Claudia Virginia Martínez Soto

Expediente 306/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
306/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
22/06/2021

Partes del expediente

  • Claudia Virginia Martínez Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veintidós de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de veintiocho de mayo del año en curso, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha determinación para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que la autoridad responsable foránea se encuentre notificada de la resolución referida; en razón de que la misma carece de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no les causa agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice mil novecientos noventa y cinco, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente deberá TRANSFERIRSE por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años contados a partir de la emisión de este auto. Además, el asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. Una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data, el expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 de dicho Acuerdo, pues en el presente asunto se tuvo por no presentada la demanda de amparo intentada, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director Médico del Hospital General de Zona Número Ocho, por sí y en representación del Titular de la Delegación Regional Veracruz, Sur y Subdelegado de Córdoba, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado. Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en el asunto que nos ocupa se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o, fracción II, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De los artículos antes transcritos, interpretados contrario sensu, se desprende que el juicio es improcedente cuando el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para los efectos del amparo. En relación con ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis 2a. CCIV/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, correspondiente al mes de noviembre de dos mil uno, página 39, sostuvo lo siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por tanto, para los efectos del juicio de amparo, las notas distintivas de acto de autoridad se rigen por los siguientes elementos: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Luego, si el amparo procede sólo contra actos de autoridad, es dable concluir que quedan excluidos los actos de particulares, siempre y cuando no se trate de actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten derechos en los términos señalados, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese entendido, es pertinente destacar que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para dirimirlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Por otro lado, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos; y se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para dirimir los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por tanto, la naturaleza jurídica de la relación entre la quejosa y aquellos a quienes señala como autoridad responsable, son determinantes para efectos de la procedencia del presente juicio, pues se requiere que el acto que se reclame sea el que emita un funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. Es pertinente señalar que en la contradicción de tesis 127/2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el conocimiento de una demanda de amparo indirecto promovida en contra de la negativa de aplicar en beneficio de alguna persona trabajadora las medidas implementadas para prevenir los contagios de la enfermedad COVID-19 en los centros de trabajo, corresponde a un Juzgado de Distrito especializado en materia de trabajo, y no a uno en materia administrativa. Para arribar a dicha conclusión, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País señaló que si bien las medidas implementadas para reducir los riesgos de contagio de la enfermedad por coronavirus COVID-19, como es evitar la asistencia a los lugares de trabajo de aquellas personas con mayor riesgo de enfermar gravemente a causa del virus, derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia que se vive, lo cierto es que tienen una naturaleza laboral, ya que su aplicación está dirigida a garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores en sus centros de trabajo. La ejecutoria en cita dio origen a la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE APLICAR A FAVOR DE UNA PERSONA TRABAJADORA, LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD ORIGINADOS POR EL VIRUS SARS-CoV2 EN LOS CENTROS DE TRABAJO. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron respecto a qué Juez de Distrito correspondía conocer del juicio de amparo indirecto promovido en contra de la negativa de aplicar a favor de una persona trabajadora, las medidas implementadas para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo; al respecto, llegaron a conclusiones diferentes, pues mientras uno decidió que el asunto era competencia de un Juez de Distrito en Materia de Trabajo, el otro resolvió que correspondía conocer de éste a un Juez de Distrito en Materia Administrativa. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que es competente el Juez de Distrito en Materia de Trabajo para conocer de las demandas de amparo indirecto promovidas en contra de la negativa de aplicar en beneficio de una persona trabajadora, las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo. Justificación: Lo anterior, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para fijar la competencia por razón de materia para conocer de un juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, cuando en una demanda de amparo indirecto se reclame la negativa de aplicar a favor de una persona trabajadora las medidas adoptadas para la prevención y mitigación de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo, se advierte que su naturaleza es de carácter laboral. Lo anterior, ya que si bien tales acciones derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia sanitaria, lo cierto es que su aplicación se ubica en el ámbito laboral, al tener por objeto garantizar el derecho a la seguridad y salud de las personas trabajadoras". En el caso, la quejosa, Claudia Virginia Martínez Soto, reclama del el Director Médico del Hospital General de Zona Número Ocho del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, lo siguiente: - Los requerimientos realizados a fin de que regrese a mis tareas laborales en violación de mi derecho a la salud y la vida al pertenecer a grupo vulnerable a COVID 19, siendo en este momento COVID positivo lo que además me coloca dentro del grupo vulnerable de personas con enfermedades respiratorias y provoca hacia la comunidad un alto riesgo de contagio. - El quitarme la licencia aún mal otorgada por tratarse de enfermedad laboral y no general como indican las incapacidades y obligarme a asistir a mis tareas, pone en riesgo mi vida y vulnera el derecho a la salud y el de la población en general, mismos que tengo reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los diversos Tratados Internacionales de los cuales México forma parte. - La negativa de otorgarle resguardo domiciliario, en términos del acuerdo por el que se establecen las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2. Sustenta su pretensión sobre la base de que, la quejosa, es trabajadora del Hospital General de Zona número 8, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Córdoba, Veracruz, con número de seguridad social 6708- 841-8214, con categoría de auxiliar de enfermería general 80; que padece obesidad y resultó positivo en la prueba de COVID-19; y que, por ende, se ubica dentro del grupo de personas vulnerables a contraer la enfermedad generada por el virus COVID-19. En ese entendido, si el acto reclamado deriva de la relación laboral que la parte quejosa tiene con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dado que dicho instituto es quien -en todo caso- debe otorgar el permiso para ausentarse de sus labores, al fungir como su patrón; entonces, la controversia tiene una naturaleza laboral, en la medida que los acuerdos que han sido emitidos para establecer medidas preventivas para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), con base en el cual la quejosa manifiesta se debe otorgarle el permiso respectivo, está dirigido a garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores en sus centros de trabajo. Luego, al ser la relación entre la inconforme y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de naturaleza laboral, por tanto, el acto que derive de esa relación no es susceptible de analizarse a través del juicio de amparo, sino en jurisdicción ordinaria. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en mención. Cabe destacar que si bien el precepto 5°, fracción II, último párrafo, de la Ley de la Materia, establece que los particulares tendrán la calidad de autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en forma unilateral y obligatoria, cuya funciones estén determinadas por una norma general; sin embargo, en el caso, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al no otorgar a la impetrante el permiso para ausentarse de su empleo, no crea, modifica o extingue la situación jurídica de ésta en forma unilateral y obligatoria, sino que actúa como consecuencia de la relación laboral existente entre éstos. En las relatadas condiciones, al operar la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con los numerales 61, fracción XXIII, y 5º, fracción II, todos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se impone SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de amparo y, por ende, se deja sin efectos el día y hora que se tienen señalados para su celebración, esto es, diez horas con cuarenta minutos del quince de junio de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, correspondiente al mes marzo de dos mil tres, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, resulta innecesario dar vista a las partes con el informe justificado de cuenta y con el diverso rendido conjuntamente por el licenciado Humberto Osorio Falcón, Apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social y en representación del Titular o Encargada de la Delegación Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Orizaba, Veracruz y del Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Córdoba, Veracruz, pues ningún fin práctico tendría ya que en el presente asunto se actualizó la causa de improcedencia en cita que motivó sobreseer en el juicio. Finalmente, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados del Director Médico del Hospital General de Zona Número Ocho, por sí y en representación del Titular de la Delegación Regional Veracruz, Sur y Subdelegado de Córdoba, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, a los profesionistas que indica y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su informe de cuenta..

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, seis de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la diligencia practicada por el fedatario público adscrito a este Juzgado, de la que se advierte que la quejosa ***********, ratificó la demanda presentada a su favor por ************. En consecuencia, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se provee: PROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en lo que disponen los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII, y XV, de la Constitución General de la República, y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Claudia Virginia Martínez, contra actos del 1. Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social Zona Sur del Estado de Veracruz, con sede en Orizaba, y otras autoridades. INCIDENTE. No se ordena la apertura del incidente de suspensión relativo al presente juicio, toda vez que los actos reclamados fueron materia de la suspensión de plano, prevista por el artículo 126 de la Ley de Amparo, la cual ya fue decretada, en el diverso acuerdo dictado el veintisiete de julio de dos mil veinte. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 117 del ordenamiento jurídico invocado, pídase su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, para que lo rindan dentro del término de quince días, siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, sito en Avenida tres número mil trescientos nueve esquina calle trece, de esta ciudad de Córdoba, Veracruz, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término señalado o de hacerlo sin remitir, en su caso, las copias certificadas, completas, legibles y ordenadas del acto reclamado y sus antecedentes, se les impondrá una multa que podrá ir de cien a mil Unidades de Medida de Actualización, conforme a su valor diario, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260, fracción II, de la citada Ley, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En el entendido que deberán rendir su informe justificado haciendo referencia al número de oficio que contestan, el nombre correcto de la parte quejosa y número del presente juicio de amparo, precisando sobre la certeza o no de los actos reclamados. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio, la que se llevará a cabo sin la presencia física de las partes, toda vez que ésta no se requiere, ya que el acto reclamado no se encuentra dentro de alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, en los que puede alegar verbalmente. Lo que obedece estrictamente a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En el entendido de que de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 5°, fracción II, segunda parte, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la audiencia se llevará a partir de los escritos presentados o que se presenten hasta ese momento procesal, física o electrónicamente por las partes. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente de Ministerio Público Federal adscrito la intervención legal que le corresponde, para lo cual córrasele traslado con la copia simple de la demanda. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la parte quejosa las documentales descritas en proveído de veintisiete de julio de dos mil veinte, las que de conformidad con el diverso 123 de ese mismo ordenamiento legal, se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. En relación con el domicilio y autorizado deberá estar al diverso proveído de veintisiete de julio de dos mil veinte, en el que se acordó lo conducente. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 22, fracción II, en relación con el 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le tiene señalando correo electrónico y número telefónico, a fin de entablar comunicaciones no procesales en los casos en que se estime necesario. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas autorizadas, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de ello, en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que reproduzca la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise el documento a reproducir, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. LEY DE TRANSPARENCIA. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director Médico del Hospital General de Zona Número Ocho, con sede en Córdoba, Veracruz, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de siete de abril del año en curso, informa el estado de salud que guarda la directa quejosa Claudia Virginia Martínez Soto, y remite copia certificada de la nota médica SPPSTIMSS HGZ8, de doce de abril del año en curso, en la que se asentó: ".concluye diagnóstico de obesidad mórbida, sin evidencias de infección por covid 19 o secuelas pulmonares de acuerdo con la TAC de torax.". Por otra parte, del estado que guardan las presentes actuaciones, se advierte que mediante proveído de veintisiete de julio de dos mil veinte, se reservó notificar y requerir la ratificación de la demanda de amparo signada electrónicamente por Gabriel Andrés Campoli, en favor de Claudia Virginia Martínez, hasta en tanto obrara en autos el informe del estado de salud de la quejosa, lo cual en este acto acontece, en consecuencia, a fin de proveer sobre su admisión, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, para que se constituya en el domicilio que señaló la quejosa en su escrito de demanda, ubicado en Poniente 6, número 57, interior 30, colonia centro de Orizaba, Veracruz, código postal 94300, y en la diligencia de notificación la requiera para que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo presentada en su nombre o, en su caso, lo haga por escrito en el término de tres días; apercibida que de no hacerlo así, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA la demanda de amparo de que se trata. En el entendido de que dicha diligencia deberá practicarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personas y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con lo previsto en el artículo 23, fracción I, del "Acuerdo General 21/2020, del Pleno del propio Consejo, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19", reformado en relación con el periodo de su vigencia, mediante diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021 del Pleno del propio Consejo

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