Claudio Pacheco Altamirano y Otros.
Expediente 879/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 879/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Claudio Pacheco Altamirano y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA I B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siete de junio de dos mil dieciséis. Agréguese el oficio 2761, suscrito por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz; visto su contenido, téngasele acusando recibo del diverso 32613/2016, a través del cual se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 879/2016 del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por el quejoso Claudio Pacheco Altamirano, al haberse declarado este órgano jurisdiccional legalmente incompetente, para conocer de dicha demanda; asimismo, comunica que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto, juicio de amparo que se advierte quedó registrado con el número 233/2016. Ahora bien, en virtud de que no existe determinación pendiente que cumplimentar; con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese este cuaderno como concluido. Por otra parte, se estima que este cuaderno de antecedentes carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento; por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a su destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA I B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil dieciséis. De las constancias que obran en autos, se advierte que Claudio Pacheco Altamirano, promovió demanda de amparo contra actos de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de quien reclamó la resolución de catorce de noviembre de dos mil catorce, dictada en el toca penal 581/2014, por la que se le dictó auto de formal prisión, como probable responsable en la comisión del delito de despojo agravado, cometido en agravio de Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera. Ahora, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El numeral transcrito revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en el juicio constitucional, de suerte que en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces Federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Así, como se adelantó, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los Jueces de Distrito; entonces, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, debe establecerse que es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito, es decir, es Juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado; sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen, traten de realizarse o se hayan realizado, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente, se ejecuten o se hayan ejecutado, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, por lo que la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones a prevención, esto es, de quien previno primero en el conocimiento del asunto. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se haya presentado la demanda de amparo. Establecido lo anterior, debe destacarse que como ya se indicó el peticionario del amparo, esencialmente, reclama a través del presente juicio de amparo la resolución de catorce de noviembre del dos mil catorce, dictada en el toca penal 581/2014 del índice de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por la que se le dictó auto de formal prisión, como probable responsable en la comisión del delito de despojo agravado, cometido en agravio de Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera. Asimismo, de las constancias remitidas por la Sala responsable como justificación de su informe, relativas a la causa penal 01/2014 del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de San Pedro Pochutla, Oaxaca, se aprecia que el quejoso Claudio Pacheco Altamirano, se encuentra en libertad. Ahora, en la población de San Pedro Pochutla, ejerce jurisdicción los Juzgados Sexto y Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, conforme a lo establecido en el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, se establece lo siguiente: XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO:(...) Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: (...) San Pedro Pochutla, (...). Ahora bien, en el caso, la residencia del Juzgado de Primera Instancia que conoce del proceso penal, en el que la Sala responsable emitió el auto de formal prisión, que constituye el acto reclamado, se encuentra en la población de San Pedro Pochutla, la cual está dentro de la circunscripción territorial en la que los Juzgados Sexto y Séptimo de Distrito con sede en Salina Cruz, Oaxaca, ejercen jurisdicción; por consiguiente, con fundamento en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, se estima que en el caso, es competente el Juez de Distrito en turno con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, porque es en esa jurisdicción donde tiene ejecución el acto reclamado. Es aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 1ª./J. 147/2005, que se lee en la página 174, Tomo XXIII, enero de 2006, Materia Penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. En tal medida, y toda vez que este expediente se tramita sin incidente de suspensión, con apoyo en lo previsto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado se declara de plano legalmente incompetente para seguir conociendo del presente juicio de amparo, a favor del Juez de Distrito en turno, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, por lo que se ordena remitir el juicio de amparo en que se actúa y dos cuadernos de prueba para que en el término legal manifieste si acepta o no la competencia propuesta. Con copias de la boleta de registro, escrito de demanda de amparo y este auto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Por tanto, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (10:00 horas del 8 de junio de 2016 -foja 13-). Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Piedad Guadalupe Jiménez Santiago, que autoriza y da fe.
- Principal
MNESA III A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil dieciséis. Visto el escrito de la parte quejosa, por el que realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento efectuado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en su atención, resérvese acordar lo procedente, hasta en tanto transcurra el término de tres días concedido en proveído de doce del actual, para tal efecto.
- Principal
MESA I B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la Magistrada y Magistrados Integrantes de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residentes en esta ciudad; con el cual, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Toda vez que como justificación de su informe remite el original del toca penal 581/2014 de su índice, relativa al acto reclamado, apertúrese el anexo I, respetando folio, entresello y rúbrica asignados.
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