titular. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que dentro del término legal de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la resolución dictada el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos de ley. Consecuentemente, se ordena archivar el presente juicio como asunto totalmente concluido, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a los artículos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, pronunciado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del veintiséis de noviembre de ese mismo año, este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado con el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente, la gestión ambiental, entre otros, que tenga algún tópico de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora bien, de conformidad con la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General, tomando en consideración que se decretó el sobreseimiento en el juicio, éste se considera susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. Con el contenido de este acuerdo se da cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
- Principal
Téngase por recibido el escrito enviado por ***, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos, los cuales se tomarán en consideración al resolver el presente juicio de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de diez días que establece el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación a la vista dada a las partes con el dictamen emitido por el perito oficial ***; en consecuencia, a fin de que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las catorce horas con cuarenta minutos del treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, para su celebración.
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado, por medio del cual, a efecto de poder realizar la investigación solicitada en auto de cinco de junio de dos mil diecinueve, solicita la expedición de copias certificadas de todo lo actuado en el presente sumario; en tales condiciones, procédase a la reproducción de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio e indíquese a la representante social que una vez que culmine dicho fotocopiado y la certificación correspondiente a dichas constancias, se le pondrán a su disposición. En el entendido que el término otorgado en el citado auto, empezará a transcurrir una vez que sean recibidas las mismas. Por otra parte, se tiene por recibido el ocurso signado vía electrónica por xxxx, autorizada de la parte quejosa; en contestación a lo que solicita, en relación a la apertura de la carpeta de investigación y que se le apliquen las medidas de apremio previstas en los artículos 262, fracción V, y 267, fracción I, de la Ley de Amparo a la autoridad responsable; al respecto, dígasele, que en auto de cinco de junio del actual, se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público adscrita, con la totalidad de constancias que integran el presente sumario, a efecto de verificar si resulta procedente la apertura de la carpeta de investigación derivada de la actuación de los funcionarios pertenecientes al Sistema Barquense de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de la Barca, Jalisco, en donde se determinará, de acuerdo con las facultades con que cuenta esa autoridad ministerial, si es procedente o no, ejercitar la acción penal por configurarse los supuestos establecidos en los artículos 262, fracción V, y 267, fracción I, de la Ley de la materia. En otro contexto, en relación a su solicitud de la apertura del incidente de inejecución de sentencia, dígasele que una vez que sea fotocopiado el presente sumario, a efecto de que sean entregadas las copias certificadas del mismo a la Agente del Ministerio Público, se dará el trámite correspondiente al mismo. Notifíquese.
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