Clemente Muñoz Adame
Expediente 730/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 730/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Clemente Muñoz Adame
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de julio de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la legitimada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, siete de julio de dos mil veintidós. Escrito. Agréguese a los autos el escrito presentado por los autorizados de la parte quejosa, y en cuanto a su petición, sin mayor proveído al respecto, ello en virtud de que el pasado cuatro de julio, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de derechos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de julio de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente el informe justificado rendido por la presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexan dichas autoridades, a las cuales este juzgador les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de las cual se advierte la actualización de una causal de improcedencia. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de la documental agregada, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." En efecto, en el caso sobreviene la causa de inejercitibilidad prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Esta causa de improcedencia, se encontraba establecida en los mismos términos en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada y fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a/J. 59/99, en el sentido de que la hipótesis de improcedencia ahí contenida se actualiza cuando todos los efectos de los actos reclamados se destruyen en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelven al estado anterior de la violación de garantías, como si los actos no hubiesen irrumpido en la esfera jurídica del quejoso o, en su defecto, no hayan dejado huella alguna. De igual modo, el Máximo Tribunal del País sostuvo el criterio de que la cesación de efectos de los actos reclamados, puede suscitarse por haberse sustituido procesalmente por otro, que puede darse con motivo de un medio ordinario de defensa o de autocontrol, sea vertical u horizontal, que se traduce en la acción de una autoridad como facultad legal para modificar, confirmar o revocar la resolución reclamada, de modo que la resolución recaída a la impugnación sustituye al acto recurrido. En ese orden de ideas, de manera genérica la cesación de efectos consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por las autoridades responsables, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto. Por ende, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, es factible considerar que la cesación de efectos de los actos reclamados en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto (revocación( se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, de manera tal que los efectos de este, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni lo surtirá, y que tampoco dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. El segundo supuesto (sustitución( se presenta por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. En el caso a estudio, respecto al acto reclamado se actualiza la segunda de las hipótesis antes reseñadas. En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en: El acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós dictado por la Junta responsable en el juicio laboral 504/2020, en el que se señaló fecha para el desahogo de diversas probanzas. Al rendir su informe justificado, la presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, aceptó la existencia del reclamo constitucional, pues así se advierte de dicho informe, sin embargo, manifestó que desde el veintiocho de junio de dos mil veintidós dictó un auto, en el que señalaron nuevas fechas para el desahogo de las probanzas que se duele el quejoso, con lo que subsanó dicha irregularidad; de ahí, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (uno de junio de dos mil veintidós), existiera como cierto lo manifestado por el quejoso en su demanda. Luego, se dejaron insubsistentes las diversas datas fijadas para el desahogo de pruebas ofrecidas por las partes del juicio natural en el citado auto reclamado de veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Para mayor ilustración, se reproducen en la siguiente tabla las fechas designadas por la Junta responsable: Prueba admitida Autoridad o persona a cargo Fecha designada para su desahogo conforme al acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós (acto reclamado) Fecha designada para su desahogo conforme al acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintidós Pericial médica A cargo del perito que tenga bien a designar Trece horas con treinta minutos del treinta de septiembre de dos mil veintidós. Nueve horas con treinta minutos del once de agosto de dos mil veintidós Pericial médica, pericial de caligrafía, grafoscopía y dactiloscopia Lidia Araceli Olachea Montaño Trece horas con treinta minutos del tres de octubre de dos mil veintidós. Diez horas con treinta minutos del doce de agosto de dos mil veintidós Testimonial Pedro Carrillo Mayboca y otros. Nueve horas del veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Nueve horas con treinta minutos del doce de agosto de dos mil veintidós Cuestiones que se corroboran del apéndice que acompañan el informe de cuenta. En efecto, de las manifestaciones de la parte quejosa realizadas bajo protesta de decir verdad, así como de la constancia remitida por la responsable, se desprende que el veinte de julio de dos mil veinte, la ahora quejosa presentó demanda ante la Junta responsable, en contra de Minas de Oro Nacional sociedad anónima de capital variable y otros, por el pago de diversas prestaciones, radicado el juicio con el número 504/2020, y que a la fecha, la responsable no ha desahogado las pruebas en el juicio, reclama la parte quejosa, en contravención a lo establecido en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, a la fecha, derogado. Cabe precisar, que la responsable al rendir informe justificado, expuso que dejó insubsistente el auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, a través del cual se encontraba señalado el treinte de septiembre, tres de octubre y el veinticuatro de noviembre, todos del presente para el desahogo de diversas pruebas, pericial médica, pericial de caligrafía, grafoscopía y dactiloscopia, así como de unas testimoniales; y en su lugar dictó el acuerdo de veintiocho de junio del año actual, en el que señaló el once de agosto de este año para el desahogo de la primer prueba mencionada, igualmente fijó el doce del mismo mes y año para llevar a cabo las probanzas citadas en segundo y tercer término. Sentado lo anterior, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, en virtud de que el auto reclamado de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, fue sustituido por el acuerdo de veintiocho de junio del año actual, en el que se señalaron distintas fechas para el desahogo de los medios de prueba precisados con anterioridad. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por la parte quejosa radicaba en la omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de las citados medios probatorios dentro del plazo establecido en el arábigo 883 de la ley obrera, datas que fueron sustituidas como se plasmó con anterioridad, entonces resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar de la responsable volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el día de hoy. También, se exhorta a las autoridades encargadas del asunto, que se ajuste a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario, resultaría patente que la regularización del procedimiento, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -justicia pronta y expedita-, lo que podría actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, tres de junio de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia constitucional. Del estado de autos y la certificación que antecede se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, en virtud que en auto de nueve de mayo del año en curso, se ordenó la notificación de los terceros interesados por medio de edictos a costa de la federación. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las nueve horas con nueve minutos del ocho de julio de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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