Clemente Bortoni Iruegas
Expediente 846/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 846/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Clemente Bortoni Iruegas
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja contra el proveído emitido el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, donde se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Clemente Bortoni Iruegas, contra actos del Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León y otras autoridades; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el numeral 2º de esta última, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales. Por otra parte, en atención a que no existe trámite pendiente alguno, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente juicio, como totalmente concluido. En tal virtud, conforme a lo ordenado en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se concluye que este juicio es susceptible de destrucción, transcurridos tres años de su terminación, lo anterior, en virtud de que se desechó de plano la demanda de amparo, sin obrar documentos originales.
- Principal
sE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO... Visto lo de cuenta, se tiene recibida la demanda de amparo presentada por Clemente Bortoni Iruegas, contra actos del Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado y otra; al efecto, fórmese expediente bajo el número 846/2023-VI; asimismo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, una vez analizado el citado libelo, este tribunal considera viable el desechamiento de plano de la demanda promovida por el impetrante, al ser notoria, manifiesta e indudable su improcedencia, lo que debe ser examinado de manera preferente a cualquier otra cuestión, al ser de orden público, conforme lo dispuesto en el artículo 62 de la legislación aplicable a la materia. Establecido lo anterior, es preciso señalar que del estudio integral del escrito de demanda, se obtiene que la parte quejosa indicó como acto reclamado la determinación de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, emitida por el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, en la audiencia de queja en la investigación derivada de la carpeta judicial 8383/2023, en la que estimó que dicha queja era improcedente. En la especie, se estima que existe una causal de improcedencia que es la prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con la oportunidad con la que fue presentada la demanda, por lo que es dable entrar a su análisis. Así las cosas, si el acto combatido consiste en la resolución de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, emitida por el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, en la audiencia de queja en la investigación relativa a la carpeta judicial 8383/2023, no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción previstos por el legislador, pues no se trata de una norma general, de un procedimiento de extradición o de una sentencia condenatoria dictada en un proceso penal; tampoco de una resolución en materia agraria; o de un acto que implique privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; es claro que el plazo para la presentación de la demanda de amparo para combatirlo, es el de quince días. En esa tesitura, es menester que se dilucide fehacientemente, si en el particular, el libelo constitucional se presentó dentro de dicho término, pues de lo contrario sería improcedente la acción de amparo, por extemporaneidad. Ahora, de la demanda de amparo, se advierte que como fecha en que tuvo conocimiento el promovente de la determinación que señala como acto reclamado, fue el diecinueve de septiembre del presente año, data en que el quejoso compareció ante la responsable y se llevó a cabo la audiencia de queja en la investigación dentro de la carpeta judicial 8383/2023. En ese orden de ideas, deviene incuestionable que se actualizó la hipótesis del artículo 18 de la legislación de la materia, relativa a que los plazos previstos en el diverso 17 del mismo ordenamiento se computarán a partir del día siguiente en que se manifieste sabedor del mismo o, de su ejecución. En efecto, su cómputo para promover el juicio de amparo indirecto contra la determinación de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, inherente a la audiencia de queja en la investigación celebrada dentro de la carpeta judicial 8383/2023 que señala como acto reclamado Con excepción de los sábados y domingos, al ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo; en consecuencia, si el ocurso de demanda que nos ocupa fue presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, hasta el trece de octubre de dos mil veintitrés, según el acuse de recibo que obra en la misma, es innegable que su presentación fue realizada de manera extemporánea, lo que se traduce en un consentimiento tácito del acto reclamado, actualizándose así la causal de improcedencia aducida. En ese contexto, es innegable que el término para la presentación de la demanda del promovente debió realizarse dentro del plazo genérico precisado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin implicar una violación al derecho humano de acceso a la justicia, pues su ejercicio se encuentra normado por diversos presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia, cuya finalidad es dotar de firmeza jurídica a las determinaciones judiciales y lograr que éstas puedan ser acatadas, que en el caso concreto, se traducen en un imperativo de acudir a esta instancia constitucional en el término que marca el referido precepto 17. Por ende, es claro que la promoción de la demanda de amparo se hizo fuera del plazo de quince días que la ley de la materia le concede para ese efecto; además, que se contarán por días hábiles, pero no se tomarán en cuenta los sábados y domingos, ni los días establecidos en el artículo 19 de la Ley de Amparo, excepto cuando deba hacerse el cómputo por horas, conforme a disposición expresa. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia respecto del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO presentada por Clemente Bortoni Iruegas, por los motivos manifiestos e indudables de improcedencia.
- Principal
Visto lo de cuenta, se tiene recibida la demanda de amparo presentada por Clemente Bortoni Iruegas, contra actos del Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado y otra; al efecto, fórmese expediente bajo el número 846/2023-VI; asimismo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, una vez analizado el citado libelo, este tribunal considera viable el desechamiento de plano de la demanda promovida por el impetrante, al ser notoria, manifiesta e indudable su improcedencia, lo que debe ser examinado de manera preferente a cualquier otra cuestión, al ser de orden público, conforme lo dispuesto en el artículo 62 de la legislación aplicable a la materia. Establecido lo anterior, es preciso señalar que del estudio integral del escrito de demanda, se obtiene que la parte quejosa indicó como acto reclamado la determinación de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, emitida por el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, en la audiencia de queja en la investigación derivada de la carpeta judicial 8383/2023, en la que estimó que dicha queja era improcedente. En la especie, se estima que existe una causal de improcedencia que es la prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con la oportunidad con la que fue presentada la demanda, por lo que es dable entrar a su análisis. Así las cosas, si el acto combatido consiste en la resolución de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, emitida por el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, en la audiencia de queja en la investigación relativa a la carpeta judicial 8383/2023, no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción previstos por el legislador, pues no se trata de una norma general, de un procedimiento de extradición o de una sentencia condenatoria dictada en un proceso penal; tampoco de una resolución en materia agraria; o de un acto que implique privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; es claro que el plazo para la presentación de la demanda de amparo para combatirlo, es el de quince días. En esa tesitura, es menester que se dilucide fehacientemente, si en el particular, el libelo constitucional se presentó dentro de dicho término, pues de lo contrario sería improcedente la acción de amparo, por extemporaneidad. Ahora, de la demanda de amparo, se advierte que como fecha en que tuvo conocimiento el promovente de la determinación que señala como acto reclamado, fue el diecinueve de septiembre del presente año, data en que el quejoso compareció ante la responsable y se llevó a cabo la audiencia de queja en la investigación dentro de la carpeta judicial 8383/2023. En ese orden de ideas, deviene incuestionable que se actualizó la hipótesis del artículo 18 de la legislación de la materia, relativa a que los plazos previstos en el diverso 17 del mismo ordenamiento se computarán a partir del día siguiente en que se manifieste sabedor del mismo o, de su ejecución. En efecto, su cómputo para promover el juicio de amparo indirecto contra la determinación de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, inherente a la audiencia de queja en la investigación celebrada dentro de la carpeta judicial 8383/2023 que señala como acto reclamado Con excepción de los sábados y domingos, al ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo; en consecuencia, si el ocurso de demanda que nos ocupa fue presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, hasta el trece de octubre de dos mil veintitrés, según el acuse de recibo que obra en la misma, es innegable que su presentación fue realizada de manera extemporánea, lo que se traduce en un consentimiento tácito del acto reclamado, actualizándose así la causal de improcedencia aducida. En ese contexto, es innegable que el término para la presentación de la demanda del promovente debió realizarse dentro del plazo genérico precisado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin implicar una violación al derecho humano de acceso a la justicia, pues su ejercicio se encuentra normado por diversos presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia, cuya finalidad es dotar de firmeza jurídica a las determinaciones judiciales y lograr que éstas puedan ser acatadas, que en el caso concreto, se traducen en un imperativo de acudir a esta instancia constitucional en el término que marca el referido precepto 17. Por ende, es claro que la promoción de la demanda de amparo se hizo fuera del plazo de quince días que la ley de la materia le concede para ese efecto; además, que se contarán por días hábiles, pero no se tomarán en cuenta los sábados y domingos, ni los días establecidos en el artículo 19 de la Ley de Amparo, excepto cuando deba hacerse el cómputo por horas, conforme a disposición expresa. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia respecto del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO presentada por Clemente Bortoni Iruegas, por los motivos manifiestos e indudables de improcedencia.
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