Claudio Rodrigo Herrera Rodriguez
Expediente 786/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 786/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Claudio Rodrigo Herrera Rodriguez
- Titular del Area de Responsabilidades del Organo Interno de Control En el Instituto Mexicano del Seguro Social
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Como del estado procesal que guardan los autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, el original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de DESTRUCCIÓN, dado que se sobreseyó en el juicio principal, y se negó la suspensión provisional del acto reclamado así como la definitiva, lo anterior en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diez de diciembre de dos mil doce. Asimismo se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este juzgado
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponde el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Secretaria de Acuerdos, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo de oficio número 5054 con el cual se le devolvieron las constancias requeridas, mismo que le fue remitido en atención al proveído de veinticinco de abril pasado; lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
Como se advierte de la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas recurrieran la resolución de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86 de la ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que a la letra dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Finalmente, devuélvase al Presidente de la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, las constancias requeridas, solicitándole el acuse de recibo correspondiente; en el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días se deducirá que lo recibió a su entera satisfacción.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Jefe de Administración Centro Histórico del Servicio Postal Mexicano Correos de México, con sede en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, remite la pieza postal "acuse de recibo", relativo al oficio número 1323, con el cual se le notificó a la autoridad responsable Secretario de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, la sentencia dictada en autos; asimismo se advierte que la pieza postal "acuse de recibo" relativa al oficio número 1324 fue devuelta a este órgano jurisdiccional. Por otra parte, se tiene por recibido el sobre cerrado registrado con el folio 5163 que remite la autoridad antes citada, mismo que contiene el oficio número 1324 dirigido al Subsecretario de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, con la anotación al reverso "REHUSADO POR OFICIALIA DE PARTES DE GOBERNACION PORQUE EL DESTINATARIO NO CORRESPONDE AL DOMICILIO CITADO"; sin embargo, como de autos se advierte que la denominación correcta es Secretario de Gobernación del Gobierno Federal, con sede en la Ciudad de México, en obvio de mayores dilaciones reenvíese nuevamente el oficio de referencia a la denominación correcta.
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