Clemente Becerril Alvarado

Expediente 1279/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1279/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
06/09/2023

Partes del expediente

  • Clemente Becerril Alvarado

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. En acatamiento al artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que el plazo otorgado a la parte quejosa en auto de once de agosto del presente año, para que se presentara a este juzgado, con la finalidad de ratificar su escrito de desistimiento, transcurrió del veintiuno al veintitrés del mes y año en curso, sin que así lo hubiere hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y se continua el trámite del presente sumario en los términos inicialmente planteados. Levantamiento de Reserva De igual manera, mediante proveído de quince de agosto del año en curso, se reservó proveer lo conducente respecto de las constancias que presentó la responsable Oficial Calificador del Municipio de Atizapán, Santa Cruz, Estado de México, hasta en tanto la parte quejosa ratificara su escrito por el cual se desistió del presente juicio; o transcurriera el plazo concedido para tal efecto; por tanto, toda vez que dicha circunstancia ha acontecido, se levanta dicha reserva y se provee: Es dable recordar que la parte quejosa reclama de las responsables siguientes: Oficial Calificador en Hechos de Transito del Municipio de Atizapán, Santa Cruz, Estado de México. Presidente Municipal de Atizapán, Santa Cruz, Estado de México. La omisión de dar respuesta al escrito presentado el ocho de mayo de dos mil veintitrés, ante el Oficial Calificador en hechos de transito del Municipio de Atizapán, Santa Cruz, Estado de México, por el que solicitó la devolución de una unidad de motor del que dice ser propietario. La respuesta otorgada a su escrito presentado el ocho de mayo de dos mil veintitrés, por el por el que, entre otras cuestiones, refiere improcedente la devolución de la una unidad de motor marca INTERNATIONAL, tipo tracto camión, modelo 2009, con número de serie 3HSCNAPT********************, con número de motor ********************, placas de circulación ********************, acoplado a un remolque de la marca ********************, tipo ********************, modelo ********************, número de serie ********************placas de circulación ******************** del Servicio de Autotransporte Federal. La resolución emitida en el procedimiento administrativo ******************** y/o ******************** de ********************, por la cual, declara la responsabilidad administrativa del chofer del vehículo aludido en el párrafo precedente; y, declina competencia a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que resuelva de acuerdo a sus atribuciones, dejando a su disposición los citados automotores, con el fin de garantizar el daño ambiental generado por el hecho de tránsito en que se vio involucrado Con base en lo anterior, es posible concluir que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De acuerdo con la transcripción anterior, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ello, ya sea porque la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, o se haya sustituido procesalmente, cuando éste tenga el carácter de positivo; o bien, cuando la responsable realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativo u omisivo, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Lo anterior porque el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando su objetivo ha desaparecido, el cual, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se traduce en restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaba antes de la violación. Es así, pues con relación al acto reclamado consistente en: La omisión de dar respuesta al escrito presentado el ocho de mayo de dos mil veintitrés, ante el Oficial Calificador en hechos de transito del Municipio de Atizapán, Santa Cruz, Estado de México, por el que solicitó la devolución de una unidad de motor del que dice ser propietario. El veintitrés de junio del año en curso, la responsable rindió su informe justificado, remitiendo constancias de las que se puede advertir que en fecha trece de junio de dos mil veintitrés, dio contestación al escrito de ocho de mayo de la presente anualidad presentado por el aquí quejoso, y obra la constancia que acredita su respectiva notificación. Ahora bien, por lo que respecta a los actos reclamados siguientes: La respuesta otorgada a su escrito presentado el ocho de mayo de dos mil veintitrés, por el por el que, entre otras cuestiones, refiere improcedente la devolución de la una unidad de motor marca INTERNATIONAL, tipo tracto camión, modelo 2009, con número de serie 3HSCNAPT********************, con número de motor ********************, placas de circulación ********************, acoplado a un remolque de la marca ********************, tipo ********************, modelo ********************, número de serie ********************placas de circulación ******************** del Servicio de Autotransporte Federal. La resolución emitida en el procedimiento administrativo ******************** y/o ******************** de ********************, por la cual, declara la responsabilidad administrativa del chofer del vehículo aludido en el párrafo precedente; y, declina competencia a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que resuelva de acuerdo a sus atribuciones, dejando a su disposición los citados automotores, con el fin de garantizar el daño ambiental generado por el hecho de tránsito en que se vio involucrado El catorce del mes y año en curso, el Oficial Calificador del Municipio de Atizapán, Santa Cruz, Estado de México, remitió diversas documentales de las que se advierte que mediante oficio de nueve de agosto de dos mil veintitrés, el Oficial Calificador del Municipio de Atizapán, Santa Cruz, Estado de México, dirigió oficio a la Central de Grúas y Resguardos "G", Sociedad Anónima de Capital Variable, para autorizar la devolución de los vehículos a la parte aquí quejosa, el primero un tracto de marca Internacional, modelo dos mil nueve (2009), con número de serie 3HSCNAPT********************, con placas de circulación 575-ER-4 Federales, color blanco y el segundo un semirremolque de marca ********************, tipo tanque, con número de serie ********************con placas de circulación 290-WM-9 Federales, que demuestra que dichos actos han cesado en sus efectos, pues éstas tenían como finalidad restringir la liberación de los referidos automotores; determinación que se emitió con posterioridad a la presentación de la demanda y de la ampliación respectiva. Documentales a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria, por haberse expedido por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y que demuestran que se atendió la solicitud formulada por la parte quejosa, cuya omisión se le reclama a la responsable. Por tanto, es inconcuso que se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XXI del mismo. Así las cosas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veintinueve de agosto de dos mil veintitrés; y, háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda que promueve supuestamente Clemente Becerril Alvarado, por conducto de su mandatario Salvador López Mercado; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo regístrese bajo el número 1279/2023-V-A. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda que se acuerda, puede deducirse que la parte quejosa reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, lo siguiente: La sentencia interlocutoria de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veinte de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************por el cual, el juzgador de instancia estimó que se actualizaba la figura de litisconsorcio activo necesario con ********************y********************, por lo que se previno a la parte actora a efecto de que proporcionara su domicilio a efecto de llevar a cabo su respectivo llamamiento a juicio. Sentado lo anterior, quien esto resuelve considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último interpretado en sentido contrario; preceptos legales que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del numeral 107 antes referido, establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe destacar que producen "ejecución irreparable" los actos que afectan "materialmente" derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. En este punto, conviene indicar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en los siguientes términos: "De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación", dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. -Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos.----------------------------------------------------------------------------- Las normas invocadas son las siguientes: "Artículo 107. El amparo indirecto procede:(...)----------------------------------------------------------- III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:------------------------------------------------------------- (...) --------------------------------------------------------------------------- b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ------------------------------------------------------------------ [...]---------------------------------------------------------------------------- V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;[...]." -- ------------------------------------------------------------ Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables.------------------------------------------------ ----------------------------------- Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual - a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.--------------------- -------------------- ----------------------------- Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De la transcripción que antecede se advierte, en lo que interesa, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece una definición de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afectan materialmente derechos sustantivos; por lo que, los actos que únicamente ocasionen una afectación a derechos adjetivos o procesales, no son impugnables a través del juicio de amparo en la vía indirecta. Igualmente, precisó que para que un acto de autoridad pueda ser calificado como de imposible reparación (que afecte materialmente derechos sustantivos) es necesario que se cumplan con las siguientes condiciones: 1. Que las consecuencias de dicho acto deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y 2. Que ese derecho afectado materialmente revista la categoría de sustantivo, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Expuesto lo anterior, conviene retomar que, en el caso, el acto reclamado consiste en la sentencia interlocutoria de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veinte de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************por el cual, el juzgador de instancia estimó que se actualizaba la figura de litisconsorcio activo necesario con ********************y********************, por lo que se previno a la parte actora a efecto de que proporcionara su domicilio a efecto de llevar a cabo su respectivo llamamiento a juicio. Determinación que a consideración del suscrito, no afecta inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución a través de los derechos fundamentales que consagra, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, sino que se trata de una violación de carácter formal o intraprocesal, que incide en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, por el tema que informa la tesis número 2a. XLVIII/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 1070, de contenido y epígrafe siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE A DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." Así como la jurisprudencia número 244, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Materia Común, Tomo VI, página 174, de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio" Conforme a lo expuesto, el acto reclamado por la parte quejosa no es de aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, en razón que no afecta sus derechos sustantivos ya que los efectos de la sentencia interlocutoria de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, son susceptibles de desaparecer con la emisión de un fallo definitivo favorable a la parte quejosa; o bien, en caso de obtener sentencia desfavorable, tiene expedito su derecho a reclamarlo como violación procesal, en el amparo directo, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Amparo Sirve de apoyo a lo antes expuesto, en la parte conducente, la tesis número (X región) 4a.2 C (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2488, de contenido y epígrafe siguientes: "LITISCONSORCIO NECESARIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR A LOS LITISCONSORTES A LA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, existen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse efectivamente. Ahora bien, el litisconsorcio necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más personas tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllas están interesadas en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible resolver respecto de una parte, sin que lo decidido alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio necesario constituye un presupuesto procesal que, incluso, debe analizarse de oficio por el juzgador. Así, se considera que la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento a fin de que sean llamados a juicio los litisconsortes que originalmente no fueron llamados, no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, ya que, aun cuando es adversa a sus intereses, sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre a la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría nuevamente serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo." Consecuentemente, resulta dable concluir que, el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos dentro de juicio, cuando de ejecutarse éstos se produzca una afectación de imposible reparación sobre las personas o las cosas, ya que de no ser así sólo procederá contra la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento respectivo, en la cual podrán controvertirse las violaciones procesales susceptibles de afectar las defensas del particular, pues se ha visto, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los actos de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo biinstancial, son aquellos que afectan de modo directo alguno de los derechos sustantivos establecidos en la Constitución. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, si éstos no producen a las partes una afectación en sus derechos sustantivos, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia favorable. Apoya lo anterior, por sus consideraciones la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con número de registro 184249, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, mayo de dos mil tres, en la página mil ciento ochenta y seis, de rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos.". En esa tesitura, al actualizarse la hipótesis normativa que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113, de la ley reglamentaria en consulta, procede desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. No se soslaya el hecho de que el promovente del amparo no haya acreditado de manera fehaciente la personalidad con que se ostenta en la demanda; sin embargo, a ningún fin práctico nos llevaría requerir al promovente a efecto de que exhiba la documentación que lo acredite como mandatario del directo quejoso, toda vez que ello de ninguna manera variaría el sentido de la presente acuerdo, pues tal como se vio en líneas que preceden, el juicio de amparo intentado es improcedente. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Se tiene como medio alterno de comunicación y por excepción, el número telefónico que proporciona. AUTORIZADOS En relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciada o licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA PARA SEÑALAR USUARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se exhorta a la quejosa para que designe un usuario debidamente registrado en el registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para efecto de oír y recibir notificaciones de carácter personal. INSTRUCCIONES PARA LA CREACIÓN DE USUARIO ELECTRÓNICO A fin de realizar lo anterior, deberá crear su usuario electrónico y tramitarse la firma electrónica vigente (FIREL), así como, solicitarse la autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal, debiendo indicar el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Para lo cual deberá ingresar a la siguiente dirección electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea/Usuario/Registro Una vez ahí, colocará los datos correspondientes, leer, y aceptar el aviso de privacidad, posteriormente dar clic en el botón "registrar usuario". Hecho lo anterior, el sistema enviará un correo a la dirección electrónica proporcionada mismo que deberá confirmarse. Una vez confirmado el correo electrónico el sistema corroborará la correcta creación del usuario. habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. Consulta del expediente Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. Exhorto a las partes Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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