Clayna Paulina Ramírez Iglesias
Expediente 1858/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1858/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/11/2023
Partes del expediente
- Clayna Paulina Ramírez Iglesias
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los que se advierte que a la fecha se encuentra pendiente por desahogar la prueba pericial en materia de grafoscopía ofertada por la parte quejosa; en consecuencia, para dar lugar a lo anterior, SE DIFIERE la reanudación de celebración de la audiencia constitucional que estaba señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan LAS ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, hora y fecha en que lo permiten las labores de este juzgado de Distrito.
- Principal
Visto el estado de autos se advierte que en múltiples ocasiones se ha requerido al perito oficial ********************, para que emita su dictamen pericial, lo que a la fecha no ha acontecido, en ese sentido y toda vez que en acuerdo de veintidós de agosto del año en curso, se le requirió por última ocasión para que dentro del plazo de diez días emitiera su opinión técnica, de lo que fue debidamente notificado como se aprecia de la constancia de notificación relativa, sin que hubiese atendido el requerimiento; en tales condiciones se hace efectivo el apercibimiento y se le remueve del cargo de perito oficial. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 119, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, 147 y 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la primera, así como así como 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración de la lista de las personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, se designa como perito oficial en materia de topografía a ********************, quien se encuentra registrado con el número P. 0005/2020, en la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, para el presente año; a quien deberá hacérsele saber su designación por conducto del Actuario judicial, asimismo, se le requiere para que en el término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, comparezca ante la presencia judicial a aceptar y protestar el cargo conferido.-
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***************************************************, en contra de actos emitidos por el Director de la Oficina de Defensa del Consumidor, Zona Metropolitana de Guadalajara, de la Procuraduría Federal del Consumidor.
- Principal
Vista las copias simples de la demanda de amparo indirecto, fórmese por duplicado y separado el Incidente de Suspensión relativo al juicio de amparo número 902/2023, promovido por el Ayuntamiento Constitucional de Tomatlán, Jalisco, por conducto de la Síndico Municipal del contra actos de las autoridades responsables Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco y otras, demás, con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 130, 138, 139, 140 y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el cual deberá rendir por duplicado, dentro del término de cuarenta y ocho horas, sin perjuicio de que lo realicen por cualquier medio a disposición de las oficina públicas de comunicaciones, remitiéndoles al efecto copia simple de la demanda de garantías. Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en términos del numeral 262, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión y multa de cincuenta a quinientos días de salario, destitución e inhabilitación para desempeñar otro cargo, si al rendir su informe previo se expresa un hecho falso o niegue la verdad. Como también, que en términos del diverso numeral 260, de la citada ley, de no rendir su respectivo informe previo, se harán acreedoras a una multa de cien días. Por último, se hace igualmente del conocimiento de las autoridades responsables que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 fracción I, último párrafo, de la Ley de la materia, están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan en materia de amparo, en la oficina principal de las autoridades y que la notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a las autoridades responsables o al respectivo encargado de recibir la correspondencia en su oficina; y que en el caso de negarse a recibir dichos oficios, se hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que, no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación respectiva. Sin embargo, si a pesar de esto subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la misma. Aunado a que, con fundamento en el artículo 245, de la Ley de Amparo en vigor, las autoridades responsables se harán acreedoras a una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizar la conducta sancionada. Se señala para que tenga verificativo la audiencia incidental las DOCE HORAS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Ahora bien, tocante a la suspensión provisional que solicita la persona moral oficial quejosa de los actos que reclama de las autoridades responsables, actos que hace consistir en: El proveído de seis de marzo de dos mil veintitrés dictado en los autos del juicio laboral burocrático 639/2010, en el que se impone una multa por el equivalente de 100 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. En el caso concreto, la medida suspensional se pide en los siguientes términos: Para que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar dicha multa. Previamente a entrar a la materia de la suspensión, es necesario señalar lo siguiente: Los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o, fracción I, de la Ley de Amparo, prevén la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridad que violen garantías individuales. Asimismo, de la interpretación armónica de la fracción I del artículo 128, con relación en el artículo 138, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Al respecto, es preciso hacer relación a los requisitos a que alude el artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. [.]". Como se aprecia de la trascripción, el artículo 128 de mérito, establece las exigencias para que opere la suspensión, las cuales se pueden sintetizar en los siguientes aspectos: que quien solicita la suspensión sea el agraviado; y que no se siga perjuicio al interés social con el otorgamiento de la medida, ni se contravengan disposiciones de orden público; aspectos que resultan necesarios para que, como se adelantó, se surtan los requisitos de procedencia de aquella medida que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo. El primer requisito se encuentra satisfecho toda vez que la parte quejosa solicitó expresamente la suspensión del acto reclamado en su escrito de demanda. Sin embargo, con fundamento en el precepto legal antes invocado, SE NIEGA la medida cautelar solicitada, respecto de los actos reclamados consistentes en la imposición de la multa impuesta en los autos del juicio burocrático 639/2010, en virtud de que se trata de actos consumados, respecto de los cuales resulta improcedente conceder la suspensión, porque de así hacerlo se darían efectos restitutorios a la medida cautelar, lo cual es propio de la sentencia que recaiga en el juicio principal. Cobra vigencia la tesis 557, consultable en la página trescientos setenta y uno, tomo VI, Parte TCC, del apéndice mil novecientos noventa y cinco, que refiere: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo". Así como la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página trescientos doce, del Tomo XI relativo al mes de junio de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida". En efecto, los actos reclamados tienen la característica de ser actos consumados, por lo que existe la imposibilidad de otorgar la suspensión, teniendo en cuenta que la medida suspensional únicamente puede otorgarse previa a la consumación del acto, nunca después, porque de hacerlo de manera contraria carecería de materia el juicio principal y de concederse como ya se dijo, se darían efectos restitutorios propios del fondo de la sentencia de amparo que en su caso se llegue a pronunciar. Luego, respecto a la ejecución de los actos materia de reclamo se concede la medida cautelar para efectos de que no se haga efectiva la multa impuesta a la quejosa, lo anterior toda vez que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que el efecto de la suspensión no tendría como consecuencia la paralización del juicio laboral 639/2010, en su fase respectiva, ni impediría que se continúe con el procedimientos de ejecución, dado que los efectos de la concesión de la medida suspensional no serían para que no se ejecute el laudo dictado en el asunto de origen, sino que solamente serían para que no se ejecute la multa que le fue impuesta equivalente a cien unidades de medida de actualización, contenida en el auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral referido, siempre y cuando no se haya girado el oficio respectivo a la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, y en caso de haberse remitido para que no la haga efectiva. Como ya se dijo, el otorgamiento de la medida cautelar no se impide a la autoridad responsable continuar con el procedimiento de ejecución del laudo, en términos de los artículos 140, 141, 142 y 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, pues aun cuando se encontrara suspendida la ejecución de la multa impuesta en el acuerdo reclamado, el Tribunal responsable tendría la obligación de continuar y proveer la eficaz e inmediata ejecución de laudo y, para ese efecto, dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que, a su juicio, sean procedentes, como sería la suspensión del cargo de los servidores públicos omisos. Cabe precisar que la suspensión surtirá sus efectos desde este momento y hasta en tanto se comunique a la autoridad responsable, la suspensión definitiva que en este incidente se dicte. Debe mencionarse que la suspensión provisional surte efectos, sin que sea necesario garantizar los posibles daños y perjuicios ocasionados con la suspensión concedida, toda vez que, en el caso, la quejosa es una persona moral oficial, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 7o de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción número 43/2001, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 17/2000, visible en la página doscientos sesenta y ocho, Tomo XIII, abril de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA. De la interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 125, 130 y 139 de la Ley de Amparo, que regulan lo relativo a la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, y a la garantía que el quejoso debe otorgar en los casos en que aquéllas sean procedentes, para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se puedan ocasionar al tercero perjudicado si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo, y atendiendo a la naturaleza, objeto, requisitos de procedencia y efectividad de la medida cautelar de que se trata, así como al principio general de derecho que se refiere a que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, se arriba a la conclusión de que respecto a la suspensión provisional que se puede decretar con la sola presentación de la demanda, cuando exista peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, tomando el Juez de Distrito las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero, y a virtud de la cual se ordena mantener las cosas en el estado que guardan hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, surte sus efectos, al igual que ésta, inmediatamente después de que se concede y no hasta que se exhiba la garantía fijada, porque de lo contrario no se cumpliría con su finalidad, que es la de evitar al quejoso perjuicios de difícil reparación. Además, debe tomarse en cuenta que ante el reciente conocimiento de los actos reclamados, el quejoso está menos prevenido que cuando se trata de la suspensión definitiva, y si ésta surte sus efectos desde luego, aun cuando no se exhiba la garantía exigida, lo mismo debe considerarse, por mayoría de razón, tratándose de la suspensión provisional, sin que ello implique que de no exhibirse garantía deje de surtir efectos dicha suspensión.". La medida cautelar que se concede, deberá ser acatada por la autoridad responsable con el apercibimiento de que en caso de desobediencia, se procederá conforme al artículo 262 de la Ley de Amparo. Asimismo, Con apoyo en el artículo 5º, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a María del Rosario Salgado Arreola e Isidro Rodríguez Vélez, notifíquese a los terceros interesados por conducto del Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito. Se tiene como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Arturo Valdez Luevanos, Wotssman Omar Hernández González y José de Jesús Laureano Martínez, no así al resto que menciona, a los que se les tiene en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos en virtud de que no acreditan ser abogados o licenciados en derecho, ni se encuentran inscritos en el registro de profesionales de derecho que lleva el Consejo de la Judicatura Federal. Así como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se concede el uso en este juicio de amparo de medios electrónicos, para el efecto de que realice la reproducción de los mismos, previo razón y recibo que se otorgue en autos, por cualquiera de las personas que se encuentra autorizada para ello. Asimismo, toda vez que proporciona el nombre de usuario "arturov94", a efecto de que se le autorice la consulta vía internet del expediente electrónico 902/2023; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3 de la Ley que rige la Materia, se autoriza a dicho usuario la consulta de este expediente. De igual forma, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 último párrafo de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas a efecto de que el Actuario de la adscripción practique las notificaciones que de manera personal sean ordenadas en este asunto
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