Clemente Capitaine Esperón

Expediente 321/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 18 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
321/2020
Año
2020
Actuaciones
18
Última actuación
26/03/2021

Partes del expediente

  • Clemente Capitaine Esperón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta, signado por la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, en atención a su contenido, agréguese a los presentes autos sin mayor pronunciamiento en virtud que mediante acuerdo de dieciocho de marzo del año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo y se ordenó el archivo definitivo del expediente en que se actúa. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, con motivo del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y el Secretario para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a las partes...

  3. Principal

    Debido a que la parte tercero interesada ********** no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo, se publica el acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: "Xalapa de Enríquez, Veracruz, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos, así como de la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia de amparo, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas, la sentencia amparadora se encuentra cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: I) Mediante sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil veinte (fojas 185 a 196), se concedió el amparo solicitado por **********, para el efecto que el Juez Cuarto de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Veracruz, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, realizara lo siguiente: ? Dejara insubsistente la resolución de quince de julio de dos mil veinte, emitida en el expediente **********, de su índice; y, ? En su lugar, emitiera una nueva resolución en la que, con libertad de jurisdicción, resolviera conforme a derecho procediera, el recurso de reclamación interpuesto por **********, contra la diligencia de depósito judicial de personas practicada el veintidós de abril de dos mil veinte; pero en la que observara el principio de congruencia que se desprende de los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 57 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, lo que implicaba analizar y resolver todos los planteamientos esgrimidos por las partes, particularmente los del reclamante, valorando todas las pruebas que exhibió para acreditar su dicho. II) Mediante auto de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable (foja 221). III) Por oficio 570/2021 recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, la autoridad responsable informó sobre el cumplimiento dado al fallo protector, y para acreditarlo, exhibió diversas constancias (foja 233). IV) Posteriormente, por acuerdo de cinco de marzo del presente año, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto a dicho cumplimiento (foja 246), sin que realizaran manifestación alguna, no obstante estar debidamente notificados para ello. Ahora bien, previo análisis de las constancias de autos, se concluye que la ejecutoria de amparo SE ENCUENTRA CUMPLIDA, debido a que: El Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, mediante acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno (foja 234 vuelta) dejó insubsistente la resolución reclamada de quince de julio de dos mil veinte, dictada en el expediente **********, de su índice; y, turnó los autos para emitir la interlocutoria correspondiente en acatamiento al fallo protector. Así, por resolución de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, el Juzgado responsable de nueva cuenta procedió a resolver el recurso de reclamación interpuesto por **********, contra la diligencia de depósito judicial de persona practicada el veintidós de abril de dos mil veinte, declarándolo improcedente. Lo anterior, previo análisis de los agravios formulados en la reclamación, valoración de todo el material probatorio exhibido por las partes, así como las manifestaciones realizadas al desahogar la vista concedida con el escrito origen de la reclamación. Así, para arribar a tal conclusión, el Juzgado responsable sostuvo que el ahora quejoso no desvirtuó los elementos probatorios que sirvieron de sustento para decretar el depósito de su menor hija de iniciales **********, en diligencia de veintidós de abril de dos mil veinte; lo anterior, aun cuando haya ofrecido diversas pruebas. Sostuvo que, si bien era cierto que en actuación de veintidós de abril de dos mil veinte, se hizo mención a una fecha diversa, también lo era, que ello no acarreaba nulidad alguna, toda vez que en las actuaciones del proceso se advertía que la hora y fecha correcta de su desahogo era veintidós de abril de dos mil veinte, por estar vista en su conjunto y por ello, tenía plena eficacia probatoria, acorde con lo dispuesto por el artículo 239 del Código de Procedimientos Civiles. Que atendiendo a los argumentos del ocurso presentado el veinte de abril de dos mil veinte, indicó que dicho juzgador se constituyó en el domicilio señalado el aludido escrito, a fin de cerciorarse de la necesidad de la medida, consistente en la violencia física de la que fue objeto **********, en presencia de su menor hija. Que en dicha diligencia de cercioramiento, se recibió el testimonio de **********, de su progenitora ********** y de la menor de edad, en la que se destacó que: la primera de las mencionadas, refirió que desde que estaba embarazada, el reclamante no proporcionaba lo necesario para sus alimentos, por lo que se vio obligada a trabajar, quedando la madre de ********** al cuidado de su menor hija; refirió que el lugar donde habitaba la abuela paterna (con la menor de edad), vivían varias familias; y, que el ahora quejoso en ocasiones estando en estado de ebriedad la golpeaba, incluso en presencia de su menor hija; que por el hacinamiento de esas familias, dicha menor contrajo piojos, al grado que la abuela paterna roció thinner en su cabeza. Así, el Juzgador responsable sostuvo que los testimonios recibidos en esa diligencia, produjeron convicción, en el sentido que la promovente y su menor hija fueron objeto de violencia física y psicológica, respectivamente, sin que el reclamante los haya desvirtuado. El Juzgador, también refirió que la promovente **********, por propio derecho y en representación de su menor hija, presentó, a las trece horas con treinta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil veinte, demanda de pensión alimenticia contra el ahora quejoso, la cual se radicó con el número ********** de ese Juzgado, por lo que dicha presentación resultaba oportuna. Ello era así, en razón que el depósito de personas ocurrió el veintidós de abril de dos mil veinte, surtió efecto el veintitrés de abril siguiente, transcurriendo el término de diez días, del veinticuatro de abril al doce de mayo de dos veinte, descontando los sábados y domingos, así como los días declarados inhábiles, quedando justificado que la promovente justificó los extremos del artículo 163 del aludido código procesal. De la misma manera, la autoridad responsable argumentó que si bien, la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida se ejecutó en el domicilio ubicado en **********, y no en el domicilio que habita **********, no menos cierto era que tal circunstancia no era suficiente para nulificar la diligencia, ya que el artículo 160 del Código Procesal de la Materia, indica que el Juez y el Secretario, deben trasladarse al lugar de los hechos, para constatar la necesidad de la medida, pero ello no obliga al Juzgador a constituirse al lugar donde primigeniamente se encontraba la menor, aún cuando así lo establece el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, tesis invocada por el ahora quejoso en su escrito de reclamación, ya que refiere -el Juez responsable- que ese criterio no es obligatorio acorde con el artículo 217 de la Ley de Amparo, al ser una tesis aislada; además, tratándose de diligencias de depósito de personas, dada su naturaleza, la verificación que establece el artículo 160 del código adjetivo civil, al hablar del lugar de los hechos, da la posibilidad que ese lugar sea en donde sucedieron estos, o en su caso, donde se encuentre el menor motivo de la protección, pues de interpretar la norma en forma contraria, se corre el riesgo que necesariamente el solicitante del depósito se encuentre a merced del agresor, situación que ocasionaría un daño al infante. Asimismo, en lo relativo al argumento planteado por el reclamante en el sentido que la menor no había afirmado que éste le pegara a su madre, si bien eso resultaba verídico, lo cierto era que sí expuso que su papá le gritaba mucho (a la menor de edad), a su progenitora y a su abuela, que ello lo hacía cuando estaba tomado y cuando no lo estaba también, pero que cuando toma, grita más fuerte e incluso en una ocasión vio como golpeó a su tío, de ahí que se considere que sí existe el temor manifiesto, que dada la conducta del padre, puede este lesionar a su hija si sigue a su cuidado. Por último, en el argumento del reclamante en el sentido que la abuela materna no era persona idónea para encargarse del cuidado de la menor, pues el veintiuno de julio de dos mil quince, la infante sufrió un accidente y que la casa donde habita no cuenta con medidas que garanticen la seguridad de la menor; el juzgador adujo que no le asistía la razón al reclamante, toda vez que si bien su menor hija sufrió un accidente en el mes de diciembre de dos mil quince, el reclamante aceptó en convenio que su menor hija se quedara con su madre en ese domicilio, aunado a que el accidente no podía imputársele directamente a la abuela materna, máxime que no existía constancia alguna que acreditara que dicho inmueble sea inseguro. De la anterior relatoría, puede constatarse que la autoridad responsable al dictar la resolución de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, subsanó las deficiencias formales a que se hizo referencia en la sentencia amparadora, ya que en la nueva interlocutoria, como se mencionó, tomó en consideración los agravios del reclamante, valoró todo el material probatorio y analizó los argumentos de la parte actora al desahogar la vista concedida con dicha reclamación. Por lo anterior, se reitera que la autoridad responsable dio cumplimiento cabal a lo ordenado en la ejecutoria dictada en este juicio de amparo y, en consecuencia, lo procedente es TENER POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo, en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.). VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En atención a lo dispuesto en el artículo 15 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES" publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo primeramente citado, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente, así como la fecha del presente acuerdo de archivo; en consecuencia, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) del aludido Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que se concedió el amparo, carece de relevancia documental y no obran documentos originales. DEPURACIÓN Así, este expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; así como la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; la justificación de esto último, deberá constar en el acuerdo de desincorporación; además de formular el acta relativa a las constancias depuradas, previa relación para la plena identificación de las mismas, debiendo registrar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese."

  4. Principal

    Debido a que la parte quejosa XXXXXXXXX no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo, se publica el acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos, así como de la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia de amparo, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas, la sentencia amparadora se encuentra cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: I) Mediante sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil veinte (fojas 185 a 196), se concedió el amparo solicitado por **********, para el efecto que el Juez Cuarto de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Veracruz, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, realizara lo siguiente: ? Dejara insubsistente la resolución de quince de julio de dos mil veinte, emitida en el expediente **********, de su índice; y, ? En su lugar, emitiera una nueva resolución en la que, con libertad de jurisdicción, resolviera conforme a derecho procediera, el recurso de reclamación interpuesto por **********, contra la diligencia de depósito judicial de personas practicada el veintidós de abril de dos mil veinte; pero en la que observara el principio de congruencia que se desprende de los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 57 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, lo que implicaba analizar y resolver todos los planteamientos esgrimidos por las partes, particularmente los del reclamante, valorando todas las pruebas que exhibió para acreditar su dicho. II) Mediante auto de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable (foja 221). III) Por oficio 570/2021 recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, la autoridad responsable informó sobre el cumplimiento dado al fallo protector, y para acreditarlo, exhibió diversas constancias (foja 233). IV) Posteriormente, por acuerdo de cinco de marzo del presente año, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto a dicho cumplimiento (foja 246), sin que realizaran manifestación alguna, no obstante estar debidamente notificados para ello. Ahora bien, previo análisis de las constancias de autos, se concluye que la ejecutoria de amparo SE ENCUENTRA CUMPLIDA, debido a que: El Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, mediante acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno (foja 234 vuelta) dejó insubsistente la resolución reclamada de quince de julio de dos mil veinte, dictada en el expediente **********, de su índice; y, turnó los autos para emitir la interlocutoria correspondiente en acatamiento al fallo protector. Así, por resolución de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, el Juzgado responsable de nueva cuenta procedió a resolver el recurso de reclamación interpuesto por **********, contra la diligencia de depósito judicial de persona practicada el veintidós de abril de dos mil veinte, declarándolo improcedente. Lo anterior, previo análisis de los agravios formulados en la reclamación, valoración de todo el material probatorio exhibido por las partes, así como las manifestaciones realizadas al desahogar la vista concedida con el escrito origen de la reclamación. Así, para arribar a tal conclusión, el Juzgado responsable sostuvo que el ahora quejoso no desvirtuó los elementos probatorios que sirvieron de sustento para decretar el depósito de su menor hija de iniciales **********, en diligencia de veintidós de abril de dos mil veinte; lo anterior, aun cuando haya ofrecido diversas pruebas. Sostuvo que, si bien era cierto que en actuación de veintidós de abril de dos mil veinte, se hizo mención a una fecha diversa, también lo era, que ello no acarreaba nulidad alguna, toda vez que en las actuaciones del proceso se advertía que la hora y fecha correcta de su desahogo era veintidós de abril de dos mil veinte, por estar vista en su conjunto y por ello, tenía plena eficacia probatoria, acorde con lo dispuesto por el artículo 239 del Código de Procedimientos Civiles. Que atendiendo a los argumentos del ocurso presentado el veinte de abril de dos mil veinte, indicó que dicho juzgador se constituyó en el domicilio señalado el aludido escrito, a fin de cerciorarse de la necesidad de la medida, consistente en la violencia física de la que fue objeto **********, en presencia de su menor hija. Que en dicha diligencia de cercioramiento, se recibió el testimonio de **********, de su progenitora ********** y de la menor de edad, en la que se destacó que: la primera de las mencionadas, refirió que desde que estaba embarazada, el reclamante no proporcionaba lo necesario para sus alimentos, por lo que se vio obligada a trabajar, quedando la madre de ********** al cuidado de su menor hija; refirió que el lugar donde habitaba la abuela paterna (con la menor de edad), vivían varias familias; y, que el ahora quejoso en ocasiones estando en estado de ebriedad la golpeaba, incluso en presencia de su menor hija; que por el hacinamiento de esas familias, dicha menor contrajo piojos, al grado que la abuela paterna roció thinner en su cabeza. Así, el Juzgador responsable sostuvo que los testimonios recibidos en esa diligencia, produjeron convicción, en el sentido que la promovente y su menor hija fueron objeto de violencia física y psicológica, respectivamente, sin que el reclamante los haya desvirtuado. El Juzgador, también refirió que la promovente **********, por propio derecho y en representación de su menor hija, presentó, a las trece horas con treinta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil veinte, demanda de pensión alimenticia contra el ahora quejoso, la cual se radicó con el número ********** de ese Juzgado, por lo que dicha presentación resultaba oportuna. Ello era así, en razón que el depósito de personas ocurrió el veintidós de abril de dos mil veinte, surtió efecto el veintitrés de abril siguiente, transcurriendo el término de diez días, del veinticuatro de abril al doce de mayo de dos veinte, descontando los sábados y domingos, así como los días declarados inhábiles, quedando justificado que la promovente justificó los extremos del artículo 163 del aludido código procesal. De la misma manera, la autoridad responsable argumentó que si bien, la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida se ejecutó en el domicilio ubicado en **********, y no en el domicilio que habita **********, no menos cierto era que tal circunstancia no era suficiente para nulificar la diligencia, ya que el artículo 160 del Código Procesal de la Materia, indica que el Juez y el Secretario, deben trasladarse al lugar de los hechos, para constatar la necesidad de la medida, pero ello no obliga al Juzgador a constituirse al lugar donde primigeniamente se encontraba la menor, aún cuando así lo establece el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, tesis invocada por el ahora quejoso en su escrito de reclamación, ya que refiere -el Juez responsable- que ese criterio no es obligatorio acorde con el artículo 217 de la Ley de Amparo, al ser una tesis aislada; además, tratándose de diligencias de depósito de personas, dada su naturaleza, la verificación que establece el artículo 160 del código adjetivo civil, al hablar del lugar de los hechos, da la posibilidad que ese lugar sea en donde sucedieron estos, o en su caso, donde se encuentre el menor motivo de la protección, pues de interpretar la norma en forma contraria, se corre el riesgo que necesariamente el solicitante del depósito se encuentre a merced del agresor, situación que ocasionaría un daño al infante. Asimismo, en lo relativo al argumento planteado por el reclamante en el sentido que la menor no había afirmado que éste le pegara a su madre, si bien eso resultaba verídico, lo cierto era que sí expuso que su papá le gritaba mucho (a la menor de edad), a su progenitora y a su abuela, que ello lo hacía cuando estaba tomado y cuando no lo estaba también, pero que cuando toma, grita más fuerte e incluso en una ocasión vio como golpeó a su tío, de ahí que se considere que sí existe el temor manifiesto, que dada la conducta del padre, puede este lesionar a su hija si sigue a su cuidado. Por último, en el argumento del reclamante en el sentido que la abuela materna no era persona idónea para encargarse del cuidado de la menor, pues el veintiuno de julio de dos mil quince, la infante sufrió un accidente y que la casa donde habita no cuenta con medidas que garanticen la seguridad de la menor; el juzgador adujo que no le asistía la razón al reclamante, toda vez que si bien su menor hija sufrió un accidente en el mes de diciembre de dos mil quince, el reclamante aceptó en convenio que su menor hija se quedara con su madre en ese domicilio, aunado a que el accidente no podía imputársele directamente a la abuela materna, máxime que no existía constancia alguna que acreditara que dicho inmueble sea inseguro. De la anterior relatoría, puede constatarse que la autoridad responsable al dictar la resolución de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, subsanó las deficiencias formales a que se hizo referencia en la sentencia amparadora, ya que en la nueva interlocutoria, como se mencionó, tomó en consideración los agravios del reclamante, valoró todo el material probatorio y analizó los argumentos de la parte actora al desahogar la vista concedida con dicha reclamación. Por lo anterior, se reitera que la autoridad responsable dio cumplimiento cabal a lo ordenado en la ejecutoria dictada en este juicio de amparo y, en consecuencia, lo procedente es TENER POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo, en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.). VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En atención a lo dispuesto en el artículo 15 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES" publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo primeramente citado, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente, así como la fecha del presente acuerdo de archivo; en consecuencia, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) del aludido Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que se concedió el amparo, carece de relevancia documental y no obran documentos originales. DEPURACIÓN Así, este expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; así como la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; la justificación de esto último, deberá constar en el acuerdo de desincorporación; además de formular el acta relativa a las constancias depuradas, previa relación para la plena identificación de las mismas, debiendo registrar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.

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