Claudio Juárez Meneses

Expediente 1137/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1137/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
16/11/2017

Partes del expediente

  • Claudio Juárez Meneses

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta que suscribe Alma Delia Montes Palma, autorizada de la parte quejosa, a través del cual pide con base en la documental que exhibe se requiera al Ayuntamiento responsable acredite el motivo por el cual de enero a la fecha no han realizado los ajustes necesarios en sus gastos para efectuar el pago a que fueron condenados en el juicio laboral número 125/2005, de la estadística de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado. Al respecto, se le informa que una vez que la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación del Congreso del Estado, cumpla con el requerimiento hecho en auto de treinta de octubre pasado, se acordará lo procedente. Sin que pase desapercibido mencionar que este juzgado se encuentra haciendo los requerimientos pertinentes para lograr el cumplimiento de la sentencia protectora. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte se concedió a la parte quejosa la medida cautelar solicitada; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido, este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo y la resolución emitida y procédase a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no se promovió incidente de violación a la suspensión, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    PREVIO AVISO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Claudio Juárez Meneses, contra los actos reclamados a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese bajo el número 1137/2017. Ahora bien, la demanda debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por su parte, los artículos 5º y 6° de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De lo transcrito, se colige que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada, por ello la representación de quien acude ante esta vía de amparo es un presupuesto que tendrá que acreditarse en términos que establecen dichos dispositivos legales. Es decir, por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, luego entonces una persona puede promover un juicio de amparo cuando el acto reclamado cause perjuicios directamente a sus intereses jurídicos personales o patrimoniales. Ahora, en la presente demanda de amparo, el promovente Claudio Juárez Meneses, señala como actos reclamados el auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, en que el magistrado instructor de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tuvo por no interpuesto el incidente de suspensión, en el juicio de nulidad 1491/17-15-01-8; el proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, en que los magistrados integrantes de la citada sala, desecharon por improcedente el recurso de reclamación interpuesto en contra del referido auto de dieciocho de septiembre pasado; así como la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del Decreto por el que se reforman, adicional y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, en vigor al día siguiente, a través del cual se adicionó el artículo 24 Bis, fracción II, inciso b), segundo párrafo, del citado ordenamiento legal. Además, refiere que fue autorizado por el actor Jaime Montalvo Tronco, en el juicio de nulidad número 1491/17-15-01-8, en términos del artículo 5º, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Dicho numeral dispone lo siguiente: "Artículo 5o.- Ante el Tribunal no procederá la gestión de negocios. Quien promueva a nombre de otra deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más tardar en la fecha de la presentación de la demanda o de la contestación, en su caso. La representación de los particulares se otorgará en escritura pública o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario o ante los secretarios del Tribunal, sin perjuicio de lo que disponga la legislación de profesiones. La representación de los menores de edad será ejercida por quien tenga la patria potestad. Tratándose de otros incapaces, de la sucesión y del ausente, la representación se acreditará con la resolución judicial respectiva. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la presentación en el Sistema de Justicia en Línea de demandas o promociones enviadas con la firma electrónica avanzada de una persona moral, la hizo el Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración de dicha persona, atendiendo a quien ocupe dicho cargo al momento de la presentación. La representación de las autoridades corresponderá a las unidades administrativas encargadas de su defensa jurídica, según lo disponga el Ejecutivo Federal en su Reglamento o decreto respectivo y en su caso, conforme lo disponga la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Tratándose de autoridades de las Entidades Federativas coordinadas, conforme lo establezcan las disposiciones locales. Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a licenciado en derecho que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Las autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines. Con independencia de lo anterior, las partes podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere este párrafo." Ahora, conforme al artículo citado, las partes (particular o su representante), en el juicio de nulidad pueden autorizar a profesionales, y otorgarles facultades para hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Sin embargo, la anterior disposición no faculta al autorizado para promover el juicio de amparo, pues ello sólo corresponde al titular del derecho de acción, esto es, a quien tenga el carácter de quejoso, por sí o por conducto de quien tenga su representación legal, al ser el único legitimado para estimar qué actos son los que le ocasionan perjuicio y de qué manera son lesivos de sus derechos humanos, atento al principio de instancia de parte agraviada. En consecuencia, la demanda de amparo únicamente puede formularse por el quejoso o por su representante legal, sin que pueda sustituirse por un autorizado en términos amplios, ya que dicha autorización únicamente le otorga facultades para realizar los actos procesales que se estimen conducentes dentro del juicio de origen, y por ende, su encomienda no constituye un mandato. En el caso, el promovente, bajo protesta de decir verdad manifiesta que fue autorizado por el actor en términos del artículo 5º, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y para acreditarlo, exhibe el acta de notificación por apersonamiento de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, en donde se hizo constar que el mencionado promovente, tiene el carácter de autorizado por la parte actora, pues en la parte que interesa, la actuaria adscrita a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, asentó lo siguiente: "En Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las catorce horas con cuatro minutos del día veintisiete de septiembre del año dos mil diecisiete, comparece ante la Licenciada María de Jesús Ortiz de Jesús, Actuaria adscrita a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el C. Claudio Juárez Meneses, autorizado por la parte actora." De lo que se advierte, el promovente Claudio Juárez Meneses, al tener el carácter de autorizado en el juicio de nulidad 1491/17-15-01-8, no se encuentra legitimado para combatir en esta instancia constitucional los actos que señala como reclamados, pues únicamente se encuentran legitimados para ello, el actor en el juicio de nulidad, o su apoderado legal. Es aplicable, por analogía, el criterio sostenido por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia XVII. J/1 (10a.), Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, que aparece publicada en la página 1411 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. NO ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. Conforme al artículo citado, las partes en el juicio civil pueden autorizar a los profesionales en derecho y otorgarles facultades para promover, ofrecer y desahogar pruebas, interponer los recursos que procedan, alegar en las audiencias y realizar en el proceso todas aquellas diligencias necesarias tendentes a la defensa de los derechos del autorizante. Sin embargo, la anterior disposición no faculta al autorizado para promover el juicio de amparo, pues ello sólo corresponde al titular del derecho de acción, esto es, a quien tenga el carácter de quejoso, por sí o por conducto de quien tenga su representación legal, al ser el único legitimado para estimar qué actos son los que le ocasionan perjuicio y de qué manera son lesivos de sus derechos humanos, atento al principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 5o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013. En consecuencia, la demanda de amparo únicamente puede formularse por el quejoso o por su representante legal, sin que pueda sustituirse por un autorizado en los términos amplios del invocado artículo 60, párrafo primero, pues dicha autorización únicamente le otorga facultades para realizar los actos procesales que se estimen conducentes dentro de la litis civil, esto es, en el juicio de origen, ya que el legislador no previó que el autorizado fuera un representante legal y, por lo mismo, su encomienda no constituye un mandato." En consecuencia, con fundamento en el artículo 113, en relación con los arábigos 5º, fracción I y 6º, de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Como lo solicita el promovente, con fundamento en la Circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a los autorizados imponerse de los acuerdos dictados en este expediente, mediante el uso de medios electrónicos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, en caso de ser necesario, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario adscrito, realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente expediente. Finalmente, hágase saber a las partes, que en términos del artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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