Claudia Verónica Chávez Corona

Expediente 693/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
693/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
14/11/2017

Partes del expediente

  • Claudia Verónica Chávez Corona
  • Presidenta de la Junta Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Zacatecas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    El catorce de noviembre de dos mil diecisiete, Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas C E R T I F I C A : Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del veintiséis de octubre al trece de noviembre del año en curso; sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado el diecinueve de octubre de la presente anualidad. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. En el presente juicio no se tramitó incidente de suspensión. Existe dos tomos de pruebas por devolver a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Zacatecas. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a catorce de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de diecinueve de octubre de la presente anualidad, en la que se sobreseyó el juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, y en atención a que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. De igual forma, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, devuélvase a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Zacatecas, las constancias que remitió en apoyo a su informe con justificación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. ABL

  2. Principal

    El veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta al Juez con un escrito registrado con número de folio 14160.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTICUATRO DE OCTUBRE DOS MIL DIECISIETE. Vista el oficio de cuenta mediante el cual el autorizado de la parte quejosa ofrece pruebas y formula alegatos; ocurso que se agrega a los autos únicamente para que obre como corresponda sin necesidad de pronunciarse al respecto, en razón de que el diecinueve de octubre del año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza.- DOY FE. ABL

  3. Principal

    El diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, da cuenta a la Juez con el estado procesal que guarda el presente asunto. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, tenemos que, de oficio, este órgano jurisdiccional advierte que en relación con el acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, afecten la libertad personal, o bien, en el supuesto que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, supuesto en el que el quejoso queda en libertad de interponer el recurso procedente o acudir al juicio de amparo. Ahora bien, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras hipótesis. En este contexto, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. De ahí la obligación del gobernado de agotar dichos recursos o medios, para estar en la posibilidad de promover el juicio de amparo. En ese tenor, tenemos que el acto reclamado consistente en la determinación de catorce de junio de dos mil diecisiete, dictada por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, mediante la cual declaró improcedente la medida cautelar de arraigo solicitada por la quejosa; sin embargo, respecto de dicha determinación la parte quejosa debió interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 849, en relación con el diverso 857, ambos de la Ley Federal del Trabajo. Ello es así, pues los citados preceptos legales, establecen: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión". "Artículo 857. Los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, o los de las Especiales de las mismas, a petición de parte, podrán decretar las siguientes providencias cautelares: I. Arraigo, cuando haya temor de que se ausente u oculte la persona contra quien se entable o se haya entablado una demanda; y II. Embargo precautorio, cuando sea necesario asegurar los bienes de una persona, empresa o establecimiento". De la intelección literal de los artículos trascritos se advierte que, conforme al numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo, procede el recurso de revisión en contra de los actos de los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados en los supuestos siguientes: a) en ejecución de los laudos; b) en ejecución de los convenios; c) en ejecución de las resoluciones que ponen fin a las tercerías; y d) los dictados en las providencias cautelares. Por otra parte, la resolución reclamada reúne las características establecidas en el inciso d), para que sea considerada como una actuación emitida en las providencias cautelares, en tanto que, justamente, en ella se declaró improcedente una medida de esa naturaleza (arraigo), por lo que conforme al artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo en su contra procedía recurso de revisión. Es aplicable la Tesis X.1o.71 L, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en la página 2753, Tomo XXII, Diciembre de 2005 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. SU PROCEDENCIA NO SE LIMITA A LOS ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE LAUDO O CONVENIO. La procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo no se limita a los actos dictados en ejecución de laudo o de convenio, sino que dicho numeral dispone expresamente que también procede, entre otros casos, contra los dictados en las providencias cautelares, que en términos del numeral 857 de dicho ordenamiento son el arraigo y el secuestro provisional, y acorde con el diverso precepto 858 de la propia ley laboral pueden decretase desde el momento de la admisión de la demanda o durante la sustanciación del juicio, sin que sea obstáculo a lo anterior que el capítulo XIV del título catorce de la ley obrera, dentro del cual se encuentra el numeral que prevé el mencionado recurso, se denomine "De la revisión de los actos de ejecución", toda vez que como se mencionó, de la remisión del referido artículo 849 a los numerales 857 y 858 de dicha ley, se advierte que el recurso de revisión es procedente, además, contra actos dictados en las providencias cautelares". Por lo tanto, la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo, debió agotar el recurso de revisión contra la determinación de catorce de junio de dos mil diecisiete, por ser el medio idóneo para lograr su revocación o modificación. Por analogía en el precepto que se interpreta, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Así como la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, localizable en el Tomo 12, Sexta Parte, página 37, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Sin que se pase por alto que, como se precisó, existen supuestos de excepción a dicha regla; sin embargo, debe destacarse que en la especie no se actualiza alguno de tales casos de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, para estimar que no existía obligación del quejoso de acatar ese principio. Lo anterior, porque de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado emana de un procedimiento laboral, consistente en la determinación de catorce de junio de dos mil diecisiete, en la que se declaró improcedente la medida cautelar solicitada por la quejosa, lo cual conlleva a considerar que no se está ante la presencia de algún acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de aquellos que afecten la libertad personal del quejoso; por lo que no existe un supuesto de excepción para agotar los medios ordinarios de defensa antes de acudir al juicio de amparo. En otro contexto, aun cuando el acto reclamado tuviera la característica de ser de imposible reparación, ello no exenta al quejoso de haber agotado los medios ordinarios de defensa procedentes en su contra, puesto que en esos casos el juicio de amparo es procedente siempre y cuando se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado. Además, los artículos 849 a 852 de la Ley Federal del Trabajo, establecen con claridad la procedencia, las reglas para resolverse, así como la sustanciación del medio de defensa procedente contra el acto reclamado, por lo que la legislación aplicable no requiere interpretación adicional, de ahí que no se actualice esa excepción. Además, tampoco puede considerarse a la parte quejosa como persona extraña al procedimiento de origen, pues ella misma promovió la mencionada medida precautoria. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, Libro X, julio de 2012, Tomo 1 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". En consecuencia, al resultar que la parte quejosa previo a acudir al juicio de amparo indirecto debió agotar el recurso de revisión en contra de la determinación reclamada, sin que lo haya hecho, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia, se impone SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el juicio constitucional. Sin que pase por alto quien aquí resuelve, que al versar el juicio de origen sobre un conflicto de trabajo en el que la parte quejosa figura como trabajador y actor, opere la suplencia de la queja deficiente atento al contenido del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo; sin embargo, ello no implica que deban soslayarse las cuestiones atinentes a la procedencia del juicio de amparo, dado que así lo dispone la diversa jurisprudencia P./J. 7/2006 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de título: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS." Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las nueve horas con veinte minutos del veintitrés de octubre de dos mil diecisiete. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    El once de octubre de dos mil diecisiete, el Secretario del Juzgado licenciado Juan García Trejo doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a once de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó que la Comisión de Adscripción en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo, como Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, a partir del uno de octubre del año en curso; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia, 2ª./J.104/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, resultado de la contradicción de tesis 119/2010 entre los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo del Décimo Primer Circuito, actualmente Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del mismo circuito, y Segundo del Quinto Circuito, ahora Primero en Materias Civil y de Trabajo del mismo circuito, consultable en la página 312 del Tomo XXXII, Julio de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza.- DOY FE. ABL

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