Claudia Zapata Mata
Expediente 1460/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1460/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Claudia Zapata Mata
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
HA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA, POR TANTO ARCHIVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO.
- Principal
SIN LUGAR A PROVEER.
- Principal
En la ciudad de Chihuahua, capital del Estado del mismo nombre, siendo las diez horas con veinte minutos del ocho de octubre de dos mil diecinueve, fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1460/2019, el Juez Segundo de Distrito en el Estado, licenciado Arturo Alberto González Ferreiro, asistido del Secretario licenciado Cesar Valente Aguilar Ramírez, quien autoriza y da fe, la declara abierta sin la asistencia personal de las partes; enseguida el Secretario hace relación de constancias y un oficio. Abierta dicha audiencia, el Secretario da lectura al escrito de demanda, al informe justificado rendido por las autoridades responsables y demás constancias de autos. A continuación, se abre el período probatorio y se da cuenta con las documentales ofrecidas por la autoridad responsable a su informe justificado y en alcance al mismo. En la etapa de alegatos se hace constar que las no hicieron uso del derecho que les confiere el artículo 124 de la Ley de Amparo A continuación y no habiendo pruebas pendientes por desahogar, alegatos por reproducir, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta, por lo que el suscrito Juez, procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la siguiente: S e n t e n c i a: V i s t o s, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 1486/2019, promovido por CLAUDIA ZAPATA MATA; y, R e s u l t a n d o s: I. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el quince de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional, ese mismo día, CLAUDIA ZAPATA MATA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que a continuación se citan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadora: Junta Especial Número 26 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad. Ejecutora. Central de Actuarios adscrita a la Junta Especial Número 26 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: II. Trámite del juicio. El dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita en materia de amparo a este juzgado, quien no formuló pedimento, se continuó el trámite y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o s: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 1°, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y cuarto punto, fracción XVII, primer párrafo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención a que en su jurisdicción territorial tratan de ejecutarse los actos reclamados. Segundo. Existencia de los Actos reclamados. Las autoridades responsables de la Junta Especial Numero Veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje y Actuario Adscrita a dicha junta laboral, con sede en esta ciudad, negaron los actos reclamados sin embargo se tiene por desvirtuada dicha negativa en virtud de que realizan manifestaciones que evidencian la existencia del acto reclamado. Tercero. Al respecto, el suscrito Juez advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Así, de la interpretación que se realiza de la fracción XXI, del artículo 61 de la de la Ley de Amparo, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. Tratándose de la sustitución, se actualiza esa causal, por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto; por ende, si quedó sustituido por el segundo acto reclamado, el primero resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por identidad de razón, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, correspondiente al mes de diciembre de dos mil nueve, página 1491, bajo el epígrafe: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Así, se desprende que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica del quejoso, por no poder producir ya efecto alguno. Es decir, para que esta causa de improcedencia se materialice es necesario que mediante una conducta de hacer por parte de la autoridad, deje sin efecto el acto reclamado, o bien, se sustituya por otro. Para sustentar la causa de improcedencia invocada, es pertinente que la determinación que constituye el acto reclamado en la presente vía constitucional, se hizo consistir en: La omisión de emplazar a la parte demandada Secretaría de Salud e Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores en el expediente laboral 513/2019. Al efecto, es dable apuntar que la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en la esfera jurídica del quejoso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación en virtud de la cual, se modifique, revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; entonces, a fin de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que se deje sin efecto el acto o se revoque, sino además es necesario que se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración del supuesto en que se actualiza la causa de improcedencia en comento, se invoca en lo conducente, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCIX, Materia Común, página 2443, que establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." La razón que dio origen al presente motivo de improcedencia, obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad refutado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si ésta nunca se hubiera realizado. Al respecto cítese en lo conducente, la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, del título y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así también sustenta lo anterior, la tesis CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y siete, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Sentado lo anterior, debe decirse, que en el ámbito jurisdiccional, un acto deja de surtir sus efectos, entre otros supuestos, cuando es sustituido procesalmente por una determinación posterior que lo originó, como lo es en este caso, la determinación asentada en las constancias Actuariales de dos de septiembre del presente año, y en el acuerdo de doce de ese mismo mes y año, emitido por la Junta Laboral responsable, que ponen de manifiesto las medidas llevada a cabo para lograr el emplazamiento de la parte demandada, el cual no se llevó a cabo porque los domicilios proporcionados para tales efectos resultaron incorrectos; documentales a las que se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según lo dispone el artículo 2º de la invocada Ley. Es aplicable la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo anterior, pone de manifiesto que la omisión de falta de emplazamiento que se controvierte a las autoridades responsables, dejó de surtir efectos, al haber sido sustituida por la emisión de las constancias Actuariales de dos de septiembre del presente año y el acuerdo de doce de ese mismo mes y año, emitido por la Junta Laboral responsable, que ponen de manifiesto las medidas llevada a cabo para lograr el emplazamiento de la parte demandada, el cual no se llevó a cabo porque los domicilios proporcionados para tales efectos resultaron incorrectos. En esas condiciones, es inconcuso que cesaron los efectos de los actos reclamados en esta vía constitucional, por las razones de que se ha dado noticia, lo que hace se acredite la causa de improcedencia en estudio. Por las razones que la informan, apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica, la tesis III.3o.C.23 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y siete, página 410, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACIÓN QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente". Por lo expuesto y fundado, es de resolverse, y se; R e s u e l v e: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por CLAUDIA ZAPATA MATA, contra el acto y autoridades que precisados quedaron en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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