Clemente Miranda Lorenza

Expediente 34/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
34/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
23/03/2021

Partes del expediente

  • Clemente Miranda Lorenza

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la cuenta que antecede y el estado procesal en que se encuentra el presente juicio de amparo, se advierte que el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo y se notificó a la parte quejosa por lista el veintinueve de enero siguiente, por lo que el once de marzo en curso, feneció el plazo para interponer recurso de queja. En ese contexto, vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veinticinco de enero del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió respecto de los actos que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. Por ende, con fundamento en los preceptos 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado... en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido...

  2. Principal

    Vista; la demanda de amparo que promueve ***, por su propio derecho, contra actos de ***, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. (...) En esa tesitura, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados no pueden ser considerados como de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues los mismos derivan de una relación de coordinación entre el promovente del amparo y los entes privados señalados como responsables, regulada por el derecho privado, como se explica. En principio, los preceptos legales 1°, fracción I, 5°, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo textualmente disponen: "(...)" Del análisis sistemático de tales preceptos, se advierte que el juicio de amparo procede solamente contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Asimismo, la tercera norma transcrita, precisa que tiene el carácter de autoridad responsable aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En concordancia con ello, la última fracción del artículo 61 en comento, establece que el juicio de amparo es improcedente por motivos que resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. De ahí que si el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en este caso la causa operaría en atención a que las responsables no tienen dicho carácter. Para evidenciar que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la indicada causal de improcedencia del juicio de amparo, es preciso señalar, que el impetrante de la tutela constitucional, indicó como autoridades responsables y actos reclamados, los que a continuación se transcriben: (...) De lo reproducido se advierte, que el quejoso en esencia, se duele del incumplimiento del contrato celebrado el ocho de agosto de dos mil diecinueve, con las empresas ***, respecto a la unidad automotriz marca Kia Rio Modelo dos mil veinte (2020) a crédito con un plazo de cinco años, que le fue entregada en pésimas condiciones de funcionamiento; así como la omisión de las responsables de hacer valer la póliza *** expedida por ***, Sociedad Anónima de Capital Variable, con vigencia a partir del siete de agosto de dos mil veinte (07/08/2020), hasta el siete de agosto de dos mil veinticuatro (07/08/2024), con garantía del seguro de cobertura amplia por daños, vida y desempleo, para resolver las fallas mecánicas de la unidad en comento. Lo anterior, pone en relieve que los actos reclamados tienen su origen en una relación de derecho privado existente entre el quejoso y las empresas que señaló como responsables ***; es decir, se trata de una relación de coordinación, en la que las empresas señaladas como responsables actúan como vendedor y el disconforme como comprador. De conformidad con lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 61, en vinculación con los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, aplicados en sentido contrario, se deduce que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos de autoridad o disposiciones generales que violenten derechos humanos, entendiendo por autoridad aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, contra actos de particulares que tengan la calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, esto es, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos de los gobernados, siempre y cuando sus funciones estén determinadas por una norma general. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral, y la nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia de propia mano, a través de normas generales que crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, estando ambas en el mismo nivel y existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre los cuales destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la tesis I.15o.A.36 K del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Noviembre de dos mil ocho, página mil trescientos dieciséis, cuyo rubro y texto, es: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. (...)" Así, para que lo comprenda mejor de la parte quejosa, ***, señaladas como responsables, actúan como particular ante otro particular, es decir, sujetándolos al derecho privado, o lo que es lo mismo, haciéndolo actuar como particular frente a otro particular, lo que es distinto a los actos de autoridad para los efectos del amparo que pueden realizar este tipo de organismos en su actuación, y que se materializan cuando en ejercicio de facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, con fundamento en una norma legal emiten actos unilaterales, a través de los cuales crean, modifican o extinguen, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, los cuales se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. (...)." Asimismo, para considerar a un particular como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, es necesario que sus funciones estén determinadas por una norma general; lo que significa que si bien es cierto que el amparo se puede promover contra actos de particulares, también lo es que no debe ser contra actos de cualquier particular, sino sólo de aquel que ejerza actos equivalentes a los de autoridad previstos en una norma general; por tanto, para que un particular pueda ser considerado como autoridad para los efectos del juicio de amparo, debe situarse por encima del gobernado que está obligado a obedecer los actos, esto es, cuando la norma general le permita actuar en una relación de supra a subordinación, con relación al otro particular y no en un plano de coordinación. Así, en el asunto los actos reclamados no pueden ser considerados como actos de autoridad; ello, en virtud de que la actuación de las autoridades que se señalaron como responsables, frente al impetrante de la tutela constitucional, se ubican en un plano de igualdad, es decir, en una relación de coordinación regulada por el derecho administrativo, en donde aquéllas actúan como (vendedor) y no como autoridades investidas de imperio frente al quejoso (comprador), ello, derivado de la relación de un contrato privado de compraventa de la unidad automotriz existente. Luego, es evidente que los actos de que se queja el promovente del amparo, no fueron realizados dentro de una relación de supra-subordinación, pues no emanan de autoridad investida de imperio sobre un gobernado, sino que, esos actos derivan de una relación particular de un contrato de compraventa (derecho privado), en la que las empersas que señaló en su demanda, actúan como vendedoras y el quejoso como comprador. Circunstancia que se corrobora con las documentales que acompañó el quejoso a su demanda de amparo, consistentes en: (...) En tal virtud, los actos impugnados no se traducen en uno de los considerados de autoridad, ni de particular equivalente al de autoridad. Por tanto, si las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad ante la ley, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan, entre otras, por el derecho civil, mercantil, agrario, administrativo y laboral. De tal suerte que si las empresas señaladas como responsables no actúan en un plano de "supra a subordinación de gobernante a gobernado", sino que se está en presencia de un conflicto similar al que pudiera haber entre particulares (partes contratantes), ya que ambas partes actúan en forma equiparada a un particular, esto es, que se obligan o adquieren derechos a través de las normas de derecho que los rigen como contratantes, por lo que en ese tipo de actuaciones, como las que nos ocupan, se vinculan con un contratista como parte contratante y, por tanto, el conocimiento de esta controversia corresponde a la justicia ordinaria y no a la autoridad constitucional, dado que el juicio de amparo no es un medio ordinario de defensa, sino un mecanismo extraordinario de impugnación de índole constitucional, frente a actos de autoridad. En consecuencia, al quedar demostrado que los actos reclamados no pueden ser considerados como de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues los mismos derivan de una relación de coordinación entre el quejoso y las empresas señaladas como responsables, regulada por el derecho privado, se concluye que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO...

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, el auto de fecha veinticinco de enero de dos mil veintiuno, a la parte quejosa, en el presente juicio de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Vista; la demanda de amparo que promueve ***, por su propio derecho, contra actos de ***, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. (...) En esa tesitura, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados no pueden ser considerados como de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues los mismos derivan de una relación de coordinación entre el promovente del amparo y los entes privados señalados como responsables, regulada por el derecho privado, como se explica. En principio, los preceptos legales 1°, fracción I, 5°, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo textualmente disponen: "(...)" Del análisis sistemático de tales preceptos, se advierte que el juicio de amparo procede solamente contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Asimismo, la tercera norma transcrita, precisa que tiene el carácter de autoridad responsable aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En concordancia con ello, la última fracción del artículo 61 en comento, establece que el juicio de amparo es improcedente por motivos que resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. De ahí que si el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en este caso la causa operaría en atención a que las responsables no tienen dicho carácter. Para evidenciar que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la indicada causal de improcedencia del juicio de amparo, es preciso señalar, que el impetrante de la tutela constitucional, indicó como autoridades responsables y actos reclamados, los que a continuación se transcriben: (...) De lo reproducido se advierte, que el quejoso en esencia, se duele del incumplimiento del contrato celebrado el ocho de agosto de dos mil diecinueve, con las empresas ***, respecto a la unidad automotriz marca Kia Rio Modelo dos mil veinte (2020) a crédito con un plazo de cinco años, que le fue entregada en pésimas condiciones de funcionamiento; así como la omisión de las responsables de hacer valer la póliza *** expedida por ***, Sociedad Anónima de Capital Variable, con vigencia a partir del siete de agosto de dos mil veinte (07/08/2020), hasta el siete de agosto de dos mil veinticuatro (07/08/2024), con garantía del seguro de cobertura amplia por daños, vida y desempleo, para resolver las fallas mecánicas de la unidad en comento. Lo anterior, pone en relieve que los actos reclamados tienen su origen en una relación de derecho privado existente entre el quejoso y las empresas que señaló como responsables ***; es decir, se trata de una relación de coordinación, en la que las empresas señaladas como responsables actúan como vendedor y el disconforme como comprador. De conformidad con lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 61, en vinculación con los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, aplicados en sentido contrario, se deduce que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos de autoridad o disposiciones generales que violenten derechos humanos, entendiendo por autoridad aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, contra actos de particulares que tengan la calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, esto es, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos de los gobernados, siempre y cuando sus funciones estén determinadas por una norma general. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral, y la nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia de propia mano, a través de normas generales que crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, estando ambas en el mismo nivel y existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre los cuales destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la tesis I.15o.A.36 K del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Noviembre de dos mil ocho, página mil trescientos dieciséis, cuyo rubro y texto, es: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. (...)" Así, para que lo comprenda mejor de la parte quejosa, ***, señaladas como responsables, actúan como particular ante otro particular, es decir, sujetándolos al derecho privado, o lo que es lo mismo, haciéndolo actuar como particular frente a otro particular, lo que es distinto a los actos de autoridad para los efectos del amparo que pueden realizar este tipo de organismos en su actuación, y que se materializan cuando en ejercicio de facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, con fundamento en una norma legal emiten actos unilaterales, a través de los cuales crean, modifican o extinguen, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, los cuales se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. (...)." Asimismo, para considerar a un particular como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, es necesario que sus funciones estén determinadas por una norma general; lo que significa que si bien es cierto que el amparo se puede promover contra actos de particulares, también lo es que no debe ser contra actos de cualquier particular, sino sólo de aquel que ejerza actos equivalentes a los de autoridad previstos en una norma general; por tanto, para que un particular pueda ser considerado como autoridad para los efectos del juicio de amparo, debe situarse por encima del gobernado que está obligado a obedecer los actos, esto es, cuando la norma general le permita actuar en una relación de supra a subordinación, con relación al otro particular y no en un plano de coordinación. Así, en el asunto los actos reclamados no pueden ser considerados como actos de autoridad; ello, en virtud de que la actuación de las autoridades que se señalaron como responsables, frente al impetrante de la tutela constitucional, se ubican en un plano de igualdad, es decir, en una relación de coordinación regulada por el derecho administrativo, en donde aquéllas actúan como (vendedor) y no como autoridades investidas de imperio frente al quejoso (comprador), ello, derivado de la relación de un contrato privado de compraventa de la unidad automotriz existente. Luego, es evidente que los actos de que se queja el promovente del amparo, no fueron realizados dentro de una relación de supra-subordinación, pues no emanan de autoridad investida de imperio sobre un gobernado, sino que, esos actos derivan de una relación particular de un contrato de compraventa (derecho privado), en la que las empersas que señaló en su demanda, actúan como vendedoras y el quejoso como comprador. Circunstancia que se corrobora con las documentales que acompañó el quejoso a su demanda de amparo, consistentes en: (...) En tal virtud, los actos impugnados no se traducen en uno de los considerados de autoridad, ni de particular equivalente al de autoridad. Por tanto, si las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad ante la ley, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan, entre otras, por el derecho civil, mercantil, agrario, administrativo y laboral. De tal suerte que si las empresas señaladas como responsables no actúan en un plano de "supra a subordinación de gobernante a gobernado", sino que se está en presencia de un conflicto similar al que pudiera haber entre particulares (partes contratantes), ya que ambas partes actúan en forma equiparada a un particular, esto es, que se obligan o adquieren derechos a través de las normas de derecho que los rigen como contratantes, por lo que en ese tipo de actuaciones, como las que nos ocupan, se vinculan con un contratista como parte contratante y, por tanto, el conocimiento de esta controversia corresponde a la justicia ordinaria y no a la autoridad constitucional, dado que el juicio de amparo no es un medio ordinario de defensa, sino un mecanismo extraordinario de impugnación de índole constitucional, frente a actos de autoridad. En consecuencia, al quedar demostrado que los actos reclamados no pueden ser considerados como de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues los mismos derivan de una relación de coordinación entre el quejoso y las empresas señaladas como responsables, regulada por el derecho privado, se concluye que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO...

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