Claudio Leopoldo Cruz Toto
Expediente 785/2014 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 785/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/01/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Claudio Leopoldo Cruz Toto
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por el licenciado Juan Humberto Borrego Garza, en su carácter de autorizado del quejoso Claudio Leopoldo Cruz Toto, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; en su atención, se provee: Téngase a la parte quejosa manifestando bajo protesta de decir verdad, que el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal de esta ciudad, ordeno la entrega del vehículo de su propiedad, marca Dodge Atos, modelo 2009, color azul, serie número MALAB51H29M381207, con placas de circulación del Estado de Coahuila, número 2578CTD, materia del acto reclamado, y para corroborar su dicho exhibe copia del oficio 15/2015-D, que se libró al Encargado del Lote Particular Grúas y Talleres del Norte de Piedras Negras, Coahuila, en esta ciudad; motivo por el cual, manifiesta que ha cesado el acto reclamado. Por otra parte del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil catorce, ante la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, la parte quejosa Claudio Leopoldo Cruz Toto, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable Agente Investigador del Ministerio Público para Asuntos Viales, en esta ciudad, y otra autoridad, por los actos siguiente: "ACTOS RECLAMADOS: A).- Reclamo del e. AGENTE INVESTIGADOR DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA ASUNTOS VIALES DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, la Negativa de Devolución en Depositaria del Vehículo dc mi propiedad Marca Dodge Atos, Modelo 2009, Color Azul, Serie número MALAB5IH29M381207, con Placas de Circulación del Estado de Coahuila NÚMERO 2578CTD, dentro del Acta Circunstanciada número 981/2014, instruida en contra del C. SANTIAGO CHAVEZ GONZALEZ por el Delito de Daños Culposas, en perjuicio del señor JUAN ANTONIO ZAV ALA IRUEGAS; Reclamando también la negativa en su caso de garantizar los Daños causados con el vehículo de mi propiedad mediante Póliza de Fianza que expida Compañía Afianzadora debidamente autorizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para expedir Pólizas de Fianza; reclamando también el hecho de que se pretenda consignar el expediente a cualquiera de los Agentes del Ministerio Públicos adscritos a los Juzgados Segundo y Terceros de Primera Instancia en Materia Penal de esta ciudad, a efecto de hacer nugatorio mi derecho de devolución como Depositario del Vehículo de mi propiedad. B).- Del C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, Reclamo la Orden, Acuerdo o Resolución, Escrita o Verbal, girada al C. Agente Investigador del Ministerio Publico de Asuntos Viales de Piedras Negras, Coahuila, para que se me niegue la Devolución en Depositaria del Vehículo de mi propiedad Marca Dodge Atos, Modelo 2009, Color Azul, Serie número MALAB51H29M381207, con Placas de Circulación del Estado de Coahuila número 2578CTD dentro del Acta Circunstanciada número 981/2014, instruida en contra del señor SANTIAGO CHAVEZ GONZALEZA por el Delito de Daños Culposos, en perjuicio del señor JUAN ANTONIO ZAVALA IRUEGAS; Reclamando también la Orden, Acuerdo o Resolución, Escrita o Verbal, para que se me Niegue en su caso el Derecho de Garantizar los Daños causadas con el vehículo de mi propiedad, mediante Póliza de Fianza que expida Compañía Afianzadora debidamente autorizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para expedir Pólizas dc Fianza.". As su vez del informe justificado que rindió el Agente responsable, se desprende que la averiguación previa penal se consignó ante al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal con sede en esta ciudad. De lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el numeral 61 de dicha ley, la cual por ende acarrea el sobreseimiento del juicio de amparo. En el caso, de las constancias que integran el presente asunto, en especial del oficio 0272015-D, se advierte que el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, comunicó que el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, se radicó ante el juzgado a su cargo la causa penal 185/2014, que se instruye en contra de Santiago Chávez González, por el delito de daños de tipo culposos; con motivo de ello, el Agente del Ministerio Público para Asuntos Viales puso a su disposición el vehículo marca Dodge, tipo Atos, modelo 2009, color azul glaciar, con placas de circulación 2578 CTD del Estado de Coahuila, el cual fue depositado en el lote particular de Grúas y Talleres del Norte, con el número de inventario A-1372; comunicando además, que ninguna persona se había presentado ante esa autoridad para gestionar trámite alguno para la devolución del referido vehículo (fojas 29 a 32). A su vez, del escrito de cuenta, se desprende que el autorizado del quejoso bajo protesta de decir verdad manifiesta que se entregó al peticionario de amparo el vehículo marca Dodge, tipo Atos, modelo 2009, color azul glaciar, con placas de circulación 2578 CTD del Estado de Coahuila, lo que se corrobora con el oficio 15/2015-D, que el referido Juez libró al Encargado del lote particular Grúas y Talleres del Norte, de esta ciudad, a fin de que hiciera entrega al aquí quejoso del vehículo en mención, por no ser necesaria su retención. En esa testitura, se advierte de manera indudable la actualización de una causal de improcedencia, la cual se invoca previamente a la celebración de la audiencia constitucional, atendiendo al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente: En efecto, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Es así, dado que del anexo que se acompañó al escrito de cuenta, se advierte que se ordenó la devolución del vehículo materia del acto reclamado a la parte quejosa, librándose al efecto el oficio respectivo al Encargado del lote particular Grúas y Talleres del Norte, de esta ciudad. Documental que por tener el carácter de pública se le concede valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129, 202 y 207, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." En el caso, el que ahora resuelve advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Así, a guisa de ejemplo se obtiene que, bien puede ocurrir que en el supuesto de instaurarse una demanda de garantías contra una clausura por tiempo indefinido practicada por una autoridad administrativa respecto de un local comercial, substanciado el amparo, la responsable advirtiera la inconstitucionalidad del acto y decidiera de motu propio levantar el estado de clausura reclamado, a fin de evitar mayores daños y perjuicios al quejoso, caso en el que cobra aplicación el supuesto jurídico en examen; o también pudiera actualizarse, de darse el caso que la ley que contemplaba la disposición incumplida que conllevó a la clausura o la norma que faculta a la autoridad administrativa a imponer esa sanción se derogue. De manera que por cualquiera de los citados supuestos, se llega a la conclusión de que han cesado los efectos del acto reclamado de manera total e incondicional y por consecuencia, se restituye al quejoso en la esfera jurídica de sus garantías, como si se le hubiera concedido el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza causal analizada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales del quejoso, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Ahora bien, no debe confundirse la cesación de los actos reclamados, con la consumación de éstos, dado que ésta, implica la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, cuya diferencia reside en que si bien, ambas son semejantes en cuanto a que durante la secuela del juicio de amparo desaparece el acto reclamado, el distintivo de la fracción XVI, que el tildado de inconstitucional, se agota o consuma por virtud de haber transcurrido su vigencia o el tiempo de su validez, lo que entonces ocasiona que se deje de lesionar los intereses del particular, sin resarcirlo en sus derechos pues se dan como irreparables las afectaciones padecidas. Es decir, si el acto cuya constitucionalidad se controvierte, implica una sanción o restricción vigente al momento en que se promueve el juicio o éste se encuentra en trámite y, la vigencia de la medida reclamada o de la sanción se cumple en sus términos dando fin al acto y deja de irrogar un perjuicio alguno, con la diferencia que estos se consuman en perjuicio del quejoso, a diferencia de la cesación de efectos, el resultado de esta causal no devuelve las cosas al momento en que se encontraba hasta antes de la violación, quedando sin reparación alguna, contrario a la analizada causal que arriba al sobreseimiento. En el caso, del escrito de cuenta y del anexo consistente en el oficio 15/2015-D, de catorce de enero de dos mil quince, que el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en esta ciudad, libró al Encargado del lote particular Grúas y Talleres del Norte de Piedras Negras, Coahuila, en esta ciudad, se concluye que se hizo devolución al quejoso Claudio Leopoldo Cruz Toto, del vehículo automotor de que se trata. Lo que implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias, toda vez que de las constancias antes señaladas se aprecia que el vehículo materia del acto reclamado, fue entregado al quejoso restituyendo con ello, en el pleno goce de sus garantías, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose con ello, como se dijo, la causa de improcedencia antes analizada. Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, con rubro y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales circunstancias, lo procedente se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. Por lo anterior, se dejan sin efecto todas las providencias decretadas en el presente juicio, así como la fecha y la hora para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del veintiséis de enero de dos mil quince. Notifíquese; personalmente a las partes, y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Vista la cuenta; agréguese para que obre como corresponda el oficio 02/2015-D, signado por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña; en su atención, se provee: Téngase a la autoridad oficiante, desahogando el requerimiento que se le hizo en proveído de cinco de enero del año en curso, y al respecto informa que el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, se radicó ante ese juzgado la causa penal 185/2014, a través de la cual el Agente del Ministerio Público, puso a disposición el vehículo marca Dodge, tipo Atos, modelo 2009, color azul glaciar, con placas de circulación 2578 CTD del Estado de Coahuila, el cual se encuentra depositado en el lote particular de Grúas y Talleres del Norte bajo el número de inventario A-1372; sin que a la fecha nadie haya gestionado trámite alguno para su devolución, lo que acredita con las constancias que exhibe. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, se tuvo por recibido el informe justificado que rindió la autoridad responsable Agente Investigador del Ministerio Público para Asuntos Viales, con residencia en esta ciudad, del que se advierte que el once de noviembre de dos mil catorce, la referida autoridad turnó la averiguación previa penal número 1110/2014, al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Penal, que se instruyó en contra de Santiago Chávez González, por el delito de daños de tipo culposos en agravio de Juan Antonio Zavala Iruegas; asimismo se advierte, que dicha averiguación se remitió al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en esta ciudad (fojas 12 a 15). Circunstancia la anterior, con la que se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en esta ciudad; sin que a la fecha lo haya hecho; en consecuencia, requiérase al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, remita las constancias relativas al vehículo materia del acto reclamado, instruido al ahora quejoso, en especial, las concernientes a la entrega del mismo; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo vigente. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las once horas con treinta minutos del veintiséis de enero de dos mil quince, para su celebración. Notifíquese.
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