Clemente Bautista Hernández
Expediente 1050/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1050/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Clemente Bautista Hernández
- Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Actuaciones
- Principal
"S E N T E N C I A Mediante la que resuelve el juicio de amparo indirecto 1050/2023 promovido por ********************, en contra de la omisión de realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para hacer cumplir la sentencia dictada en su favor el dieciocho de octubre del dos mil veintiuno, dentro del juicio ordinario ********************. El problema jurídico en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de una sentencia de fondo, si la omisión reclamada vulnera en perjuicio de la inconforme el derecho sustantivo a una tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y particularmente la ejecución de la sentencia que constituye cosa juzgada. ANTECEDENTES El quejoso manifiesta que el once de octubre de dos mil diecinueve, ante la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta Ciudad, demandó la nulidad de la resolución de negativa ficta recaída a su escrito de cinco de julio de dos mil diecinueve que presentó ante el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, en el que solicitó el incremento de pensión de jubilación, aguinaldo y demás prestaciones. Dicha demanda fue radicada con el número ********************, por la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca. En auto de catorce de octubre de dos mil diecinueve, la citada Sala admitió a trámite la demanda de nulidad y corrió traslado a la autoridad demandada para que formulara su contestación respectiva. El seis de abril de dos mil veintiuno, la magistrada instructora de la Sala responsable ordenó remitir el expediente ********************, a la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves y Segunda Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en la Ciudad de México, para el dictado de la sentencia. Dicho expediente se radicó en proveído de once de agosto de dos mil veintiuno en la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves y Segunda Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en la Ciudad de México, donde quedó registrado con el número de expediente 934/2021-80-01-4 y el dieciocho de octubre siguiente, dictó la sentencia que declaró la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad demandada emitiera la resolución en la que se ordene el incremento de pensión y pago de diferencias de pensión y aguinaldo actualizadas, a favor del ahora quejoso. Contra la resolución de la Sala, la autoridad demandada, por conducto del jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, interpuso recurso de revisión fiscal, del que conoció el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que, mediante ejecutoria de veintitrés de junio de dos mil veintidós, declaró procedente pero infundado el medio de impugnación que se hizo valer. El seis de diciembre de dos mil veintidós, el autorizado del quejoso presentó un escrito ante la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves y Segunda Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en la Ciudad de México, por medio del cual interpuso queja en contra del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Oaxaca, por su omisión en el cumplimiento de la sentencia de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, sin que dicha Sala emitiera acuerdo que recayera a dicho escrito. El veintiocho de junio de esta anualidad, la magistrada instructora de la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves y Segunda Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en la Ciudad de México, ordenó enviar el expediente ***/**-**-**-* a la Sala Regional del Sureste del citado Tribunal, para su correspondiente trámite del cumplimiento, hasta total conclusión bajo el número de expediente de origen ***/**-**-**-*. La Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa radicó dicho expediente en proveído de veintiocho de agosto del año en curso y en determinación emitida el veintinueve siguiente, inició de oficio el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que requirió a la demandada el cumplimiento de la sentencia de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Con motivo de haber iniciado dicho procedimiento, el auto de treinta de agoto siguiente, la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, desechó el recurso de queja que el autorizado del quejoso interpuso en contra del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Oaxaca. Siendo el dato anterior, el último con el que se cuenta en el expediente de origen. Por ello, estima que la autoridad responsable viola en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el trece de octubre del año en curso. Dicho libelo constitucional se turnó el mismo día a este órgano jurisdiccional, donde quedó registrado con el progresivo 1050/2023 y en la misma fecha se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó intervención a la Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se reclaman actos omisivos. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que el quejoso ******************** reclama de la autoridad responsable lo siguiente: Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el Estado de Oaxaca. La omisión de vigilar el cumplimiento de la sentencia que resolvió el juicio ordinario ******************** de su índice, dictada el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se evidencia que lo que combate, es la conducta asumida por el órgano jurisdiccional responsable para adoptar medidas efectivas con el fin de vencer la contumacia de la autoridad demandada y obtener el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de origen. En ese contexto, en observancia de los principios de congruencia y de exhaustividad que rigen el pronunciamiento de esta sentencia, la litis se atenderá como quedó fijada en los párrafos precedentes. EXISTENCIA DE LA OMISIÓN RECLAMADA Es cierta la omisión de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el Estado de Oaxaca, de adoptar las medidas efectivas a fin de lograr el cumplimiento de la sentencia que resolvió el juicio ordinario ********************, dictada el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, esto es porque si bien, en su informe justificado negó la existencia de la omisión que se le atribuye, esa negativa se desvirtúa a pesar de las manifestaciones que realizó para justificar su conducta. Lo anterior, toda vez que, de las constancias que obran en autos, las cuales adquieren valor probatorio pleno en su carácter de documentales públicas, de conformidad con lo previsto en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte la existencia de la omisión que le reprocha ********************-disidente en este sumario-. Esto es así, pese a que la sala indica que no incurrió en omisión, en razón que mediante proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, de oficio requirió a la autoridad demandada para que -dentro del plazo de tres días- informara sobre el cumplimiento otorgado a la sentencia definitiva. En ese orden, este juzgado constitucional tiene por ciertos los actos omisivos reclamados, porque a la fecha de presentación de la demanda -trece de octubre de dos mil veintitrés-, la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el Estado de Oaxaca, a pesar de haber requerido en auto de veintinueve de agosto del actual, el cumplimiento de la sentencia, lo cierto es que no había vencido la contumacia del ente público condenado. La determinación anterior tiene sustento en la tesis aislada emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Es por ello que, queda demostrada la certeza de los actos omisivos combatidos; toda vez, que la sala responsable no ha adoptado medidas eficaces para que la autoridad demandada dé cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de origen. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación20, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. LEGITIMACIÓN ********************, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo dado que subsiste en su favor la sentencia que no se ha cumplimentado, lo que implica que afecta de manera directa, inmediata y materialmente su derecho sustantivo a una tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual ostenta como parte vencedora en un juicio contencioso administrativo. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto impugnado la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo al tratarse precisamente de omisiones que crean una situación permanente en la esfera jurídica de ******************** que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable, por analogía, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista." PROCEDENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis VI. 2o. J/209, con número de registro 218875, visible a foja 51, Octava Época, Materia Común de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En tal sentido, del estudio de las actuaciones que componen el presente juicio de amparo, este órgano jurisdiccional no advierte la existencia de alguna causa que involucre tal improcedencia respecto del acto reclamado que se tuvo como cierto. ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Los conceptos de violación si bien no se transcriben, se tienen por insertos en aras de economía procesal, en virtud de no existir disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante, para su análisis se sintetizarán más adelante. El inconforme alega esencialmente que existe una dilación injustificada por parte de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el Estado de Oaxaca, para adoptar medidas eficaces y obtener el cumplimiento de la sentencia dictada en los autos del juicio ordinario ******************** del índice de la responsable. De ahí que se transgrede su derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que existe a su favor una sentencia ejecutoriada. El concepto de violación sintetizado es fundado, en la medida de lo que se expondrá a continuación, para lo cual se atiende a la causa de pedir inmersa en él. A fin de sostener dicha calificativa, es necesario invocar el artículo 17 constitucional, en la parte que interesa prevé: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]" El precepto constitucional inserto establece la garantía de acceso a la tutela jurisdiccional y prescribe que debe ser, en lo que aquí interesa, pronta y completa, y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar esta última, ya que de no hacerlo se haría nugatoria la primera. Así, si toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, ese derecho debe verse complementado con la debida ejecución de la sentencia que le resultó favorable, con la certeza de que lo obtenido en la misma no quede sólo en una actuación de buena fe del tribunal, esperando la realización voluntaria del pago por parte del vencido, sino que con base en tal prerrogativa, sea capaz el propio tribunal de velar porque, en caso de cumplimiento forzoso de la sentencia, ésta realmente sea materializada. Ese derecho en favor de los gobernados implica el disfrute de diversas prerrogativas relacionadas con la impartición de justicia, a saber: Prontitud, que se traduce en la obligación de los órganos y las autoridades encargadas de impartir justicia, de resolver las controversias que les sean planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes aplicables. Exhaustividad, esto es, que la autoridad que conoce el asunto y va a resolver la controversia, emita pronunciamiento respecto de la totalidad de los temas debatidos, garantizando al gobernado la obtención de una resolución sustentada en la ley aplicable al caso concreto. Imparcialidad, que implica que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, sin favoritismos respecto de alguna de las partes, ni arbitrariedad en su sentido. Gratuidad, que significa que los órganos del Estado encargados de impartir justicia, así como los servidores públicos a quienes se encomienda dicha función, no cobren a las partes en conflicto, emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Las consideraciones expuestas encuentran respaldo en la jurisprudencia 2a./J.192/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES: La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Con base en el criterio anterior, se considera que las autoridades, en el ámbito de su competencia transgreden la obligación de ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los asuntos, en dos formas: Cuando no desarrollen el juicio diligentemente sino con demora y, Cuando sean omisas en proveer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En el caso concreto, como quedó asentado en los antecedentes del acto reclamado con motivo de la sentencia firme derivada del juicio de origen surgió un derecho subjetivo para la quejosa en el sentido de que la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Oaxaca, acate la sentencia resuelta a favor de la impetrante en los términos en la que fue concedida en el expediente ******************** del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el Estado de Oaxaca, el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. La pretensión de la parte vencedora no ha sido satisfecha, lo que se convierte en una omisión en el cumplimiento del fallo, la cual, a su vez, se traduce en una violación al derecho de acceso a la Justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al significar un obstáculo al derecho fundamental de obtener la ejecución de una sentencia condenatoria. Es aplicable la jurisprudencia 1a. CCXXXIX/2018 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; (ii) una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y (iii) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. Ahora bien, el derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, y Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, en los que se consideró que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia", sino que se requiere, además, que el Estado consagre normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice la efectividad de esos medios. Posteriormente en los casos Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs. Perú, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Furlan y Familiares Vs. Argentina, y del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", de modo que ésta se establece como un componente fundamental de la protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos." Ahora, los numerales 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevén los lineamientos para que el tribunal dicte las medidas necesarias para obtener el cumplimiento de sus fallos, preceptos cuya parte conducente se estima necesario reproducir: "ARTÍCULO 57.- Las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a lo siguiente: I. En los casos en los que la sentencia declare la nulidad y ésta se funde en alguna de las siguientes causales: [.] b) Si tiene su causa en un vicio de forma de la resolución impugnada, ésta se puede reponer subsanando el vicio que produjo la nulidad; en el caso de nulidad por vicios del procedimiento, éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo. "En ambos casos, la autoridad demandada cuenta con un plazo de cuatro meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación. [.] Si la autoridad tiene facultades discrecionales para iniciar el procedimiento o para dictar una nueva resolución en relación con dicho procedimiento, podrá abstenerse de reponerlo, siempre que no afecte al particular que obtuvo la nulidad de la resolución impugnada. Los efectos que establece este inciso se producirán sin que sea necesario que la sentencia lo establezca, aun cuando la misma declare una nulidad lisa y llana. [.] ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: Procederá en contra de los siguientes actos: 1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4.- Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto. El Magistrado Instructor o el Presidente de la Sección o el Presidente del Tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la Sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. c) En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, la Sección o el Pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. d) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. e) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno comprueba que la resolución a que se refiere el inciso a), subinciso 2 de esta fracción, se emitió después de concluido el plazo legal, anulará ésta, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia al superior jerárquico de ésta. f) En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la Sala Regional, la Sección o el Pleno declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles. g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere. [.]" Los numerales insertos establecen que una vez que cause ejecutoria la sentencia definitiva: Todas las autoridades están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Se puede requerir de oficio o a petición de parte mediante queja. La autoridad demandada tiene cuatro meses para cumplir con la sentencia que haya quedado firme. En caso contrario, de oficio se le requerirá que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia; una vez concluido tal plazo con informe o sin él, se decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia y se le impondrá una multa de entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, requiriéndola nuevamente a cumplir con la sentencia en el término de tres días. En caso de que persista la contumacia y no acaten el requerimiento anterior, o se nieguen a cumplir la sentencia, el tribunal impondrá a la autoridad demandada nuevas multas, requerirá al superior jerárquico, y en caso de no obtener el cumplimiento, también impondrá multa a este último. Finalmente, se podrá poner dicha conducta en conocimiento de la Contraloría Interna (órgano interno de control correspondiente), para que proceda conforme a sus atribuciones. Por otro lado, la propia normativa prevé que el afectado recurra en queja, cuando la resolución de cumplimiento repita indebidamente la determinación anulada o se dicte pretendiendo acatar una sentencia o cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia, entre otros. Lo que se ceñirá al siguiente procedimiento: Al escrito correspondiente se acompañará la resolución motivo de la queja, una copia para la autoridad responsable, y se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro del plazo correspondiente. Se ordenará a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la Sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, la Sección o el Pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, para los efectos legales correspondientes. Como se puede constatar, los numerales reproducidos obligan a la Sala a observar lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo que implica que está constreñida a proveer de oficio o a petición de parte de manera pronta y expedita la ejecución de la sentencia, con el dictado de todas y cada una de las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, pues de no hacerlo así, el fallo definitivo carecería de eficacia legal y su cumplimiento quedaría a la voluntad de las partes. Expuesto lo anterior, como se advierte de los antecedentes narrados en esta resolución, se determina que no se han observado los plazos y lineamientos previstos por los citados ordinales para obtener el cumplimiento de la sentencia de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Se dice lo anterior, ya que conforme a las constancias que integran el expediente ********************, se aprecia la conducta contumaz reclamada, en gestionar el cumplimiento a la sentencia de nulidad materia de la omisión reclamada, pues a partir de su firmeza (ejecutoria de veintitrés de junio de dos mil veintidós dictada por el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito), al día de hoy han transcurrido más de un año con cinco meses, sin que se atienda su ejecutoriedad dentro de los plazos que establece la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. No pasa inadvertido para este juzgador federal, el hecho que la sala responsable recibió materialmente el expediente para su ejecución el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, debido a que esa circunstancia de control interno, no puede ser un justificante para la dilación procesal de la que se duele el solicitante del amparo. Por tanto, se estima pertinente concluir que, hasta esta fecha, no se han realizado las gestiones necesarias para el total cumplimiento de la sentencia pronunciada el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. XI. DECISIÓN Consecuentemente en atención a que los argumentos examinados resultaron fundados en virtud de que quedó demostrada la trasgresión de los derechos fundamentales del inconforme ********************, contenidos en el artículo 17 Constitucional; lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión. XII. EFECTOS DE LA CONSECIÓN DEL AMPARO El artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo establece que cuando el acto reclamado es de carácter negativo, o bien, omisivo, como en el caso, la sentencia concesoria del amparo tendrá por objeto obligar a las responsables a respetar el derecho fundamental violado. Para ello, la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el Estado de Oaxaca, deberá: De manera inmediata, continuar con el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el juicio ********************; para ello deberá proveer y gestionar lo correspondiente para hacer efectivas las multas impuestas a la autoridad obligada en el juicio de origen, así como, todos los subsecuentes que resulten necesarios, a fin de vencer la contumacia de la parte demandada, a fin de llevar a cabo el total cumplimiento del fallo de que se trata. Para efecto de constreñir a la autoridad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que acate las determinaciones adoptadas por la sala tendentes a obtener el cumplimiento de la sentencia, podrá dictar las medidas más eficaces e inmediatas, entre ellas multas al superior jerárquico, dar vista al Órgano de Control Interno y cualquier otra que resulte necesaria e idónea para tal fin, de conformidad con sus facultades y atribuciones. Cabe destacar que tratándose de los alcances por los que se otorga la protección constitucional, éstos deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto reclamado dentro del procedimiento de génesis, sin que pueda abarcar el análisis constitucional de actos procesales posteriores; asimismo, que los anteriores son extensivos a todas las autoridades señaladas como responsables. En respaldo a la consideración anterior por analogía es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA". Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, respecto de los actos reclamados y autoridades, por los argumentos expuestos en el apartado X de la presente resolución. El amparo se concede para los efectos precisados en el diverso apartado XII. Notifíquese."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado del magistrado presidente de la tercera ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y como prueba de su parte, la documental que exhibe; con lo anterior dese vista a las partes. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense el oficio y el anexo señalados en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes, por medio del cual el Magistrado Presidente de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar, con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México, informa que impuso multa al Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ahora Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Oficina de Representación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado); asimismo, que requirió a la citada autoridad para que demuestre fehacientemente el cumplimiento a la sentencia definitiva de ocho de diciembre de dos mil veinte y de la sentencia de queja de veintiocho de junio de dos mil veintitrés. En este contexto, con apoyo en el artículo 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo, ténganse a la citada autoridad responsable en vías de cumplimiento del fallo constitucional. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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