Clemente Manuel Gandara Blasquez

Expediente 977/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
977/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
09/12/2021

Partes del expediente

  • Clemente Manuel Gandara Blasquez

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Director General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento realizado por auto de uno de diciembre del presente año, informa que notificó a Gastón Acosta Quetzalcóatl Acosta Martínez que deberá comparecer a este juzgado de distrito el catorce de diciembre del año en curso, para llevar a cabo la diligencia de aceptación del cargo de perito oficial; en consecuencia, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Notifíquese por lista de acuerdos.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/1124/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, el Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de la Jueza Daniela María León Linarte a este órgano constitucional, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; en ese sentido, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 26 y 51, estos últimos de la Ley de Amparo, así como el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para que, en caso de estimarlo pertinente, en el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho corresponda. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 104/2010, que por contradicción de tesis aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 312, Tomo XXXII, Julio de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Por otro lado, téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el promovente Clemente Manuel Gándara Blasquez, mediante el cual, da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de nueve de noviembre de la presente anualidad; por lo tanto, en tiempo se tiene por desahogado el requerimiento dictado en actuaciones, respecto a la demanda de amparo promovida por Clemente Manuel Gándara Blasquez, contra el acto reclamado a la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y otra autoridad responsable. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a este juzgador confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda que dio origen a los presentes autos, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la Jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". (Lo subrayado es propio). ACTOS RECLAMADOS. En ese sentido, la parte quejosa, dentro de su demanda de amparo, señaló como actos reclamados: ". a).- La inconstitucional, indebida e ilegal integración de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al momento de dictar la resolución de fecha TRECE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO dentro de los autos del Toca número 1259/2021 del índice de la Cuarta Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado. b).- La inconstitucional, indebida e ilegal sentencia dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de fecha TRECE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO dentro de los autos del Toca número 1259/2021, ello al estar integrada de manera inconstitucional, indebida e ilegal. c).- DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EJECUTORA.- Juzgado Segundo de Primera Instancia en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, El dar cumplimiento a la inconstitucional, indebida e ilegal sentencia dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de fecha TRECE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO dentro de los autos del Toca número 1055/2021, ello al estar integrado dicho órgano colegiado de manera inconstitucional, indebida e ilegal y se ejecutaría en el expediente 1321/2015 de la autoridad señalada como ejecutora. (.) La resolución de la cuarta sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, dentro del toca 1259/2021 de fecha trece de Octubre del año 2021 de su propio índice, donde se ordena llevar a cabo la audiencia prevista en el numeral 1371 del Código de Comercio anterior a la reforma que a la letra reza: Art. 1,371. Evacuando el traslado de que trata el artículo 1,368, el juez decidirá si hay méritos para estimar necesaria la tercería, y en caso afirmativo, a petición de cualquiera de las partes, abrirá una dilación probatoria de quince días. Contrario a lo que resuelve la cuarta sala del tribunal superior de justicia del estado de Veracruz." PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Considerando lo anterior y de un análisis integral de la demanda, así como lo manifestado en el escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que Clemente Manuel Gándara Blasquez reclama a los Magistrados de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esa ciudad, la resolución de trece de octubre de la presente anualidad, dictada en los autos del toca 1259/2021, de su índice, mediante la cual se confirmó el auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, por el que el Juez Segundo de Primera Instancia de Coatzacoalcos, Veracruz, desechó el incidente de nulidad de actuaciones promovido en contra de la audiencia celebrada el doce de abril de dos mil veintiuno, dentro de la tercería excluyente de dominio 1321/2015, de su índice, de conformidad con el artículo 1371 del Código de Comercio. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, a letra disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". (Lo subrayado es propio). El dispositivo transcrito establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Lo subrayado es propio). INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" (Lo resaltado es propio). De la anterior transcripción, se desprende que el primero de los artículos, refiere que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley. Por su parte, el segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que procederá el juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio, únicamente cuando exista una afectación a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, una interpretación en sentido contrario del artículo indicado en segundo término, permite establecer que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Cabe destacar que por actos de imposible reparación se entiende aquellos que afectan derechos sustantivos, que de acuerdo con la doctrina, son los que se identifican con los bienes de la vida, los cuales pueden considerarse sustantivos, por ejemplo los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil, la libertad personal, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, entre otros. Mientras que los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo; esto es, tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida. En ese orden de ideas, los actos de imposible reparación no incluyen violaciones formales, adjetivas o procesales, porque éstas inciden en las posiciones que van tomando las partes en el procedimiento, en busca de un fallo favorable y, una vez alcanzado dicho objetivo, los efectos producidos se extinguen sin haber originado alguna afectación a los derechos sustantivos del gobernado ni a su esfera jurídica. Así, para que un acto se considere de esa índole necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. De una interpretación de los artículos citados, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se reclamen, actos emitidos en juicio, cuyos efectos no sean de imposible reparación. Aunado a lo anterior, es conveniente destacar lo previsto por los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracción V de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (.) Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (..) V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; (..)" (Lo resaltado es propio). De dichos preceptos legales, se aprecia que cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; entonces, por excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una afectación de imposible reparación, entendiéndose como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados constitucionalmente, o bien, por los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, tomando en consideración que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en la resolución de trece de octubre de la presente anualidad, dictada en los autos del toca 1259/2021, del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante la cual se confirmó el auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, por el que el Juez Segundo de Primera Instancia de Coatzacoalcos, Veracruz, desechó el incidente de nulidad de actuaciones promovido en contra de la audiencia celebrada el doce de abril de dos mil veintiuno, dentro de la tercería excluyente de dominio 1321/2015, de su índice, es inconcuso que contra dicha determinación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, en virtud de que el acto reclamado únicamente viola derechos adjetivos dentro del procedimiento que conlleva a formalidades que no afectan de manera irreparable la esfera jurídica del quejoso, pues en este momento procesal se desconoce si dichas violaciones que refiere haber resentido, vayan o no a trascender en la sentencia que se dicte dentro de la tercería excluyente de dominio. En ese sentido, la resolución reclamada no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, ya que las violaciones alegadas en su escrito de demanda tienen efectos meramente procesales, que pueden quedar subsanadas en el momento en el que se dicte la sentencia respectiva en la mencionada tercería excluyente de dominio, si resultara favorable al quejoso el fallo que se emita. Sustenta la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." (Lo subrayado es propio). Por lo tanto, el haber confirmado el auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, por el que el Juez Segundo de Primera Instancia de Coatzacoalcos, Veracruz, desechó el incidente de nulidad de actuaciones promovido en contra de la audiencia celebrada el doce de abril de dos mil veintiuno, dentro de la tercería excluyente de dominio 1321/2015, de su índice, son circunstancias que pueden ser combatidas como violación procesal mediante el amparo directo en términos de los artículos 170, fracción I, 171 y 172 fracción V de la Ley de Amparo, si el promovente estimara que afectó su defensa y trascendieron en el sentido del fallo. Apoya a lo anterior, la tesis aislada II.1o.C.T.53 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, constitucional, en relación con los numerales 114, fracción IV, 158 y 159 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. Los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene sentencia favorable. En consecuencia, la resolución que confirmó el acto mediante el cual el Juez declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, no debe reclamarse en amparo indirecto, al no constituir un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que a través del incidente sólo se puede plantear la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si el impetrante obtiene sentencia favorable, máxime que la improcedencia del incidente no implica, necesariamente, que el fallo deba ser contrario a los intereses del solicitante de garantías." (Lo subrayado es propio). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, este último, aplicado en sentido contrario, ambos de la precitada Ley de Amparo; por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda que dio origen a los presentes autos. Asimismo, atendiendo a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional para que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida del licenciado Luis Alberto Camacho Mondragón, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la secretaria adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del exhorto 197/2021, del índice de este juzgado, procediendo a su diligenciación; al respecto, agréguese a los autos para que obre como corresponda y estese en espera de que sea devuelta la comunicación de mérito. Cúmplase.

  4. Principal

    ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. EXHORTACIÓN. Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal -reformado por su similar 1/2021 con relación al periodo de vigencia-, se exhorta a las partes a realizar lo siguiente: I. Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. En la siguiente actuación en la que intervengan, propongan medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, como correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea y números telefónicos. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Clemente Manuel Gándara Blasquez contra el acto reclamado a la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y otra autoridad responsable. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 977/2021-I-B. Al respecto, se acuerda: OBLIGACIÓN LEGAL DE PREVENIR AL PROMOVENTE. Ahora bien, los artículos 112, 114, fracciones I y II, y 108 fracción V de la Ley de Amparo vigente disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite." "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; (.) Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. (.)" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación (.)" De los preceptos transcritos se desprende que cuando se hubiera omitido en la demanda alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de ley de la materia, el juez de distrito mandará prevenir al promovente a efecto de que la subsane, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que en tiempo el quejoso pueda subsanarlas, debiendo contener el auto aclaratorio de demanda, el apercibimiento de ley y ordenándose su notificación personal. Así, para el caso de que el promovente no llenare los requisitos omitidos o no hiciere las aclaraciones respectivas deberá tenerse por no presentada la demanda de amparo. Lo anterior cobra relevancia si se toma en consideración, que a fin de impartir una recta administración de justicia, el juez de amparo debe conocer con exactitud la intención del promovente, armonizando los datos y elementos que conformen la demanda de amparo, lo que debe hacerse, tomando en cuenta el acto señalado por la parte quejosa en armonía con los demás hechos relatados en la demanda correspondiente. Acotado lo anterior, es necesario precisar que Clemente Manuel Gándara Blasquez reclama: "La resolución de la cuarta sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, dentro del toca 1259/2021 de fecha trece de Octubre del año 2021 de su propio índice, donde se ordena llevar a cabo la audiencia prevista en el numeral 1371 del Código de Comercio anterior a la reforma.", así como su ejecución. Además, al narrar bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado, se advierte que únicamente transcribió el auto de siete de mayo de la presente anualidad, dictado aparentemente por la autoridad ejecutora Juez Segundo de Primera Instancia de Coatzacoalcos, Veracruz, así como diversos fragmentos de la posible resolución reclamada. Sin que ello signifique que haya narrado los antecedentes del acto reclamado, toda vez que omitió señalar las partes dentro del expediente 1321/2015, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Coatzacoalcos, Veracruz, las prestaciones reclamadas, la secuela procesal que ha tenido y el estado que actualmente guarda, en su caso, la sentencia y lo ahí decretado, así como lo impugnado en el toca 1259/2021,del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, y lo resuelto. En ese sentido, resulta necesario requerir al promovente de amparo para que cumpla con lo establecido en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, esto a fin de que el suscrito esté en aptitud de proveer respecto a la admisión de la demanda intentada. SENTIDO DE LA PREVENCIÓN QUE SE FORMULA. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112, 114, fracciones I y II, y 108 fracción V de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, Clemente Manuel Gándara Blasquez, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos legales la notificación de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad, por tratarse de un requisito personalísimo, exhiba un escrito aclaratorio al que deberá acompañar ocho copias del mismo, pues dos son para correr traslado a las autoridades responsables, otras dos para la apertura del incidente de suspensión, una más para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, y tres para emplazar a la parte tercera interesada, en el que cumpla con lo siguiente: ÚNICO. Deberá ampliar los antecedentes del acto reclamado, en el sentido de señalar las partes dentro del expediente 1321/2015, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Coatzacoalcos, Veracruz, las prestaciones reclamadas, la secuela procesal que ha tenido y el estado que actualmente guarda, en su caso, la sentencia y lo ahí decretado, así como lo impugnado en el toca 1259/2021,del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, y lo resuelto. Todo lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir cabalmente con lo ordenado en párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Mientras tanto, guárdense en la secretaría de este juzgado, las diez copias de la demanda de mérito. Tiene aplicación al caso la tesis número I.7º.A. 100 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 990, tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN". Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,1 de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Armando López Benavides, toda vez que cuenta con el registro 18579 en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; además, en términos restringidos del citado precepto a Ana Brenda Mora Domínguez, en virtud de que no cuenta con el registro correspondiente y la parte quejosa no acreditó que contara con los documentos relativos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el 1 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril de 2001, tomo XIII, página 79, con número de registro 189977. actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. DEPURACIÓN. Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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