Claudio Arturo Gutiérrez Flores

Expediente 455/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 27 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
455/2020
Año
2020
Actuaciones
27
Última actuación
25/05/2022

Partes del expediente

  • Claudio Arturo Gutiérrez Flores
  • Gobernador del Estado de Guanajuato
  • Claudio Arturo Gutiérrez Flores y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Cúmplase.

  2. Incidental

    Cúmplase.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de diecinueve de mayo del año en curso, para que expresara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria decretada en este juicio, sin que hubiera hecho manifestación alguna; en tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si misma está cumplida. El tres de noviembre de dos mil veinte, se dictó sentencia en el presente asunto en el que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión al quejoso Claudio Arturo Gutiérrez Flores. Los efectos de la sentencia fueron para que el Secretario de Salud en el Estado de Guanajuato y el Director del Hospital General de León, en el ámbito de sus competencias: Ordenaran que se continuara brindando el tratamiento médico prescrito al quejoso, por lo que hace al padecimiento diagnosticado (insuficiencia renal crónica). Instruyeran al personal médico y administrativo del Hospital General de León, para que dieran cumplimiento al mandato anterior, en lo que concierne a la prestación del servicio de salud; hecho lo cual se materializara la atención médica completa e integral en cuanto al padecimiento de salud que presenta el quejoso. Inconforme con la anterior resolución, las autoridades responsables Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, ambos con residencia en la ciudad capital, interpusieron recurso de revisión, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad capital, el cual mediante resolución dictada en sesión de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, dentro del amparo en revisión 137/2020, resolvió declarar improcedente el recurso interpuesto y confirmar la sentencia recurrida, conforme a los motivos, fundamentos y efectos ahí precisados, siendo estos últimos, los siguientes: Que la autoridad responsable debía otorgar el tratamiento de hemodiálisis al quejoso y para ello debía: Realizar todas las acciones posibles para brindar el tratamiento, incluso, celebrar los acuerdos de coordinación con las autoridades federales (Consejo de Salubridad General y Secretaría de Salud), para lograr que se otorgue el servicio médico prescrito al quejoso. Lo anterior, debido a que es el Consejo de Salubridad General, la autoridad que elabora el Compendio Nacional de Insumos, donde se determinar la lista de medicamentos y otros materiales esenciales para la salud y se garantiza su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes. Que en el supuesto de que la autoridad responsable determine no celebrar acuerdos de coordinación con las autoridades federales, debe considerar que como la prestación gratuita de los servicios de salud, es establecida por el Gobierno Federal, ello la conmina a realizar todas las acciones encaminadas a cumplir con los objetivos estratégicos establecidos en el presupuesto y la distribución de la cartera de los servicios de salud, lo que incluso implica realizar todas las acciones de coordinación con la Secretaría de Salud, a fin de que se logre la rectoría y la prestación de servicios de salud conforme a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud. Incluso, de ser el supuesto, realizar los trámites correspondientes para que el quejoso sea canalizado al Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, el cual, es un nosocomio público que cuenta con los instrumentos e instalaciones adecuadas para el tratamiento requerido, el cual, brinda atención médica especializada que no puede ser atendida por un hospital de nivel dos. Que, en esa medida, la autoridad responsable, tenía la obligación de asegurar un nivel esencial del derecho a la salud y para ello debía realizar todas las acciones posibles y utilizar todos los medios que estuvieran a su alcance, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 constitucional, lo que se traduce en garantizar que el quejoso recibiera el tratamiento de hemodiálisis, al margen de todos los trámites, o en su caso, los acuerdos que tuviera que celebrar la responsable con las dependencias federales. Dicha resolución fue recibida en este órgano el diecinueve de abril de este año, por lo que en proveído de veinte de ese mes y año, se requirió a las citadas autoridades responsables para que dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Luego, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintitrés de abril siguiente, la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, informó los pasos que se estaba dando para cumplir con el fallo y que requirió a la médico tratante del quejoso para allegar las constancias que acreditaran tal cumplimiento. Posteriormente, al observarse que las responsables habían sido omisas en cumplir cabalmente la ejecutoria de amparo, en auto de catorce de mayo de este año, se les formuló requerimiento para que remitieran las constancias con las que acreditaran que se había dado continuidad al tratamiento del quejoso y, en su caso, las expedidas por la médico tratante en las que informara el estado que guarda tal tratamiento y el seguimiento dado al mismo; además por lo que respecta al Director del Hospital General de León, se le indicó que debería de dar cumplimiento conforme al requerimiento formulado el veinte de abril del año en curso. Motivo por el cual, el apoderado legal del Director del Hospital General de León y Secretario de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, también como superior jerárquico del Director del Hospital General de León, remitió junto con el oficio registrado con el número 5006, el diverso CAJ/DCyN/2837/2021, a través del cual instruyó a la Directora del Hospital General de León a dar cumplimiento inmediato a la ejecutoria de amparo, en los términos requeridos por este juzgado y remitió a su vez, diversas constancias que acreditan dicho cumplimiento, consistentes en: 1) notas médicas de veintidós y veinticinco de septiembre de dos mil veinte, emitidas por el doctor Aurelio Chávez Meza y su homólogo Iván Velázquez Cortés, respectivamente, ambos nefrólogos y el primero de ellos médico tratante del Hospital General de León; en las que se observa la valoración del paciente, antecedentes heredo-familiares, personales patológicos y exámenes de laboratorio recientes, así como las medidas generales, medicamentos ambulatorios y transdiálisis, prescripción de hemodiálisis y el plan de tratamiento para su padecimiento y 2) bitácoras del proveedor Hospital Aranda de la Parra, consistentes en las sesiones de hemodiálisis de los meses de enero, febrero, marzo y abril de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno que corresponda y archívese el expediente como asunto concluido. Con fundamento en la fracción IV del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es depurable.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA...; De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de diecinueve de mayo del año en curso, para que expresara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria decretada en este juicio, sin que hubiera hecho manifestación alguna; en tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si misma está cumplida. El tres de noviembre de dos mil veinte, se dictó sentencia en el presente asunto en el que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión al quejoso Claudio Arturo Gutiérrez Flores. Los efectos de la sentencia fueron para que el Secretario de Salud en el Estado de Guanajuato y el Director del Hospital General de León, en el ámbito de sus competencias: Ordenaran que se continuara brindando el tratamiento médico prescrito al quejoso, por lo que hace al padecimiento diagnosticado (insuficiencia renal crónica). Instruyeran al personal médico y administrativo del Hospital General de León, para que dieran cumplimiento al mandato anterior, en lo que concierne a la prestación del servicio de salud; hecho lo cual se materializara la atención médica completa e integral en cuanto al padecimiento de salud que presenta el quejoso. Inconforme con la anterior resolución, las autoridades responsables Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, ambos con residencia en la ciudad capital, interpusieron recurso de revisión, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad capital, el cual mediante resolución dictada en sesión de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, dentro del amparo en revisión 137/2020, resolvió declarar improcedente el recurso interpuesto y confirmar la sentencia recurrida, conforme a los motivos, fundamentos y efectos ahí precisados, siendo estos últimos, los siguientes: Que la autoridad responsable debía otorgar el tratamiento de hemodiálisis al quejoso y para ello debía: Realizar todas las acciones posibles para brindar el tratamiento, incluso, celebrar los acuerdos de coordinación con las autoridades federales (Consejo de Salubridad General y Secretaría de Salud), para lograr que se otorgue el servicio médico prescrito al quejoso. Lo anterior, debido a que es el Consejo de Salubridad General, la autoridad que elabora el Compendio Nacional de Insumos, donde se determinar la lista de medicamentos y otros materiales esenciales para la salud y se garantiza su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes. Que en el supuesto de que la autoridad responsable determine no celebrar acuerdos de coordinación con las autoridades federales, debe considerar que como la prestación gratuita de los servicios de salud, es establecida por el Gobierno Federal, ello la conmina a realizar todas las acciones encaminadas a cumplir con los objetivos estratégicos establecidos en el presupuesto y la distribución de la cartera de los servicios de salud, lo que incluso implica realizar todas las acciones de coordinación con la Secretaría de Salud, a fin de que se logre la rectoría y la prestación de servicios de salud conforme a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud. Incluso, de ser el supuesto, realizar los trámites correspondientes para que el quejoso sea canalizado al Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, el cual, es un nosocomio público que cuenta con los instrumentos e instalaciones adecuadas para el tratamiento requerido, el cual, brinda atención médica especializada que no puede ser atendida por un hospital de nivel dos. Que, en esa medida, la autoridad responsable, tenía la obligación de asegurar un nivel esencial del derecho a la salud y para ello debía realizar todas las acciones posibles y utilizar todos los medios que estuvieran a su alcance, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 constitucional, lo que se traduce en garantizar que el quejoso recibiera el tratamiento de hemodiálisis, al margen de todos los trámites, o en su caso, los acuerdos que tuviera que celebrar la responsable con las dependencias federales. Dicha resolución fue recibida en este órgano el diecinueve de abril de este año, por lo que en proveído de veinte de ese mes y año, se requirió a las citadas autoridades responsables para que dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Luego, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintitrés de abril siguiente, la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, informó los pasos que se estaba dando para cumplir con el fallo y que requirió a la médico tratante del quejoso para allegar las constancias que acreditaran tal cumplimiento. Posteriormente, al observarse que las responsables habían sido omisas en cumplir cabalmente la ejecutoria de amparo, en auto de catorce de mayo de este año, se les formuló requerimiento para que remitieran las constancias con las que acreditaran que se había dado continuidad al tratamiento del quejoso y, en su caso, las expedidas por la médico tratante en las que informara el estado que guarda tal tratamiento y el seguimiento dado al mismo; además por lo que respecta al Director del Hospital General de León, se le indicó que debería de dar cumplimiento conforme al requerimiento formulado el veinte de abril del año en curso. Motivo por el cual, el apoderado legal del Director del Hospital General de León y Secretario de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, también como superior jerárquico del Director del Hospital General de León, remitió junto con el oficio registrado con el número 5006, el diverso CAJ/DCyN/2837/2021, a través del cual instruyó a la Directora del Hospital General de León a dar cumplimiento inmediato a la ejecutoria de amparo, en los términos requeridos por este juzgado y remitió a su vez, diversas constancias que acreditan dicho cumplimiento, consistentes en: 1) notas médicas de veintidós y veinticinco de septiembre de dos mil veinte, emitidas por el doctor Aurelio Chávez Meza y su homólogo Iván Velázquez Cortés, respectivamente, ambos nefrólogos y el primero de ellos médico tratante del Hospital General de León; en las que se observa la valoración del paciente, antecedentes heredo-familiares, personales patológicos y exámenes de laboratorio recientes, así como las medidas generales, medicamentos ambulatorios y transdiálisis, prescripción de hemodiálisis y el plan de tratamiento para su padecimiento y 2) bitácoras del proveedor Hospital Aranda de la Parra, consistentes en las sesiones de hemodiálisis de los meses de enero, febrero, marzo y abril de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno que corresponda y archívese el expediente como asunto concluido. Con fundamento en la fracción IV del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es depurable....

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