Claudio Cristobal Ramírez

Expediente 1262/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 52 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1262/2021
Año
2021
Actuaciones
52
Última actuación
01/08/2023

Partes del expediente

  • Claudio Cristobal Ramírez
  • Elias Gerardo Cepeda Morado, Juez de Control Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 52.

  1. Principal

    Se agrega sobres devueltos por mensajería estafeta, se ordena reexpedir oficio a fin de notificar a la autoridad especificada en el domicilio correcto.

  2. Principal

    Tampico, Tamaulipas, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Se declara cumplida la ejecutoria de amparo

  3. Principal

    .De conformidad con el artículo 27, fracción I, y diverso 29, de la Ley de Amparo y como está ordenado en autos, notifico a la parte quejosa el proveído de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, mismo que es del tenor siguiente: Tampico, Tamaulipas, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. I. ESTADO PROCESAL. SE PROVEE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de esta fecha de los que se advierte que feneció el término de tres días concedido a la parte quejosa con la vista otorgada por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés (notificada el veintiocho de junio de dos mil veintitrés) para que manifestara lo que a su interés legal convenga respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable Elías Gerardo Cepeda Morado, Juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Consecuentemente, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 26/2000, de la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (Interrupción parcial de la Jurisprudencia 85/98, de la Segunda Sala)"; que fue aprobada en sesión privada de tres de marzo del año dos mil, este órgano jurisdiccional se pronuncia sobre dicho cumplimiento. Encontrándose facultado el suscrito Secretario Encargado del Despacho para hacer el pronunciamiento correspondiente al tenor de lo dispuesto en la Jurisprudencia por contradicción 2a./J. 22/2021 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2023104, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, mayo de 2021, tomo II, página 1891, undécima época, que a la letra dispone: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva". CONSIDERANDO ÚNICO. En principio, conviene mencionar que existe exceso en la ejecución de la sentencia cuando la autoridad responsable sobrepasa lo que manda la resolución de amparo, es decir, extralimita su ejecución. Hay defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuando se ejecuta de manera parcial o incompleta, esto es, sin realizar todas aquellas prestaciones que se determinaron en el fallo. Dicho de otro modo, cuando las autoridades responsables realicen menos deberes jurídicos que los ordenados o impuestos en el fallo protector. Sirve de apoyo a lo descrito el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo II, primera parte de julio-diciembre de 1988, página 241 (Registro IUS: 207508), del rubro y texto siguientes: "QUEJA POR EXCESO O DEFECTO DE EJECUCIÓN, RESPECTO DE UNA SENTENCIA QUE OTORGÓ EL AMPARO PARA EFECTOS. El exceso en el cumplimiento de una ejecutoria que concede el amparo para efectos, de conformidad con los artículos 77, fracción III, 80 y 190 de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, en relación con lo dispuesto en el artículo 95, fracción IX, del ordenamiento legal citado, implica que la autoridad responsable al pronunciar nueva sentencia, rebase o decida puntos diversos de los que determinan el alcance de la protección otorgada en el fallo constitucional; el defecto en la ejecución, entraña que la responsable omita el estudio y resolución de alguna de las cuestiones que le ordenó resolver la ejecutoria que concedió el amparo, conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que está vinculada". En ese orden de ideas, para el cumplimiento de una ejecutoria de amparo en el que se señalan determinados efectos, en la nueva resolución que se pronuncie por la autoridad responsable deben distinguirse dos aspectos, uno en el que queda vinculada con lo estrictamente ordenado en dicha ejecutoria y, otro, en que queda en plena libertad al habérsele devuelto jurisdicción para obrar o decidir. El primer aspecto puede ser materia de análisis en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, cuando se decida si se tiene o no cumplida la ejecutoria en su totalidad, sin excesos ni defectos. En cambio, el segundo aspecto, aquél en que la responsable queda en libertad de actuar o decidir por habérsele devuelto jurisdicción, sólo puede ser materia de análisis en un nuevo juicio constitucional. De tal suerte, se anticipa la conclusión de que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que con tal proceder haya incurrido en exceso o defecto alguno. Esto se afirma porque las constancias remitidas por aquélla en acatamiento al fallo protector, las cuales merecen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del último párrafo del arábigo 2 de ésta, ponen de relieve que dio cumplimiento a la sentencia concesoria, por las razones que a continuación se puntualizan. En la sentencia dictada en este juicio de amparo el veintidós de agosto de dos mil veintidós este juzgado de Distrito determinó conceder la protección constitucional, para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "Deje insubsistente la orden de reaprehensión emitida contra el quejoso el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno y, en su caso, previo a emitir nuevamente un acto de similar naturaleza, agote los medios legales conducentes para determinar la existencia o inexistencia del domicilio proporcionado por el sentenciado al momento de acogerse al beneficio de la condena condicional; y, en su caso, de resultar inexistente, analizar si dentro de la causa penal existe algún diverso domicilio en el que pueda ser localizado el sentenciado. De igual forma, ante una eventual inexistencia de algún domicilio en el que pueda ser localizado el sentenciado, deberá allegarse de la información necesaria que permita su ubicación, como lo puede ser requerir de forma directa a su defensa alguna información que permita ubicarle; lo anterior, a fin de que se le permita acreditar el cumplimiento a sus obligaciones contraídas con motivo de la condena condicional a la que se acogió en sustitución de la pena impuesta en sentencia firme o, en su caso, formularle una eventual amonestación, en términos del artículo 90, fracción IX, del Código Penal Federal". La concesión del amparo se hizo extensiva a los actos de ejecución que se atribuyeron al Encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial, con sede en Tampico, Tamaulipas. Posteriormente, por acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a ésta en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, el cumplimiento de la ejecutoria requería que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: ? El Juez Elías Gerardo Cepeda Morado, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, dejara insubsistente la orden de reaprehensión emitida el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno en contra del aquí quejoso. Previo a emitir nuevamente un acto de similar naturaleza (restrictivo de libertad personal), agotara los medios legales necesarios para determinar la existencia o inexistencia del domicilio proporcionado por el sentenciado al momento de acogerse al beneficio de la condena condicional; y, en su caso, de resultar inexistente, analizara si dentro de la causa penal existe algún diverso domicilio en el que pudiera ser localizado el sentenciado. ? Ante una eventual inexistencia de algún domicilio en el que pudiera ser localizado el sentenciado, debía allegarse de la información necesaria que permitiera su ubicación, como lo puede ser requerir de forma directa a su defensa alguna información que permita ubicarle. Lo anterior, a fin de que se le permitiera acreditar el cumplimiento a sus obligaciones contraídas con motivo de la condena condicional a la que se acogió en sustitución de la pena impuesta en sentencia firme o, en su caso, formularle una eventual amonestación, en términos del artículo 90, fracción IX, del Código Penal Federal. Por su parte, la autoridad ejecutora Encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial, con sede en Tampico, Tamaulipas, debía abstenerse de ejecutar el mandato de captura reclamado. En cumplimiento a la sentencia de amparo, el juez responsable allegó al presente sumario constitucional copia certificada de las siguientes actuaciones: ? Oficio 5156 de ocho de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual comunicó el acuerdo de esa fecha, en el que dejó sin efectos la orden de reaprehensión librada el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno en contra del sentenciado ************; asimismo, requirió al fiscal federal para que indicara a los elementos de la policía a quienes se les había encomendado cumplimentar la referida orden de captura, que dicho mandato había quedado sin efecto, por lo que debían abstenerse de ejecutarlo; además, requirió al aludido fiscal para que, conforme a sus atribuciones y dentro del término de quince días hábiles, encomendara a los agentes de la policía a su cargo, realizaran una investigación con el propósito de que, con la información relativa al domicilio proporcionado por el sentenciado al acogerse al beneficio de la condena condicionar, se obtenga información que permitiera conocer si existe o no ese domicilio, y en caso de corroborarse su existencia, si en ese podía ser localizado el sentenciado (promoción folio 28122, acordada por auto de doce de diciembre de dos mil veintidós). ? Oficio 48/2023 de cuatro de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual hizo del conocimiento de este juzgado el contenido del acuerdo de la misma fecha, en el que requirió de nueva cuenta al fiscal federal para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas diera contestación al requerimiento efectuado mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil veintidós. Asimismo, ordenó notificar ese proveído al sentenciado en el domicilio que localizó en los registros que se llevan en el Centro de Justicia, en el que lo requirió para que dentro del término de tres días se pronunciara respecto al cumplimiento de las obligaciones derivadas del beneficio de condena condicional otorgado. Además, requirió a los defensores del sentenciado para que, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, proporcionaran información relativa a algún medio de localización donde pudiera entablarse comunicación con el sentenciado, y los apercibió con imponerles multa en caso de no hacerlo (promoción folio 360 acordada por auto de cinco de enero de dos mil veintitrés). ? Oficio 222/2023-E de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual comunicó el acuerdo de la misma fecha, en el que tuvo al fiscal Federal dando cumplimiento al acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintidós y proporcionando un domicilio en el que podía ser localizado el sentenciado, por lo que requirió a la defensa de éste para que dentro del término de cuarenta y ocho horas proporcionara un diverso medio de localización de su defendido, apercibida que de no hacerlo se le impondría multa y se tendría por abandonada la defensa y se asignaría un nuevo defensor público federal al sentenciado. ? Oficio 256/2023 de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual se comunicó el acuerdo de la misma fecha, a través del cual se tuvo por recibido el escrito signado por el sentenciado en el que proporcionó un domicilio en el que podía ser localizado, así como un número telefónico (promoción folio 1522, acordada por auto de veinte de enero de dos mil veintitrés). ? Oficio 450/2023-E de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual se comunicó el acuerdo de la misma fecha, a través del cual se requirió al sentenciado para que dentro del término de diez días hábiles acreditara el cumplimiento dado a las obligaciones contraídas con motivo de la condena condicional a la que se acogió en sustitución de la pena impuesta en la sentencia condenatoria dictada en su contra, y allegara la información o comprobantes con los que demostrara el cumplimiento dado a las obligaciones contraídas (promoción folio 2413 acordada por auto de dos de febrero de dos mil veintitrés). ? Oficio 966/2023-E de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, a través del cual comunicó el acuerdo de la misma fecha, en el que citó a las partes a una audiencia pública en la que se determinaría si el sentenciado debe mantenerse en libertad o si lo procedente es revocar el beneficio otorgado en términos de la fracción IX del artículo 90 del Código Penal Federal (promoción 4721 acordada por auto de dos de marzo de dos mil veintitrés). ? Oficio 1168/2023-E de trece de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual se comunicó el acuerdo de la misma fecha, en el que se requirió de nueva cuenta al sentenciado, así como a su defensa para que dentro del plazo de tres días justificaran la falta de comparecencia a la audiencia señalada en auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, apercibidos que de no hacerlo se les impondría una medida de apremio consistente en multa de hasta cinco mil unidades de medida y actualización; asimismo, señaló nueva fecha y hora para la audiencia en la que se determinaría si el sentenciado debe mantenerse en libertad o si lo procedente es revocar el beneficio en términos de la fracción IX del artículo 90 del Código Penal Federal. Aunado a lo anterior, se apercibió al sentenciado que en caso de incomparecencia a la mencionada audiencia se le podría declarar sustraído de la acción de la justicia y ordenarse su reaprehensión para que cumpla con la pena de prisión impuesta; y a la fiscalía y a la defensa del sentenciado se les apercibió que en caso de incomparecencia se les impondría multa de hasta cinco mil unidades de medida y actualización, aunado a que, por cuanto hace a los defensores se declararía su abandono de la defensa, en virtud de que de los registros se advertía que han desatendido múltiples requerimientos (promoción 5783 acordada por auto de quince de marzo de dos mil veintitrés). ? Oficio 1661/2023-E de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual se remitió copia del acuerdo de la misma fecha en el que se hizo efectivo el apercibimiento al defensor del sentenciado al no exhibir, dentro del plazo concedido, constancia médica que descartara cualquier enfermedad que impidiera intervenir en la audiencia; además, se requirió de nueva cuenta tanto al sentenciado como a su defensa en los mismos términos que en el proveído de trece de marzo de dos mil veintitrés, y se señaló fecha y hora para la referida audiencia (promoción 8391 acordada por auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés). ? Oficio 1905/2023 de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, a través del cual se comunicó el acuerdo de la misma fecha, en el que, entre otras cosas, se difirió la audiencia por no haber comparecido ni el sentenciado ni su defensor particular; asimismo, se designó un nuevo defensor público al sentenciado a fin de que lo asista en la fase de ejecución de la sentencia (promoción 8391 acordada por auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés). ? Oficio 1981/2023 de ocho de mayo de dos mil veintitrés, en el que se hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional el acuerdo de cuatro de mayo del presente año, a través del cual se hizo efectivo el apercibimiento decretado en contra de la defensa particular del aquí quejoso y se le impuso multa y se tuvo por abandonado el cargo que ejercía respecto de la defensa del sentenciado al no haberse comparecido a la audiencia pública y desatender los requerimientos efectuados, y se señaló nueva fecha y hora para la audiencia (promoción 9898 acordada por auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés). ? Oficio 2202-E de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, a través del cual se remitió el diverso oficio 2202/2023-E, signado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, en su carácter de juez de Control, actuando como juez de Ejecución, mediante el cual informó que en audiencia celebrada el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés se amonestó al sentenciado Claudio Cristóbal Ramírez y se le requirió para que cumpla con las obligaciones impuestas con motivo del beneficio de condena condicional que le fue concedido. Así, con fundamento en el artículo 90, fracción IX, del Código Penal Federal se notificó al sentenciado que durante el periodo que dure la vigilancia deberá cumplir con las obligaciones impuestas, las cuales se hicieron del conocimiento del sentenciado en la propia audiencia (promoción 10737 acordada por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés). Con lo anterior, se dio vista al quejoso quien no realizó manifestación relativa, no obstante de encontrarse legalmente notificado de esa determinación. Anteriores pruebas y actuaciones de las que se desprende que la autoridad responsable, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintidós dejó sin efectos la orden de reaprehensión librada el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno en contra del sentenciado Claudio Cristóbal Ramírez, que constituyó el acto aquí reclamado; asimismo, requirió al fiscal federal para que indicara a los elementos de la policía a quienes se les había encomendado cumplimentar la referida orden de captura, que dicho mandato había quedado sin efecto, por lo que debían abstenerse de ejecutarlo; además, realizó tantos y cuantos requerimientos fueron necesarios para indagar el domicilio en el que podía ser localizado el sentenciado, inclusive, tuvo a los defensores del sentenciado por abandonado el cargo que ejercían respecto de la defensa se éste y le designó un nuevo defensor público Federal. Así, una vez que hubo localizado al sentenciado *********, aquí quejoso, el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés celebró una audiencia en la que lo amonestó y lo requirió para que, durante el periodo que dure la vigilancia, cumpla con las obligaciones impuestas con motivo del beneficio de condena condicional que le fue concedido; además, en la propia audiencia le hizo saber cuáles son esas obligaciones; ello, en términos de lo dispuesto por el artículo 90, fracción IX, del Código Penal Federal. En ese contexto, es evidente que la autoridad responsable acató la sentencia de amparo al restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados en términos del numeral 77 de la Ley de Amparo vigente, sin que con tal proceder hubiera incurrido en exceso1 o defecto2 en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo3 , pues no se 1 Hay exceso en la ejecución de la sentencia cuando la autoridad responsable sobrepasa lo que manda la resolución de amparo, es decir, extralimita su ejecución 2 Existe defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuando se ejecuta de manera parcial o incompleta, esto es, sin realizar todas aquellas prestaciones que se determinaron en el fallo. Dicho de otro modo, cuando las autoridades responsables realicen menos deberes jurídicos que los ordenados o impuestos en el fallo protector 3 Sirve de apoyo a lo descrito el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Primera Parte de Julio-Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, Materia Común, visible a Página 241 advierte que la autoridad responsable se extralimitara o sobrepasara, ni que ejecutara de manera parcial o incompleta lo que se ordenó en la resolución concesoria. En consecuencia, por lo anteriormente expuesto y fundado de acuerdo con lo previsto por el artículo 214 del citado ordenamiento, sin perjuicio de que se haga valer el medio de impugnación correspondiente, este órgano de amparo RESUELVE: ÚNICO: SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, razón por la cual hágase del conocimiento de este acuerdo a las partes, y una vez transcurrido el término que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese por lista, con efectos de notificación personal, al quejoso, tal como está ordenado en proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional

  4. Principal

    Autoridad informa audiencia publica, se da vista a la parte quejosa

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