Claudio Gregorio Galvan Montaño
Expediente 1618/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1618/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Claudio Gregorio Galvan Montaño
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Horacio Jiménez Melgar, representante del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, Claudia Mazarí Torres Presidente, Arely Olvera Bahena Tesorería y Yessica Salgado Manjarrez, Directora de Recursos Humanos todos del Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, visto su contenido, se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone; asimismo, se autoriza el uso de aparatos electrónicos para el fotocopiado de constancias que obran en autos. Por otra parte, como lo solicitan, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se le concede una prórroga a las autoridades responsables, por lo tanto, requiérase a Claudia Mazarí Torres Presidente, Arely Olvera Bahena Tesorería y Yessica Salgado Manjarrez, Directora de Recursos Humanos todos del Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, para que en el término de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente en que quede legalmente notificado del presente proveído, den cumplimiento al fallo protector. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído y/o resolución en cuestión; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, a ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Claudio Gregorio Galván Montaño, contra actos del Presidente Municipal de Xochitepec, Morelos, y otras autoridades. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1618/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda Este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente... "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. "Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" De lo anterior, se desprende que para que se surta la improcedencia del juicio de amparo es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: 1.- Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. De la lectura integral de la demanda de amparo, se obtiene que el quejoso señala como autoridades responsables y acto reclamado, lo siguiente: Presidente Municipal de Xochitepec, Morelos y otras autoridades. ".IV.- ACTOS RECLAMADOS: ".La negación de la expedición de la licencia y/o permiso de funcionamiento a favor del ahora quejoso con relación al giro comercial al cual me dedico como lo es la compra almacenamiento y venta de artículos o juegos de pirotecnia..." Por lo cual el acto esencialmente reclamado proviene de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, actualizándose la primera hipótesis contenida en el dispositivo 61, fracción XX, de la ley de la materia. 2.- Que la ley conceda algún recurso, juicio o medio de defensa por el cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, o pueda ser revisado de oficio. En el caso, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, prevé: "Artículo 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se reconoce también el interés legítimo para controvertir la existencia (sic) conflicto de intereses considerando la (sic) situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familiar o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios o funciones a desempeñar (sic) el servicio público frente a otro empleo. En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 3. El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con las facultades, competencia y organización que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, esta Ley y la normativa aplicable; forma parte activa del Sistema Estatal Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones. Por su parte, el numeral 18 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dispone: "Artículo 18. Son atribuciones y competencias del Pleno: A) Atribuciones: I. Aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, que será remitido al Ejecutivo; II. Expedir, modificar y dejar sin efectos el Reglamento; III. Llevar a cabo la rotación de la Presidencia del Tribunal en los términos de la presente Ley; IV. Nombrar y remover a los funcionarios y demás servidores públicos del Tribunal, formular y aprobar o rechazar los nombramientos y remociones propuestas por los Magistrados; V. Conceder licencia a los Magistrados, Secretarios, Actuarios y demás servidores públicos del Tribunal, de las Salas de Instrucción, de las Salas Especializadas y del Pleno Especializado, en los términos previstos en esta Ley y el Reglamento; VI. Dictar las medidas administrativas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos; VII. Tomar la protesta legal de los servidores públicos del Tribunal; VIII. Imponer al personal las sanciones señaladas en esta la (sic) Ley, previo procedimiento disciplinario que se siga conforme a las disposiciones del Reglamento; IX. Acordar la suspensión de labores del Tribunal, en los casos en que esta Ley no lo determine expresamente; X. Nombrar y remover al personal eventual que requieran las necesidades del Tribunal, procurando que aquellos servicios que no estén relacionados con la administración de justicia puedan contratarse con prestadores de servicios establecidos en el estado de Morelos; XI. Dictar acuerdos generales para el mejor desempeño y despacho de los asuntos jurisdiccionales y administrativos; XII. Acordar la celebración de toda clase de actos jurídicos necesarios para el buen funcionamiento del Tribunal; XIII. Aprobar el presupuesto de egresos y la cuenta pública anual, de conformidad con lo aprobado por el Congreso del Estado para el ejercicio fiscal correspondiente; cumpliendo con el sistema de planeación democrática del desarrollo y las normas de contabilidad gubernamental y disciplina financiera, de conformidad con la normativa aplicable, debiendo de ser publicados en el Periódico Oficial; XIV. Cada dos años presentar el diagnóstico cualitativo y cuantitativo sobre el trabajo de las Salas de Instrucción en materia de responsabilidades administrativas, el cual deberá ser remitido para su consideración al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, y XV. Las demás que determinen las Leyes. B) Competencias: I. Fijar la jurisprudencia del Tribunal; II. Resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción, por lo que conocerá de: a) Los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto, omisión, resolución o actuación de carácter administrativo o fiscal que, en el ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales, en perjuicio de los particulares; b) Los juicios que se promuevan contra la resolución negativa ficta recaída a una instancia o petición de un particular. Se entenderá que se configura la resolución negativa ficta cuando las autoridades estatales o municipales o sus organismos descentralizados, no den respuesta a una petición o instancia de un particular en el término que la Ley señale o a falta de éste en el de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se haya formulado la petición. La demanda podrá interponerse en cualquier tiempo, mientras no se produzca la resolución expresa; c) Los juicios en que se pida la declaración de afirmativa ficta, en los casos en que así proceda conforme a la ley rectora del acto. En estos casos para que proceda la declaración, el actor deberá acompañar a su demanda, el escrito de solicitud de la pretensión deducida frente a la autoridad administrativa y el escrito en el que solicite la certificación de que se produjo la afirmativa ficta; d) Los juicios en los que se reclame responsabilidad patrimonial objetiva y directa al Estado, conforme a la Ley de la materia; e) Las controversias que se susciten por la interpretación, cumplimiento, rescisión o terminación de los contratos de naturaleza administrativa o los que deriven de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Morelos, o de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, o de los Reglamentos Municipales en dichas materias; f) Conforme a lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocerá de los juicios promovidos por los miembros de las instituciones de seguridad pública, derivados de su relación administrativa con el Estado y los Ayuntamientos, en contra de las sentencias definitivas mediante las que se imponen correctivos disciplinarios y sanciones impuestas por los Consejos de Honor y Justicia, con excepción, con excepción (sic) de las responsabilidades administrativas graves previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; g) La aprobación de los convenios debidamente ratificados que lleguen a celebrarse con motivo de un acuerdo conciliatorio entre las partes para elevarlos a categoría de cosa juzgada h) Las jurisdicciones voluntarias relacionadas con los convenios de terminación de la resolución administrativa para elevarlos a categoría de cosa juzgada; i) De las controversias vinculadas con la probable violación al derecho de los servidores públicos de elección popular cuyo periodo ha concluido, de recibir las remuneraciones que en derecho les corresponda, por el desempeño de un encargo de elección popular cuando el periodo de su ejercicio ya ha concluido; j) Los asuntos cuya resolución esté reservada al Tribunal conforme a la normativa aplicable, y k) En caso de asuntos que afecten a particulares y que sean sometidos a su jurisdicción, suplir la deficiencia de la queja; III. Establecer las reglas para la distribución de los asuntos entre las Salas de instrucción, y IV. Los demás que determinen las Leyes." De la anterior trascripción, se evidencia con claridad que la demanda de amparo que se provee es de notoria improcedencia, en virtud de que en contra del acto que reclama el quejoso, proveniente del Presidente Municipal de Xochitepec, Estado de Morelos y otras autoridades, procede el juicio de nulidad que se promueva ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, conforme a lo dispuesto por los ordinales 1 y 3 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, antes citados, el cual puede revocar, modificar o nulificar el acto reclamado y consecuentemente el ahora peticionario de derechos fundamentales podrá obtener la reparación de los derechos que estima conculcados. 3.- Asimismo, la referida fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, señala que la suspensión que prevea dicho medio de defensa legal no debe exigir mayores requisitos que para la suspensión del acto reclamado señala la Ley de Amparo, como al efecto lo disponen los numerales 142, 143 y 144 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que establecen: "Artículo 142.- La Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, pero siempre antes de que se cierre la instrucción. El auto que decrete la suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento. Si los actos o resoluciones impugnados se hubiesen ejecutado y afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoseles el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y esté pendiente de dictarse la sentencia, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen necesarias para preservar el medio de subsistencia del demandante." "Artículo 143. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III.- Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto; y IV.- Que no se deje sin materia el juicio. La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. Si concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Una vez recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al Magistrado para que proceda en los términos de este artículo. La Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento." "Artículo 144. La Sala, sin dejar de observar los requisitos previstos en el artículo anterior, podrá hacer una apreciación, de carácter provisional, sobre la legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para conceder la suspensión, bastará la comprobación de la apariencia del derecho que reclama el particular actor, de modo tal que sea posible anticipar, que en la sentencia definitiva declarará procedente la acción intentada, además del peligro que la demora en la resolución definitiva del juicio podría ocasionar para la preservación del derecho que motivó la demanda. El análisis a que se alude en el párrafo anterior debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución dictada para otorgar la suspensión, no tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo." Por otra parte, en lo conducente la Ley de Amparo establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." De lo anterior, se advierte que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no establece mayores requisitos que los exigidos por la Ley de Amparo, concretamente en sus artículos 128 y 129, por lo cual en este aspecto, se reúne también el tercer requisito necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio. En esa tesitura y no estando en el caso ante actos que tengan el carácter de definitivos para los efectos del juicio de amparo, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del numeral 112, en relación con el diverso dispositivo 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo a que este expediente se refiere. Transparencia y acceso a la información pública. Luego, en cumplimiento al artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, se hace de su conocimiento el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva el consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Domicilio procesal y autorizados Como lo solicita la parte quejosa, se tiene por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio y personas que indica, y a los profesionistas que menciona, en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. Lo anterior, en términos de la tesis I 6 C 365 C, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 887, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL EN EL AMPARO. SI EL ACTUARIO JUDICIAL, NO OBSTANTE HABERSE PRESENTADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN DISTINTOS HORARIOS Y DÍAS HÁBILES, NO LOGRA LOCALIZAR AL INTERESADO PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO EL AUTO DE REQUERIMIENTO, PREVENCIÓN O ACTUACIONES QUE EL TRIBUNAL ESTIME CONVENIENTE, DEBEN HABILITARSE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR AQUELLA DILIGENCIA COMO LO PREVÉ EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SUPLETORIO DE LA LEY DE LA MATERIA. De los artículos 27, 28, fracciones II y III, y 29 de la Ley de Amparo, se advierte que en el juicio de garantías es obligación del juzgador, ordenar notificar personalmente a los interesados, aquellas providencias en las que se les formulen requerimientos o prevenciones, y sólo por exclusión, les serán notificadas por lista las demás resoluciones. Por su parte, el artículo 30 de la ley de la materia precisa ciertos casos en los cuales una notificación que deba hacerse en forma personal, ya sea por prescripción de la ley o por mandato judicial, finalmente se ordenará practicar por lista, cuando el quejoso, tercero perjudicado o persona extraña al juicio, con domicilio o casa señalados para oír y recibir notificaciones, no esperen al actuario judicial, una vez que, con anterioridad ha dejado citatorio previo, al no encontrárseles en la primera búsqueda y cuando no conste en autos domicilio, ni designación de casa o despacho para oír y recibir notificaciones. Finalmente, el artículo 281 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, señala que las actuaciones judiciales tienen lugar en días y horas hábiles, que comprenderán, entre las ocho y las diecinueve horas de días hábiles y el artículo 282 del mismo ordenamiento establece que el tribunal respectivo puede habilitar días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que así lo amerite, expresando ésta y la diligencia que deba practicarse. Ahora bien, si de autos se advierte que el actuario judicial, no obstante haberse presentado en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, en distintos horarios y días hábiles, no logra localizar a la parte interesada, a efecto de dar cumplimiento al artículo 28 citado, deben habilitarse días y horas inhábiles para realizar la diligencia de notificación personal a la quejosa, tercera perjudicada o persona extraña al juicio, en el domicilio designado para tal efecto y hacer de su conocimiento el auto de requerimiento, prevención o actuaciones que el tribunal estime pertinente, como cuando se requiere a la quejosa para que comparezca a reconocer como suya la firma que obra en la demanda de amparo, en la inteligencia que de no hacerlo se le tendrá por no interpuesta. Con esa actuación se crea en las partes la confianza de que en cualquiera de los casos mencionados, serán notificadas personalmente y no por lista, pues de hacerlo de esta manera, se les dejaría en total estado de indefensión.". En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. CONSULTA MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes para que hagan uso de cualquier aparato electrónico, como son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Finalmente se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. Jorge.P.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Iván Hernández Flores, Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa que no se llevó a cabo la testimonial a cargo de José Guadalupe Estrada Martínez y Fortino Lino Galván, señalando las nueve horas del diecisiete de enero del dos mil veintidós para su desahogo; asimismo, comunica que ante la omisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ordenó girar oficio a la Institución Bancaria Banco Santander Serfin S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, a efecto de que rinda su informe de autoridad, remitiendo copia certificada para acreditar su dicho. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a Iván Hernández Flores, Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del momento al que quede legalmente notificado del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Informe y acredite si se encuentran debidamente integrada la audiencia señalada para el diecisiete de enero del dos mil veintidós, donde tendrá verificativo el desahogo de la prueba a cargo de José Guadalupe Estrada Martínez y Fortino Lino Galván, en el expediente laboral 01/597/17, de su índice, con el fin de evitar diferimientos innecesarios. Remita copia del acuse de envío-recibo del oficio dirigido a la Institución Bancaria Banco Santander Serfin S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, por el cual le requirió rinda su respectivo informe de autoridad. Remita copia certificada del auto que haya recaído a las razones de seis de diciembre de dos mil veintiuno, elaborada por el actuario judicial de su adscripción en la cual hizo constar la imposibilidad de notificar a los atestes Mónica de los Ángeles Aragón Lugo y Elfego Alexander Terán González, así como sus respectivas notificaciones. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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