Claudia Verenice Ortega Landeros

Expediente 239/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
239/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
26/09/2022

Partes del expediente

  • Claudia Verenice Ortega Landeros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo del que se desprende que con fecha diez de mayo de dos mil veintiuno, este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del escrito de demanda de amparo, promovido por Claudia Verenice Ortega Landeros, por considerar que procedía el amparo directo y no indirecto como se planteó, asimismo de autos se desprende que con data cuatro de junio de dos mil veintiuno, se recibió vía correo electrónico la boleta de turno 000448/2021, proveniente de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, de la que se desprende que se correspondió el conocimiento de la incompetencia planteada, al Primer Tribunal Colegiado en la materia anotada de aquella ciudad. En esas condiciones, mediante oficio que al efecto se libre, solicítese de la manera más atenta, a dicho Tribunal que de no tener impedimento legal o material alguno, se sirva informar a este juzgado de Distrito, sí aceptó o no la competencia declinada por este juzgador a fin de proveer lo conducente en el presente cuaderno de antecedentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la boleta de turno 000448/2021, proveniente de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, de la que se desprende que se correspondió el conocimiento de la incompetencia planteada por este Juzgado en el presente asunto, al Primer Tribunal Colegiado en la materia anotada de aquella ciudad; de lo anterior, se toma conocimiento para el efecto legal conducente. Finalmente, es necesario precisar que el comunicado de cuenta, fue remitido por correo electrónico y su recepción en el correo oficial de este juzgado fue certificada por el Secretario de este juzgado, por ende, tiene la misma calidad que si se hubiera recibido en físico, en razón de que, a criterio del suscrito, la información proporcionada por medio del correo electrónico, forma parte del sistema mundial diseminación y obtención de datos, que es comúnmente utilizado en la actualidad para transmisión de documentos; estimándose apto para ese fin el uso correo electrónico entre autoridades, al contar con cuentas oficiales; además, su base legal se encuentra en la aplicación por interpretación extensiva, del concepto "medios magnéticos", que se estima incluye a los electrónicos, a través del cual la autoridad correspondiente puede transmitir información concerniente a este juicio. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, diez de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el escrito signado por la quejosa Claudia Verenice Ortega Landeros, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Lo anterior así se estima, toda vez que la parte promovente expresó lo siguiente: "Que por un error involuntario señale como AUTORIDAD RESPONSABLE a la JUEZA MIXTA DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TANHUATO, MICHOACÁN, debiendo ser lo correcto EL MAGISTRADO DE LA PRIMERA SALA CIVIL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN. Con domicilio bien conocido en dicha ciudad, el cual se le reclama, el considerando y resolutivo tercero de la sentencia de Segunda Instancia de fecha 5 cinco de abril de 2021 dos mil veintiuno, relativo al toca I-32/2021, formado con motivo del recurso de apelación que se interpuso en el juicio sumario civil 407/2019, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia con residencia en Tanhuato, Michoacán.". Al respecto, téngase a la parte quejosa dando cumplimiento a la prevención que se le formuló, para lo cual se le provee lo siguiente: Incompetencia. para conocer del presente asunto. Resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares. Del examen de la demanda de amparo, y escrito aclaratorio se advierte que este juzgado federal es legalmente incompetente para conocer de la misma, por las razones siguientes: El artículo 170, fracción I, y 179 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; (.)" "Artículo 179. El presidente del tribunal colegiado de circuito deberá resolver en el plazo de tres días si admite la demanda, previene al quejoso para su regularización, o la desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia." De los preceptos transcritos se aprecia que contra las sentencias definitivas, procede el amparo directo del cual es competente para conocer el Tribunal Colegiado de Circuito, en la materia correspondiente. En el caso concreto, la parte quejosa reclama "el considerando y resolutivo tercero" de la sentencia de segunda instancia de fecha cinco de abril de dos mil veintiuno, dictada por la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en el toca I-32/2021, formado con motivo del recurso de apelación que se interpuso en el juicio sumario civil 407/2019, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia con residencia en Tanhuato, Michoacán, a través de la cual se resolvió, entre otras cosas, declarar fundados por una parte e inoperantes por otra, los agravios hechos valer por la quejosa; asimismo, modificar la sentencia definitiva dictada por el Juez primario; resolución que, de conformidad con el aludido ordinal 170 de la Ley de Amparo, constituye una sentencia definitiva, toda vez que se resolvió el fondo del asunto sobre una cuestión autónoma y no incidental o accesoria a diverso juicio, en virtud de que en el juicio sumario civil 407/2019, se reclamó el pago de honorarios profesionales que promovieron Agustín Reyes Brambila y María Soledad Meza Cruz, frente a la quejosa. En ese orden de ideas, cuando esta acción se tramita de manera autónoma, debe considerarse como principal e independiente, y no como parte del juicio en el que los promoventes representaron como mandatarios judiciales a la parte quejosa, pues las partes materiales e intereses que intervienen en el juicio sumario civil son distintos, así como las pretensiones que se deducen en él; además, el objeto del citado sumario no es el de resolver una cuestión previa o algún punto procesal que implique contradicción entre las partes que intervienen en el juicio del que deriva, sino que decide una cuestión autónoma surgida entre una de las partes materiales y sus abogados, en el que se involucran intereses distintos a los del procedimiento del que derivó el mandato, lo que evidencia que el juicio sumario civil en cuestión, es formalmente un verdadero juicio; razón por la cual, contra la sentencia que lo resuelve en definitiva, procede el juicio de amparo directo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, de la Ley en la materia, este juzgado de Distrito estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Claudia Verenice Ortega Landeros; por lo que, se ordena remitir la demanda y el escrito aclaratorio con sus anexos al Tribunal Colegiado en Materia Civil, en turno, del Décimo Primer Circuito, con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán, para lo que a bien tenga determinar; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias de rubro y textos siguientes: "AMPARO DIRECTO PLANTEADO COMO INDIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCION, DEBE ATENDERSE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA ANTE EL JUZGADO DE DISTRITO.". De conformidad con el artículo 49 de la Ley de Amparo cuando se presenta ante un juez de Distrito una demanda de amparo contra alguno de los actos respecto de los cuales proceda el amparo directo, se declarará incompetente de plano y mandará remitir dicha demanda al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien podrá imponer al promovente una multa de diez a ciento ochenta días de salario si confirma la resolución del juez. La interpretación de este precepto permite concluir que se refiere al caso en que la parte quejosa equivoca la vía, promoviendo amparo indirecto contra actos respecto de los cuales procede amparo directo, y dado que dicha equivocación no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso ante actos que estima lesivos de sus garantías individuales, debe considerarse que se interrumpe el término legal de presentación de la demanda de garantías y, por tanto, a fin de determinar la oportunidad de su presentación, debe atenderse a la fecha en que se presentó ante el juzgado de Distrito y no a aquella en que la reciba el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, sin que resulte aplicable a dicho caso lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Amparo con respecto a que "la presentación de la demanda en forma directa, ante autoridad distinta de la responsable, no interrumpirá los términos a que se refieren los artículos 21 y 22 de esta ley", toda vez que este último precepto no se refiere al caso de equivocación de la vía, sino al de una demanda de garantías planteada como amparo directo pero que se presenta ante autoridad distinta de la responsable, precepto que además corrobora que la falta de disposición expresa por parte del legislador en torno a la no interrupción del término en el artículo 49 significa que en el caso establecido en este numeral sí se interrumpirá dicho término de presentación de la demanda de amparo, máxime que el propio numeral 49 establece la posibilidad de que el Tribunal Colegiado de Circuito imponga una multa cuando confirme la resolución de incompetencia del juez, que si se relaciona con el artículo 3o. bis del propio ordenamiento, procederá imponerse cuando se haya actuado de mala fe, es decir, cuando la promoción del amparo en la vía indirecta se haya hecho no por una verdadera duda en torno al ejercicio de la vía procedente." "RECURSO DE APELACIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DESECHA, ES INNECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 680 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, PREVIAMENTE A PROMOVER EL AMPARO DIRECTO. El artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, entendiéndose estas últimas como las que, sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes no conceden recurso ordinario alguno. En relación con lo anterior, si el artículo 680 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán señala que el recurso de revocación es un medio de impugnación para combatir todos los autos de las Salas del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, con excepción de los que se dicten en grado de apelación, sin especificar su calidad o su sentido, deben de considerarse como tales los emitidos en la segunda instancia procesal, la cual debe tenerse por iniciada al momento de la presentación del recurso de apelación; de manera que si de conformidad con la legislación procesal aplicable, en el procedimiento se establece la participación del juez, no sólo como receptor del escrito de agravios, sino para proveer su interposición y el grado de la apelación, hasta que la Sala emite su pronunciamiento, con ello se demuestra una vinculación directa en las actuaciones del juez con la instancia procesal. De ahí que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando el juez tramita el recurso de apelación interpuesta por el recurrente, provee sobre su interposición y expresa el efecto con el que lo admite (suspensivo o devolutivo), se dicta en "grado de apelación", pues procesalmente se refiere a otra instancia diversa a la competencia del juzgador, como resolutor de la primera instancia. Por tanto, si el acto impugnado fue posterior a esas actuaciones, esto es, la determinación del tribunal de alzada para desechar el recurso, es evidente que se trata de una resolución dictada en "grado de apelación" y, por ende, es innecesario agotar el recurso de revocación en su contra, antes de acudir al juicio de amparo directo, al actualizarse la excepción prevista en la norma.". "INCIDENTE DE HONORARIOS PREVISTO POR EL ARTÍCULO 73 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE SONORA. LA SENTENCIA QUE LO RESUELVE EN DEFINITIVA ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. De conformidad con los artículos 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra la sentencia definitiva o resolución que pone fin al juicio, entendiéndose por la primera, la que lo decide en lo principal y contra la que no proceda recurso ordinario alguno por virtud de la cual pueda ser modificada o revocada: y, por la segunda, aquella que sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual, las leyes no concedan recurso ordinario alguno. Por otra parte, el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora establece que los abogados patronos y procuradores pueden reclamar incidentalmente a las partes que los designen en el juicio respectivo, el pago de honorarios, acción que también pueden promover autónomamente en la vía sumaria civil en términos del artículo 497, fracción III, del mismo ordenamiento. En ese orden de ideas, cuando esta acción se tramita incidentalmente en términos del primer numeral, debe considerarse como principal e independiente a la deducida en el juicio en que se planteó, pues las partes materiales e intereses que intervienen en el incidente son distintos, así como las pretensiones que se deducen en él; además, el objeto del citado incidente no es el de resolver una cuestión previa o algún punto procesal que implique contradicción entre las partes que intervienen en el juicio del que deriva, sino que decide una cuestión autónoma surgida entre una de las partes materiales y su abogado, en el que se involucran intereses distintos a los de ese procedimiento, lo que evidencia que el incidente en cuestión, es formalmente un verdadero juicio, razón por la cual, contra la sentencia que lo resuelve en definitiva, procede el juicio de amparo directo.". Por lo anterior, se solicita a la Superioridad de la manera más atenta, informe la determinación que recaiga a este proveído; asimismo, se sirva ordenar a quien corresponda, acuse el recibo de estilo correspondiente. Finalmente, háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    En razón de que la parte quejosa CLAUDIA BERENICE ORTEGA LANDEROS, o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos, el trece de mayo del año en curso, ni agotó el procedimiento para ingresar al juzgado o bien a ponerse de acuerdo con el Actuario para que le notificara, por lo que; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído diez de mayo del presente año, dictado en autos, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado. PROVEIDO DE DIEZ DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, que dice: ruapan, Michoacán, diez de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el escrito signado por la quejosa Claudia Verenice Ortega Landeros, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Lo anterior así se estima, toda vez que la parte promovente expresó lo siguiente: "Que por un error involuntario señale como AUTORIDAD RESPONSABLE a la JUEZA MIXTA DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TANHUATO, MICHOACÁN, debiendo ser lo correcto EL MAGISTRADO DE LA PRIMERA SALA CIVIL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN. Con domicilio bien conocido en dicha ciudad, el cual se le reclama, el considerando y resolutivo tercero de la sentencia de Segunda Instancia de fecha 5 cinco de abril de 2021 dos mil veintiuno, relativo al toca I-32/2021, formado con motivo del recurso de apelación que se interpuso en el juicio sumario civil 407/2019, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia con residencia en Tanhuato, Michoacán.". Al respecto, téngase a la parte quejosa dando cumplimiento a la prevención que se le formuló, para lo cual se le provee lo siguiente: Incompetencia. para conocer del presente asunto. Resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares. Del examen de la demanda de amparo, y escrito aclaratorio se advierte que este juzgado federal es legalmente incompetente para conocer de la misma, por las razones siguientes: El artículo 170, fracción I, y 179 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; (.)" "Artículo 179. El presidente del tribunal colegiado de circuito deberá resolver en el plazo de tres días si admite la demanda, previene al quejoso para su regularización, o la desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia." De los preceptos transcritos se aprecia que contra las sentencias definitivas, procede el amparo directo del cual es competente para conocer el Tribunal Colegiado de Circuito, en la materia correspondiente. En el caso concreto, la parte quejosa reclama "el considerando y resolutivo tercero" de la sentencia de segunda instancia de fecha cinco de abril de dos mil veintiuno, dictada por la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en el toca I-32/2021, formado con motivo del recurso de apelación que se interpuso en el juicio sumario civil 407/2019, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia con residencia en Tanhuato, Michoacán, a través de la cual se resolvió, entre otras cosas, declarar fundados por una parte e inoperantes por otra, los agravios hechos valer por la quejosa; asimismo, modificar la sentencia definitiva dictada por el Juez primario; resolución que, de conformidad con el aludido ordinal 170 de la Ley de Amparo, constituye una sentencia definitiva, toda vez que se resolvió el fondo del asunto sobre una cuestión autónoma y no incidental o accesoria a diverso juicio, en virtud de que en el juicio sumario civil 407/2019, se reclamó el pago de honorarios profesionales que promovieron Agustín Reyes Brambila y María Soledad Meza Cruz, frente a la quejosa. En ese orden de ideas, cuando esta acción se tramita de manera autónoma, debe considerarse como principal e independiente, y no como parte del juicio en el que los promoventes representaron como mandatarios judiciales a la parte quejosa, pues las partes materiales e intereses que intervienen en el juicio sumario civil son distintos, así como las pretensiones que se deducen en él; además, el objeto del citado sumario no es el de resolver una cuestión previa o algún punto procesal que implique contradicción entre las partes que intervienen en el juicio del que deriva, sino que decide una cuestión autónoma surgida entre una de las partes materiales y sus abogados, en el que se involucran intereses distintos a los del procedimiento del que derivó el mandato, lo que evidencia que el juicio sumario civil en cuestión, es formalmente un verdadero juicio; razón por la cual, contra la sentencia que lo resuelve en definitiva, procede el juicio de amparo directo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, de la Ley en la materia, este juzgado de Distrito estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Claudia Verenice Ortega Landeros; por lo que, se ordena remitir la demanda y el escrito aclaratorio con sus anexos al Tribunal Colegiado en Materia Civil, en turno, del Décimo Primer Circuito, con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán, para lo que a bien tenga determinar; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias de rubro y textos siguientes: "AMPARO DIRECTO PLANTEADO COMO INDIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCION, DEBE ATENDERSE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA ANTE EL JUZGADO DE DISTRITO.". De conformidad con el artículo 49 de la Ley de Amparo cuando se presenta ante un juez de Distrito una demanda de amparo contra alguno de los actos respecto de los cuales proceda el amparo directo, se declarará incompetente de plano y mandará remitir dicha demanda al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien podrá imponer al promovente una multa de diez a ciento ochenta días de salario si confirma la resolución del juez. La interpretación de este precepto permite concluir que se refiere al caso en que la parte quejosa equivoca la vía, promoviendo amparo indirecto contra actos respecto de los cuales procede amparo directo, y dado que dicha equivocación no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso ante actos que estima lesivos de sus garantías individuales, debe considerarse que se interrumpe el término legal de presentación de la demanda de garantías y, por tanto, a fin de determinar la oportunidad de su presentación, debe atenderse a la fecha en que se presentó ante el juzgado de Distrito y no a aquella en que la reciba el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, sin que resulte aplicable a dicho caso lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Amparo con respecto a que "la presentación de la demanda en forma directa, ante autoridad distinta de la responsable, no interrumpirá los términos a que se refieren los artículos 21 y 22 de esta ley", toda vez que este último precepto no se refiere al caso de equivocación de la vía, sino al de una demanda de garantías planteada como amparo directo pero que se presenta ante autoridad distinta de la responsable, precepto que además corrobora que la falta de disposición expresa por parte del legislador en torno a la no interrupción del término en el artículo 49 significa que en el caso establecido en este numeral sí se interrumpirá dicho término de presentación de la demanda de amparo, máxime que el propio numeral 49 establece la posibilidad de que el Tribunal Colegiado de Circuito imponga una multa cuando confirme la resolución de incompetencia del juez, que si se relaciona con el artículo 3o. bis del propio ordenamiento, procederá imponerse cuando se haya actuado de mala fe, es decir, cuando la promoción del amparo en la vía indirecta se haya hecho no por una verdadera duda en torno al ejercicio de la vía procedente." "RECURSO DE APELACIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DESECHA, ES INNECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 680 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, PREVIAMENTE A PROMOVER EL AMPARO DIRECTO. El artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, entendiéndose estas últimas como las que, sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes no conceden recurso ordinario alguno. En relación con lo anterior, si el artículo 680 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán señala que el recurso de revocación es un medio de impugnación para combatir todos los autos de las Salas del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, con excepción de los que se dicten en grado de apelación, sin especificar su calidad o su sentido, deben de considerarse como tales los emitidos en la segunda instancia procesal, la cual debe tenerse por iniciada al momento de la presentación del recurso de apelación; de manera que si de conformidad con la legislación procesal aplicable, en el procedimiento se establece la participación del juez, no sólo como receptor del escrito de agravios, sino para proveer su interposición y el grado de la apelación, hasta que la Sala emite su pronunciamiento, con ello se demuestra una vinculación directa en las actuaciones del juez con la instancia procesal. De ahí que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando el juez tramita el recurso de apelación interpuesta por el recurrente, provee sobre su interposición y expresa el efecto con el que lo admite (suspensivo o devolutivo), se dicta en "grado de apelación", pues procesalmente se refiere a otra instancia diversa a la competencia del juzgador, como resolutor de la primera instancia. Por tanto, si el acto impugnado fue posterior a esas actuaciones, esto es, la determinación del tribunal de alzada para desechar el recurso, es evidente que se trata de una resolución dictada en "grado de apelación" y, por ende, es innecesario agotar el recurso de revocación en su contra, antes de acudir al juicio de amparo directo, al actualizarse la excepción prevista en la norma.". "INCIDENTE DE HONORARIOS PREVISTO POR EL ARTÍCULO 73 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE SONORA. LA SENTENCIA QUE LO RESUELVE EN DEFINITIVA ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. De conformidad con los artículos 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra la sentencia definitiva o resolución que pone fin al juicio, entendiéndose por la primera, la que lo decide en lo principal y contra la que no proceda recurso ordinario alguno por virtud de la cual pueda ser modificada o revocada: y, por la segunda, aquella que sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual, las leyes no concedan recurso ordinario alguno. Por otra parte, el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora establece que los abogados patronos y procuradores pueden reclamar incidentalmente a las partes que los designen en el juicio respectivo, el pago de honorarios, acción que también pueden promover autónomamente en la vía sumaria civil en términos del artículo 497, fracción III, del mismo ordenamiento. En ese orden de ideas, cuando esta acción se tramita incidentalmente en términos del primer numeral, debe considerarse como principal e independiente a la deducida en el juicio en que se planteó, pues las partes materiales e intereses que intervienen en el incidente son distintos, así como las pretensiones que se deducen en él; además, el objeto del citado incidente no es el de resolver una cuestión previa o algún punto procesal que implique contradicción entre las partes que intervienen en el juicio del que deriva, sino que decide una cuestión autónoma surgida entre una de las partes materiales y su abogado, en el que se involucran intereses distintos a los de ese procedimiento, lo que evidencia que el incidente en cuestión, es formalmente un verdadero juicio, razón por la cual, contra la sentencia que lo resuelve en definitiva, procede el juicio de amparo directo.". Por lo anterior, se solicita a la Superioridad de la manera más atenta, informe la determinación que recaiga a este proveído; asimismo, se sirva ordenar a quien corresponda, acuse el recibo de estilo correspondiente. Finalmente, háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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