Claudio Eduardo Mata Pérez
Expediente 358/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 358/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Claudio Eduardo Mata Pérez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite la resolución de siete de julio del año en curso, emitida por dicho Tribunal, dictada en el conflicto competencial 17/2022, de su índice. Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósese el cuaderno de antecedentes y procédase a notificar a la parte quejosa. Ahora bien, del análisis a la resolución de mérito, se advierte que el citado órgano colegiado determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se declara legalmente competente para conocer al Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, para conocer de la demanda de amparo promovida por ***. SEGUNDO. Con testimonio de esta ejecutoria, remítanse los autos del juicio de amparo indirecto al Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche; asimismo, envíese copia autorizada de esta ejecutoria al Juez Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, para su conocimiento y efectos legales correspondientes" En consecuencia, se ordena el archivo de este cuadernillo como asunto concluido. De conformidad con los artículos 21, 23 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este expediente es destruible, pues se trata del cuaderno de antecedentes de un juicio de amparo indirecto del cual, este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer; en ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno, y una vez que transcurran tres años procédase a la destrucción del expediente dentro de los treinta días siguientes y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se hay transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, a efecto de recurrir la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo conforme a su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En ese sentido, de autos se advierte que la protección constitucional se concedió para el efecto de que la autoridad responsable, dentro del ámbito de sus funciones realice lo siguiente: SÉPTIMO. PRECISIÓN DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO. En términos de la fracción II del artículo 77 de la Ley de Amparo, se precisa que la concesión de la protección de la Justicia de la Unión al quejoso, es para el efecto de que la autoridad responsable Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de ****de ***** de dos mil veintiuno dictada en los autos del toca de apelación*****; y En su lugar emita otra en la que se abstenga de utilizar la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Campeche, por ende el artículo 98, fracción V, de la citada ley y con libertad de jurisdicción, siguiendo los razonamientos establecidos en la presente resolución, decida nuevamente lo procedente en relación a la materia del referido medio de impugnación. La concesión del amparo se hace extensible a los actos atribuidos a la autoridad ejecutora, ya que no se reclamaron por vicios propios. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de loa Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el oficio que al efecto se gira, remita copia certificada y legible de las constancias con las que acrediten haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Apercibida que de no dar cumplimiento, se impondrá como medida de apremio, una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 192, 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y por último, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En otro tenor, y vista la certificación secretarial de cuenta de la que se desprende que las autoridades responsables Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche y Juez Segundo de Ejecución del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, adjuntaron respectivamente a sus informes de ley, copias certificadas del toca penal *******(dos tomos) y expediente de ejecución ******* (un tomo), se ordena devolver los anexos en comento, identificados como I, II a la Sala responsable y III al Juez de Ejecución responsable, al no ser de mayor utilidad en la el presente juicio constitucional haberse emitido el fallo correspondiente, solicitando el acuse de recibo respectivo. Finalmente, agréguese sin mayor pronunciamiento el escrito signado por el defensor de los quejosos ******* con el que solicita cause ejecutoria la sentencia concesoria dictada en autos, en atención a ello, estese a lo acordado al tenor de los párrafos que anteceden. Notifíquese.
- Principal
Glósese a los presentes autos el oficio del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, mediante el cual informa que no aceptó la competencia planteada por este Juzgado, para conocer de la demanda de amparo promovida por ******, quien se ostenta representante de *****, contra actos del Actuario Adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen y otra autoridad, por lo que comunica el proveído de seis de abril de dos mil veintidós. No obstante lo anterior, este Juzgado Federal insiste en declararse legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías promovida por ******, quien se ostenta representante de ********, contra actos de Actuario Adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen y otra autoridad, con base en los razonamientos lógico-jurídicos vertidos en el auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, del presente sumario. Ahora bien, atendiendo a las consideraciones expuestas por el juez oficiante, resulta oportuno tener en cuenta que la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada para la administración de la justicia, a efecto de conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. Dicha función de los órganos jurisdiccionales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones pues, aunque en lo individual representan una ramificación de un órgano único, su ejercicio está limitado por la competencia, por tanto, si bien el juzgador es titular de la función jurisdiccional, no puede ejercerla en cualquier tipo de asuntos, sino sólo en aquellos para los que de forma expresa está facultado por la ley, es decir, en los que es competente. Así, para que un órgano judicial tenga competencia sobre un determinado asunto, es necesario que la ley le reserve su conocimiento con preferencia sobre los demás jueces y tribunales del mismo grado, ya que son las leyes procesales las que establecen ciertos criterios que determinan la competencia, la cual normalmente se trata de competencia por razón de materia, cuantía, grado y territorio. En ese contexto, la competencia es un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función de que define, además de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, toda vez que de examinarse hasta que se emita la sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría que un órgano dicte resoluciones respecto de asuntos en los que no tiene competencia. De ahí que, para que un juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es requisito que, estando éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. En ese orden de ideas, destaca que las leyes procesales establecen ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de materia, cuantía, grado, territorio, especialización y auxiliar. Así, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia por: a) territorio, b) materia, c) grado, d) auxiliar y e) concurrente. En la especie, la competencia por territorio, surge en función de las normas jurídicas sustantivas que deberán aplicarse para dirimir o solucionar la controversia. Así, para determinar la competencia bajo tal supuesto, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución de los Estados Unido Mexicanos, que dispone: ... Ahora bien, para discernir cuándo un acto reclamado no requiere ejecución, no basta considerar su naturaleza o el señalamiento de autoridades ejecutoras, pues ha sido criterio del máximo tribunal del país, que debe analizarse si el acto produce consecuencias fácticas en la esfera del quejoso... Lo expuesto demuestra que la expresión ejecución material es la cualidad que tiene un acto, omisión o norma general, para producir por sí o por sus efectos un cambio en el mundo fáctico o una afectación material en algún derecho del gobernado, para lo cual, incluso, se debe comparar el estado en el que se encuentran las cosas al momento de presentarse la demanda, con el diverso al que podrían restablecerse si se llegara a conceder la protección constitucional, pues una de las finalidades de la regla de competencia por territorio, tomando en cuenta la ejecución material de los actos reclamados, es lograr prontitud en la tramitación del juicio de amparo y el cumplimiento de su sentencia. Conforme a esas premisas, en el caso, se estima que el acto reclamado es susceptible de producir efectos o consecuencias materiales en el lugar donde se ubica el bien u objeto de la solicitud de la quejosa... En ese contexto, la simple omisión o dilación en la tramitación del procedimiento laboral de origen, que promovió el quejoso, vista en su aspecto formal, como una omisión de respuesta a lo pedido, no es la que puede tener ejecución material en la esfera jurídica de la parte quejosa. Sin embargo, la omisión de que se trata, por sus propias características, se manifiesta y trasciende a la ejecución de actos en el lugar donde se encuentra la autoridad responsable, respecto de la tramitación del juicio laboral de origen, conforme a la legislación aplicable. Por lo tanto, en el caso, la inacción de la autoridad señalada como responsable y, en su caso, la tramitación del juicio laboral puede involucrar la ejecución de actos y la participación de autoridades en la localidad donde se ubica la propia señalada como responsable. .Ante esta circunstancia, dado que la autoridad oficiante no aceptó la competencia planteada y este órgano jurisdiccional insiste en que surte la competencia a su favor por los motivos expuestos en el auto de siete de abril de esta anualidad y lo sostenido en los párrafos precedentes, lo procedente es remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito con sede en esta ciudad, para la substanciación del presente conflicto competencial, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo. Asimismo, comuníquese la anterior determinación al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, para los fines legales conducentes... Por otra parte, acúsese de recibo el expediente original del juicio de amparo 122/2022, de su índice. Asimismo, téngase por recibido el segundo oficio y anexo de cuenta, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 158/2022, comunicación oficial 372/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, que se le envió para notificar personalmente a la parte quejosa ****; en consecuencia, glósese a los autos y dése de baja la comunicación oficial. En ese sentido, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificarle por lista dicho proveído y las subsecuentes notificaciones de carácter personal, para los efectos legales a que haya lugar, en tanto designe un diverso domicilio para oír y recibir notificaciones, en esta ciudad. No obstante lo anterior, por ÚNICA OCASIÓN, notifíquese vía electrónica la presente determinación a la parte quejosa, quien tiene registrado el usuario *****, ante la imposibilidad manifestada por el Actuario adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. Asimismo, se requiere al promovente del amparo, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación electrónica de la presente determinación, desahogue la prevención formulada en párrafos que antecedes, o bien, señala la vía electrónica, de conformidad con el usuario proporcionado, para oír y recibir notificaciones durante la tramitación del presente asunto. Lo anterior, apercibido que de no hacerlo dentro del plazo establecido, se tendrá para tal efecto, las lista de publicación que se fijan para tal efecto en este órgano jurisdiccional; lo anterior, sin necesidad de realizar ulterior acuerdo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Téngase por recibido el escrito de cuenta, de la parte quejosa *** mediante el cual, desahoga el requerimiento efectuado en auto de siete de marzo de este año, y exhibe original del contrato de compraventa de vehículo celebrado el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, en consecuencia; con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciada la documental ofrecida, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Como lo solicita el ocursante, extráigase copia debidamente certificada de la documental exhibida, así como del presente acuerdo, a efectos de acordar lo conducente en los cuadernos incidentales derivados del presentes asunto; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
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