Claudio Julián Aquino

Expediente 669/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
669/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
28/01/2021

Partes del expediente

  • Claudio Julián Aquino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ya concluyó el plazo de diez días con el que la parte quejosa contaba para interponer el recurso de revisión previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo en contra de la sentencia que sobreseyó este juicio, sin que a la fecha aparezca que hiciera valer dicho medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en lo estatuido por los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del citado Acuerdo General, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del numeral 18 del acuerdo de observancia general señalado; en consecuencia, se estima que es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia dictada en este juicio de amparo. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte en el presente asunto se encontraban suspendidos los plazos y términos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte del Consejo de la Judicatura Federal. Dicha circular tuvo como objetivo el salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del citado Consejo, en la cual se determinó adoptar como medida especial el regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero pasado, lo cual ya aconteció; por ende, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo. En ese tenor, es necesario destacar que de conformidad a lo establecido en dicha circular, durante el periodo de suspensión no corrieron términos; es decir, los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. En el entendido de que la reanudación de plazos y términos decretada, operará hasta que se notifique la presente determinación. Finalmente, se hace la precisión que este acuerdo deberá notificarse por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba suspendido por causa de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Aunado a que la suspensión se decretó en la ya citada circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, que se publicó en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal y obedeció a un problema de salud -pandemia- cuyo conocimiento es de dominio público nacional; por lo que su existencia constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del código procedimental citado y, por ende, permite a los justiciables tener plena certeza que a partir del doce de enero de este año, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo y se reactiva el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, con las salvedades ahí expuestas. Lo anterior sin perjuicio de que, de constar en autos una vía de contacto remoto con alguna de las partes (correo electrónico y servicios de mensajería instantánea), pueda hacerse de su conocimiento el contenido de este auto, mediante esa vía; lo cual es acorde con lo establecido en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que de existir esa vía de contacto con las partes, se conmina al actuario judicial adscrito, levante la razón correspondiente para que se agregue a los autos. Además, por cuanto hace a las autoridades responsables, de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a ellas deberá notificarse por oficio el auto de admisión, salvo al particular señalado como responsable al que se le notificará de manera personal dicho acuerdo (fracción II, inciso a), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos; por lo que, si durante la secuela del procedimiento surgen un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia, se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III de dicho artículo, con inclusión del diferimiento de la audiencia, salvo que por su trascendencia se considere necesario realizar la notificación por oficio, lo que en el caso no ocurre. A mayor abundamiento, cabe mencionar que en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, las listas de acuerdos se harán del conocimiento de las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación conforme a lo previsto en el numeral 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente a ello, se remitirán por correo electrónico a las administraciones de los edificios, para que estas las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita; amén de la consulta que cualquiera de las partes puede realizar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1 del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Todo lo anterior, asegura el conocimiento de esta determinación. Notifíquese por lista a las partes.

  3. Principal

    V I S T O S los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 669/2020, promovido por Claudio Julián Aquino, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintiocho de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, turnado ese mismo día a este Juzgado Quinto de Distrito, Claudio Julián Aquino, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se transcriben: III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.  Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca. IV.- ACTO RECLAMADO. "La falta de EMPLAZAMIENTO por parte de la Autoridad Responsable a la demandada en el domicilio que señaló para tal efecto, sobre el incidente de Cancelación de Pensión Alimenticia derivado del Expediente Principal 42/2011, radicado en los índices de la primera secretaría Civil de dicho Órgano Jurisdiccional." SEGUNDO. Derechos Humanos Vulnerados. La parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, y señaló como derechos fundamentales violados el contemplado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, TERCERO. Tramitación del juicio. En proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo quedando registrada con el número de expediente 669/2020, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; otorgó intervención conducente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." En esa tesitura, con base en lo manifestado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, se advierte que el acto reclamado lo hace consistir en lo siguiente:  La inactividad procesal, relativa a la falta de emplazamiento a la demandada dentro del incidente de cancelación de pensión alimenticia, derivado del expediente 42/2011.CUARTO. Certeza de los actos reclamados. La Jueza Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachitla, Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le reclama, realizando manifestaciones por las que intenta poner de relieve la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, debe tenerse por cierto. Veracidad, que se corrobora con las copias certificadas exhibidas por dicha autoridad responsable, procedentes del incidente de cancelación de pensión alimenticia promovido por el quejoso Claudio Julián Aquino, dentro del expediente 42/2011, documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°; por tanto, se tiene por probado plenamente el acto reclamado atribuido a la responsable. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia doscientos setenta y ocho, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página doscientos treinta y uno, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la Jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causales de improcedencia. Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, resulta necesario analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. El precepto en cita a la letra dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En tal sentido, del estudio de las actuaciones que componen el presente juicio de amparo este órgano jurisdiccional no advierte la existencia de alguna causa que involucre tal improcedencia; además, las partes no invocaron ningún motivo por el que estimaran improcedente el juicio. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa expresó los argumentos que se encuentran en el escrito de demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los conceptos de violación que expresa se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página ochocientos treinta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, novena época, con número de registro 164618, cuyo rubro establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Ahora bien, el peticionario del amparo aduce esencialmente en su motivo de disenso, que la Juez responsable, infringe en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante la inactividad procesal en que ha incurrido al ser omisa en emplazar a la demandada en el incidente de cancelación de pensión alimenticia que promovió dentro del expediente 42/2011, no obstante haberse reanudado los plazos y términos en materia civil, mercantil, así como el desahogo de las diligencias en materia familiar. El concepto de violación es infundado, por las siguientes consideraciones: Primero, se estima conveniente indicar que el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación de toda autoridad encargada de administrar justicia de cumplir con los objetivos esenciales que debe reunir el derecho fundamental de acceso a la justicia. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el aludido derecho, se compone de los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese auxilio. El criterio a que se hizo alusión, es el contenido en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, octubre de dos mil siete, Novena Época, página 209 de rubro siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Por otro lado, también se estima importante citar los artículos 106, 119 y 127 bis, fracción IX, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, establecen: "Artículo 106. Las notificaciones, citaciones y emplazamientos se efectuarán a más tardar al día siguiente al en que se dicten las resoluciones que las prevengan, cuando el Juez o la Ley no dispusiera otra cosa. Se impondrá de plano a los infractores de este artículo una multa que no exceda del importe de diez salarios mínimos." "Artículo 119. Todos los plazos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que hayan surtido efectos el emplazamiento o notificaciones y se contará en ellos el día de vencimiento. Las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se hayan practicado, y las demás surten efectos al día siguiente, de aquel en que se hubiera enviado por correo electrónico, publicado por boletín judicial, en la página electrónica oficial del Poder Judicial o fijado en los estrados de los tribunales que no cuenten con internet, al igual que las que se practiquen por correo o telégrafo, cuando exista la constancia de haberse entregado al interesado y la de edictos al día siguiente de haberse hecho la última publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca." "Artículo 127 bis. La caducidad de la instancia operará de pleno derecho cualquiera que sea el estado del juicio, desde el emplazamiento hasta antes de la citación para sentencia, si transcurridos ciento ochenta días, incluyendo los inhábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del último acuerdo judicial, no hubiere promoción por escrito por cualquiera de las partes, necesaria para impulsar el procedimiento, los efectos y formas de su declaración se sujetarán a las siguientes normas: [.] IX. La suspensión del procedimiento produce la interrupción del plazo de caducidad y tiene lugar: a).- cuando por fuerza mayor el juez o las partes no puedan actuar: b).- En los casos en que es necesario esperar, la resolución de una cuestión previa o conexa por el mismo juez o por otras autoridades; c) Cuando se apruebe ante el juez en incidente que se consumó la caducidad por maquinaciones dolosas de una de las partes en perjuicio de la otra; y d).- En los demás casos previstos por la Ley." [.]. De la literalidad de los artículos transcritos, se desprende que los emplazamientos se efectuarán a más tardar al día siguiente; que todos los plazos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que hayan surtido efectos el emplazamiento o notificaciones; y la caducidad de la instancia operará de pleno derecho cualquiera que sea el estado del juicio, desde el emplazamiento hasta antes de la citación para sentencia, si transcurridos ciento ochenta días, no hubiere promoción por escrito por cualquiera de las partes, necesaria para impulsar el procedimiento; que la suspensión del procedimiento produce la interrupción del plazo de caducidad y tiene lugar entre otro, cuando por fuerza mayor el juez o las partes no puedan actuar. En razón de lo anterior, este juzgador estima que en el caso, no existe la inactividad procesal por parte de la autoridad responsable en el juicio de origen para emplazar a la demandada Seelene Annel Ramírez, en el incidente de cancelación de pensión promovido por el aquí quejoso, pues no se advierte omisión alguna, de llevar a cabo la diligencia de emplazamiento. En principio, como es de conocimiento público, el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de Salud determinó, en su evaluación, que el brote de virus "SARS-CoV" (COVID-19) podía caracterizarse como una pandemia ante los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad, por su gravedad y por los niveles también alarmantes de inacción, por lo que elevó dicha circunstancia a emergencia de salud pública de relevancia internacional. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal del país, y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, emitieron medidas de contingencia aplicables en los órganos jurisdiccionales del ámbito federal. Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la salud y para evitar la concentración de personas y con ello, la propagación del virus, el Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, determinó suspender en su totalidad las labores en los órganos jurisdiccionales, a partir del dieciocho de marzo de dos mil veinte, con excepción de los asuntos urgentes que requirieran ser atendidos. Como consecuencia de la suspensión no correrían plazos y términos procesales y no se celebrarían audiencias. Asimismo, el dieciséis de octubre de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, emitió el diverso Acuerdo General 37/2020, relativo al retorno gradual para el desarrollo de actividades jurisdiccionales, ante la pandemia causada por el coronavirus, "(SAR-COV-2)", en el cual se continua con el retorno gradual, seguro y ordenado de las actividades jurisdiccionales en mayor escala, en los términos y condiciones, que, de entre otros, acordó: "1.- En materia civil y mercantil tradicional se reanudan la totalidad de actuaciones, los plazos y términos para la prosecución, decisión de toda clase de juicio." En efecto, de las copias certificadas que fueron remitidas por la autoridad responsable, relativas al incidente de cancelación de pensión alimenticia en contra de Seelene Annel Ramírez Saldívar, promovido dentro del juicio de origen y que fueron previamente valoradas, se advierten como antecedentes del acto reclamado, los siguientes: 1. Mediante acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veinte, se dio trámite al incidente de cancelación de pensión alimenticia en contra de Seelene Annel Ramírez Saldívar, promovido por Claudio Julián Aquino; se ordenó notificar a la demandada del citado auto y con las copias simples de la demanda y anexos se le corriera traslado, y se le emplazara en el domicilio ubicado en calle Monte Albán, número ciento veinte, Agencia Municipal Vicente Guerrero, perteneciente al Municipio de Zaachila, Oaxaca. 2. El nueve de noviembre de dos mil veinte, el ejecutor adscrito al Juzgado Mixto de Zaachila, Oaxaca, levantó razón actuarial, en la que hizo constar que la demandada Seelene Annel Ramírez Saldívar, no vive ni habita el domicilio señalado en autos para llevar a cabo la diligencia de emplazamiento. 3. En la misma fecha de nueve de noviembre, se dictó un auto en el que en atención a la razón asentada por el ejecutor llevador del expediente, se ordenó dar vista al promovente, aquí quejoso, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a sus intereses convinieran. Asimismo, se tiene que el quejoso allegó a este juicio de amparo, la documental consistente en la captura de pantalla de la recepción del registro de la promoción de catorce de octubre del año en curso, de la que se advierte se encuentra membretada con el nombre de "PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA", identificador de usuario: "004402020"; nombre del abogado "DANIEL LOPEZ SANTIAGO", folio de pre-registro: "12058/2020"; número de expediente: "0042/2011"; promovente: "CLAUDIO JULIAN AQUINO"; contenido: "SE SOLICITA EMPLAZAMIENTO", fecha y hora de la solicitud: "14/10/2020 10:27:14 a.m."; fecha y hora de turno: "15/10/2020 09:20:00 a.m."; Juzgado: "Juzgado Mixto de Zaachila"; y, Dirección: "CALLE DANNIGUIDECHI 1 SN BARRIO SAN JACINTO VILLA DE ZAACHILA OAXACA C.P. 71250". Documento a la que se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Ahora bien, de los antecedentes que quedaron precisados, como previamente se señaló, se puede advertir, que contrario a lo argumentado por la parte quejosa, la autoridad responsable no infringió en su perjuicio su derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, porque no se aprecia la existencia de inactividad procesal en el juicio de origen relativa a la falta de emplazamiento de la demandada Seelene Annel Ramírez Saldívar en el domicilio que proporcionó el actor incidentista dentro del expediente 42/2011, ubicado en calle Monte Albán, número ciento veinte, Agencia Municipal Vicente Guerrero, perteneciente al Municipio de Zaachila, Oaxaca, tomando en consideración la suspensión de las actividades jurisdiccionales, las que se reanudaron en su totalidad en materia civil tradicional el dieciséis de octubre de dos mil veinte. Así como, con la razón levantada por el ejecutor llevador adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca, de nueve de noviembre del año en curso, (diecisiete días posteriores a la recepción de su escrito de catorce de octubre y dieciocho a la reanudación de las actividades laborales jurisdiccionales en materia civil) quien hizo constar que se constituyó en el domicilio señalado para llevar a cabo la diligencia de emplazamiento, sin embargo, no fue posible llevarla a cabo, toda vez que fue informado en la misma morada, que ahí no vive ni habita la demandada Seelene Annel Ramírez Saldívar, y en atención a ello, la autoridad responsable, mediante acuerdo de esa misma fecha, ordenó dar vista al actor incidentista, aquí quejoso, para que manifestara lo que a su derecho legal conviniera. Bajo ese contexto, debe concluirse que la autoridad responsable no ha incurrido en inactividad procesal respecto al emplazamiento de la demandada Seelene Annel Ramírez Saldívar, dentro del incidente de cancelación de pensión, promovido por el aquí quejoso en el expediente 42/2011, aunado a que sigue realizando las gestiones correspondiente para su diligencia al darle vista con la imposibilidad que tuvo el ejecutor para emplazar a la multicitada demanda incidentista; lo que conlleva a considerar que no se vulneró el contenido del artículo 17 de la Constitución Federal. En las relatadas condiciones, al resultar infundado el concepto de violación formulado por el quejoso y al no advertirse suplencia de la deficiencia de la queja a favor del peticionario del amparo, lo procedente es negar el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217, de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Claudio Julián Aquino, contra el acto que reclama de la autoridad señalada como responsable que quedó precisada, ésta y aquél, en el resultando primero de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de diciembre de dos mil veinte. Glósese a los autos el ocurso del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado en materia de amparo; visto su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele por formulados sus alegatos, los cuales se tendrán por recibidos en la audiencia constitucional. Asimismo, en términos del diverso 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, según su ordinal 2º, en su oportunidad, expídasele copia de la sentencia correspondiente, previa toma de razón que se deje en autos. NOTIFÍQUESE.

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