Clemencia Adelaida Salas Salazar
Expediente 287/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 287/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 04/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Clemencia Adelaida Salas Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
MESA VI. Mérida, Yucatán, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Atento a lo informado por el secretario en la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal el diez de febrero de dos mil veintiuno firmada el ocho de marzo siguiente, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la referida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Finalmente, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese.
- Incidental
MESA VI. Mérida, Yucatán, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con el artículo 21, inciso c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la observación de que el presente incidente de suspensión en original y duplicado son susceptibles de destrucción, toda vez que por acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veinte, y por resolución interlocutoria de diez de noviembre de dos mil veinte, se negaron respectivamente la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese.
- Principal
ocho de marzo de dos mil veintiuno 287/2020 Adrián Fernando Novelo Pérez Rodrigo Espinosa Valencia VISTOS, para resolver el presente juicio de amparo número 287/2020-VI promovido por ********************, contra actos que reclama del Congreso del Estado de Yucatán y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, y 31, fracción IV, Constitucionales; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el trece de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Congreso; Gobernador Constitucional; Secretaría General de Gobierno; Secretaría de Administración y Finanzas; y, Agencia de Administración Fiscal, todas del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, toda vez que la parte quejosa interpuso recurso de queja en contra del auto de desechamiento de diecisiete de febrero de dos mil veinte, siendo que el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito declaró fundado dicho recurso y ordenó se provea sobre la admisión de la demanda. Por lo que una vez admitida ésta, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos de ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, los actos siguientes: el Decreto 155/2019 por el que se modifica la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, específicamente los artículos 85-Y, 85-Z, 85-AA, 85AB y demás relativos del capítulo XXVII denominado "Derechos por la Infraestructura Tecnológica en Materia de Seguridad Pública", de la referida Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán. Tercero. Actos existentes. El Director General de la Agencia de Administración Fiscal y el Director Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo, ambas del Estado de Yucatán, autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, manifestaron que no es cierto el acto que se les reclama; sin embargo, dado que no se les reclama un acto de ejecución, sino su facultad para ejecutar en pago de un derecho, se tiene por cierto el acto reclamado. Por su parte, el Director General Jurídico y de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno; el Director Jurídico del Poder Legislativo del Estado; y el Consejero Jurídico y Representante del Gobernador Constitucional, todas del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, al rendir sus informes justificados, admitieron la certeza del acto reclamado, por lo que se tiene por existente el mismo. Cuarto. Estudio de las causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan, por ser esta una cuestión de orden público y de examen preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, al rendir su informe justificado, el Director Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán hizo valer la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Ahora bien, uno de los principios rectores del juicio de amparo es el que se siga siempre a instancia de parte agraviada; es decir, por la parte que resienta el agravio actual y concreto por el acto o ley que se reclama; en consecuencia, una persona ejerce la acción de amparo cuando el acto autoritario le ocasiona perjuicio a sus intereses jurídicos, pudiendo ser estos personales o patrimoniales; de ahí, que el interés jurídico se traduce en un derecho público subjetivo oponible a la autoridad, supeditado ese derecho a los medios de convicción efectivos, porque de ellos se desprenden los titulares del derecho fundamental que estiman conculcados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I. 1o. A. J/17, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, diciembre de 1992, página 35, tomo 60, Octava Época, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Asimismo, es pertinente señalar que con motivo de la reforma constitucional en materia de amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el seis de junio de dos mil once, se incluyó el interés legítimo individual o colectivo como medio de legitimación activa para promover el juicio de amparo, avanzando en relación con el limitado concepto de derecho subjetivo (interés jurídico), que había regido la procedencia del juicio de amparo con anterioridad. Así, del artículo 107 constitucional, se deduce que el juicio de amparo es improcedente en contra de aquellos actos que no causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular, ya sea a través de un interés jurídico o legítimo. En ese sentido, precisa destacar que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de los derechos humanos en su perjuicio, cuando a través de un acto de autoridad, se dé la afectación, ofensa, daño o lesión en los intereses del particular, atentando en contra de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, característica que le otorga al gobernado la facultad de exigir y la obligación aparejada del deber jurídico del Estado de cumplir dicha exigencia. Por su parte, el interés legítimo es el derecho que tienen las personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos, y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. Dicho interés supone únicamente la existencia de un interés calificado respecto de la legalidad de determinados actos, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Por ello, para efectos del juicio de amparo, la afectación al interés legítimo individual o colectivo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o la ley impugnada, pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la ley o acto reclamados. Sustenta lo anterior, la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, marzo de dos mil trece, tomo 2, página 1736, con registro 2003067, que es del tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." De igual manera, conviene tener presente por el criterio que contiene, la jurisprudencia sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 38/2016 (10a.), con número de registro 2012364, en la página 690, cuyo rubro y texto disponen: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De lo expuesto, debe precisarse que no es factible equiparar ambas clases de interés (jurídico y legítimo), puesto que presentan diferencias substanciales a fin de establecer los entes que se encuentran legitimados para instar la acción de amparo. Ciertamente, mientras que en el interés jurídico es necesario un derecho subjetivo con su correspondiente potestad de exigencia, consagrado en la norma objetiva; en el interés legítimo, sólo basta la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, por afectarse la esfera jurídica ya sea directa o derivada de la situación del sujeto respecto del orden jurídico, sin la necesidad de que la norma establezca en favor del individuo alguna facultad expresa y directa de exigir. Así pues, debe acotarse que el interés legítimo, en el contexto del derecho administrativo, supone la facultad de acudir al juicio de amparo cuando un acto con esa naturaleza genera un perjuicio al gobernado (cualificado, actual y real), en virtud de su situación de hecho frente al ordenamiento jurídico y si bien es cierto que no cuenta con un elemento de exigencia (propio del derecho subjetivo) éste lesiona su esfera jurídica en sentido amplio. En suma, para que el juicio de amparo sea procedente, basta que los actos que se reclamen en el mismo deriven de un acto concreto de autoridad que cause algún perjuicio o afectación al gobernado, ya sea a alguno de sus derechos subjetivos protegidos por la norma (interés jurídico), o a alguno de sus derechos objetivos o personales, y que ese agravio en su esfera de derechos o particular, sea personal, directo o indirecto (interés legítimo), pues de esa manera prosperará la acción constitucional para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de proceder al estudio de la constitucionalidad de tales actos, correspondiendo indefectiblemente a los gobernados, acreditar que se ubican en el supuesto de los ordenamientos que impugnan de inconstitucionales. Es importante señalar que al acudir al juicio de amparo la parte promovente debe situarse en alguna de las referidas hipótesis jurídicas, es decir, como afectada de manera directa en un derecho jurídicamente tutelado (interés jurídico), o aduciendo contar con un interés legítimo individual o colectivo en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En otras palabras, los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, toda vez que no resultaría lógico ni jurídico que se aduzca tener un interés jurídico y legítimo en forma simultánea, pues forzosamente debe situarse en una hipótesis o en otra, pero no de manera concomitante. Por consiguiente, el Órgano de Control Constitucional del conocimiento debe examinar, en cada caso, la naturaleza de los actos reclamados y la afectación en su esfera jurídica, ya sea como titular de un derecho o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; identificando de esa manera si le es exigible el acreditamiento del "interés jurídico" o simplemente demostrar un "interés legítimo". Con base en tal concepción, la causa de improcedencia de que se trata, se actualiza cuando los actos de autoridad que se combaten en el juicio de amparo no inciden en forma alguna en la esfera jurídica del demandante, o cuando no se acredita tal extremo. En tal virtud, para que el juicio de amparo sea procedente, los actos que se reclamen en el mismo deben ser derivados de un acto concreto de autoridad o de la observancia de una ley que cause perjuicio al gobernado, ocasionándole una afectación a un derecho subjetivo (interés jurídico), o bien, a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico (interés legítimo), y es éste el perjuicio a que se refiere la Ley de Amparo, para que pueda prosperar la acción constitucional y para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de estimar actualizado el perjuicio que le ha sido ocasionado al gobernado y puedan proceder al estudio de la constitucionalidad de tales actos. Sirve de apoyo la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de dos mil trece, Tomo 3, consultable en la página 1807, con número de registro 2003293, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." Ahora bien, tratándose de leyes, el interés jurídico o legítimo para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe acreditarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En este contexto, para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. De ahí que, para ello, debe aplicarse el criterio de clasificación de ambos tipos de normas, que con base en la actual regulación del juicio constitucional aún subsiste, relacionado con el concepto de "individualización incondicionada", que define la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Ello, en razón de que, si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa; de este modo, el juez de amparo debe aplicar el criterio clasificador de las normas para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando haya precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico. Lo anterior, de conformidad con lo expuesto en la tesis 1a. CCLXXXI/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el título: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO." Por su parte, los artículos 17, 18 y 61, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir: -si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas)-; o, bien, -si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas)-. En el primer caso, es suficiente con que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad. Es decir, que desde su entrada en vigor obligan al particular, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto de que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, una ley es autoaplicativa cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los preceptos adquieren, por su sola entrada en vigor, el carácter de inmediatamente obligatorios. En otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta; es decir, que por su sola expedición, y por los actos relativos a su promulgación e inicio de vigencia, quedan señaladas las personas o entidades que, en acatamiento de la ley, están obligadas a hacer o no hacer alguna actividad en determinada forma. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer. De manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético. Esto es, los supuestos de la norma no cobran eficacia con su sola entrada en vigor, sino que requiere de un acto posterior y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo a los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Bajo ese orden de ideas, se concluye que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato o, bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación. Acto que proviene -generalmente- de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario a la parte quejosa con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. En la especie, la parte quejosa impugna en su carácter de autoaplicativa, el Decreto 155/2019 por el que se modifica la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, específicamente los artículos 85-Y, 85-Z, 85-AA, 85AB y demás relativos del capítulo XXVII denominado "Derechos por la Infraestructura Tecnológica en Materia de Seguridad Pública", de la referida Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán. Por tanto, es pertinente establecer que los aludidos artículos del citado decreto, disponen: "Artículo 85-Y. Son sujetos del derecho por la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública los propietarios o poseedores de predios ubicados en el Estado de Yucatán. Es objeto de este derecho el aprovechamiento del servicio y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de seguridad pública de la que gozan los habitantes del estado de Yucatán. Para efectos de este capítulo se entiende por infraestructura tecnológica, todos los bienes tecnológicos que el Estado emplea, adicionalmente, para el mejoramiento de la seguridad pública de la comunidad, en lugares de uso común. Artículo 85-Z. La cuota mensual por el derecho previsto en este capítulo será de 3.44 UMA. Dicha cuota no podrá ser mayor que la cantidad que resulte de aplicar el 8% a las cantidades que el contribuyente deba pagar en particular, por su consumo al suministrador de servicios básicos. El derecho se causará mensualmente y el pago se hará dentro de los sesenta días posteriores al mes en que se cause, dicho pago deberá realizarse en las oficinas o medios autorizados por la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. Artículo 85-AA. Están exentos del pago de este derecho la federación, el estado y los municipios, respecto de los bienes de dominio público destinados exclusivamente a la consecución de su objeto público o a la prestación de un servicio público. También quedarán exentos del pago de este derecho los propietarios o poseedores de predios cuya cantidad mensual a pagar por su consumo al suministrador de servicios básicos sea igual o menor a 1.18 UMA. De igual forma, se exenta del pago de este derecho a los propietarios o poseedores de predios ubicados en los distritos de riego destinados a la extracción de agua con fines agrícolas y pecuarios. Artículo 85-AB. Para efectos del cobro de este derecho el Estado podrá celebrar convenios, en estos casos se deberá incluir el importe de este derecho en el documento que para tal efecto expida el organismo, entidad o empresa, debiéndose pagar en el plazo y en las oficinas autorizadas por la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. Derivado de los convenios que el estado celebre, los plazos de pago a que se refiere el artículo anterior podrán ajustarse para coincidir con el periodo de pago establecido con el servicio de cobro convenido." Como se aprecia, los artículos de la ley reclamada imponen a los propietarios o poseedores de predios ubicados en el Estado de Yucatán el pago de derechos por infraestructura tecnológica de seguridad pública de manera mensual. Es decir, para entrar en el supuesto que establecen dichos artículos, es necesario ser propietario o poseedor de bienes inmueble que se ubiquen dentro del territorio de esta Entidad Federativa. En ese tenor, es menester destacar que para impugnar el cobro de los aludidos derechos, la parte quejosa debió acreditar que se encuentra en el supuesto que prevén tales dispositivos; lo que en la especie no acontece, ya que no exhibió documento alguno con el que acredite que es poseedora o propietaria de algún predio ubicado en el Estado de Yucatán. Pues si bien es cierto que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, aduce ser propietaria del ********************no exhibió documento alguno que acredite tal propiedad. Luego, si para acreditar la afectación por un ordenamiento, se requiere que la solicitante de la protección constitucional demuestre estar legalmente colocada bajo los supuestos normativos consignados en dicha norma, debió exhibir algún documento que demostrara que se ubicaba en tal supuesto, pues quienes se encuentran vinculados con las obligaciones consignadas en la ley reclamada, son los propietarios o poseedores de predios ubicados en el Estado de Yucatán. En tal sentido, la quejosa no exhibió documento alguno con el que demostrara ubicarse en la hipótesis normativa señalada, como lo es algún contrato de compra venta, escritura pública o documento que acredite la propiedad o posesión del inmueble ubicado en el ********************lo que hace evidente que no demuestra la afectación a su esfera jurídica de derechos. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia analizada, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo procedente es sobreseer en el presente juicio constitucional, con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del propio cuerpo normativo. Lo que hace innecesario el estudio del fondo del asunto, en atención a la tesis de jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 335, Tomo VI, Parte SCJN, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no serán objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos del 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, en contra de los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables en este asunto, por los motivos vertidos en la presente resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Rodrigo Espinosa Valencia, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy (ocho de marzo de dos mil veintiuno) que lo permitieron las labores del Juzgado.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos y toda vez que conforme al Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el que se determinó adoptar una serie de medidas preventivas con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello la propagación del coronavirus COVID-19, así como sus acuerdos modificatorios todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el periodo de la vigencia, se advierte que éste concluyó el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Que mediante Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto primero que se regresaba al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública del virus COVID-19, por lo que únicamente se daría trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirían y tramitarían los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Asimismo se estableció que se suspendían los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia, y que esta medida tendría vigencia del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; periodo durante el cual se suspenden los plazos y términos, con las salvedades del referido punto. Por Circular SECNO/1/2021 de ocho de enero de dos mil veintiuno, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto dos, por lo que respecta a este Circuito, que la operación de este Juzgado será el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por tanto, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el doce de febrero de dos mil veintiuno. En tales condiciones, se reanuda el procedimiento en este asunto por lo que se hace del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, como se ha visto se encontraban suspendidos los plazos y términos procesales, y toda vez que la audiencia constitucional estaba señalada para las doce horas con nueve minutos del ocho de enero de dos mil veintiuno; sin embargo, al haberse ordenado la suspensión de dichos plazos y términos es que se considera necesario señalar una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional; por tanto, se hace del conocimiento de las partes, que se fija como nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional las doce horas con veinte minutos del diez de febrero de dos mil veintiuno. Sin que haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle la nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional de mérito, porque tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También, se hace del conocimiento de las partes que para el caso que consideren necesario imponerse de los autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. De igual forma, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, tomando en consideración que fue el propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quien determinó la reanudación de los plazos y términos procesales, así como el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, bajo un esquema que permita preservar la salud e integridad de las partes y del personal de los órganos jurisdiccionales, a través del Acuerdo General 21/2020, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de julio de dos mil veinte, resulta innecesaria la notificación personal de la presente determinación a todas las partes, dado que es del conocimiento público, la reanudación de los términos procesales de los juicios tramitados ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Rodrigo Espinosa Valencia, secretario que autoriza y da fe.
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