Claudio Gerardo Arrieta Barcena

Expediente 954/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
954/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Claudio Gerardo Arrieta Barcena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de octubre de dos mil veintidós. I. QUEDA FIRME. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. II. INCIDENTE DE SUSPENSION. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión provisional y SE NEGÓ LA DEFINITIVA, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General de 25 de Marzo de 2020, así como en el Capítulo 7, apartado 7.5.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de 26 de agosto de 2020, al haberse concedido la suspensión provisional, pero negado la definitiva, es susceptible de destrucción, transcurridos tres años, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Y, por lo que respecta al DUPLICADO del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General en cita, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de Distrito.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Rafael Torres Campos, Secretario(a) que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 954/2022, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, asistido de la Secretaria Nahieli Avendaño Palacios, la declaró abierta con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: La copia de la demanda de amparo promovida por Claudio Gerardo Arrieta Bárcena, así como el auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós (suspensión provisional), e informe previo de la autoridad responsable que así lo hizo. Y da cuenta con los informes previos de las autoridades responsables que en este acto lo hicieron; así como con el estado procesal de autos. A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, intégrense a las presentes actuaciones, los informes previos de las autoridades responsables siguientes: . 1. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las regiones judiciales del estado - Isaí Rivas López -por sí y en representación de los: Jueces de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla: 5. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, 6. Enrique López Criollo, 7. Aarón Hernández Chino, 8. Rosalva Elena Zárate herrera, 9. Liszet del Carmen Fuentes Trueba, 10. Rosa Aurora Espejel Prado, 11. María Guadalupe Muñoz Pérez, 12. Magally Escamilla Rodríguez, 13. Ana Alicia Ponce Frías, 14. Idalia Araniega Arias, 15. Karla Ivonne Munguía Olmos y 16. Bet Nimra Pérez Hernández Sin que proceda diferir la presente audiencia, con motivo de los informes que se agregan; lo anterior es así, porque el incidente de suspensión se rige por el principio de celeridad y el artículo 144, en relación con el diverso 138, ambos de la ley reglamentaria, establece que, en la audiencia incidental, se resolverá sobre la suspensión definitiva y, en su caso, las medidas y garantías a que estará sujeta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 119/2000, visible en la página 22 del Tomo XII, Diciembre de 2000, Instancia Pleno del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. NO PROCEDE DIFERIR LA AUDIENCIA INCIDENTAL SI EN ELLA SE DA CUENTA CON EL INFORME PREVIO." Enseguida, se abre el periodo de pruebas: En el que la secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; a lo anterior el Juez de Distrito acuerda: Toda vez que ninguna de las partes ofreció prueba alguna, se tiene por precluido su derecho para ello y, se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no exhibió pedimento. A lo anterior, el Juez acuerda: Se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Finalmente, al no existir promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 954/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Claudio Gerardo Arrieta Bárcena; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil veintidós, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, previo auto de prevención, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Claudio Gerardo Arrieta Bárcena, se requirieron los informes previos a las autoridades responsables, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo en sus dos primeras etapas que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de la autoridad señalada como responsable, el acto reclamado en el presente asunto es: - Las órdenes de aprehensión, presentación, detención y comparecencia libradas en contra del aquí amparista; y, - Su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se deben analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo - a las autoridades responsables siguientes: ORDEN AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME 1. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las regiones judiciales del estado - Isaí Rivas López -por sí y en representación de los: Jueces de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla: 5. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, 6. Enrique López Criollo, 7. Aarón Hernández Chino, 8. Rosalva Elena Zárate herrera, 9. Liszet del Carmen Fuentes Trueba, 10. Rosa Aurora Espejel Prado, 11. María Guadalupe Muñoz Pérez, 12. Magally Escamilla Rodríguez, 13. Ana Alicia Ponce Frías, 14. Idalia Araniega Arias, 15. Karla Ivonne Munguía Olmos y 16. Bet Nimra Pérez Hernández NIEGA CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. Del cuadro precedente se advierte que la aludida autoridad responsable, al rendir su informe previo negó la existencia del acto que se le reclama, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe dicha negativa. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa. Por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Claudio Gerardo Arrieta Bárcena, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por la autoridad responsable identificada en el considerando tercero. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA; POR CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN INTERNA AL OFICIAL JUDICIAL "A" ADSCRITO Y, POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, ASÍ COMO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de septiembre de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO Agréguese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable 1. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las regiones judiciales del estado - Isaí Rivas López -por sí y en representación de los: Jueces de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla: 5. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, 6. Enrique López Criollo, 7. Aarón Hernández Chino, 8. Rosalva Elena Zárate herrera, 9. Liszet del Carmen Fuentes Trueba, 10. Rosa Aurora Espejel Prado, 11. María Guadalupe Muñoz Pérez, 12. Magally Escamilla Rodríguez, 13. Ana Alicia Ponce Frías, 14. Idalia Araniega Arias, 15. Karla Ivonne Munguía Olmos y 16. Bet Nimra Pérez Hernández, con el que da cuenta el secretario y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso Claudio Gerardo Arrieta Bárcena, por escrito de demanda presentado el seis de septiembre pasado, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla; y remitida el siete de septiembre siguiente, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, señaló como actos reclamados las órdenes de aprehensión, presentación, detención y comparecencia libradas en contra del aquí amparista; y, su ejecución; admitiéndose a trámite -previa aclaración- el nueve de septiembre del actual, señalándose fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, requiriéndose su informe justificado a la autoridad responsable y dándose la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Ahora bien, al rendir su informe justificado, la autoridad responsable manifestó lo siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado 1. y 5. a 16. 1. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las regiones judiciales del estado - Isaí Rivas López -por sí y en representación de los: Jueces de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla: 5. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, 6. Enrique López Criollo, 7. Aarón Hernández Chino, 8. Rosalva Elena Zárate herrera, 9. Liszet del Carmen Fuentes Trueba, 10. Rosa Aurora Espejel Prado, 11. María Guadalupe Muñoz Pérez, 12. Magally Escamilla Rodríguez, 13. Ana Alicia Ponce Frías, 14. Idalia Araniega Arias, 15. Karla Ivonne Munguía Olmos y 16. Bet Nimra Pérez Hernández. Negó. En ese tenor, en virtud de que al rendir su respectivo informe justificado, la referida autoridad responsable, negó la existencia de los actos que se le reclaman; en consecuencia, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice:"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las diez horas con veintiséis minutos del treinta de septiembre de dos mil veintidós; comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, mediante oficio; a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Principal

    09-09-22 CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado el escrito firmado -electrónicamente- por Hans Moisés Mateos López, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso Claudio Gerardo Arrieta Bárcena, a través del cual, da cumplimiento al requerimiento preventivo formulado por este órgano de control constitucional en auto de siete de septiembre pasado, pues al efecto, precisa con exactitud cuál es la denominación actual y correcta de las autoridades que señala como responsables; consecuentemente, se acuerda: DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA. En relación con los actos reclamados precisados por el demandante constitucional como:"(.) 1. El inicio de una carpeta de investigación donde se me señala como posible partícipe de un delito. (.)" Y, "(.) 3. La solicitud de orden de búsqueda, presentación comparecencia, detención o aprehensión en contra del suscrito. (.)" Mismos que son atribuidos a las autoridades penales administrativas que refiere tanto en su escrito inicial de demanda, como en el diverso de desahogo de prevención; el suscrito juez de Distrito estima que en el presente asunto se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;(.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta la ley.""Artículo 107. El amparo indirecto procede:(.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". En ese sentido, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determinen la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan (.)" El numeral 107, de la Carta Magna precisa la procedencia del amparo contra actos de un tribunal judicial, y previene, en su fracción III, los casos en que son competentes para conocer de ellos, los Jueces de Distrito en vía de amparo indirecto, cuyos casos se reiteran en lo conducente en el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, tratándose de actos realizados fuera de juicio o después de concluido; esto es, de una interpretación sistemática de ambos preceptos, se colige que el juicio de amparo indirecto, es procedente contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, siempre y cuando su ejecución sea de imposible reparación. Del contenido del artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, trascrito en párrafo precedentes, se obtiene que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio de garantías, por lo que aquél debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, pues si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada el juicio de garantías resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI. 2o. J/87, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes:"INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Cabe agregar que el interés jurídico para promover el juicio de amparo debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, según lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación:"INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala:"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Y, en relación con dicho numeral debe citarse el diverso 6 de la Ley de Amparo, el cual establece:"Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Así, de acuerdo con los preceptos transcritos, la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre su esfera jurídica; entendiéndose por perjuicio, la afectación de un derecho legítimamente tutelado por el proceder de una autoridad o por la ley, que otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano competente a fin de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y ello es precisamente lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Por consiguiente, sólo tiene interés jurídico el particular a quien la norma le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Por su parte, el alto Tribunal ha sostenido en diversos criterios, que el interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho, y supone la conjunción de dos elementos inseparables: a) una facultad de exigir; y, b) una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. En ese sentido, no es factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Efectivamente, el interés legítimo es aquel que tienen aquellas personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. El interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Así, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Claudio Gerardo Arrieta Bárcena, reclama a las autoridades responsables, entre otros actos, el inicio o integración de una carpeta de investigación instaurada en su contra; así como la solicitud de una orden de captura, lo que hace que el juicio de amparo resulte improcedente por cuanto hace a dichos actos. Es así, porque la integración de una carpeta de investigación o procedimiento penal, no le genera derecho alguno para defenderlo en vía de amparo, pues tal actuación no le afecta, aún en el caso que sea el peticionario de amparo quien esté sujeto a investigación o sea procesado. Efectivamente, el desahogo de diligencias para la integración de una carpeta de investigación, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, pues ello ocurrirá, en su caso, hasta que dicha indagatoria sea consignada y el juez del proceso, a quien le corresponda resolver sobre el pedimento de la representación social, determine librar una orden de aprehensión, citación o comparecencia, pues hasta entonces se afectaría la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior se robustece si se toma en cuenta que la facultad investigadora del Ministerio Público emana directamente del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, en lo que interesa, señala: "Artículo. 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.(.)" Así, las diligencias que, en su caso, se realizan para la investigación de los hechos constitutivos de delitos que le fueron comunicados al representante social, constituye no solo el ejercicio de tal facultad, sino también el cumplimiento del mandato constitucional aludido; que no le genera derecho alguno a la parte quejosa para defenderlo en vía de amparo, pues tales actos de investigación no le afectan, aun cuando sea el quejoso quien esté sujeto a investigación. Con base en lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional la representación social goza de las facultades de investigar los hechos constitutivos de delitos y tiene la obligación de acreditarlos, el acto reclamado que ahora se analiza, consistente en la investigación instaurada en su contra, no le irroga perjuicio alguno, pues ello se materializará, como ya se dijo, hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión, citación o comparecencia, pues estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al representante social, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Ilustran lo anteriormente considerado las tesis, de rubro y texto siguientes:"AVERIGUACIÓN PREVIA, CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 21 constitucional en lo atinente, dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso integrar la correspondiente averiguación previa, de ahí, que el desahogo de diligencias tendentes a su integración, no causan daño o perjuicio a la persona contra la que se iniciaron las investigaciones, por ser de orden público, según lo establece el máximo ordenamiento legal del país; siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos. En razón de lo anterior, es improcedente el juicio de garantías en que se señalen como acto reclamado tales diligencias ministeriales." "AVERIGUACIÓN PREVIA. SU TRÁMITE, GENERALMENTE NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL. La averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional; sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una averiguación previa sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control." "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Asimismo, por igualdad de razón, cobran relevancia los criterios jurisprudenciales, de rubro y tenor siguientes: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querella contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente.""CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.""MINISTERIO PÚBLICO. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL HECHO DE QUE ESA REPRESENTACIÓN SOCIAL ACUERDE SOBRE LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA O CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EJERCITA LA ACCIÓN PENAL Y SOLICITA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O AUDIENCIA PARA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. La representación social puede solicitar la orden de aprehensión o citación, pero contra tal acto, el amparo es improcedente, porque si bien el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o, en su caso, una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que está facultado para realizar aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, lo cierto es que el desahogo de diligencias para ese fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde la Octava Época, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo que no acontece al tratarse de solicitudes ante el órgano judicial respectivo. Por tanto, resulta igualmente improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación previa o carpeta de investigación, y ejercita la acción penal, pues es al Juez del proceso a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso, porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función a su cargo, lo cual es de orden público e interés social, y consiste en la práctica de diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, como la consignación en sí y solicitar la orden de aprehensión o petición correspondiente; todo lo cual no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, revisten el carácter de actos de interés público como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse, por sí mismos, como generadores de afectar el interés jurídico del quejoso, pues no existe algún derecho particular oponible al interés general relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a una investigación judicializada, máxime que en este último caso, conforme al sistema acusatorio, el Ministerio Público, en cuanto a dicha solicitud, pierde, incluso, el carácter de autoridad, el juicio de amparo es improcedente." Bajo esa perspectiva, resulta indudable que se actualizan de manera notoria y manifiesta las causas de improcedencia del juicio de amparo contenidas en las citadas fracciones XII y XXIII, del artículo 61 de la ley de la materia, respecto al acto reclamado consistente en el inicio o integración de una carpeta de investigación posiblemente instaurada en su contra; así como la solicitud de una orden de captura, por lo que, atinente a dichos actos, procede desechar de plano la demanda de amparo respecto de los mismos. Por otra parte, el suscrito considera que respecto al acto que por esta vía se reclama consistente en:- "La solicitud de audiencia para que sea presentada solicitud (sic) de orden de aprehensión o comparecencia en contra del suscrito". Por tanto, respecto del referido acto reclamado, el suscrito juzgador Federal estima que en el presente asunto se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta la ley.""Artículo 107. El amparo indirecto procede:(.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". En ese sentido, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determinen la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:(.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes:(.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan (.)" El numeral 107, de la Carta Magna precisa la procedencia del amparo contra actos de un tribunal judicial, y previene, en su fracción III, los casos en que son competentes para conocer de ellos, los Jueces de Distrito en vía de amparo indirecto, cuyos casos se reiteran en lo conducente en el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, tratándose de actos realizados fuera de juicio o después de concluido; esto es, de una interpretación sistemática de ambos preceptos, se colige que el juicio de amparo indirecto, es procedente contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, siempre y cuando su ejecución sea de imposible reparación. Ahora bien, de conformidad con el artículo 211, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales "el proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme."; consideración que se reproduce en el artículo 170, fracción I, párrafo final, de la Ley de Amparo, en relación a que "en materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control." En ese contexto, en el caso particular, si el reclamo se circunscribe a "La solicitud de audiencia para que sea presentada solicitud (sic) de orden de aprehensión o comparecencia en contra del suscrito", lo que se traduce en "la cita de comparecencia para formulación de imputación", dicha citación se trata de un acto fuera de juicio o procedimiento penal, emitido justo antes de que inicie. Por otra parte, si bien ha quedado claro que el acto que se analiza, fue dictado fuera de juicio, lo cierto es que su ejecución no es de imposible reparación, al no afectar por sí mismo la libertad personal del investigado. En relación con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del agente del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior, el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse la comparecencia forzosa del investigado, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Bajo esa tesitura, contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial, es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), publicada el siete de diciembre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice:"SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)].- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo". En mérito de ello, dado que en el caso se reclamó la cita de comparecencia para la audiencia inicial de formulación de imputación, dictada en su contra, como forma de conducción al procedimiento penal, no procede el juicio de amparo indirecto de conformidad con el criterio jurisprudencial transcrito, por lo que al haberse acreditado de forma notoria e indudable la causal de improcedencia señalada en párrafos que anteceden, se desecha parcialmente la demanda de amparo, respecto del aludido acto reclamado de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la misma ley. ADMISIÓN. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1° fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33 fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo promovida por Claudio Gerardo Arrieta Bárcena, contra los restantes actos reclamados a 1. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 20 Constitucionales. Por lo que hace a los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial en Puebla, señalados como autoridades responsables en el presente juicio, se ordena notificar los oficios correspondientes en el Centro de Justicia Penal del Estado, ubicado en Avenida 11 Sur número 11921, colonia Ex Hacienda Castillotla, Puebla, Puebla; ante el Juez de Oralidad Penal y de Ejecución Isaí Rivas López, en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado, dado que esa Administración General cuenta con acceso al índice cronológico de los libros de gobierno de todas las sedes judiciales en materia de oralidad penal; en donde se concentra información de las partes del procedimiento. Lo anterior de conformidad con las consideraciones contenidas en el oficio 22395/2021-ADM de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, signado por el aludido Juez en funciones de Administrador General. VISTA MINISTERIAL. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo y escrito aclaratorio. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. INFORME(S) JUSTIFICADO(S). Con apoyo en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s) informe con justificación, el que deberá(n) rendir dentro del plazo de quince días, a fin de dar vista a las partes; en la inteligencia, que la copia de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se remiten al requerir el informe previo. En dicho informe justificado deberá(n) exponer las razones y fundamentos que estime(n) pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del(los) acto(s) reclamado(s), y remitirá(n), copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, o en su caso, el registro audiovisual de las audiencias en las que se hubieren dictado los actos reclamados, acompañando el índice cronológico de su desarrollo, en el que precise el momento de intervención de cada una de las partes. En el entendido, que el referido informe con justificación deberá rendirse en dicho plazo, para que entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo de por lo menos ocho días. Hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) responsable(s) que podrá(n) remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico o Fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s) que ante la falta del informe justificado, se presumirá(n) cierto(s) el(los) acto(s) reclamado(s), salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho(s) acto(s) no sea(n) en sí mismo(s) violatorio(s) de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) que al rendir su(s) informe(s) no podrá(n) variar o mejorar la fundamentación y motivación de los acto(s) reclamado(s), ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo(s), salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rinda(n) el informe con justificación o lo haga(n) sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias o del índice cronológico del desarrollo de la audiencia relativa para la solución del juicio constitucional u omita(n) referirse a la representación que aduzca la parte promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la ley de la materia; esto último, en caso de encontrarse en el supuesto. Igualmente, se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), que en el caso de que se niegue(n) a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se le(s) impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251, en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) y a aquélla(s) que tenga(n) el carácter de tercera(s) interesada(s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le(s) ordene(n) realizar en este expediente, será(n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le(s) notificará(n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia (con excepción del Juez de Distrito señalado como responsable). Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". TERCERO INTERESADO. Una vez que se reciban los informes justificados respectivos se estarán en condiciones de advertir la existencia de la parte tercera interesada y la necesidad de emplazarla o no al presente juicio de garantías, en relación con el sentido del fallo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En razón a que se solicita la suspensión de los actos reclamados, fórmese por separado y duplicado el incidente de suspensión solicitado. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA; Y, POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, ASÍ COMO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.

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