Claudio Alvarado Rayo

Expediente 95/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
95/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
26/05/2022

Partes del expediente

  • Claudio Alvarado Rayo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Téngase al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, acusando recibo de las copias certificadas relativas al acto reclamado que en un tomo le fueron devueltas; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica.Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, veinte de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guarda este expediente, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo sin que la parte quejosa y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado hayan interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, archívese el expediente como asunto concluido. En términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de depuración. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 18 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Por otra parte, devuélvanse a la autoridad responsable las constancias relativas al acto reclamado que remitió en un tomo y solicítesele el acuse de recibo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a este expediente el oficio del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 295/2022, orden 449/2022; dése de baja de la estadística de este juzgado y háganse las anotaciones correspondientes, sin que haya lugar a acusar recibo por haberlo generado el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Atento a lo anterior, se tiene al quejoso +++++ por notificado del auto del cuatro de abril del año que transcurre. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    En Iguala de la Independencia, Guerrero, a las once horas con veinte minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 95/2022-I, promovido por *****, por conducto del Defensor Público Federal, el Juez José Álvaro Vargas Ornelas, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, secretaria quien da fe, procedió a celebrarla sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, reproduce todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales remitidas por la autoridad responsable y hace contar que las demás partes no ofrecieron medios de convicción. El Juez acuerda: se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales referidas. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra dicho periodo. Sin diligencias pendientes por practicar, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 95/2022-I; y, R E S U L T A N D O I. ****, por conducto del Defensor Público Federal y por escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, demandó el amparo y la protección contra un acto del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero. II. La referida demanda fue turnada a la autoridad responsable, quien la remitió a este órgano de control para que conociera de la misma, por lo que en auto del cuatro de abril pasado este Juzgado Federal la admitió a trámite, solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable, dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 48 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridades que ejercen jurisdicción dentro de la demarcación territorial de este órgano jurisdiccional, en la que se encuentra legalmente facultado para declarar el derecho al caso en particular. SEGUNDO. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama la resolución del nueve de marzo de dos mil veintidós emitida en la causa penal ****, mediante la cual, la autoridad responsable declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto del veintiuno de enero pasado, en el que a su vez no acordó favorable la petición del Defensor Público del impetrante, de que se le practicara dictamen especializado en el Protocolo de Estambul. TERCERO. El Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama, por lo cual se tiene por cierto, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo; además de que su certeza se advierte de las copias certificadas de la causa penal **** seguida en contra del aquí quejoso, documental pública a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la normativa de la materia. CUARTO. En virtud de que las partes no hicieron valer causal de improcedencia y este juzgador no advierte de oficio que se actualice alguna de las previstas en el numeral 61 de la Ley de Amparo, resulta viable entrar al estudio del fondo del asunto, sin que este órgano de control tenga la obligación de analizar todas las que hipotéticamente prevé tal precepto. No se transcribe el concepto de violación, sin que por ello deba considerarse incongruente o incompleta esta sentencia o que se violen las formalidades que rigen el juicio de amparo. El promovente ****, en su carácter de Defensor Público de la Federación y como tal del quejoso ****, expone en esencia que la autoridad responsable violó los derechos humanos contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, ya que al declarar improcedente el recurso de revocación hecho valer en contra del proveído del veintiuno de enero pasado, emitido en la causa penal ****, donde no acordó favorable la petición del Defensor Público del impetrante en el sentido de que se le practicara dictamen especializado en el Protocolo de Estambul, hace nugatorio su derecho de tener acceso a la administración de justicia, pronta y expedita. Es infundado el concepto de violación, pues el acto reclamado no contraría garantía alguna al declarar improcedente el recurso de revocación hecho valer en contra del proveído del veintiuno de enero pasado, emitido en la causa penal ****, donde a su vez el juzgado responsable no acordó favorable la petición del Defensor Público del impetrante en el sentido de que se le practicara dictamen especializado en el Protocolo de Estambul. Para afirmar lo anterior, previamente se precisa que la tortura constituye una violación grave de derechos humanos, por lo que su actualización no puede presumirse, sino que debe probarse por las vías legales idóneas, con lo cual se garantiza seguridad jurídica de los gobernados, siendo su objetivo general el de aclarar los hechos para identificar a los responsables y facilitar su procesamiento u obtener reparación para las víctimas. En este sentido, el Protocolo de Estambul es una de las vías mediante la cual se puede comprobar la existencia de tortura, y puede alegarlo quien considere haber sido víctima de tortura en cualquier momento mientras dure ese proceso, siendo que cualquier autoridad que tenga conocimiento de algún acto de tortura tiene la obligación de actuar en consecuencia. Existen dos consecuencias de los actos de tortura, dentro del proceso penal y como delito cometido por autoridad. En el primer caso, tendrán como efecto la exclusión de pruebas que hayan sido obtenidas de manera ilegal, mientras que en el caso de la tortura como delito, la persecución de éste por las autoridades competentes. En el caso concreto, de acuerdo con los antecedentes del acto reclamado, se advierte que existe sentencia emitida en contra del quejoso y recurso de apelación promovida por el impetrante a fin de combatirla, por lo que en este momento su situación jurídica se encuentra regida por la sentencia que en su caso se emita en segunda instancia. Así, como se adelantó, la determinación reclamada no vulnera derecho humano alguno, en la medida de que la quejosa solicitó se le aplicara dicho protocolo, al considerar que existió tortura dentro de su proceso, cuando ya se emitió sentencia en la causa penal instruida en su contra, sin que previamente fuera alegada ante la responsable dicha violación, por lo que no podría pronunciarse con antelación al respecto, por lo que en todo caso, ello podría hacerlo valer ante el órgano revisor ante quien se tramita el medio de impugnación que promovió contra la sentencia. En ese contexto, se estima que la determinación del juez responsable no viola derechos fundamentales de la quejosa, al no acordar de conformidad su solicitud, pues se aprecian los motivos torales para declarar la improcedencia del recurso y confirmar el contenido del auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós, por lo que se considera que se encuentra apegada a la legalidad y no contraría garantía alguna en su perjuicio. Como apoyo a lo anterior, se cita En esas condiciones, se niega el amparo y protección de la justicia solicitada. R E S U E L V E: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****, respecto del acto precisado en el considerando segundo, por los argumentos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese por lista electrónica. Así lo resolvió y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramirez, Secretaria quien da fe. Doy fe

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