Clemente Chauvet Gómez
Expediente 897/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 34 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 897/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 18/08/2016
Partes del expediente
- Clemente Chauvet Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término para las partes, que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, en la que se decretó el sobreseimiento y se negó el amparo y protección de la justicia federal, aun cuando no obra constancia que todas las autoridades responsables foráneas, hayan quedado debidamente notificadas de la resolución, dado que en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo, carecen de legitimación para recurrirla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia J.22/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en el Tomo XVIII, Julio de 2003, página 23, de la Novena Época, que al rubro y texto dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir". En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales conducentes; comuníquese a las autoridades responsables. Asimismo, del estado de autos se aprecia que a la fecha no existe trámite pendiente que realizar en este expediente; por ende, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su ARCHIVO DEFINITIVO, como asunto totalmente concluido. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la sentencia emitida en el juicio en que se actúa, este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACION, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, pues no se considera de relevancia documental. En su oportunidad háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente.
- Principal
PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo SEGUNDO. Se niega el amparo y protección de la justicia federal
- Principal
Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse a las autoridades oficiantes, rindiendo su informe justificado.
- Incidental
Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO.- SE NIEGA la suspensión definitiva solicitada SEGUNDO.- SE CONCEDE la suspensión definitiva solicitada TERCERO.- En términos del considerando relativo se establece que el cuaderno original del presente incidente es susceptible de depuración y el duplicado es susceptible de destrucción.
Quedan 30 actuaciones en este expediente
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