Claudio Esteban Alvarado García
Expediente 1082/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1082/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Claudio Esteban Alvarado García
Actuaciones
- Principal
... transcurrió el término... para interponer recurso de queja contra el proveído que desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho uso de ese derecho... se declara que dicho proveído CAUSÓ ESTADO... archívese este asunto como concluido...
- Principal
... requiérase nuevamente a... para que en el término de tres días, comparezca ante este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz... a fin de que practique el ejercicio caligráfico, es decir, que plasme diez veces su firma; en el entendido que las firmas que estampe, tendrán el carácter de indubitables...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO QUE DICE: *** promueve juicio de amparo a favor de *** contra actos del Secretario de Seguridad Pública, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 1082/2019. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral de la demanda se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos artículos 5, fracción I, 6 y 15 de la Ley de Amparo. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo, si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Asimismo, los artículos 5, fracción I, 6 y 15 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. El primer artículo citado establece que el juicio de amparo podrá promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, quien podrá promoverlo por propio derecho, a través de su representante legal o por cualquier persona en los casos previstos por la Ley de Amparo; es decir, establece quiénes se encuentran procesalmente legitimados para promover juicio de amparo. Por otra parte, el artículo 15 de la Ley de Amparo, establece excepcionalmente que la demanda de amparo podrá ser interpuesta por cualquier otra persona a nombre del quejoso, aunque sea menor de edad, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el directo quejoso se encuentre imposibilitado para promover el amparo. HECHOS En el caso, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la orden de traslado del Centro de Reinserción Social, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz al Centro Federal de Readaptación Social Número Quince CPS Chiapas, con sede en Chiapas. Por otra parte, la demanda de amparo fue promovida por *** promueve juicio de amparo a favor de ***, sin que en el caso se advierta imposibilidad alguna del directo quejoso para promover la demanda de amparo por propio derecho y tampoco que la promovente sea su representante o apoderada legal. CONCLUSIÓN En ese sentido, se concluye respetuosamente que se actualiza la causa de improcedencia que prevé la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que la promovente no está legitimada para promover este juicio de amparo, ello es así debido a que no acreditó encontrarse en alguno de los supuestos de excepción mencionados en los párrafos que anteceden que le permitan promover el juicio de amparo a favor del directo quejoso. Máxime que en el caso, el directo quejoso antes de acudir a la instancia de amparo debe agotar el medio de defensa previsto en el artículo 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a través del cual puede combatir el acto reclamado. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADO Como lo solicita la promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el escrito de demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta como autorizado en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a ***, debido a que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y por así haberlo solicitado la promovente. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la promovente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. USO DE LENGUAJE INCLUYENTE PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Los artículos 1 y 4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen los principios de igualdad y no discriminación hacia las personas. Ahora bien, debido a que el lenguaje legal debe ser acorde a dichos principios, se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente, es decir, un lenguaje que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; lo anterior de conformidad con las herramientas proporcionadas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponibles en www.equidad.scjn.gob.mx. Acorde con lo anterior, se exhorta respetuosamente a las partes para que utilicen dicho lenguaje en las promociones que realicen en este juicio de amparo. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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