Clemente Mendoza Juarez
Expediente 730/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 26 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 730/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 05/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Clemente Mendoza Juarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Vistos los presentes autos y en especial la certificación que antecede, de la cual se desprende que a la fecha ha transcurrido el término de tres días hábiles concedido a la parte quejosa en proveído de veintitrés de noviembre del presente año, para que expusiera lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, por parte de la jueza de Partido Sexto Civil, con residencia en León, Guanajuato, sin que hubiese hecho manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento de los autos de referencia y el suscrito juzgador federal procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, en base a las constancias que obran en autos, conforme al artículo 196 de la ley de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Así, se tiene que el nueve de octubre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Clemente Mendoza Juárez, en la cual se resolvió: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra los actos y autoridades identificadas en el considerando segundo, por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos penúltimo y último de esta sentencia. (foja 150 vuelta). En el entendido que la protección constitucional fue para el efecto de: OCTAVO. PRECISIÓN DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Al resultar fundado el concepto de violación examinado en el considerando anterior, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el juez Sexto Civil de Partido en León, Guanajuato: Deje insubsistente el requerimiento de pago librado dentro del juicio ordinario civil *** de su índice, en contra de Clemente Mendoza Juárez, a materializar en el domicilio ubicado en la calle ***; así como demás consecuencias que de tal mandato deriven. (foja 87 frente). Dicha resolución causó ejecutoria el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, requiriendo en dicha fecha a la jueza Sexta Civil de Partido, con sede en León, Guanajuato, a fin de que diera cumplimiento a la misma. Asimismo, la citada autoridad responsable en su oficio registrado con el número 8983 (fojas 177-187 de autos), remitió copia del acuerdo emitido el trece de noviembre de dos mil diecisiete, en cumplimiento a la resolución ejecutoria, que en lo conducente dice: se deja insubsistente el requerimiento de pago librado dentro del Juicio Ordinario Civil número *** en contra de ***, dictado mediante auto de fecha 16 dieciséis de Noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, haciendo del conocimiento de la autoridad federal que mediante promoción presentada en la secretaría de acuerdos de éste Juzgado el día 03 tres de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, mediante el cual la parte actora se desistió de llevar a cabo la ejecución de la sentencia en el domicilio ubicado en calle *** del Municipio de Celaya Guanajuato. (foja 185 vuelta). Con base a lo anterior, este Órgano de Control Constitucional estima que la jueza Sexta Civil de Partido, con sede en León, Guanajuato, el trece de noviembre de dos mil diecisiete, dictó un acuerdo en el que dejó insubsistente el requerimiento de pago librado en el juicio ordinario civil ***, en contra de ***; además de que en proveído cinco de octubre del presente año, tuvo al aquí ***, por desistiéndose de llevar a cabo la ejecución de la sentencia en el domicilio señalado en autos. Por tanto de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria decretada en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables, háganse las anotaciones correspondientes en el libro condigno, y una vez que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, se hace constar que el mismo será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre de 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses. Por otro lado, de autos se advierte que la parte quejosa adjunto documentos en original y copia certificada, requiérasele para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Décimo primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, acuda ante este órgano jurisdiccional a que le sean devueltos los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos podrán ser depurados. Finalmente, previo a remitir física y materialmente el expediente en que se actúa, estese en espera de que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para los fines citados en el numeral 201 del citado ordenamiento legal, sin que haya lugar a emitir auto para dicho efecto.
- Principal
Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Vistos los presentes autos y en especial la certificación que antecede, de la cual se desprende que a la fecha ha transcurrido el término de tres días hábiles concedido a la parte quejosa en proveído de veintitrés de noviembre del presente año, para que expusiera lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, por parte de la jueza de Partido Sexto Civil, con residencia en León, Guanajuato, sin que hubiese hecho manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento de los autos de referencia y el suscrito juzgador federal procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, en base a las constancias que obran en autos, conforme al artículo 196 de la ley de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Así, se tiene que el nueve de octubre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Clemente Mendoza Juárez, en la cual se resolvió: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra los actos y autoridades identificadas en el considerando segundo, por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos penúltimo y último de esta sentencia. (foja 150 vuelta). En el entendido que la protección constitucional fue para el efecto de: OCTAVO. PRECISIÓN DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Al resultar fundado el concepto de violación examinado en el considerando anterior, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el juez Sexto Civil de Partido en León, Guanajuato: Deje insubsistente el requerimiento de pago librado dentro del juicio ordinario civil *** de su índice, en contra de Clemente Mendoza Juárez, a materializar en el domicilio ubicado en la calle ***; así como demás consecuencias que de tal mandato deriven. (foja 87 frente). Dicha resolución causó ejecutoria el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, requiriendo en dicha fecha a la jueza Sexta Civil de Partido, con sede en León, Guanajuato, a fin de que diera cumplimiento a la misma. Asimismo, la citada autoridad responsable en su oficio registrado con el número 8983 (fojas 177-187 de autos), remitió copia del acuerdo emitido el trece de noviembre de dos mil diecisiete, en cumplimiento a la resolución ejecutoria, que en lo conducente dice: se deja insubsistente el requerimiento de pago librado dentro del Juicio Ordinario Civil número *** en contra de ***, dictado mediante auto de fecha 16 dieciséis de Noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, haciendo del conocimiento de la autoridad federal que mediante promoción presentada en la secretaría de acuerdos de éste Juzgado el día 03 tres de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, mediante el cual la parte actora se desistió de llevar a cabo la ejecución de la sentencia en el domicilio ubicado en calle *** del Municipio de Celaya Guanajuato. (foja 185 vuelta). Con base a lo anterior, este Órgano de Control Constitucional estima que la jueza Sexta Civil de Partido, con sede en León, Guanajuato, el trece de noviembre de dos mil diecisiete, dictó un acuerdo en el que dejó insubsistente el requerimiento de pago librado en el juicio ordinario civil ***, en contra de ***; además de que en proveído cinco de octubre del presente año, tuvo al aquí ***, por desistiéndose de llevar a cabo la ejecución de la sentencia en el domicilio señalado en autos. Por tanto de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria decretada en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables, háganse las anotaciones correspondientes en el libro condigno, y una vez que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, se hace constar que el mismo será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre de 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses. Por otro lado, de autos se advierte que la parte quejosa adjunto documentos en original y copia certificada, requiérasele para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Décimo primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, acuda ante este órgano jurisdiccional a que le sean devueltos los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos podrán ser depurados. Finalmente, previo a remitir física y materialmente el expediente en que se actúa, estese en espera de que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para los fines citados en el numeral 201 del citado ordenamiento legal, sin que haya lugar a emitir auto para dicho efecto.
- Principal
RECEPCIÓN DE OFICIO. Por recibido el oficio signado por la jueza de Partido Sexto Civil, con residencia en León, Guanajuato, por medio del cual rinde su informe de cumplimiento en relación a la ejecutoria decretada en el presente juicio, anexando las constancias respectivas para acreditar su dicho. VISTA A LA PARTE QUEJOSA. Previamente a tener o no a las referida autoridad por cumpliendo con el fallo protector emitido en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el contenido del informe de cumplimiento de cuenta, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a sus intereses convenga. APERCIBIMIENTO. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del lapso que se le concede, o de no informar la imposibilidad legal o material que tenga para ello, este Órgano de Control Constitucional hará el pronunciamiento sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad oficiante.
- Principal
CAUSA EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede y apareciendo de autos que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, contra la sentencia dictada el nueve de octubre de dos mil diecisiete, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Clemente Mendoza Juárez. Por tanto, como lo dispone el ordinal 356, fracción II , del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en cita, en relación con su numeral 2° , se declara que dicho fallo ha causa ejecutoria. ANOTACIÓN EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro que para dicho efecto se lleva en este juzgado federal. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Ahora bien, la protección constitucional otorgada fue para los siguientes efectos: OCTAVO. PRECISIÓN DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Al resultar fundado el concepto de violación examinado en el considerando anterior, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el juez Sexto Civil de Partido en León, Guanajuato: Deje insubsistente el requerimiento de pago librado dentro del juicio ordinario civil *** de su índice, en contra de ***, a materializar en el domicilio ubicado en la calle ***; así como demás consecuencias que de tal mandato deriven. (foja 150 frente y vuelta). REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO. Por tanto, respecto del referido punto de concesión, con fundamento en los artículos 192 y 193 ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la jueza Sexta Civil de Partido, con sede en León, Guanajuato, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la presente ejecutoria, y una vez hecho lo anterior, remita a este Órgano de Control Constitucional, las constancias que acrediten lo anterior. APERCIBIMIENTO. En el entendido de que en caso de no cumplir con dicho mandato sin causa justificada, o no exponer motivo legal que le impida hacerlo o bien acredite que se encuentra en vías de cumplimiento, dentro del lapso concedido para dicho efecto, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego, aunado a que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación de la autoridad contumaz, ello en términos del párrafo segundo del ordinal 192 de la Ley de la Materia. Sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento respecto de la autoridad a la que pudiera recaerle el carácter de superior jerárquico de la ahora responsable, dado que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en capital del mismo nombre, ha informado a este Juzgado Federal, que no es Superior Jerárquico de los Jueces de Partido, ya que dichas autoridades jurisdiccionales gozan de autonomía e independencia en su actuar. De ahí que no existe superior jerárquico a quien acudir atendiendo a lo señalado por el artículo 194, de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso 73, fracción XXIX-H de la Constitución Federal, y el diverso 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; tal como en un caso análogo, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la Jurisprudencia de rubro: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. DEVOLUCIÓN DE TOMOS. Por resultar innecesaria la retención de las constancias remitidas en copia certificada del juicio ordinario civil ***, por la jueza Sexta Civil de Partido, con residencia en León, Guanajuato, constante de dos tomos de prueba, se ordena devolverlos a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.
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