Clemente Aguilar Salazar
Expediente 350/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 20 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 350/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 19/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Clemente Aguilar Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Vistos los autos del presente juicio, así como la certificación que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa quien es la única parte legitimada para interponer el recurso de revisión contra el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: XI.3o.4 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto establecen: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento". Asimismo, la diversa tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 294, del Tomo IX, Marzo de 1992, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "REVISIÓN. SOLO ES PROCEDENTE EL RECURSO INTERPUESTO POR LA PARTE QUE RESULTO AFECTADA POR LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA. Si bien es cierto que son las partes quienes están facultadas para interponer recurso de revisión en contra de la resolución dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional, y que los terceros perjudicados tienen ese carácter de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, también lo es, que la interpretación sistemática de los artículos 82, 83, 87 y 88 de la propia ley reglamentaria, informa que no basta tener ese carácter para estar en posibilidad de interponer ese recurso sino que, además, es necesario que dicha determinación cause un agravio personal y directo a quien pretenda hacer valer este medio de defensa, pues, de no existir éste, el recurrente carece de legitimación procesal activa para ejercitar ese derecho, cuando en el juicio le fue negado el amparo al quejoso." Así como la tesis IV. 2o. 95 K, sustentada por el Segundo Tribunal colegiado del Cuarto Distrito, visible en la página 527, del XIV, Noviembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación de la Octava Época que establece: "REVISIÓN CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. EL TERCERO PERJUDICADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE. El interés del tercero perjudicado en el juicio de garantías, estriba en que subsista el acto reclamado, como se desprende de la tesis de jurisprudencia número 1925, visible en la página 3102 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, bajo el rubro: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO CIVIL". De manera que si el juez de Distrito decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, tal determinación colma el interés del recurrente y no le afecta en sus derechos como parte, porque produce el efecto de que subsista el acto reclamado. Por ende, si se sobresee en el juicio de amparo y la quejosa, única afectada, no interpone revisión, ello implica que el tercero perjudicado carezca de legitimación para hacer valer el medio impugnativo. Esto es así, porque el juicio de amparo tiene una finalidad práctica eminente y por ende están investidos del mismo carácter los recursos que del procedimiento constitucional emanan y ningún resultado práctico tendría para el tercero perjudicado la solución del problema que plantea en los agravios si ello no tiende a subsanar alguna vulneración en sus derechos cometida en la sentencia. Además, el artículo 83, fracción V, de la Ley de Amparo en su párrafo final, estatuye que la parte que obtuvo sentencia favorable a sus intereses, puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, lo que desvirtúa que quien obtuvo pueda interponer el recurso en forma directa." Valoración del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y articulo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido manual, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión definitiva, no obstante se concedido la provisional, es susceptible de destrucción una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso c) del precepto 21 del mencionado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido manual. En atención a lo dispuesto en el precepto 20 del multireferido Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del aludido Manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose ésta, podría desvirtuarse dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 Constitucional. En el caso, el quejoso ***, reclamó del Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Guadalupe Victoria, Durango, así como del actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, lo siguiente. "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- I. EMPLAZAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. DEBE CORRERSE TRASLADO CON LA COPIA DE LA DEMANDA Y DE LOS DOCUMENTOS QUE A ELLA SE ANEXARON. EXCEPCIÓN DE LA NO ADMISIÓN DE LA DEMANDA MERCANTIL por no cumplir con los requisitos que marca el artículo 1061 fracción V y 1378 del Código de Comercio, Y NO CUMPLIR CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 801 Y 802 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. II. LA DILIGENCIA DE EMBARGO QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 10 DE MARZO DE 2021 EN FRANCISCO I MADERO DEL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO DURANGO LLEVADO A CABO POR EL ACTUARIO EJECUTOR DEL JUZGADO EL LIC. JOSÉ ALONSO OROZCO GURROLA". Posteriormente, mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el ocho de abril de dos mil veintiuno, previo requerimiento formulado por este juzgador, el promovente de amparo precisó su demanda de amparo en el sentido de tener como actos reclamados: 1. La admisión de la demanda mercantil por no cumplir con los requisitos que marca el artículo 1061, fracción V y 1378 del Código de Comercio, así como lo señalado en los diversos 801 y 802 del Código de Procedimientos Civiles. 2. El emplazamiento realizado en los autos del juicio ejecutivo mercantil 92/2021, del índice administrativo de la autoridad responsable. 3. La diligencia de embargo que se llevó a cabo el diez de marzo de dos mil veintiuno, en los autos del aludido juicio de origen. En ese sentido, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [...]" La cesación de efectos, ha sido definida como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, que trae como consecuencia, que cese la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud de una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Entonces, si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado o en su caso tratándose de acto negativo que éste sea respetado. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" Según quedó establecido el quejoso Clemente Aguilar Salazar, reclamó del Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Guadalupe Victoria, Durango, así como del actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, la admisión del juicio ejecutivo mercantil 92/2021, así como la diligencia de embargo y emplazamiento con motivo de dicha admisión. De las constancias certificadas remitidas por la autoridad responsable, se desprende que el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se radicó el juicio ejecutivo mercantil 92/2021, promovido por José Luis Ortiz Enríquez, por conducto de sus endosatarios en procuración, contra el quejoso Clemente Aguilar Salazar y otro, por el pago de la cantidad de un millón de pesos 00/100 moneda nacional. Pues bien, la especie se materializa el motivo de improcedencia en comento, toda vez que de dichas constancias se advierte que el trece de abril siguiente, la responsable tuvo el juicio de referencia como asunto totalmente concluido, ordenó girar oficio a recaudación de rentas a efecto de levantar la inscripción del embargo trabado en autos y dispuso su archivo; en ese sentido, determinó devolver a la parte actora su demanda y todos los documentos que acompañó a la misma dejando a salvo sus derechos para que los hiciera valer en la vía y forma que estimara conveniente. Lo anterior, en virtud de que la parte actora no cumplió con la prevención formulada en auto de veinticuatro de febrero del año que transcurre, en el sentido de exhibir su registro federal de causantes (RFC), bajo el apercibimiento que, de no hacerlo en el término de tres días, no se le daría tramite al juicio aludido. De lo anterior se advierte que si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que fue el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, existía el acto que de la autoridad responsable se reclamó, también lo es que el día trece de abril del año en cita, la responsable tuvo como asunto totalmente concluido el juicio ejecutivo mercantil 92/2021 y ordenó su archivo, así como el levantamiento de embargo trabado en autos. Por lo que resulta inconcuso que cesó en sus efectos el acto reclamado indicado, tal como si se hubiera concedido la protección constitucional; en tal virtud se actualiza la causal de improcedencia en estudio y con apoyo en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Aplica al caso concreto por las razones que informa, la tesis 2ª./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación consultable en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Sin que pase desapercibido para quien esto resuelve que la autoridad responsable, mediante oficio recibido vía electrónica el siete del mes y año en curso, manifestó que la parte actora interpuso recurso de apelación contra el proveído dictado el trece de abril de dos mil veintiuno en los autos del juico ejecutivo mercantil 92/2021, por medio del cual tuvo el juicio como asunto totalmente concluido, ordenó girar oficio a recaudación de rentas a efecto de levantar la inscripción del embargo trabado en autos y dispuso su archivo; por tanto, refiere que una vez que quede firme dicha resolución en virtud de la ejecutoria correspondiente, procederá a girar el oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio para que proceda a realizar la cancelación de embargo correspondiente. Sin embargo, la determinación que recaiga al medio de impugnación interpuesto, corresponderá a un nuevo acto reclamado susceptible de analizarse en diverso amparo, toda vez que la resolución pronunciada, en su caso, versará sobre actos y autoridad responsable diversa a la inicialmente señala en el presente contradictorio federal. En atención a lo asentado se sobresee fuera de audiencia el presente juicio y en razón de que la audiencia constitucional, se encuentra señalada para las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del día veintidós de julio de dos mil veintiuno, se deja sin efecto dicho señalamiento. Notifíquese personalmente.
- Principal
CITATORIO: PARTE QUEJOSA. ACUERDO 21-JULIO-2021 Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose ésta, podría desvirtuarse dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 Constitucional. En el caso, el quejoso ***, reclamó del Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Guadalupe Victoria, Durango, así como del actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, lo siguiente. "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- I. EMPLAZAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. DEBE CORRERSE TRASLADO CON LA COPIA DE LA DEMANDA Y DE LOS DOCUMENTOS QUE A ELLA SE ANEXARON. EXCEPCIÓN DE LA NO ADMISIÓN DE LA DEMANDA MERCANTIL por no cumplir con los requisitos que marca el artículo 1061 fracción V y 1378 del Código de Comercio, Y NO CUMPLIR CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 801 Y 802 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. II. LA DILIGENCIA DE EMBARGO QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 10 DE MARZO DE 2021 EN FRANCISCO I MADERO DEL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO DURANGO LLEVADO A CABO POR EL ACTUARIO EJECUTOR DEL JUZGADO EL LIC. JOSÉ ALONSO OROZCO GURROLA". Posteriormente, mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el ocho de abril de dos mil veintiuno, previo requerimiento formulado por este juzgador, el promovente de amparo precisó su demanda de amparo en el sentido de tener como actos reclamados: 1. La admisión de la demanda mercantil por no cumplir con los requisitos que marca el artículo 1061, fracción V y 1378 del Código de Comercio, así como lo señalado en los diversos 801 y 802 del Código de Procedimientos Civiles. 2. El emplazamiento realizado en los autos del juicio ejecutivo mercantil 92/2021, del índice administrativo de la autoridad responsable. 3. La diligencia de embargo que se llevó a cabo el diez de marzo de dos mil veintiuno, en los autos del aludido juicio de origen. En ese sentido, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [...]" La cesación de efectos, ha sido definida como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, que trae como consecuencia, que cese la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud de una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Entonces, si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado o en su caso tratándose de acto negativo que éste sea respetado. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" Según quedó establecido el quejoso Clemente Aguilar Salazar, reclamó del Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Guadalupe Victoria, Durango, así como del actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, la admisión del juicio ejecutivo mercantil 92/2021, así como la diligencia de embargo y emplazamiento con motivo de dicha admisión. De las constancias certificadas remitidas por la autoridad responsable, se desprende que el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se radicó el juicio ejecutivo mercantil 92/2021, promovido por José Luis Ortiz Enríquez, por conducto de sus endosatarios en procuración, contra el quejoso Clemente Aguilar Salazar y otro, por el pago de la cantidad de un millón de pesos 00/100 moneda nacional. Pues bien, la especie se materializa el motivo de improcedencia en comento, toda vez que de dichas constancias se advierte que el trece de abril siguiente, la responsable tuvo el juicio de referencia como asunto totalmente concluido, ordenó girar oficio a recaudación de rentas a efecto de levantar la inscripción del embargo trabado en autos y dispuso su archivo; en ese sentido, determinó devolver a la parte actora su demanda y todos los documentos que acompañó a la misma dejando a salvo sus derechos para que los hiciera valer en la vía y forma que estimara conveniente. Lo anterior, en virtud de que la parte actora no cumplió con la prevención formulada en auto de veinticuatro de febrero del año que transcurre, en el sentido de exhibir su registro federal de causantes (RFC), bajo el apercibimiento que, de no hacerlo en el término de tres días, no se le daría tramite al juicio aludido. De lo anterior se advierte que si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que fue el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, existía el acto que de la autoridad responsable se reclamó, también lo es que el día trece de abril del año en cita, la responsable tuvo como asunto totalmente concluido el juicio ejecutivo mercantil 92/2021 y ordenó su archivo, así como el levantamiento de embargo trabado en autos. Por lo que resulta inconcuso que cesó en sus efectos el acto reclamado indicado, tal como si se hubiera concedido la protección constitucional; en tal virtud se actualiza la causal de improcedencia en estudio y con apoyo en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Aplica al caso concreto por las razones que informa, la tesis 2ª./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación consultable en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Sin que pase desapercibido para quien esto resuelve que la autoridad responsable, mediante oficio recibido vía electrónica el siete del mes y año en curso, manifestó que la parte actora interpuso recurso de apelación contra el proveído dictado el trece de abril de dos mil veintiuno en los autos del juico ejecutivo mercantil 92/2021, por medio del cual tuvo el juicio como asunto totalmente concluido, ordenó girar oficio a recaudación de rentas a efecto de levantar la inscripción del embargo trabado en autos y dispuso su archivo; por tanto, refiere que una vez que quede firme dicha resolución en virtud de la ejecutoria correspondiente, procederá a girar el oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio para que proceda a realizar la cancelación de embargo correspondiente. Sin embargo, la determinación que recaiga al medio de impugnación interpuesto, corresponderá a un nuevo acto reclamado susceptible de analizarse en diverso amparo, toda vez que la resolución pronunciada, en su caso, versará sobre actos y autoridad responsable diversa a la inicialmente señala en el presente contradictorio federal. En atención a lo asentado se sobresee fuera de audiencia el presente juicio y en razón de que la audiencia constitucional, se encuentra señalada para las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del día veintidós de julio de dos mil veintiuno, se deja sin efecto dicho señalamiento. Notifíquese personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surtan sus efectos legales, agréguense los oficios signados por el Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta del Octavo Distrito Judicial en la ciudad de Guadalupe Victoria, Durango y téngase por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen y remite constancias solicitadas. Notifíquese.
Quedan 16 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · 12,808 expedientes
- CLAUDIO CATAÑO CASTAÑEDA y Otros.520/2013
- Claudio Esteban Guereca Núñez.988/2016
- Claudio Fidencio Saucedo Alvarado1376/2019
- Claudio Ramón Rodríguez Torres933/2023
- Claudio Rivera Soto964/2017
- Clemente Aguilar Salazar y Otros.1001/2022
- Clemente Armando Rodríguez Gómez602/2015
- Clemente Morga Vazquez136/2018
- Clemente Morga Vázquez y Otros.84/2018
- Cleopatra Guadalupe Soto Vargas89/2015
- Clotilde Medina Mendez978/2013
- Clotilde Medina Méndez1467/2021