Claudio Nellen Layon

Expediente 1529/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1529/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Claudio Nellen Layon

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio ***/2023 signado por el Actuario del Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del conflicto competencial suscitado entre este juzgado federal y el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa. Asimismo, informa que se admitió a trámite y se radicó bajo el expediente número ********************; circunstancia de la cual queda enterado este Juzgado Federal.

  2. Principal

    (3)...Agréguese el oficio ...signado por la Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; mediante el cual informa que toma conocimiento del auto de once de septiembre del año en curso, dictado en el juicio de amparo del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, en el que se determinó no aceptar la competencia declinada por el homólogo; asimismo, refiere que insiste en declararse legalmente incompetente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo ....de su índice, por lo cual, remitió dicho expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para que tenga a bien resolver el conflicto competencial planteado. Circunstancia, de la cual queda enterado este juzgado federal.

  3. Principal

    (3) Visto el oficio 43887/2023 signado por la Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual, solicita a este Juzgado Federal se le informe el trámite que se le dio a la incompetencia planteada; asimismo, adjunta digitalización del juicio de amparo indirecto ******************** del índice del órgano de su adscripción, promovido por **********; en atención a lo que solicita, hágasele del conocimiento la decisión que se adoptara en el presente proveído, y acúsese recibo de estilo. Decisión sobre la acción de amparo. Ahora bien, de las constancias remitidas, se advierte que en proveído de treinta de agosto de dos mil veintitrés, el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para seguir conociendo del juicio de amparo ******************** de su índice, ya que aduce que el acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad y/o desaparición forzada del aquí quejoso *********, tiene ejecución material en esta ciudad, por lo que estima que no es competente para conocer del asunto de referencia, conforma lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, considerando que la competencia se surte a favor de un Juzgado de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en esta ciudad. Contrario a lo aseverado por el homólogo oficiante, uno de los actos reclamados en el asunto que se analiza consiste en la desaparición forzada de persona, el cual puede tener ejecución en más de un distrito, ya que la desaparición forzada de personas es un delito de naturaleza permanente o continua, en el que predomina la falta de información de las autoridades estatales acerca del paradero de la persona o la negativa a reconocer la comisión del ilícito, por lo que no siempre es posible determinar con certeza las autoridades responsables ni el lugar o lugares donde se esté ejecutando; de ahí que, como se verá, resulta ser competente el juez de distrito ante el que se presentó la demanda que nos ocupa. En efecto, la competencia para conocer del juicio de garantías promovido en contra de dichos actos y/o conductas, se debe establecer en base a la regla fijada en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Así es, el artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor, establece: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Precepto transcrito que establece tres supuestos conforme a los cuales debe fijarse la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: -El Primero, consistente en que la competencia para conocer del juicio de amparo se surtirá a favor del que resida en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, en donde trate de ejecutarse, en el que se ejecute o ya se haya ejecutado; -El segundo, se refiere a los casos en que el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, y/o que puede ejecutarse en más de un distrito, hipótesis en la cual, el juez federal competente será aquel ante el que se hubiere presentado la demanda; y, - El tercero, se actualiza ante la ausencia de ejecución material de la resolución reclamada, en cuyo caso será competente el Juez Federal ante el que se hubiere presentado la demanda. De lo anterior se obtiene que el lugar de ejecución del acto impugnado juega un papel preponderante para determinar la competencia por territorio de los Jueces Federales. Por tanto, si en el caso ha quedado precisado que los actos que a través de esta vía excepcional se combaten, pueden tener ejecución en más de un distrito, por ende, en dicha hipótesis es competente para conocer del mismo el Juez de Distrito de la jurisdicción en donde se haya presentado la demanda de amparo, por lo que, es inconcuso que quien debe conocer y resolver del presente juicio constitucional es el Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. A fin de fortalecer lo anterior, conviene señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 261/2018, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, en lo que aquí interesa adujo: "Para determinar qué órgano jurisdiccional es competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que se presenta en contra de la desaparición forzada de una o varias personas, es menester considerar el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual distingue tres reglas básicas: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Es juez competente aquel ante el que se presente la demanda de amparo, si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. Es juez competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. A efecto de determinar cuál de estas reglas resulta aplicable al supuesto que nos ocupa, resulta importante reiterar que la desaparición forzada es un delito de naturaleza continua, constituido por los siguientes elementos: La privación de la libertad. La intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de éstos. La negativa de reconocer la detención de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. De lo anterior se desprende que la ejecución del acto reclamado que nos ocupa no se lleva a cabo en un momento único, ni puede entenderse exclusivamente a través de la privación de la libertad de una o más personas, sino que continúa ejecutándose hasta en tanto se tenga la información necesaria para precisar el paradero de la víctima. En este sentido, tanto los instrumentos nacionales como internacionales son coincidentes en el sentido de que el delito de desaparición forzada continúa ejecutándose hasta en tanto la suerte y el paradero de la persona desaparecida no se hayan determinado. Ahora bien, dado que la desaparición forzada se caracteriza por la falta de información acerca del paradero de la persona, no es factible exigirle al quejoso que precise con toda certeza quienes son las autoridades responsables o el lugar en donde se está ejecutando el delito. Esto es, atendiendo a la naturaleza y los elementos que componen el delito en estudio, se concluye que al momento de la presentación de la demanda de amparo no es posible determinar con toda certeza cuáles son las autoridades responsables, ni precisar con exactitud donde se están ejecutando los hechos constitutivos del delito. Si bien la persona que presenta la demanda de amparo pudiese tener indicios de dichos elementos, lo cierto es que ello debe concatenarse con el hecho de que el acto reclamado es susceptible de materializarse en diversas jurisdicciones y por distintas autoridades, por lo que su dicho no es suficiente para poder concluir que las investigaciones correspondientes concluirán en el sentido de que el acto únicamente se llevó a cabo en un solo lugar o por una sola autoridad. Ante tal circunstancia, toda vez que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o incluso puede comenzar a ejecutarse en uno de ellos y continuar ejecutándose en otro, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, en términos del artículo 37, fracción II, de la Ley de Amparo, resulta competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo que se presenta en contra de hechos presuntamente constitutivos de desaparición forzada, el juez ante quien se presente la demanda respectiva. La conclusión alcanzada en esta resolución facilita que los familiares u otras personas allegadas a la víctima de desaparición forzada puedan acceder de manera rápida y eficiente a un recurso judicial efectivo. En efecto, en el artículo 24 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, se establece que por "víctima" debe entenderse a la persona desaparecida, así como a toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada. En ese sentido, conforme al precepto en comento, cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida. Por ende, todos los Estados deben tomar todas las medidas apropiadas para salvaguardar dicho derecho. Conforme a lo anterior, podemos distinguir dos categorías de víctima: directas e indirectas. La víctima directa en este delito es aquella persona desaparecida, mientras que la indirecta es toda persona que sufra un perjuicio inmediato con motivo de la desaparición forzada de otra persona. En ese mismo sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en la sentencia correspondiente al caso Blake vs. Guatemala que, de conformidad con el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los familiares de Nicholas Blake tenían el derecho a que su desaparición y muerte fueran efectivamente investigadas por las autoridades estatales, se siguiera un proceso contra los responsables, en su caso, se impusieran las sanciones pertinentes, así como la indemnización de daños y perjuicios que sufrieron los familiares. Aunado a lo anterior, en sede nacional, en el artículo 4 de la Ley General de Víctimas, se precisa que se denominan víctimas directas a aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otra parte, se identifica a las víctimas indirectas como los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella y; a las víctimas potenciales como las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. Dicho carácter de víctima, en términos de la legislación en comento, se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la misma Ley General de Víctimas, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. En atención a lo previamente expuesto, es dable desprender que la conclusión alcanzada en la presente resolución resulta en un mayor beneficio para las víctimas indirectas de la desaparición forzada que se reclama en un juicio de amparo indirecto, así como en una mayor protección de sus derechos reconocidos tanto en sede nacional como internacional, puesto que se asegura que la persona que presenta la demanda de amparo indirecto tenga un acceso más allanado al juicio de amparo y pueda participar de manera inmediata en él, de tal modo que pueda acceder de manera personal al expediente, obtener copias, ventilar su opinión, recibir información directa, aportar pruebas, formular alegatos y, en general, hacer valer sus derechos de manera eficaz. El criterio que se sostiene en la presente ejecutoria coincide, además, con las recomendaciones que en materia de desaparición forzada de personas han emitido los organismos internacionales, en particular, que la legislación de amparo considere un concepto amplio de víctima y que no establezca exigencias gravosas sobre circunstancias tales como la identificación del lugar de la detención o la determinación de la autoridad responsable. No pasa desapercibido que, por la propia naturaleza de la desaparición forzada, el juez que conozca de la demanda amparo, en ejercicio de sus funciones de investigación y en atención a los protocolos que decida aplicar, deberá recabar diversos medios probatorios o llevar a cabo actuaciones en lugares distintos al lugar de su residencia y que, inclusive, deberá informar a las autoridades administrativas competentes en relación a la desaparición del quejoso, como por ejemplo, a la Comisión Nacional de Búsqueda prevista en el artículo 50 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. En este sentido, subsiste un deber de auxilio a cargo de todos los órganos de gobierno para que el juez competente pueda allegarse de la información necesaria para determinar cuál es el paradero de la víctima del multicitado delito. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en señalar que, si bien en ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra derechos de una persona, la obligación relativa a investigar estos hechos debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio, y no como una mera gestión de intereses particulares que dependa exclusivamente de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares, o de la aportación privada de medios probatorios, sino que la autoridad pública debe buscar efectivamente la verdad. Dicho deber subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida. Así las cosas, a efecto de salvaguardar los derechos de las víctimas, tanto directas como indirectas, en los casos de desaparición forzada, todas las autoridades están vinculadas a colaborar de manera pronta y expedita con el juez ante quien se haya radicado el juicio de amparo indirecto, utilizando todos medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones e investigaciones que se requieran para esclarecer la suerte de las víctimas, prevaliéndose para ello de medios de comunicación tradicionales o electrónicos oficiales e, inclusive, a través del apercibimiento judicial respectivo, para logar, en su caso, la comparecencia del quejoso ante la autoridad judicial, como un auténtico habeas corpus. La consecuencia fáctica del criterio que se sostiene en la presente ejecutoria trae consigo evitar la existencia de conflictos competenciales por razón de territorio cuando el acto reclamado es la desaparición forzada de una persona, con lo cual se allana el procedimiento respectivo en favor de las víctimas." Razonamientos de los que se evidencia que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que tratándose de desaparición forzada de personas, la competencia para conocer de la demanda de amparo presentada en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito ante quien se promueve, en razón de que se actualiza el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, que dicho acto pude ser ejecutado en más de un distrito judicial. Argumentos que dieron lugar a la jurisprudencia de la décima época de rubro, texto y datos de localización siguientes: "Registro digital: 2021221 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 83/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 224 Tipo: Jurisprudencia DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN SU CONTRA, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO ANTE QUIEN SE PROMUEVE. La desaparición forzada de personas es un delito de naturaleza permanente o continua, en el que predomina la falta de información de las autoridades estatales acerca del paradero de la persona o la negativa a reconocer la comisión del ilícito, por lo que no siempre es posible determinar con certeza las autoridades responsables ni el lugar o lugares donde se esté ejecutando. Ante tal circunstancia, toda vez que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o incluso puede comenzar a ejecutarse en uno de ellos y continuar ejecutándose en otro, se concluye que en términos del artículo 37, fracción II, de la Ley de Amparo, es competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que se presenta en contra de hechos presuntamente constitutivos de desaparición forzada, el juez ante quien se presente la demanda de amparo. Lo anterior, incluso, redunda en un mayor beneficio para las víctimas indirectas, puesto que se asegura que la persona que presenta la demanda de amparo indirecto tenga un acceso más allanado al juicio de amparo y pueda participar de manera inmediata en él, de tal modo que no se establezcan exigencias gravosas sobre circunstancias tales como la identificación del lugar de la detención o la determinación de la autoridad responsable, acceda de manera personal al expediente, obtenga copias, exprese su opinión, reciba información directa, aporte pruebas, formule alegatos y, en general, haga valer sus derechos de manera eficaz. En paralelo, subsiste un deber de auxilio a cargo de todos los órganos de gobierno, para que el juez competente pueda allegarse de la información necesaria para determinar cuál es el paradero de la víctima del multicitado delito y en su caso, obtenga su comparecencia, como un auténtico habeas corpus." No pasa desapercibido, que la autoridad oficiante refiera que el quejoso se encuentra ingresado en una clínica en Tizayuca, Hidalgo, cuestión que estima determinante para sostener su incompetencia; sin embargo, incluso hasta este momento procesal no se tiene elementos que permitan determinar donde comenzaron a realizarse los actos que dieron origen a su estancia en la indicada clínica, por lo que el hecho de que actualmente su estancia sea en una clínica de Tizayuca, Hidalgo, no es un dato que determine la competencia de este órgano jurisdiccional. En consecuencia, como se adelantó, si uno de los actos reclamados se hace consistir en la desaparición forzada de personas, acto que puede tener ejecución en más de un distrito, o incluso puede comenzar a ejecutarse en uno de ellos y continuar ejecutándose en otro, se concluye que, quién debe conocer de la demanda de amparo es el juez ante quien se presentó la misma. Lo anterior es así, pues se concluye que el texto del artículo 37 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, debe aplicarse de manera estricta a su texto, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico para desentrañar su sentido y alcance, pues en la condiciones anotadas, la intención del legislador quedó plasmada con toda claridad en el contenido de la norma. Así, con base a lo antes expuesto, es que se precisa que este Juzgado Federal no acepta la competencia planteada por el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Fórmese el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia de la demanda y de este proveído, y mediante oficio, devuélvase los autos del presente asunto, que contiene el diverso juicio de amparo ********************, al Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, solicitando atentamente ordene a quien corresponda, remita el acuse de recibo correspondiente. Sin que haya lugar a notificar personalmente este proveído a la parte quejosa, en virtud de que en atención a lo determinado en el presente asunto, es inconcuso que este juzgador no se vinculó con el procedimiento.

  4. Principal

    (5) Visto el ocurso signado por ********************autorizada de la tercera interesada ********************; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 81 fracción I, inciso a), 84, 86, 88 y 90 de la Ley de Amparo, se tiene a la citada parte procesal interponiendo recurso de revisión en contra de la suspensión definitiva dictada el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés; por tanto, con copia simple del escrito de agravios, córrase traslado a las partes y fórmese cuaderno de antecedentes. Oportunamente, una vez que el presente expediente se encuentre integrado y sean agregadas las constancias con las cuales se acredite la notificación a las partes de la determinación que se combate, así como de la interposición del recurso que se hace valer, remítase el original del cuaderno de suspensión en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Noveno Circuito con residencia en esta ciudad, para los fines pertinentes sobre el trámite y resolución del recurso interpuesto.

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