Claudio Reynoso Martínez
Expediente 303/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 303/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Claudio Reynoso Martínez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que fue ejercido por la parte tercero interesada; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo a la parte quejosa para el efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: ". En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación, lo procedente es conceder el amparo solicitado para el efecto de que el juez responsable deje sin efectos todo lo actuado en el juicio de origen y proceda a emplazar al quejoso, con la finalidad de que haga valer sus derechos respecto del inmueble reclamado. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución, por ser una consecuencia legal de la protección constitucional. ...". Determinación la cual fue recurrida por la parte tercera interesada y por razón de turno correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, con sede en esta Ciudad, quien lo registró bajo el amparo en revisión civil 171/2021 y mediante ejecutoria de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, determinó declarar fundado el incidente de falsedad de firma y desechó el recurso de revisión. Por lo anterior, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable mediante oficio 69 de quince de febrero de dos mil veintidós y 109 de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, por los cuales respectivamente remitió copia certificada del auto de quince de febrero de dos mil veintidós por el cual ordenó dejar sin efectos todo lo actuado en el juicio de origen 18/2019, e incluso la diligencia de desalojo, y ordenó emplazar al tercero extraño a juicio, tan es así que el veintitrés de febrero de dos mil veintidós le restituyen del inmueble materia de desalojo, y el mismo día mes y año antes citado se emplazó a juicio a dicho tercero extraño; constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a las partes. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que por auto de quince de febrero de dos mil veintidós ordenó dejar sin efectos todo lo actuado en el juicio de origen 18/2019, e incluso la diligencia de desalojo, y ordenó emplazar al tercero extraño a juicio, tan es así que el veintitrés de febrero de dos mil veintidós le restituyen a la parte quejosa el inmueble materia de desalojo, y el mismo día mes y año antes citado se emplazó a juicio a dicho tercero extraño. Por lo anterior, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable al resultar fundado el concepto de violación, lo procedente es conceder el amparo solicitado para el efecto de que el juez responsable deje sin efectos todo lo actuado en el juicio de origen y proceda a emplazar al quejoso, con la finalidad de que haga valer sus derechos respecto del inmueble reclamado, concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución, por ser una consecuencia legal de la protección constitucional. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, acredita que por auto de quince de febrero de dos mil veintidós ordenó dejar sin efectos todo lo actuado en el juicio de origen 18/2019, e incluso la diligencia de desalojo, y ordenó emplazar al tercero extraño a juicio, tan es así que el veintitrés de febrero de dos mil veintidós le restituyen a la parte quejosa del inmueble materia de desalojo, y el mismo día mes y año antes citado se emplazó a juicio a dicho tercero extraño; constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a las partes. Ahora no para desapercibido para quien resuelve las manifestaciones que vierte la tercero perjudicada consistente en que no se debe tener por cumplida la ejecutoria de amparo en atención que la autoridad responsable se excedió en el cumplimiento, toda vez que en ninguna parte de los lineamientos se ordenó poner en posesión del bien inmueble motivo de la controversia a la parte quejosa, realizando además una incorrecta interpretación de la ejecutoria de amparo, los cuales resultan claros al establecer el ahora quejoso fuera llamado como tercero en el juicio especial de desahucio, tan es así que en el presente juicio por acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintidós le solicitó a la autoridad responsable remitiera copia certificada de las constancias idóneas si procedió a emplazar la parte quejosa, ya que no se debe perder de vista que en materia civil no existe la suplencia de la queja para las partes dentro de un juicio de amparo por ser una materia de estricto derecho. Así también, sigue diciendo el tercero interesado que el bien inmueble de controversia debe de ser restituido a la demanda en el juicio natural arrendataria de origen y no al aquí quejoso, y no como indebidamente fue restituido al ahora quejoso del inmueble de su propiedad de la tercero interesada, ya que también cuenta con una escritura pública para acreditar la propiedad del inmueble en controversia. Ahora, contrario en sus manifestaciones y a criterio de quien resuelve sus argumentos son inoperantes, en atención que todo lo anterior fue en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, es decir, dejar sin efectos todo lo actuado en el juicio natural por lo que hace al aquí quejoso y sea llamado a juicio y como consecuencia restablecer las cosas el momento de la violación reclamada en el presente juicio de amparo, tan es así como lo señaló el juez natural en el acuerdo que emite en cumplimiento a la ejecutoria de amparo ordenó restituir al quejoso el inmueble del que fue desalojado y no a la parte demandada en el juicio de desahucio, tan es así que lo anterior se corrobora en el informe justificado donde se señala que en ejecución forzosa desalojan al ahora quejoso cuando en el amparo se analizó que no fue llamado a juicio siendo por ello uno de los lineamientos de la ejecutoria de amparo, es decir, en restituir dicho inmueble, tan es así que se indicó en sus efectos que se debía proceder a emplazar a juicio al ahora quejoso, más no se dijo que únicamente se ordenara su emplazamiento sino procediera a emplazarlo para ser oído en juicio, lo cual así aconteció, siendo por ello el requerimiento que se emitió en el periodo de ejecución de la sentencia protectora, por lo anterior sus controversias que ahora alega son cuestiones de fondo que ya no pueden ser analizadas en el presente estudio de cumplimiento, ya que de hacerlo se dejaría en estado de indefensión a las partes, por ello como se precisó en la ejecutoria y ahora lo confirma en su escrito que se acuerda, donde refiere también tiene derecho sobre el inmueble materia de controversia, por lo anterior en todo caso en dicho juicio natural es donde se va a controvertir a quién le asiste mejor derecho y no en el presente estudio de cumplimiento de ejecutoria de amparo, tan es así que por eso se ordenó emplazar al ahora quejoso, quién acreditó su posesión del inmueble materia de controversia en el juicio natural, máxime que en los efectos del amparo se precisó lo siguiente: ".Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución, por ser una consecuencia legal de la protección constitucional.". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los párrafos que anteceden y a lo que establece el artículo el artículo 18, fracción I, inciso a), y 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Por otra parte, con apoyo en el artículo 21 inciso c), en el término señalado en su oportunidad, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que, tanto la suspensión provisional como la definitiva se determinó negarlas. En atención que dicho Incidente (duplicado y original) de suspensión carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que en los términos señalados respectivamente pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diez de marzo de dos mil veintidós Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintiocho de febrero de dos mil veintidós; en consecuencia, de conformidad con los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se le tiene a la parte quejosa, interponiendo recurso de queja, en contra del auto mencionado; por tal motivo, de conformidad con el artículo 101, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes, corriéndoles traslado con copia del escrito de agravios, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación hecha de dicho auto, señalen las constancias que en su caso desean sean remitidas en copia certificada para la substanciación de dicho recurso, con el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento este juzgado remitirá las que considere necesarias para su resolución. Finalmente, una vez que esté integrado el citado recurso, ríndase el informe respectivo remitiendo copia certificada de las constancias que en su caso se señalen y las que este juzgado considere necesarias para su resolución. Notifíquese Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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