Clemente Espino González

Expediente 591/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
591/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
03/07/2018

Partes del expediente

  • Clemente Espino González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    ...Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, resulta procedente se haga pronunciamiento en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En tal virtud, vistas las constancias que integran el presente juicio, se procede emitir determinación en cuanto al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo en los siguientes términos: Se toma en consideración que el cuatro de junio de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Clemente Espino González, para el efecto de que la Junta Especia Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, dictara el laudo correspondiente en el procedimiento laboral 00087/2015/2/1. En atención a lo anterior, la autoridad responsable, mediante oficio presentado ante este juzgado, informó que emitió el laudo correspondiente, circunstancia que acreditó con la remisión de las constancias de tal resolución dictada en veinte de junio de dos mil dieciocho. Constancia que tiene valor probatorio en términos de los artículo 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por su artículo 2º, en virtud de que se trata de un documento expedido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. En esa tesitura, se tiene que los lineamientos establecidos se encuentran colmados al evidenciarse que la autoridad responsable continúo con la etapa procesal correspondiente y emitió el laudo dentro del expediente de origen. Sin que obste a la anterior determinación el hecho de que la autoridad responsable no haya remitido la constancia de notificación personal a la parte quejosa de la determinación antes precisada, en virtud de que este órgano de control constitucional notificó personalmente la misma (foja 57), por lo que se encuentra debidamente notificado del citado laudo. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la sustentan, la tesis 275, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice 2000, tomo VI, común, novena época, visible en la página 228, que dice: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." Por tanto, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto a su observancia, se estima que se cumplió con el postulado del fallo protector, pues con las documentales allegadas, se acredita que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio. Al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 832, del Tomo I, Febrero de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." Por otro lado, atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. Finalmente, se hace la aclaración que ninguna de las partes allegó al cuaderno principal, algún documento que por sus características amerite ser devuelto, de conformidad con lo previsto por la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal...III

  2. Principal

    Visto el oficio suscrito por la Presidenta en Funciones por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, a través del cual comparece en atención al requerimiento que le fue formulado en autos, y al efecto remite las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el contenido del oficio de mérito y anexo, a fin de que en el término de tres días contados a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga, bajo el apercibimiento legal que de no hacerlo así, se procederá a resolver sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. REQUERIMIENTO. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad precisada en la sentencia de amparo, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla con lo ahí establecido, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que debe instrumentar para acatar el fallo de amparo. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad vinculada en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe; asimismo, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el diez de enero de dos mil dieciocho. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDEN INCURRIR LAS AUTORIDADES QUE SE VEN VINCULADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Se hace prudente hacer del conocimiento de la autoridad requerida que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurre en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, devuélvanse las constancias que remitió la autoridad responsable, previo desglose que se haga de la carátula del tomo de pruebas formado a propósito del mismo. Sin que estime necesario solicitar el respectivo acuse de recibo, al tener en consideración que la constancia de notificación hace las veces de acuse.

  4. Principal

    Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a *****, en contra del acto que reclamó de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, que precisado quedó en el considerando quinto de esta sentencia, y para para los efectos descritos en el último considerando de este fallo. Notifíquese.

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