Claudia Veronica Toledo Arce

Expediente 820/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
820/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
02/08/2023

Partes del expediente

  • Claudia Veronica Toledo Arce

Actuaciones

  1. Principal

    Dada la cuenta que antecede, se advierte que ya transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de queja, sin que hasta este momento se haya hecho valer en contra del proveído de doce de julio del año en curso, que desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio; consecuentemente, se declara firme el referido auto. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo y por tanto, se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; precepto que establece que aquéllos expedientes que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado, serán susceptibles de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 34 del Acuerdo General referido. Notifíquese por lista a la parte inconforme.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA. EL AUTO DE 12 DE JULIO DE 2023.

  3. Principal

    Dada la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo, presentada por ********************, por derecho propio, contra actos del Juez Vigésimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a los derechos contenidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; fórmese expediente -físico y electrónico- y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 820/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y provéase lo que en derecho corresponda. En ese sentido, la misma debe desecharse por los motivos que se exponen a continuación: Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado, se hace consistir en el siguiente: Del Juez Vigésimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el auto de doce de junio de dos mil veintitrés, emitido en el juicio -especial hipotecario- expediente ********************, promovido por ********************, en contra de ******************** -aquí quejosa-. Cabe precisar que en la determinación referida, el juez natural ordenó el remate en primera almoneda del inmueble hipotecado. Bien, de lo expuesto por la peticionaria del amparo en la demanda -bajo protesta de decir verdad-, se deduce lo siguiente: La quejosa es parte formal y material del asunto de donde derivan los actos reclamados, tan es así que tiene el carácter de demandada, misma que ha comparecido a la contienda primigenia. Existe incertidumbre en cuanto a que ese procedimiento se encuentra en la fase de ejecución de sentencia, específicamente en la etapa de remate. En esas condiciones, se estima que en el presente asunto, se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV ambos de la Ley de Amparo, que se reproducen a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [- - -] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [- - -] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. - - - Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. - - - En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior [- - -]" El primer numeral transcrito, precisa que el juicio de amparo es improcedente cuando de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la ley de la materia, se derive una causal que así lo determine. Por su parte, el segundo dispositivo establece de manera general, que la vía constitucional que se promueva en contra de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia resulta improcedente cuando no se trata de la última resolución dictada en esa fase, en donde se podrán reclamar todas las demás violaciones que se hubieren cometido durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la quejosa. De ello se puede advertir además, que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial en la fase citada, establece un distingo entre: 1) Los actos que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución y que afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada y 2) Los actos tendentes a llevarla a cabo. Por lo que hace a la primera clase de actos, son aquéllos que, como se dijo, cuentan con autonomía propia y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por lo tanto, pueden ser impugnados de manera inmediata empero siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto solamente procede contra la última resolución del procedimiento respectivo -definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para hacerlo- por ser en ésta en la que se materializará el agravio respectivo. Además, el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 en estudio, introduce una regla específica también de procedencia del amparo, pues se refiere exclusivamente al remate, en cuyo caso el juicio de amparo indirecto deberá promoverse contra la resolución definitiva, y ser indispensable que, además de aprobarse el remate mediante subasta o adjudicación directa, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega del bien rematado. En relación con éste tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis ********************, estableció lo siguiente: "[- - -] 47. Se observa que, tratándose de actos de remate, el legislador en aras de claridad y certeza, fue incluso más específico, precisando que la última resolución del procedimiento de remate, es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pues es inconcuso que una vez que el bien inmueble sujeto a remate, fue adjudicado y entregado materialmente a quien resultó vencedor del remate, no hay posibilidad de emitir acto posterior que retrotraiga o modifique los efectos del remate, luego entonces, el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto permanecerá como definitivo, lo que a la par asegura que el procedimiento de ejecución de sentencia del juicio de instancia que en el caso se materializa en el remate del bien inmueble, se haya agotado en su totalidad. 48. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto, pues de forma clara pretende dos objetivos, el primero consiste en asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, emitida fuera del juicio -remate-, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo, pues al limitar la procedencia del amparo a la última resolución emitida en la etapa de ejecución, se garantiza la efectividad del juicio de amparo indirecto, evitando que el juicio constitucional quede sin materia; y de forma más destacada, como un segundo objetivo, el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, consistente en asegurar que la interposición del juicio de amparo sí es en contra de la última resolución del remate, a fin de evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales, esto es, evitar que se interpongan innumerables juicios de amparo que suspendan la continuidad del procedimiento de ejecución, así que, al establecer como requisito de procedibilidad del amparo, el que únicamente procede en contra de la última resolución dictada fuera de juicio, se facilita la culminación del proceso de ejecución de sentencia, pues únicamente procede el amparo en contra del acto que en definitiva ponga fin al remate." [El énfasis es añadido.] De la transcripción que antecede se aprecia claramente que la última resolución del procedimiento de remate es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. Ello en atención a que el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto respecto de ésta clase de actos persigue dos objetivos: Asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, emitida fuera del juicio -remate-, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el procedimiento constitucional. Garantizar que la interposición del juicio tutelar de derechos fundamentales sí es en contra de la última resolución del remate, a fin de evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Sentadas las premisas anteriores, en el caso concreto, se vuelve a recordar que el acto reclamado se hace consistir en el auto de doce de junio de dos mil veintitrés, emitido por el Juez Vigésimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el juicio -especial hipotecario- expediente ********************, promovido por ********************, en contra de ******************** -aquí quejosa-, a través del cual, dicho órgano jurisdicción ordenó el remate en primera almoneda del inmueble hipotecado. Visto de esta manera, el acto descrito con antelación, no encuadran en las hipótesis de procedencia del amparo contra actos dictados por la autoridad judicial después de concluido el juicio, pues la determinación cuestionada no constituye la "última" de la fase de remate -ya que no aprueba el remate mediante subasta o adjudicación directa, ni ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega del bien rematado-. Además, el acto reclamado no es de naturaleza autónoma ni afecta derechos sustantivos diversos de la cosa juzgada establecida en el procedimiento de origen. Lo anterior se afirma de ese modo, cuenta habida que la determinación cuestionada no es independiente, aunado a que tiene como finalidad directa e inmediata substanciar el procedimiento de remate, por tanto, dicho acto no puede ser impugnado de manera inmediata. Además, el acto reclamado no afecta de manera directa alguno de los derechos sustantivos de la peticionaria del amparo, consagrados en la Constitución, tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. En ese sentido, la parte inconforme debe sujetarse a las reglas que regulan el procedimiento de remate y por ello la violación que aquí reclama deberá hacerla valer hasta que se emita el acto conclusivo de dicha fase, momento en el que podrán impugnarse las cuestiones adjetivas surgidas durante esa etapa, pues no podría aceptarse la procedencia de la instancia constitucional cada vez que las partes manifestaran oposición en contra de alguna decisión que se tomara durante ese trámite. Consecuentemente, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 de la legislación de la materia, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo por notoriamente improcedente. Determinación a la que se arriba en total observancia del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir a trámite la demanda de que se trata, ya que la inconforme no podría demostrar una cuestión diversa a la conclusión aquí alcanzada; esto es, que el acto combatido constituye la "última resolución en la fase de ejecución de sentencia", lo cual como ya como se dijo, es notorio y manifiesto para este órgano jurisdiccional, derivado de las alegaciones realizadas bajo protesta de decir verdad -lo cual crea certeza en este juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las declaraciones respecto de su falsedad u omisión de datos-. Máxime que aún y cuando se llegaren a recabar los informes y constancias del juicio de origen, la conclusión a la que se arribaría luego de tenerlas a la vista, sería la misma, lo cual significaría un gasto tanto en recursos materiales como humanos innecesarios -tanto para las partes como para el propio Estado-. Se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el escrito de demanda -las listas-. Ahora, sin que haya lugar a tener por facultados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, toda vez que no tienen inscrita sus cédulas profesionales, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que sólo se les autoriza en términos del párrafo que antecede, sin perjuicio de que una vez que cumplan con lo anterior, y previa designación que se haga en su favor por parte del promovente, se proveerá lo conducente. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se autoriza el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

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