Claudio Alfonso Ek Martín
Expediente 354/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 354/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Claudio Alfonso Ek Martín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Atento a lo informado por la Secretaria en la razón de cuenta que antecede, en el sentido que de la lectura de la constancia actuarial de tres de febrero del año en curso, se advierte que no fue posible notificar y emplazar al presente juicio a la tercero interesada Silvia Patricia Moo Canche, por el motivo expuesto en la misma. En atención a lo señalado en el párrafo que antecede, con fundamento en lo establecido en los artículos 108, fracción II, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, proporcione a este juzgado federal el domicilio correcto y actual de la tercero interesada Silvia Patricia Moo Canche, a fin de poder notificarle y emplazarla juicio; apercibida que de no hacer manifestación alguna, se procederá conforme al artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo aplicable; es decir, este Juzgado Federal se avocará a la investigación del domicilio de mérito y, en su caso, se ordenará el emplazamiento por edictos. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002576, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fija para su celebración las once horas con cincuenta minutos del tres de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Azucena Sosa García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
AVISO:_ Mérida, Yucatán, diez de marzo de dos mil veintidós. Como está ordenado en el auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva este incidente, promovido por E.E.P.V. contra actos de la Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Yucatán, y agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Segunda Investigadora Mérida Estado de Yucatán, como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 136, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo aplicable, se tramita por cuerda separada y por duplicado el incidente de suspensión. Pídase informe previo a las autoridades señaladas como responsables, el que deberán rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído; apercibidas que de no cumplir con lo anterior de conformidad con el artículo 260, fracción I, de la legislación de la materia, se presumirá cierto el acto reclamado y se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, vigente a la presente fecha. En atención a las medidas de contingencia, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que podrán hacer llegar a este Juzgado el informe previo requerido o cualquier otro documento relacionado con este juicio, enviándolos al correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional que es el siguiente 1jdo14cto@correo.cjf.gob.mx Para la celebración de la audiencia incidental se señalan las nueve horas con treinta y cuatro minutos del diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Ahora bien, respecto de la suspensión provisional instada se acuerda con base a lo siguiente: Con fundamento en los artículos 128 y 139 de la Ley de Amparo, se niega a la quejosa E.E.P.V., la suspensión provisional que solicitan respecto del acto que reclama a las autoridades señaladas como responsables, consistentes en la omisión de notificarle personalmente la resolución de uno de octubre de dos mil veinte, dado que por su naturaleza dicho acto refleja una abstención u omisión por parte de la autoridad responsable y, por ende, no requiere de ejecución material alguna. En efecto, atendiendo a la naturaleza del acto, la suspensión instada resulta inconducente ya que sólo puede ser suspendido lo que se viene desarrollando en forma positiva, en esas condiciones es incuestionable que no existe materia de suspensión cuando lo que se combate, como en el caso, son abstenciones de la autoridad responsable. Esto es así, ya que la suspensión tiene por objeto evitar la consumación del acto reclamado con el consecuente perjuicio irreparable para el quejoso; en ese sentido, las abstenciones o actos negativos, por su naturaleza misma, entrañan la imposibilidad de consumación y, por lo tanto, decretar la suspensión de los mismos no produciría efecto alguno, máxime que de concederse sería dar efectos restitutorios o constitutivos, cuando su función, como ya se dijo, es únicamente la de conservar la materia del amparo. En apoyo de lo anterior se cita, en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 312, del Tomo XI-junio, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida." Asimismo, sirve de apoyo, la tesis visible en la página 214, del Tomo V abril de 1997, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y texto señala lo siguiente: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." Por otra parte, por lo que respecta al acto reclamado, consistente en la resolución de uno de octubre de dos mil veinte, mediante la cual se ordenó declinar la competencia del asunto de origen relativo a la carpeta de investigación C1/97/2019 a favor del Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, adscrita a la Oficina Fiscal General de la República, con sede en la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 128, 132 y 139 de la Ley de la Materia, se niega la suspensión provisional instada en virtud de que dicho acto tiene la naturaleza de consumado y en relación al mismo no procede conceder la mencionada medida cautelar, ya que esto equivaldría a darle efecto restitutorios los cuales son propios de la sentencia que se pronuncie en el juicio principal de donde derivan estos autos, al tenor de la tesis jurisprudencial número 12, visible a foja 13, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, del texto siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie". Ahora bien, respecto los efectos y consecuencias, se concede la suspensión provisional del acto reclamado para el efecto de que sin suspender el procedimiento, el Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, adscrita a la Oficina Fiscal General de la República, con sede en la Ciudad de México, no realice ningún pronunciamiento respecto a la competencia declinada; asimismo, no sea consignada ante el Juez de Control correspondiente la carpeta de investigación correspondiente, hasta en tanto no se dicte la resolución correspondiente en los presentes autos incidentales. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 67/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Décima Época, con número de registro 2002075, del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA. La suspensión del acto reclamado es la facultad que tienen los jueces para conservar la materia del juicio, atendiendo a las exigencias del artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal. En dicha fracción se ha incorporado el deber de los jueces de ponderar en cada caso concreto entre la apariencia del buen derecho y el interés social. De este modo, los juzgadores pueden ordenar la interrupción de alguna etapa del procedimiento para evitar que se pierda la materia litigiosa. Lo anterior no supone en modo alguno que deba necesariamente paralizarse el procedimiento, puesto que ello llevaría a la contravención de disposiciones de orden público; por ello, se considera suficiente evitar el dictado de la sentencia definitiva hasta entonces no se resuelva el juicio de amparo, pues esta última resolución puede determinar la continuidad lógica y jurídica del juicio. La continuidad lógica se refiere a que antes del dictado de la sentencia del juicio natural, siempre conviene tener completamente despejados y resueltos los problemas de previo y especial pronunciamiento, ya que se trata de cuestiones naturalmente anteriores a las del fondo del asunto. La continuidad jurídica, por su parte, tiene que ver con la necesidad de evitar resoluciones contradictorias como la que surgiría entre una sentencia de amparo que concede la protección de la justicia federal por alguna violación al procedimiento en el juicio natural, y la resolución de fondo del mismo juicio, que pudo ser dictada antes de que el amparo se concediera. Así, si en un juicio de amparo se reclama la resolución dictada en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria que resolvió la excepción de incompetencia, debe considerarse que procede otorgar la suspensión del acto reclamado, salvando las exigencias del artículo 124 de la Ley de Amparo -es decir, sin que el procedimiento se paralice- para el efecto de que no se dicte la sentencia en el juicio natural hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo. Con esta medida se busca evitar el dictado de sentencias por jueces cuya competencia posteriormente pudiera quedar desconocida por el amparo, o bien que el amparo tuviera que ser sobreseído por haberse quedado sin materia." De conformidad con el artículo 132 de la Ley de Amparo, la medida cautelar otorgada surte sus efectos, desde luego, pero dejará de surtirlos, si la parte quejosa no otorga dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, a satisfacción de este Juzgado Federal, caución por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos sin centavos, moneda nacional), en billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., (BANSEFI), o en cualquier otra forma prevista por la ley; garantía que se fija para resarcir de posibles daños o perjuicios que se ocasionaren con motivo de la aludida suspensión, dicha cantidad se fija en forma discrecional, de conformidad con el invocado precepto legal, ya que no se tienen datos específicos y concretos respecto a la cuantía de las prestaciones en el juicio origen. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 873 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, dígase a la quejosa que en caso de que decida garantizar la efectividad de la medida cautelar concedida a través de billete, certificado u otro instrumento análogo, deberá solicitar a la institución depositaria que lo emita, que haga constar que el referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante. Además, como lo establece el numeral 883 del Acuerdo General del Pleno antes invocado, la quejosa deberá indicar a la institución crediticia, que incluya en el referido instrumento de depósito, la leyenda en el sentido de que el depositante otorga autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria, la información que le permita el control de dicho depósito. En relación a la solicitud que formula la parte quejosa en el sentido de que sea otorgada la suspensión sin garantía alguna, debe indicarse que no se accede a lo mismo, toda vez que de conformidad con el artículo 132 de la Ley de Amparo, se debe otorgar garantía cuando la suspensión del acto reclamado pueda causar daños y perjuicios a un tercero sin que se advierta en la citada disposición que deba exceptuarse por los motivos que indica la parte quejosa. Finalmente, hágase del conocimiento de la Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Yucatán y agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Segunda Investigadora Mérida Estado de Yucatán, que deberán informar al Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, adscrita a la Oficina Fiscal General de la República, con sede en la Ciudad de México, la presente determinación para los efectos legales a los que haya lugar, debiendo informar las autoridades responsables a este Juzgado en el término de tres días contados a partir de que se encuentren legalmente notificadas del presente acuerdo, el cumplimiento a lo ordenado en el presente párrafo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Azucena Sosa García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguense a los presentes autos para que obren como correspondan, los telegramas del Juez de Control del Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Tekax, Yucatán, autoridad responsable en el presente juicio; por el que informa que el oficio 935/2022 con el que se le comunicó la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, fue recibido el ocho de marzo del año en curso y señala correo institucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Azucena Sosa García, secretaria que autoriza y da fe.
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