Claudio Rosales Serafin
Expediente 616/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 616/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Claudio Rosales Serafin
Actuaciones
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, uno de diciembre de dos mil veintiuno. DEVUELVE DESPACHO [20982]. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio enviado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Los Reyes, Michoacán, a través cual devuelve diligenciado el despacho 1731/2021 (orden 3089/2021), del índice de este Juzgado, enviado con la finalidad de notificar a la parte quejosa, el proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno. BAJA. Dese de baja dicha comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo; sin que haya lugar a lugar acusar el recibo correspondiente; lo anterior, toda vez que el ocurso de que se trata fue recibido vía correo electrónico. NOTIFICACIONES POR LISTA. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le previno mediante acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veintiuno; por lo que, las subsecuentes notificaciones personales que le resulten a dicha parte procesal, practíquense por medio de lista, de conformidad con los artículos 26 y 29 de la Ley de Amparo. CAUSA ESTADO. Por otro lado, visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Claudio Rosales Serafín, en cuanto albacea provisional de la sucesión a bienes de María Guadalupe Serafín Fabián, por conducto de su apoderado jurídico Jorge Eduardo Ramos Chávez, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de los Reyes, Michoacán, carácter que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, por así acreditarlo con la copia certificada de las constancias que anexa, relativas al juicio 681/2018, del cual deriva el acto reclamado, en el que se advierte que le fue reconocido tal carácter. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 616/2021-III; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. En el caso, el acto reclamado lo constituye el auto de once de octubre del año en curso, dictado por la Jueza Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Reyes Michoacán, dentro del expediente 681/2018. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. En el caso concreto, este Juzgado federal determina que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el primer normativo invocado establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley, mientras que la fracción IV del numeral 107 de la ley de la materia dispone: Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.). A la luz del marco legal en comento, cabe destacar que en principio la fracción IV del precitado artículo 107 de la Ley de Amparo, otorga competencia a los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo que se enderecen contra los actos de los mencionados Tribunales ejecutados "fuera de juicio", así como de los realizados "después de concluido el mismo." Ello en la inteligencia de que la Suprema Corte de Justicia ha establecido que para los efectos estrictamente del amparo, debe entenderse que el juicio se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente y concluye con la sentencia definitiva. Además, el numeral en comento estipula limitantes tratándose de actos de ejecución de sentencia (después de concluido el juicio), esto es, no todos los actos emitidos en dicha etapa procesal son impugnables a través del juicio de amparo indirecto, pues para dilucidar la procedencia en cuestión habrá que atender a los siguientes supuestos: 1°.- Que se trate de la última resolución dictada en la fase de ejecución de sentencia. (Pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso); y, 2.- Tratándose de remates, solo podrá promoverse el juicio contra la resolución, que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. De lo preceptuado por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se extrae que el juicio de amparo en vía indirecta contra actos que tengan verificativo después de concluido el juicio natural, esto es, en etapa de ejecución de sentencia, es procedente únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose por "última resolución", de acuerdo al texto del citado numeral, aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, las que ordenan su archivo; siendo que a través de la interposición de la demanda en comento, se podrán reclamar inclusive, los vicios que en su caso, se hubieren cometido durante dicha fase procedimental. De los lineamientos señalados se concluye que cualquier procedimiento seguido en forma de juicio consta de tres etapas, en donde existen las siguientes categorías de actos, esto es, los realizados fuera o antes del juicio, conocidos también como prejudiciales, relacionados y previstos en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo; los surgidos en juicio, que incluye los correspondientes a las etapas de instrucción y sentencia (fase in procedendo e in judicando), previstos en la fracción IV del referido artículo de la Ley de Amparo; y, los realizados después de concluido el juicio, esto es, a partir del dictado de la sentencia, siendo todos aquellos que se generan dentro del periodo de ejecución y cuya procedencia se prevé de igual forma en la fracción IV transcrita, mismos que se pueden subdividir en: a) En ejecución de sentencia que son los que preparan la ejecución aunque no la ejecutan de manera directa; y, b) Para la ejecución de sentencia que son los encaminados directa, inmediata y específicamente a cumplir el fallo. En ese sentido, las resoluciones intermedias dictadas después de concluido el juicio dentro del periodo de ejecución de sentencia no son combatibles a través del juicio de amparo, pues el legislador ha previsto con ello que se evite el abuso del juicio de amparo con detrimento de los procedimientos de ejecución de sentencias cuyo contenido interesa de sobremanera a la sociedad se cumplan los fallos emitidos por los órganos jurisdiccionales; supuestos en que, de tolerarse la procedencia, resultarían conducentes a la obstaculización en el cumplimiento de sentencias ejecutorias entorpeciendo el mandato expreso y categórico del artículo 17 de la Constitución Federal. Por lo anteriormente expuesto, se concluye que el reclamo en amparo de aquellos actos pronunciados en ejecución de sentencias, de conformidad con lo preceptuado en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, debe hacerse hasta que culmine el periodo de ejecución respectivo, lo que acontece hasta en tanto haya una resolución que declare cumplida la sentencia; o, se reconozca la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, o bien, ordenen el archivo del procedimiento. Apoya lo antes considerado la Jurisprudencia número 1ª./J.29/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11 del tomo XVIII, junio de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA"; también resulta ilustrativa en torno al argumento que se viene formulando, la tesis 2ª.VIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230 del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS." Igualmente conviene traer a glosa el contenido de la Jurisprudencia número P./J. 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31 del tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA". Atento a lo manifestado en párrafos precedentes, se estima actualizada en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley que rige el juicio constitucional, ya que el quejoso reclama el auto de once de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio sumario civil 681/2018, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán, que sobre división y partición de cosa común promovió el ahora quejoso frente a María Serafín Fabián, mediante el cual, el Juez responsable en ejecución de la sentencia dictada en tal contradictorio, determinó que no ha lugar a lo solicitado por el ahora quejoso, esto es, autorizar las adjudicaciones de las fracciones del inmueble a que se refiere el peritaje rendido en el referido juicio, para su debida protocolización, toda vez que el dictamen emitido por la perito Nohemí Betancour Mora, no se encuentra motivado, por lo que determinó no concederle valor probatorio; contradictorio en el que el ahora quejoso tiene el carácter de parte actora y se encuentra en ejecución de sentencia. De lo anterior se colige que el acto reclamado en esta instancia constitucional fue dictado en la etapa de ejecución de la sentencia, ya que como aduce el agraviado bajo protesta de decir verdad el diecisiete de julio de dos mil diecinueve, se dictó sentencia definitiva, declarando fundada la acción ejercitada, dentro del juicio sumario civil, sobre división y partición de cosa común 681/2018, misma que fue confirmada por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo; procedimiento que a la fecha se encuentra en ejecución de sentencia, por lo que en el caso el juicio de amparo deviene improcedente. Por las consideraciones antes expuestas, toda vez que el acto aquí reclamado no deriva de un procedimiento de remate, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV segundo párrafo, este último aplicado a contrario sensu, así como los preceptos 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. PRECISIÓN. Sin que se tenga señalando como medio de contacto el correo electrónico que refiere la parte quejosa señala, toda vez que de la demanda no se advierte que lo haya señalado. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que una vez que se normalicen las labores en este órgano jurisdiccional, el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este incidente de suspensión en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). SE GIRA DESPACHO NOTIFICAR QUEJOSA. Toda vez que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, empero, dada la trascendencia del presente proveído, y como de la demanda se advierte como domicilio particular del quejoso el ubicado en el Portal Guerrero numero 18 interior 9 de Los Reyes Michoacán; por tanto, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria líbrese atento despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Los Reyes, Michoacán, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda para que, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, notifique este acuerdo a la parte quejosa Claudio Rosales Serafín, en cuanto albacea provisional de la sucesión a bienes de María Guadalupe Serafín Fabián, promovente del presente juicio por conducto de su apoderado jurídico Jorge Eduardo Ramos Chávez, en el domicilio señalado. Asimismo, lo prevenga para que dentro del término de tres días, computados legalmente, designe domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, donde oír y recibir notificaciones personales; bajo apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes le serán realizadas por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo. Hágase saber al Juez despachado, que de conformidad con el artículo 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordene la diligencia respectiva en los términos indicados; de igual forma, hágasele del conocimiento, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, remita las constancias al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, en atención a lo establecido en el Acuerdo General 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y de medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE EL AUTO RELATIVO. Si se alega la falta de notificación personal del auto que tuvo por no interpuesta la demanda de amparo, cabe decir que como en el auto recurrido se tiene por no interpuesta la demanda de amparo, es de considerarse que con ello se afecta a la parte quejosa en el procedimiento tutelar de sus garantías constitucionales, por lo que el C. Juez de Distrito, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Amparo, debió ordenar que la notificación de que se trata se hiciera en forma personal." FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; por despacho a la parte quejosa.
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