Claudia Veronica Romero Ríos

Expediente 20/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
20/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
26/04/2023

Partes del expediente

  • Junta Especial Número de Tres de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California
  • Claudia Veronica Romero Ríos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio; motivo por el cual lo conducente es, de acuerdo con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Incidentes. No se ordenó su apertura. Constancias o actuaciones. No existen para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 20/2023; y, RESULTANDOS PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de enero de esta anualidad, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, Claudia Verónica Romero Ríos, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra: "[.] II. La autoridad Responsable: Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, baja California y Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California. IV. Acto reclamado: 1.- Respecto de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, se reclama la paralización, retraso, abstención y/o dilación dentro del juicio laboral 2812/2020-3b, al no haber agotado dentro de los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo la etapa de Conciliación, demanda y excepciones. [.]" SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de diez de enero de dos mil veintitrés, la demanda se radicó bajo el número de expediente 20/2023, y se admitió a trámite. Luego, substanciado el juicio en términos de ley, previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para resolver de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción XVII, del Acuerdo General 28/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, en virtud de que los actos reclamados consisten en normas generales con motivo de su acto de aplicación, lo cual tiene ejecución en esta ciudad, lugar donde ejerce jurisdicción territorial este juzgado federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, luego del examen integral de la demanda de amparo y de la totalidad de las constancias que integran este juicio, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa expuso sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía, podemos concluir que la parte quejosa reclama lo siguiente: De la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, el no haber "desahogado" la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral 2812/2020-3B, en el plazo que establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, la omisión de emplazar en el citado juicio. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables, ya que al día de presentación de la demanda de amparo, no se había logrado el emplazamiento de la parte demandada, ni tampoco el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral de origen. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "Registro digital: 917812, Instancia: Pleno, Quinta Época, Materias(s): Común, Fuente: Apéndice 2000. Tomo VI, Común, página 231, Tipo: Jurisprudencia. INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con las constancias que integra el expediente del que emergen los actos reclamados, la cual fue allegada en copia certificada por las propias autoridades señaladas como responsables, por lo que tienen valor probatorio pleno como documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que se trata de actuación certificada emitida por autoridad en ejercicio de sus funciones. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, que establece: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, precepto legal que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)" El citado numeral establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de estudio en otro juicio de amparo, esto en los términos de la fracción IX del propio numeral, la que prevé que el diverso juicio deberá estar promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En la especie, el motivo de improcedencia invocado se surte al tener en consideración que el acto reclamado en este juicio de amparo consistente en la falta de desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del plazo legal que establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, así como de emplazamiento a los demandados en el juicio laboral 2812/2020-3B. En efecto, de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se advierten actuaciones dictadas en el diverso juicio de amparo 1026/2021, del índice de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, de las cuales se revela lo siguiente: a) El juicio de amparo 1026/2021, del índice de este juzgado fue promovido por (1) Claudia Verónica Romero Ríos. b) El acto reclamado, consistió en: i. El retardo en la impartición de justicia por parte de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Mexicali, Baja California, en el juicio laboral 2812/2020-3B, al no desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del plazo establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. ii. La omisión por parte del Actuario adscrito a dicha Junta, de llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada. c) El veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito dictó sentencia en la que se determinó conceder la protección constitucional para los efectos siguientes: "[.] SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En virtud de lo hasta aquí narrado, con sustento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada es para que el Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Mexicali Baja California, así como también el Actuario Adscrito a dicha Junta, una vez que cause ejecutoria el presente fallo, realicen lo siguiente: ( En el ámbito de su respectiva competencia, deberán dejar sin efectos la fecha señalada para el desahogo de la audiencia trifásica señalada para el diez de diciembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral del origen (2812/2020-3B), y en su lugar, deberá, fijar una nueva data respetando el término de quince días previsto en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo y, ( Llevar a cabo el emplazamiento de la patronal demandada con la debida anticipación y, además, realizar todas las gestiones necesarias, verbigracia, girar el exhorto recordatorio respectivo y dar las órdenes al fedatario adscrito a la junta responsable, para que finalmente, se celebre la audiencia inicial en su primera fase de conciliación, y pasar a la de demanda y excepciones. Importa destacar que los alcances de la protección constitucional se limitan única y exclusivamente a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del juicio. [.]" Esa sentencia causó ejecutoria en auto de doce de noviembre de esa anualidad, por lo que se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por otro lado, del escrito de demanda que dio origen a este sumario constitucional 20/2023, y de las constancias que obran en el presente contradictorio federal, se advierten los datos siguientes: 1) El presente juicio de amparo 20/2023, es promovido por (1) Claudia Verónica Romero Ríos. 2) Los actos reclamados consisten: i. De la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, el no haber desahogado la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral 2812/2020-3B, en el plazo que establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. ii. Del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, la omisión de emplazar en el citado juicio. De las anteriores precisiones, resulta que, tanto el juicio de amparo 1026/2021, como el presente 20/2023, ambos del trámite de este juzgado federal, los promovió (1) Claudia Verónica Romero Ríos, contra el mismo los mismos actos reclamados. Incluso, aún y con la protección constitucional concedida en el amparo indirecto 1026/2021, no se ha logrado emplazar a los demandados, ni desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral de origen; tanto es así, que actualmente se encuentra en etapa de cumplimiento, el cual, según la sentencia culminaría con el desahogo de la primera etapa, esto es, la conciliación; sin embargo, aún se siguen agotando medios de localización de domicilio de uno de los demandados y oficios recordatorios respecto de los demandados con domicilio en la Ciudad de México. En tal virtud, por tratarse ello de un hecho notorio para esta autoridad, con fundamento en lo previsto por el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, se tiene a la vista para resolver el presente, sin necesidad de obtener copias certificadas para ser agregadas a los presentes autos. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "Registro digital: 172215 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 103/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Junio de 2007, página 285 Tipo: Jurisprudencia HECHO NOTORIO, PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." De igual forma, por ilustrativa, es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "Registro digital: 2017123 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 16/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10 Tipo: Jurisprudencia HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." En las relatadas circunstancias, queda evidenciado el motivo de improcedencia en comento, previsto en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto procede sobreseer en el presente juicio constitucional, de conformidad con la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por ilustrativa, la Tesis de Jurisprudencia 235, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 193, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS." Así como la tesis 1a. XCV/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro 2011383, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, visible en la página 1107, del rubro siguiente: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA." Así como la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las razones que informa, consultable en la página noventa y uno, Volumen 181-186 Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que enseguida se transcribe: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Bajo tal escenario jurídico, es inconcuso que al existir una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, en el que hay identidad de quejoso, autoridades responsables y acto reclamado, no puede ser materia de estudio en el presente contradictorio, acorde al principio de cosa juzgada, conforme lo prevé el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo; lo que es compatible con el derecho a la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia. En mérito de lo anterior, lo conducente es sobreseer en este juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notificación de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Así lo resolvió y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, asistido de Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a siete de marzo de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexo de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado el nueve de septiembre del presente año, respecto de las constancias solicitadas por este órgano jurisdiccional por ser necesarias para resolver el presente juicio. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por exhibida ofrecida la prueba documental que remite la autoridad responsable de mérito, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional respectiva. Vista a las partes. De conformidad con en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con las constancias remitidas por la autoridad oficiante dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Conforme al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, toda vez que no se opone a la citada ley, al respecto resulta aplicable la tesis: XXI.2º.16K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Tercero interesado. De la intelección de la demanda de amparo de que se trata, se advierte que no le corresponde el carácter de tercero interesado a la parte demandada en el expediente de origen; lo anterior, en virtud que tal como lo indica la parte quejosa, dicha parte demandada en el juicio natural, aún no ha sido emplazada. De ahí que la citada patronal carece de dicho carácter, en tanto que al no haber sido llamada aún, no puede haber resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender; de hecho, justamente el acto que aquí se reclama consiste en la dilación del procedimiento laboral génesis, entre otras cosas por no haber sido emplazada aún a dicha patronal. Es aplicable al caso el siguiente criterio, cuyo rubro y texto son los siguientes: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender. (Época: Novena Época, Registro: 167160, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Mayo de 2009, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 67/2009, Página: 265) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, y lo señalado en la certificación que antecede, de la que se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado, para la celebración de la audiencia constitucional, en razón de que son necesarias diversas constancias para proveer respecto del fallo que será dictado en el presente juicio. Requerimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, remita la totalidad de las constancias que integran el expediente laboral 2812/2020-3B de su índice, a este Juzgado, mismas que se estiman necesarias para la resolución del presente juicio. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la unidad de medida y actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Diferimiento. Por tanto, para dar oportunidad a lo antes acordado, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se designan las trece horas con treinta minutos del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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