Claudio Ulises Ortiz Vázquez del Mercado
Expediente 734/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 23 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 734/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 11/07/2022
Partes del expediente
- Claudio Ulises Ortiz Vázquez del Mercado
- Juez Décimo Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a once de julio de dos mil veintidós. Causa estado. De la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran de la sentencia de treinta y uno de agosto del dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó en el juicio, e hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo hayan hecho; en consecuencia, se declara firme. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, así como en el Sistema Integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el canon 196, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, archívese el expediente como asunto concluido. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a seis de junio de dos mil veintidós. I. Se comisiona al actuario de la adscripción. Tomando en consideración el contenido de la certificación secretarial que antecede, en la que se asentó que, de una consulta realizada al expediente electrónico dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que no obra la constancia de notificación por lista a la tercera interesada, respecto de la sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en el presente asunto; por tanto, en aras de lograr la correcta integración del presente juicio de amparo indirecto y, en obvio de evitar mayores dilaciones, se comisiona al actuario de la adscripción para que, inmediatamente realice las notificaciones referidas o de haberlas realizado, integre las constancias al expediente electrónico. Notifíquese y, cúmplase.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Razón actuarial. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte la imposibilidad que tuvo la Actuaria Judicial de la adscripción para notificar a la tercero interesada María Mercedes Rodríguez Aguayo, la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, por las razones que se expone en la misma. Lo anterior, toda vez que de la certificación secretarial que antecede, se desprende que en auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo a la tercero interesada María Mercedes Rodríguez Aguayo, apersonándose al juicio de amparo en que se actúa, a través del escrito registrado con número de orden 8827, sin que en el mismo hubiere señalado domicilio alguno para oír y recibir notificaciones derivadas de este expediente. Se ordena notificación por lista. En consecuencia, se ordena notificar a la tercero interesada de referencia, la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, el presente acuerdo y los subsecuentes, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Lo anterior, hasta en tanto, proporcione domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Lorena Guadalupe Frías Oviedo, que autoriza y da fe. por este medio de lista se notifica a la tercera interesada de la sentencia de 31 de agosto 2021, en la cual se sobresee en el juicio de amparo
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 734/2020; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, y turnado ese mismo día a este Juzgado de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Claudio Ulises Ortiz Vázquez del Mercado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por los actos y contra las siguientes autoridades: Autoridades responsables: Juez Decimosegundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco; Notificador adscrito al Juzgado Decimosegundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Actos reclamados: La determinación de veinte de abril de dos mil vente, emitida en el juicio 1954/2019, donde se deja sin efectos la custodia provisional otorgada al quejoso, respecto de la menor identificada con las iniciales U.A.O.R. y M.O.O.R; y, La omisión de emplazar y notificar a la parte demandada María Mercedes Rodríguez Aguayo, en el juicio 1634/2019, del índice de la responsable. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Desahogada que fue la prevención, mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se ordenó dar vista al representante social de la adscripción; se ordenó emplazar a Mercedes Rodríguez Aguayo, en su carácter de tercera interesada y, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el juicio en todas sus etapas, el pasado veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio, en los términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, en términos de los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 41/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, Jalisco; por tratarse de un amparo en materia civil y reclamarse actos cuya ejecución material podría realizarse en el Estado de Jalisco, lugar en donde este juzgado de distrito ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a fijar la litis constitucional en la presente instancia. En esas condiciones, del análisis integral del escrito de demanda y de la totalidad de las constancias del presente sumario constitucional, se desprende que se reclama, lo siguiente: Del Juez Decimosegundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco: La determinación de veinte de abril de dos mil vente, emitida en el juicio 1954/2019, donde se deja sin efectos la custodia provisional otorgada al quejoso, respecto de la menor identificada con las iniciales U.A.O.R. y M.O.O.R. Del Notificador adscrito al Juzgado Decimosegundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco: La omisión de emplazar y notificar a la parte demandada María Mercedes Rodríguez Aguayo, en el juicio 1634/2019, del índice de la responsable. Por lo anterior, el estudio de dichos actos; esto es, su procedencia y en su caso, de fondo del juicio de amparo, será la materia de la presente determinación. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El titular del Juzgado Decimosegundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, y el Notificador adscrito, al momento de rendir su informe con justificación aceptaron los actos que en esta vía se les reclaman; lo que es suficiente para tenerlos por ciertos, en términos de la jurisprudencia 305 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, tomo VI, Parte SCJN, página 206, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Aunado a lo anterior, la certeza de uno de ellos, se corrobora con la copia certificada del juicio 1954/2019; documental a la que se le otorga valor pleno, al tener el carácter de documento público de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entendiéndose por éstos, aquéllos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a funcionarios investidos de fe pública, expedidos en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular en los documentos por los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes; en esa virtud, se les confiere eficacia demostrativa plena en atención a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del citado código. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Siendo las causas de improcedencia cuestiones de orden público, éstas deben analizarse preferentemente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cambio de situación jurídica. Analizadas las constancias que integran el presente juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 63, en relación con la fracción XVII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, esto, en atención a que se actualizó un cambio de situación jurídica en el procedimiento del que deriva el acto reclamado, según se explica a continuación. El artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." De su literalidad se constata que, el juicio de amparo es improcedente, contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Definido lo anterior, cabe señalar que mediante oficio 734/2020, la autoridad responsable remitió copia certificada de los proveídos de treinta de abril de dos mil veintiuno, emitidos en los juicios 164/2019 y 1954/2019, de su índice, en los cuales tuvo por recibidos los escritos signados por Claudio Ulises Ortiz Vázquez del Mercado, por los cuales se desistió de la acción en los citados procedimientos, debidamente ratificados; motivo por el cual, lo tuvo por desistido de la acción en dichos sumarios, y en consecuencia ordenó la devolución de los documentos presentados, y ordenó el archivo del asunto como concluido. Documentos a los que se les otorga valor probatorio pleno, al tener la calidad de públicos que se demuestra por la existencia regular en los documentos por los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes; en esa virtud, se les confiere eficacia demostrativa en atención a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del citado código. En ese sentido, si de las copias certificadas, se advierte, en lo que al caso interesa, que mediante actuación de treinta de abril de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte actora del juicio de origen desistiendo de la totalidad de las acciones, por lo que se ordenó el archivo de los expedientes de origen, como totalmente concluidos. De ahí que, si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -cuatro de agosto de dos mil veinte- la autoridad responsable había emitido la determinación de veinte de abril de dos mil vente, emitida en el juicio 1954/2019, donde dejó sin efectos la custodia provisional otorgada al quejoso Claudio Ulises Ortiz Vázquez del Mercado, respecto de la menor identificada con las iniciales U.A.O.R. y M.O.O.R; y, había sido omiso en emplazar y notificar a la parte demandada María Mercedes Rodríguez Aguayo, en el diverso juicio 1634/2019; también es verdad que, con posterioridad, el treinta de abril de dos mil veintiuno, se dictó un acuerdo en el que ordenó el archivo de ese expediente, en virtud de que tuvo a la parte actora -aquí quejosa- en el juicio de origen desistiendo de la totalidad de las acciones ejercidas en su escrito inicial de demanda, de modo que no puede resolverse sobre la situación anterior, sin afectar la nueva que se ha creado con motivo de la conclusión del juicio. Con lo anterior, se pone de relieve que el nuevo estatus jurídico creado por la actuación en la que se ordenó archivar el conflicto de origen modifica la situación jurídica de los actos reclamados que motivó la promoción de este sumario constitucional. Sirve de sustento a lo analizado, en lo conducente, la tesis en materias constitucional y común I.11o.C.28 K (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima Época, libro 61, diciembre de 2018, tomo II, página 1065, registro 2018570, de rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO QUE PREVÉ ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NI 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. La causal de improcedencia consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, el juicio de amparo será improcedente si de concederlo se afectara esa nueva situación y, por ello, deben reputarse consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Así, la finalidad del artículo 61, fracción XVII, señalado es evitar la inutilidad o ineficacia de la acción constitucional por causas ajenas que hacen irreparable el acto reclamado y que, de no existir dicha causa de improcedencia, perdería fundamento el juicio constitucional, pues no podría restituirse al agraviado en el goce o respeto del derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Las causas ajenas consisten en: a) Un acto posterior al que se reclama; y, b) Haya autonomía o independencia entre ambos, de modo que la última resolución pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional; dichos aspectos son ajenos, pues la nueva situación jurídica y su autónomía no son materia de impugnación en el juicio constitucional que puedan analizarse en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracción I, de la ley citada; ello en atención a los principios de instancia de parte agraviada y relatividad de las sentencias que rigen al juicio pues, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, al trastocar los efectos de diversa resolución judicial que no fue previamente impugnada por la parte agraviada. Ante esa finalidad normativa, el artículo 61, fracción XVII, invocado no contraviene el derecho a contar con un recurso eficaz a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues aquél pretende evitar que, precisamente, el juicio de amparo sea inútil por causa de una nueva situación jurídica y, por ende, la norma no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad, atento a razones de seguridad jurídica, cuando existen causas externas que hacen irreparable las violaciones alegadas por el quejoso, máxime que la causal de improcedencia de mérito no impide que esa nueva situación jurídica pueda ser impugnada mediante diverso juicio de amparo. La circunstancia de que dicha causal de improcedencia dé lugar a que no se analicen de fondo los conceptos de violación, no resulta violatoria del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido, aunado a que las causales de improcedencia son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. En efecto, los presupuestos procesales, como son las causales de improcedencia, encuentran su justificación en el artículo 17, segundo párrafo, constitucional, que dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es constitucionalmente correcto que la Ley de Amparo vigente establezca los términos y condiciones que deban cumplirse para la procedencia del juicio de amparo, acorde con la jurisprudencia P./J. 113/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.". Asimismo, el artículo 61, fracción XVII, referido no contraviene el artículo 1o., segundo párrafo, constitucional, en cuanto al principio de interpretación pro persona, pues ello encuentra su propia limitación a lo que prevé la propia Constitución Federal, en este caso, en el numeral 107, párrafo primero, que dispone que las controversias a que se refiere el artículo 103 constitucional se sujetarán a los procedimientos que determine su ley reglamentaria; lo que significa que el legislador ordinario se encuentra facultado constitucionalmente para emitir leyes en donde se establezcan las formalidades que estime deban cumplirse y llevar a cabo dicho fin, máxime que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados, mediante sus órganos legislativos, pueden y deben establecer en las leyes que emitan, presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, para cumplir con los propias formalidades que establece la Constitución Federal en sus artículos 1o., 14 y 17. Además, lo previsto en el artículo 1o. constitucional, en cuanto a interpretar las normas en favor de las personas, no implica que el legislador ordinario se encuentre obligado a establecer que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, pues también debe emitir sus leyes para hacer posible la aplicación de los principios que establecen los artículos constitucionales de referencia." Bajo esas circunstancias, al actualizarse la causa de sobreseimiento prevista en la fracción V del artículo 63, en relación con la fracción XVII del artículo 61 ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio constitucional. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, contra los actos que reclamó de las autoridades precisadas en el considerando segundo; por los motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese personalmente a las partes.
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