Clemencia Paredes Hernández

Expediente 1061/2015 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1061/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
13/11/2015

Partes del expediente

  • Clemencia Paredes Hernández

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL SE DECLARO INCOMPETENTE PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA; EN CONSECUENCIA, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. EN MERITO DE LO ANTERIOR, REMITASE POR INCOMPETENCIA LEGAL, LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE HIDALGO, A FIN DE QUE SE AVOQUE A SU CONOCIMIENTO Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. ASIMISMO, REQUIERASE AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA CONOCER DE LA CITADA DEMANDA, INFORME LA RADICACION DE DICHO ASUNTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. EN SU OPORTUNIDAD, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.

  3. Juicio de Amparo Directo

    VISTA LA RAZON ACTUARIAL QUE ANTECEDE DE LA QUE SE ADVIERTE LA IMPOSIBILIDAD DE NOTIFICAR PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE; POR LAS RAZONES QUE EN LA MISMA SE INDICAN; EN CONSECUENCIA, HAGASE TAL NOTIFICACIÓN POR LISTA, LAS SUBSECUENTES, Y, AÚN LAS DE CARACTER PERSONAL, HASTA EN TANTO SEÑALE DOMICILIO PARA TALES EFECTOS. AHORA BIEN, EN CUMPLIMIENTO A ESTE AUTO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, MISMA QUE ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: ... Pachuca de Soto, Hidalgo, veintinueve de octubre de dos mil quince. Visto el oficio de la Jueza Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, registrado en la oficialía de partes bajo el número 6593/2015, al que acompaña el cuaderno de amparo que contiene el escrito de presentación, así como el original de la demanda de amparo promovida por Clemencia Paredes Hernández, por propio derecho, así como los acuerdos de veinticinco de agosto y veinte de octubre de la presente anualidad, cinco copias de la demanda, oficio 2507/2015 con el que rinde informe justificado, un legajo que contiene dos copias del escrito de demanda y copia simple del proveído de veinticinco de agosto de dos mil quince, un escrito en tres fojas, y ocho copias del mismo, con el que la quejosa interpone revisión y queja contra el auto de veinticinco de agosto del año en curso, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 1261/2013, así como el juicio ejecutivo mercantil 1261/2013; regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en la especie, el suscrito considera que este tribunal colegiado carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver el juicio de amparo. Para constatar lo que se afirma, es menester precisar que el quejoso señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "(.) III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Señalo como autoridades "responsables al Ciudadano Juez Segundo de lo Civil y Familiar de Tulancingo "de Bravo, Hidalgo (.). - - - IV. ACTOS RECLAMADOS: Lo hago consistir en "el acuerdo de fecha 26 de mayo del 2015, que emitió el ciudadano Juez "Segundo de lo Civil y Familiar de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, dentro del "expediente mercantil número 1261/2013 y que se me notificó por lista el día 29 "de mayo del 2015, en donde me niega admitir dar trámite al incidente de "nulidad de actuaciones, así como al incidente de nulidad de notificaciones "argumentando que la suscrita ya había planteado lo mismo en un juicio de "amparo y que este se nos negó lo que no fue ni es de tal manera, dado que en "el amparo los actos o acto reclamado eran otros. - - - 2. Lo hago consistir en "las violaciones al debido proceso dentro del expediente mercantil 1261/2013 "del Juzgado Segundo de lo Civil y Familiar de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. - - "- 3. Lo hago consistir en la ejecución que está intentando realizar la juez "segundo de lo civil de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en donde me pretende "privar de mi propiedad mediante un juicio 1261/213 plagado de errores y "violaciones al debido proceso, dado que se me dictó una sentencia "inconstitucional, que ahora se me intenta ejecutar, lo que se me notificó el día "17 de julio del presente año. - - - 4. Así también lo hago consistir en la ilegal "notificación que se me practica dado que el suscrito señalo domicilio y la parte "actora promueve incidente de actualización de intereses y esta se la notifican a "la suscrita por lista y por lista me corrieron las copias de traslado, para que "suscrita no sepa, que se está llevando a cabo dicho incidente de actualización "de intereses y no pueda oponer sus excepciones, así como que se me está "tratando de ejecutar la sentencia definitiva que se me notificó el día 17 de julio, "que fue el último día que hubo labores en los juzgados civiles de la ciudad de "Tulancingo, dado que por su periodo vacacional reanudaron labores el día 3 de "agosto, y por tal motivo aún me encuentro en tiempo y forma para promover el "presente juicio de garantías." Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que el veintiséis de mayo de dos mil quince, la Jueza Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, dictó un acuerdo donde no se dio trámite al incidente de nulidad actuaciones promovido por la ahora quejosa, toda vez que dicho juez en acato a la ejecutoria de amparo dictada por este tribunal colegiado en el juicio de amparo directo 718/2014, argumentó que primero se debía de haber interpuesto el incidente de nulidad de notificaciones o el recurso de revocación en contra de las resoluciones que se quejó, razón por la cual no se acordó favorablemente su solicitud. Inconforme con dicha resolución, Clemencia Paredes Hernández, por propio derecho, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Así, como ya se mencionó, el artículo 170, en su parte correspondiente, dispone lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: "I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin "al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del "trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el "procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del "fallo. "Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el "juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin "decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias "absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser "impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por "el artículo 173 de esta Ley. "Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los "recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los "cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser "modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los "recursos. "Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de "normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos "sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse "valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. "Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la "demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el "órgano jurisdiccional; "II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio "dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean "favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de "violación en contra de las normas generales aplicadas. "En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad "interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso "administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los "Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero "lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el "caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio "de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De lo anterior se advierte que el juicio de amparo directo procederá contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; además de que para la procedencia de este deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de veintiséis de mayo del año en curso, donde no se acordó favorablemente la solicitud de la parte quejosa en el sentido de dar trámite al incidente de nulidad de actuaciones en el juicio ejecutivo mercantil 1261/2013; por lo tanto, dicha resolución no es definitiva, toda vez que no pone fin al procedimiento, al haberse dictado en la etapa de ejecución de sentencia, toda vez que en el referido juicio mercantil la sentencia definitiva se emitió el once de febrero de dos mil quince, en cumplimiento a la ejecutoria de veintinueve de enero del año en curso, dictada en el juicio de amparo 718/2014 del índice de este tribunal colegiado; de ahí que si no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria vigente de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito de demanda. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de treinta de marzo de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de la misma anualidad y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, última reforma publicada el doce de diciembre de dos mil siete, derogó en términos de su artículo cuarto transitorio, los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; así como con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de veintinueve de enero de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero del mismo año, y cuya última reforma fue publicada el ocho de mayo de dos mil quince, en concordancia con lo preceptuado en el artículo Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º, 3º, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; por último, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.

  4. Juicio de Amparo Directo

    NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA.

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