Claudia Vega Castillo

Expediente 1082/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1082/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
10/06/2022

Partes del expediente

  • Claudia Vega Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir en revisión la sentencia que negó la protección constitucional, sin que se interpusiera; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. Por otro lado, tomando en consideración que la autoridad responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el Secretario encargado de la tramitación del expediente, revisó e hizo constar que la versión impresa de este último coincide con la electrónica. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    (AVISO)EN VIRTUD DE QUE EL TERCERO INTERESADO NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO QUE SE FIJÓ EN LA PUERTA DE SU DOMICILIO EL DOCE DE MAYO DE 2022, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA ENGROSADA EL VEINTIOCHO DE ABRIL DE 2022, QUE EN SÍNTESIS DICE: " V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1082/2021, promovido por ..., contra actos de la Primera Sala Familiar de la Ciudad de México. R E S U L T A N D O Primero. Demanda. El veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la autoridad responsable mencionada, por considerarlos transgresores de sus derechos tutelados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. El diez de enero de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la demanda que remitió el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, la cual se admitió, dándose intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; fue requerido el informe justificado, ordenándose además emplazar a la parte tercero interesada. Cuarto. Trámite. El representante social de la Federación adscrito no formuló pedimento, se tuvo por rendido el informe justificado, fue emplazada la parte tercera interesada; tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este asunto de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 y 107 fracción IV de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un proceso familiar, seguido ante un tribunal con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. Segundo. Litis. Conforme a la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado en esta instancia constitucional es: La resolución de primero de octubre de dos mil veintiuno emitida en el toca ... del índice de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México donde confirmó la sentencia interlocutoria de cinco de octubre de dos mil veinte, dictada por el Juez Primero de lo Familiar de esta ciudad, respecto del incidente de liquidación de sociedad conyugal derivado del procedimiento de divorcio sin causa, en el que decretó improcedente la autorización de la plantilla para la liquidación de sociedad conyugal, promovido contra ..., en el expediente ... . Tercero. Existencia. La Sala responsable al rendir su informe justificado, aceptó la certeza del acto reclamado, lo que se corrobora con las copias certificadas enviadas; documentales a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Cuarto. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. En ese tenor, al no existir causal de improcedencia que analizar y en virtud de que este órgano jurisdiccional no advierte de oficio la actualización de alguna, procede entrar al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Antecedentes. De las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierten los siguientes antecedentes: I. El cinco de julio de dos mil diecinueve, ..., por propio derecho, demandó de ... la liquidación de la sociedad conyugal, vía incidental; el quince de agosto del mismo año, el Juez Primero Familiar de la Ciudad de México previa prevención, admitió la incidencia y ordenó emplazar al tercero interesado. II. El once de noviembre de dos mil diecinueve, tuvo lugar la audiencia incidental y el cinco de octubre de dos mil veinte, se dictó la interlocutoria correspondiente, en la que se declaró improcedente la autorización de la planilla para la liquidación de sociedad conyugal. III. Inconforme con lo anterior, la quejosa interpuso recurso de apelación del cual conoció la Sala responsable, quien el primero de octubre de dos mil veintiuno confirmó la resolución recurrida. Esta determinación constituye el acto reclamado. Sexto. La parte quejosa en sus conceptos de violación manifiesta que el acto reclamado vulnera en su perjuicio sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales, por lo siguiente: a) La Ad quem debió analizar, diversos factores al resolver, pues la disolución de la sociedad conyugal la colocó en situación de desventaja económica, lo cual incide en su capacidad de hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades y le impide tener acceso a un nivel de vida adecuado, así como tener los recursos necesarios para continuar pagando los honorarios de quien representa su defensa, aunado a que no consideró que estuvo al cuidado de sus dos hijos durante los años que duró el matrimonio, por lo que la autoridad tiene la obligación de verificar si las personas involucradas se encuentran en situación de igualdad o desigualdad, de derechos y actitudes entre cónyuges, sin que exista justificación para que la liquidación conyugal sea analizada bajo el principio de estricto derecho. Citó en apoyo, los criterios de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ANALIZARSE ACORDE CON EL MARCO SOBRE DERECHOS HUMANOS RESGUARDADO POR EL ARTÍCULO 1O DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011." y "DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN DE ÉTICA." b) La responsable fue parcial porque mejoró el acto reclamado en favor del tercero interesado, pues en la substanciación del incidente y la resolución que le recayó, se realizó una incorrecta interpretación al cuarto párrafo del artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, ya que ante la rebeldía en que incurrió el demandado, se tuvo por contestado el incidente en sentido negativo, cuando lo correcto era que se presumieran por confesados los hechos, ya que no se trata de asunto que afecte las relaciones familiares, el estado civil de la persona y cuando el emplazamiento se haya hecho por edictos, es decir, la liquidación de la sociedad conyugal no está relacionada con estos supuestos, en razón de que el divorcio es la extinción de la relación familiar entre los cónyuges y tienen aptitud para contraer nuevo matrimonio, lo que genera un cambio civil, pero no es el patrimonio familiar. c) La autoridad responsable no establece el artículo que prevé los efectos jurídicos que trae consigo la rebeldía, pues no precisó el numeral que conforme a la letra o interpretación sea aplicable al caso, aunado a que la resolución impugnada se basó en consideraciones desapegadas a la ley, por lo que el acto que se reclama no está debidamente fundado y motivado. Los conceptos de violación precisados son inoperantes por las consideraciones que enseguida se exponen: El marcado con el inciso a) no ataca las consideraciones que dieron lugar al acto reclamado, puesto que debió estar orientado a desvirtuar las consideraciones en que se apoyó la autoridad responsable para emitirlo. Sirve de apoyo la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 460, del Tomo IX, Abril de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO RAZONAN CONTRA EL ACTO IMPUGNADO. Cuando no se formula ningún razonamiento lógico jurídico encaminado a combatir las consideraciones y fundamentos de la sentencia impugnada, y el quejoso sólo se concreta a decir que se violaron las leyes del procedimiento, que la responsable no valoró correctamente las pruebas, y que la sentencia carece de fundamentación y motivación, pero sin emitir ningún razonamiento, tales conceptos de violación son inoperantes, teniendo en consideración que los mismos deben ser la relación razonada que ha de establecerse entre los actos emitidos por la autoridad responsable y los derechos fundamentales que se estimen violados, demostrando jurídicamente la contravención de éstos por dichos actos." En el caso, el concepto de violación aludido, hace referencia a que la autoridad responsable debió analizar diversos factores al emitir el acto reclamado, como lo es que derivado de la disolución de la sociedad conyugal está en situación de desventaja económica, que le impide tener los recursos necesarios para continuar pagando los honorarios de quien representa su defensa, aunado a que no consideró que estuvo al cuidado de sus dos hijos durante los años que duró el matrimonio; sin embargo, la quejosa no expresa los motivos por los que considera que lo que adujo la responsable al respecto, es incorrecto, pues omite precisar por qué a su parecer no fue acertado el razonamiento plasmado en el acto reclamado, consistente en que la circunstancia de que se dedicara al hogar y a la familia durante los años de matrimonio era irrelevante porque la razón principal por la que se declaró infundada la acción incidental, fue el hecho de que el proyecto de liquidación que exhibió no fue formulado tomando en cuenta que a cada uno de los divorciantes le corresponde el 50% (cincuenta por ciento) del valor caudal común, aunado a que tampoco se podría concluir que por ello tenía que recibir una porción mayor de bienes. Aunado a ello, se destaca que la naturaleza del incidente de liquidación de sociedad conyugal es precisamente la repartición de bienes y no el tema de la pensión alimenticia y compensación. De ahí que ante la falta de argumentos para confrontar el acto reclamado, deba considerarse inoperante lo alegado. La misma calificación corresponde a los motivos de disenso identificados con los incisos b) y c), al tratarse esencialmente de la repetición de una parte de los agravios formulados ante la autoridad responsable en el recurso de apelación interpuesto, y por tanto, no combaten las consideraciones contenidas en el acto reclamado, que es el objetivo de los motivos de inconformidad en el amparo. Para justificarlo, se realizará una confronta de forma sintetizada de la parte del agravio expuesto por la quejosa que se considera es el mismo que hizo valer en el concepto de violación que ubicó como "PRIMERO" en su demanda de amparo, además que se destacará la respuesta que le dio la Sala responsable. La peticionaria de amparo en la parte del agravio al que se hizo referencia, en el recurso citado, medularmente, señaló: - La responsable realizó una incorrecta interpretación al cuarto párrafo del artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, ya que ante la rebeldía en que incurrió el demandado, se tuvo por contestado el incidente en sentido negativo, cuando lo correcto era que se presumieran por confesados los hechos, porque no se trata de asunto que afecte las relaciones familiares, el estado civil de la persona y cuando el emplazamiento se haya hecho por edictos, es decir, la liquidación de la sociedad conyugal no está relacionada con estos supuestos, en razón de que el divorcio es la extinción de la relación familiar entre los cónyuges y tienen aptitud para contraer nuevo matrimonio, lo que genera un cambio civil, pero no es el patrimonio familiar. - La autoridad no establece el artículo que prevé los efectos jurídicos que trae consigo la rebeldía, pues no precisó el numeral que conforme a la letra o interpretación sea aplicable al caso, aunado a que la resolución impugnada se basó en consideraciones desapegadas a la ley, por lo que el acto que se reclama no está debidamente fundado y motivado. Los argumentos que la autoridad de segunda instancia responsable empleó para dar contestación a esos agravios, son: - El texto del numeral 271 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México es claro al disponer que los efectos de la declaración de rebeldía, es que se presumirán por confesados los hechos de la demanda que se deje de contestar y solamente se tendrán en sentido negativo cuando se trate de asuntos que afecten las relaciones familiares, el estado civil de las personas y en los casos en que el emplazamiento se hubiere verificado por edictos, por lo que si en el caso, se trata de un incidente de liquidación de sociedad conyugal que no actualiza los casos de excepción descritos, ello implica que al pronunciarse la resolución materia del recurso, se debió de tener por confesos los hechos imputados y al no haberse considerado así, se origina el perjuicio expuesto; sin embargo, tal suceso, no era causa o motivo suficiente para tener por aprobado el proyecto de partición de bienes formulado por la inconforme, al no ser acorde con las capitulaciones matrimoniales que formularon, porque ahí establecieron que cada uno de los consortes tendría la partición del 50% (cincuenta por ciento) de los bienes que se adquirieran durante la vida en común. - La liquidación de bienes propuesta por ... debió ajustarse al lineamiento indicado, al amparo del ordinal 182 Quater del Código Civil para la Ciudad de México y al no conducirse de esa forma, ya que pretende adjudicarse dos bienes cuyo valor en su conjunto excede la proporción que intenta entregar a su adversario, por lo que la conclusión es que la postura adoptada por el juzgador no puede estimarse ilegal, carente de fundamentación y motivación, ni mucho menos violatoria de los principios de claridad, precisión y congruencia, prevista en el numeral 81 del código procesal penal. Por su parte, un concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, es expresado en similares términos que los argumentos que se hicieron valer como agravios en el recurso de apelación, tal como se evidencia a continuación: "Esto en virtud, de que dicho Juzgado, al dictar la sentencia del incidente de liquidación de sociedad conyugal, no dio correcta interpretación al párrafo cuarto del artículo 271 del Código de Procedimientos Civil para la Ciudad de México. "Artículo 271. Transcurrido el plazo fijado en el emplazamiento sin haber sido contestada la demanda se hará declaración de rebeldía, sin que medie petición de parte y se procederá de acuerdo con lo prescrito por los artículos 272-A a 272-F, observándose las disposiciones del Título Noveno. Para hacer la declaración en rebeldía, el juez examinará escrupulosamente y bajo su más estricta responsabilidad si las citaciones y notificaciones precedentes están hechas al demandado en la forma legal, si el demandante no señaló casa en el lugar del juicio, y si el demandado quebrantó el arraigo. Si el juez encontrara que el emplazamiento no se hizo conforme a la ley, mandará reponerlo y lo hará del conocimiento del Consejo de la Judicatura para que imponga una corrección disciplinaria al notificador cuando resulte responsable. Se presumirán confesados lo hechos de la demanda que se deje de contestar. Sin embargo, se tendrá por contestada en sentido negativo cuando se trate de asuntos que afecten las relaciones familiares, el estado civil de las personas y en los casos en que el emplazamiento se hubiere hecho por edictos." Por lo que, para un mejor entendimiento de la incorrecta interpretación del Juzgador, realizaremos un análisis de los efectos definitivos del divorcio. Primeramente, tenemos que el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial, decretada por una autoridad administrativa o jurisdiccional, en virtud de la cual se da por terminada la vida en común de los cónyugues (sic) y algunos de los derechos y obligaciones derivados de aquél, quedando éstos en aptitud legal de contraer nuevo matrimonio. Lo que significa que el divorcio es la extinción del matrimonio lo que da como resultado que las personas divorciadas queden en aptitud legal de contraer nuevas nupcias, cesando la vida conyugal entre los consortes, y por ende los derechos y deberes que existían entre ellos. Aunado a lo anterior, tenemos como resultado de la disolución del vínculo conyugal genera para los cónyuges una nueva situación jurídica que comprende la EXTINCIÓN DEL PARENTESCO SURGIDO A RAÍZ DEL MATRIMONIO. Entendiendo dicha extinción como que al darse por terminado en vinculo matrimonial se extingue también el parentesco que se generaba entre los cónyuges y sus respectivas familias, es decir, el parentesco por afinidad, el cual, en términos del artículo 294 del Código Civil para la Ciudad de México: "Artículo 294. El parentesco de afinidad, es aquel que se adquiere por matrimonio o concubinato, entre los cónyuges y sus respectivos parientes consanguíneos." Por otro lado, encontramos que la sociedad conyugal nace como consecuencia de una voluntad expresa de los pretendientes o consortes que determinan su existencia, ya sea que nazca en el momento del matrimonio o durante el; de ahí que la doctrina considere a la sociedad conyugal como un contrato accesorio al contrato de matrimonio que tiene por objeto reglamentar las relaciones patrimoniales de los consortes entre sí y en relación con terceros durante el matrimonio. El nacimiento de la sociedad conyugal puede tener lugar en dos momentos, al celebrarse el matrimonio o bien, durante el matrimonio. Los efectos de la sociedad conyugal en relación con las partes se encuentran determinados por la ley en forma expresa, así como por la voluntad de los consortes en los términos pactados en las capitulaciones matrimoniales. Como causas de terminación del régimen de sociedad conyugal tenemos las siguientes: Por disolución del matrimonio; Por voluntad de los consortes: Por la sentencia que declare la presunción de muerte del cónyuge ausente; A petición de alguno de los cónyuges durante el matrimonio, si el socio administrador, por su notoria negligencia o torpe administración, amenaza arruinar a su consocio o disminuir considerablemente los bienes comunes; o bien, cuando el socio administrador hace cesión de bienes a sus acreedores, o es declaro en quiebra. Tenemos dos etapas dentro de las cuales puede terminar la sociedad conyugal; una dentro del matrimonio y otra a partir de su disolución. La terminación de la sociedad conyugal es una consecuencia de la disolución del vínculo matrimonial, por ministerio de ley, se procederá, desde luego, a la división de los bienes comunes. De lo anterior, es necesario precisar que la sociedad conyugal es un contrato accesorio al matrimonial, y que como consecuencia de la disolución del vínculo matrimonial tenemos la disolución de dicha sociedad que constituyeron los consortes. Y como también se mencionó la disolución de la sociedad conyugal se puede realizar en dos momentos diferentes, ya sea durante el matrimonio por voluntad de los cónyuges, o bien en el momento en que la sentencia de divorcio haya causado ejecutoria, lo que conlleva la disolución del vínculo matrimonial. Ahora bien, de lo redactado y en atención a la indebida interpretación del artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, encontramos que el A QUO al declarar la rebeldía del C. ..., tiene por contestado el incidente en sentido negativo, contrario a lo establecido por el artículo mencionado. En razón a que en atención a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que establece los efectos de la declaración de la rebeldía en caso de que, realizado el emplazamiento, la contraparte no dé contestación en el término establecido por el Juzgador. Esto es que se presumirán por confesados los hechos de la demanda que se deje de contestar. Sin embargo, se tendrá por contestado el incidente en sentido negativo cuando se trate de asuntos que afecten las relaciones familiares, el estado civil de la persona y en los casos en que el emplazamiento se hubiere hecho por edictos. Y es el caso que analizando el actuar del H. Juzgado, precisamos que el A QUO al determinar como negados los hechos del incidente de liquidación de sociedad conyugal, está dando una indebida interpretación, en virtud de que la liquidación de la sociedad conyugal no está relacionado con los supuestos en los que el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles determina que deben de ser contestados en sentido negativo, ya que como se mencionó anteriormente el divorcio es la extinción de la relación familiar entre los cónyuges y la aptitud de los consortes a contraer un nuevo matrimonio, lo que genera un cambio en su estado civil, más no es el patrimonio familiar. Lo que nos deja concluir que el A QUO debió de tomar por confesados los hechos y por ende aceptar la propuesta de liquidación de sociedad conyugal, propuesta por la C. ..., en razón a que el asunto en cuestión no afecta relaciones familiares, ni el estado civil de las personas que son parte del juicio, ya que eso se resolvió en juicio principal, con la declaración e inscripción del divorcio. Todo lo anterior, en contravención de los artículos 14 y 16 constitucionales Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.) En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.) Ante lo anterior, cabe mencionar que en concordancia a la obligación que tiene el Juzgador de emitir una sentencia debidamente fundada y motivada, conforme al artículo 16 Constitucional recae indudablemente el Juzgador Primero de lo Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, la obligación improrrogable que sus resoluciones se encuentren debidamente fundadas y motivadas esto es, la obligación de señalar o citar con precisión los artículos en el caso en concreto que definen o resuelven la litis (fundar) y posteriormente tiene que dar las consideraciones fácticas que hacen que al caso en concreto se puedan aplicar los fundamentos legales citados o aplicables (motivar) sin embargo al caso concreto ESTAMOS ANTE UNA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN Y UNA INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. (.)." En ese sentido, como se adelantó, los motivos de inconformidad precisados devienen inoperantes, al ser una reproducción de los agravios formulados por el peticionario de amparo al momento de impugnar la interlocutoria de cinco de octubre de dos mil veinte, lo que implica que no controvierten lo resuelto en el fallo impugnado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia con de la Novena Época, Registro: 192315, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Materia(s): Común, Tesis: II.2o.C. J/11, Página: 845, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil." En efecto, el inconforme se abstiene de controvertir las respuestas que le dio la Sala responsable a esos agravios y se limita a reiterar los argumentos formulados en ellos; es decir, no alegó respecto a lo determinado por la autoridad en cuanto a que el incidente de liquidación de la sociedad conyugal no actualiza los casos de excepción descritos en el número 271 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, por lo que, contrario a lo determinado por el juzgador de origen, se debieron tener por confesos los hechos imputados, empero, ello no era razón suficiente para tener aprobado el proyecto de partición de bienes formulado por la inconforme, pues éste no se hizo acorde con las capitulaciones matrimoniales que formularon al contraer matrimonio. Lo anterior, demuestra que lejos de atacar las consideraciones efectuadas por la autoridad de origen, la inconforme se limita a reiterar lo que hizo valer en su escrito de agravios. De ahí la inoperancia de estos conceptos de violación, pues la impugnante no se puede concretar o limitar a repetir los argumentos expresados en su escrito primigenio (el de agravios), ni a esgrimir argumentos genéricos, subjetivos o novedosos en la instancia de alzada o en el medio de impugnación procesal, sino que tiene la carga de fijar su posición argumentativa, frente a la asumida por el órgano que tomó la anterior decisión, con razonamientos orientados a evidenciar que las consideraciones que fundan la resolución recaída a su solicitud no están ajustadas a Derecho. Así, puede continuar sucesivamente esta forma de proceder si decide acudir al juicio de amparo en contra de la resolución dictada en el recurso, porque la sentencia recaída en éste constituye un acto nuevo en contra del cual se debe enderezar argumentación específica del subsecuente medio de defensa, que es la respuesta del impugnante a la resolución dictada por la autoridad, en cada juicio o recurso promovido. Por tanto, se puede colegir que al no combatirse las argumentaciones que sirvieron de apoyo a la autoridad responsable para confirmar la interlocutoria apelada, devienen inoperantes los motivos de disenso hechos valer y, por tanto, debe quedar incólume la resolución combatida. Al respecto sirve de sustento la jurisprudencia V.2o. J/18, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 77, Tomo IX, Febrero de 1992, octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, PORQUE NO COMBATEN LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Si el quejoso no se ocupa de atacar las consideraciones de la responsable, que dieron respuesta a lo que ante dicha autoridad se adujo a manera de agravios y que se reitera en los conceptos de violación, debe considerarse que tales consideraciones no combatidas, en las que no se advierte incorrección alguna, subsisten como sustento de la sentencia reclamada y rigen a ésta." También es aplicable al caso, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 330, Tomo XIII, Marzo de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUANDO SON INOPERANTES EN MATERIA CIVIL. Es evidente la inoperancia de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso cuando omite controvertir jurídicamente los razonamientos que sustentan la sentencia impugnada." Igualmente, se cita, la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 83, Tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Si el quejoso, substancialmente repite, en sus conceptos de violación, los agravios que hizo valer ante el tribunal responsable, pero se olvida de impugnar los fundamentos de la sentencia reclamada, que dieron respuesta a tales agravios, debe concluirse que dichos conceptos son inoperantes porque, por una parte en el amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal dictado sino si los fundamentos de la sentencia reclamada, que se ocuparon de aquellos agravios, son o no violatorios de garantías; y por otra, porque si tales fundamentos no aparecen combatidos en la demanda de amparo, se mantienen vivos para continuar rigiendo la sentencia que se reclama." En las relatadas circunstancias, ante lo inoperante de los conceptos de violación esgrimidos, lo procedente es negar el amparo y protección solicitado. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 107 fracción II párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 76 a 79 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ..., contra actos de la Primera Sala Familiar de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso último. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy veintiocho de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.".

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 1082/2021; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1082/2021, promovido por ..., contra actos de la Primera Sala Familiar de la Ciudad de México. R E S U L T A N D O Primero. Demanda. El veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la autoridad responsable mencionada, por considerarlos transgresores de sus derechos tutelados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. El diez de enero de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la demanda que remitió el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, la cual se admitió, dándose intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; fue requerido el informe justificado, ordenándose además emplazar a la parte tercero interesada. Cuarto. Trámite. El representante social de la Federación adscrito no formuló pedimento, se tuvo por rendido el informe justificado, fue emplazada la parte tercera interesada; tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este asunto de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 y 107 fracción IV de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un proceso familiar, seguido ante un tribunal con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. Segundo. Litis. Conforme a la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado en esta instancia constitucional es: La resolución de primero de octubre de dos mil veintiuno emitida en el toca ... del índice de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México donde confirmó la sentencia interlocutoria de cinco de octubre de dos mil veinte, dictada por el Juez Primero de lo Familiar de esta ciudad, respecto del incidente de liquidación de sociedad conyugal derivado del procedimiento de divorcio sin causa, en el que decretó improcedente la autorización de la plantilla para la liquidación de sociedad conyugal, promovido contra ..., en el expediente ... . Tercero. Existencia. La Sala responsable al rendir su informe justificado, aceptó la certeza del acto reclamado, lo que se corrobora con las copias certificadas enviadas; documentales a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Cuarto. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. En ese tenor, al no existir causal de improcedencia que analizar y en virtud de que este órgano jurisdiccional no advierte de oficio la actualización de alguna, procede entrar al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Antecedentes. De las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierten los siguientes antecedentes: I. El cinco de julio de dos mil diecinueve, ..., por propio derecho, demandó de ... la liquidación de la sociedad conyugal, vía incidental; el quince de agosto del mismo año, el Juez Primero Familiar de la Ciudad de México previa prevención, admitió la incidencia y ordenó emplazar al tercero interesado. II. El once de noviembre de dos mil diecinueve, tuvo lugar la audiencia incidental y el cinco de octubre de dos mil veinte, se dictó la interlocutoria correspondiente, en la que se declaró improcedente la autorización de la planilla para la liquidación de sociedad conyugal. III. Inconforme con lo anterior, la quejosa interpuso recurso de apelación del cual conoció la Sala responsable, quien el primero de octubre de dos mil veintiuno confirmó la resolución recurrida. Esta determinación constituye el acto reclamado. Sexto. La parte quejosa en sus conceptos de violación manifiesta que el acto reclamado vulnera en su perjuicio sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales, por lo siguiente: a) La Ad quem debió analizar, diversos factores al resolver, pues la disolución de la sociedad conyugal la colocó en situación de desventaja económica, lo cual incide en su capacidad de hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades y le impide tener acceso a un nivel de vida adecuado, así como tener los recursos necesarios para continuar pagando los honorarios de quien representa su defensa, aunado a que no consideró que estuvo al cuidado de sus dos hijos durante los años que duró el matrimonio, por lo que la autoridad tiene la obligación de verificar si las personas involucradas se encuentran en situación de igualdad o desigualdad, de derechos y actitudes entre cónyuges, sin que exista justificación para que la liquidación conyugal sea analizada bajo el principio de estricto derecho. Citó en apoyo, los criterios de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ANALIZARSE ACORDE CON EL MARCO SOBRE DERECHOS HUMANOS RESGUARDADO POR EL ARTÍCULO 1O DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011." y "DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN DE ÉTICA." b) La responsable fue parcial porque mejoró el acto reclamado en favor del tercero interesado, pues en la substanciación del incidente y la resolución que le recayó, se realizó una incorrecta interpretación al cuarto párrafo del artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, ya que ante la rebeldía en que incurrió el demandado, se tuvo por contestado el incidente en sentido negativo, cuando lo correcto era que se presumieran por confesados los hechos, ya que no se trata de asunto que afecte las relaciones familiares, el estado civil de la persona y cuando el emplazamiento se haya hecho por edictos, es decir, la liquidación de la sociedad conyugal no está relacionada con estos supuestos, en razón de que el divorcio es la extinción de la relación familiar entre los cónyuges y tienen aptitud para contraer nuevo matrimonio, lo que genera un cambio civil, pero no es el patrimonio familiar. c) La autoridad responsable no establece el artículo que prevé los efectos jurídicos que trae consigo la rebeldía, pues no precisó el numeral que conforme a la letra o interpretación sea aplicable al caso, aunado a que la resolución impugnada se basó en consideraciones desapegadas a la ley, por lo que el acto que se reclama no está debidamente fundado y motivado. Los conceptos de violación precisados son inoperantes por las consideraciones que enseguida se exponen: El marcado con el inciso a) no ataca las consideraciones que dieron lugar al acto reclamado, puesto que debió estar orientado a desvirtuar las consideraciones en que se apoyó la autoridad responsable para emitirlo. Sirve de apoyo la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 460, del Tomo IX, Abril de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO RAZONAN CONTRA EL ACTO IMPUGNADO. Cuando no se formula ningún razonamiento lógico jurídico encaminado a combatir las consideraciones y fundamentos de la sentencia impugnada, y el quejoso sólo se concreta a decir que se violaron las leyes del procedimiento, que la responsable no valoró correctamente las pruebas, y que la sentencia carece de fundamentación y motivación, pero sin emitir ningún razonamiento, tales conceptos de violación son inoperantes, teniendo en consideración que los mismos deben ser la relación razonada que ha de establecerse entre los actos emitidos por la autoridad responsable y los derechos fundamentales que se estimen violados, demostrando jurídicamente la contravención de éstos por dichos actos." En el caso, el concepto de violación aludido, hace referencia a que la autoridad responsable debió analizar diversos factores al emitir el acto reclamado, como lo es que derivado de la disolución de la sociedad conyugal está en situación de desventaja económica, que le impide tener los recursos necesarios para continuar pagando los honorarios de quien representa su defensa, aunado a que no consideró que estuvo al cuidado de sus dos hijos durante los años que duró el matrimonio; sin embargo, la quejosa no expresa los motivos por los que considera que lo que adujo la responsable al respecto, es incorrecto, pues omite precisar por qué a su parecer no fue acertado el razonamiento plasmado en el acto reclamado, consistente en que la circunstancia de que se dedicara al hogar y a la familia durante los años de matrimonio era irrelevante porque la razón principal por la que se declaró infundada la acción incidental, fue el hecho de que el proyecto de liquidación que exhibió no fue formulado tomando en cuenta que a cada uno de los divorciantes le corresponde el 50% (cincuenta por ciento) del valor caudal común, aunado a que tampoco se podría concluir que por ello tenía que recibir una porción mayor de bienes. Aunado a ello, se destaca que la naturaleza del incidente de liquidación de sociedad conyugal es precisamente la repartición de bienes y no el tema de la pensión alimenticia y compensación. De ahí que ante la falta de argumentos para confrontar el acto reclamado, deba considerarse inoperante lo alegado. La misma calificación corresponde a los motivos de disenso identificados con los incisos b) y c), al tratarse esencialmente de la repetición de una parte de los agravios formulados ante la autoridad responsable en el recurso de apelación interpuesto, y por tanto, no combaten las consideraciones contenidas en el acto reclamado, que es el objetivo de los motivos de inconformidad en el amparo. Para justificarlo, se realizará una confronta de forma sintetizada de la parte del agravio expuesto por la quejosa que se considera es el mismo que hizo valer en el concepto de violación que ubicó como "PRIMERO" en su demanda de amparo, además que se destacará la respuesta que le dio la Sala responsable. La peticionaria de amparo en la parte del agravio al que se hizo referencia, en el recurso citado, medularmente, señaló: - La responsable realizó una incorrecta interpretación al cuarto párrafo del artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, ya que ante la rebeldía en que incurrió el demandado, se tuvo por contestado el incidente en sentido negativo, cuando lo correcto era que se presumieran por confesados los hechos, porque no se trata de asunto que afecte las relaciones familiares, el estado civil de la persona y cuando el emplazamiento se haya hecho por edictos, es decir, la liquidación de la sociedad conyugal no está relacionada con estos supuestos, en razón de que el divorcio es la extinción de la relación familiar entre los cónyuges y tienen aptitud para contraer nuevo matrimonio, lo que genera un cambio civil, pero no es el patrimonio familiar. - La autoridad no establece el artículo que prevé los efectos jurídicos que trae consigo la rebeldía, pues no precisó el numeral que conforme a la letra o interpretación sea aplicable al caso, aunado a que la resolución impugnada se basó en consideraciones desapegadas a la ley, por lo que el acto que se reclama no está debidamente fundado y motivado. Los argumentos que la autoridad de segunda instancia responsable empleó para dar contestación a esos agravios, son: - El texto del numeral 271 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México es claro al disponer que los efectos de la declaración de rebeldía, es que se presumirán por confesados los hechos de la demanda que se deje de contestar y solamente se tendrán en sentido negativo cuando se trate de asuntos que afecten las relaciones familiares, el estado civil de las personas y en los casos en que el emplazamiento se hubiere verificado por edictos, por lo que si en el caso, se trata de un incidente de liquidación de sociedad conyugal que no actualiza los casos de excepción descritos, ello implica que al pronunciarse la resolución materia del recurso, se debió de tener por confesos los hechos imputados y al no haberse considerado así, se origina el perjuicio expuesto; sin embargo, tal suceso, no era causa o motivo suficiente para tener por aprobado el proyecto de partición de bienes formulado por la inconforme, al no ser acorde con las capitulaciones matrimoniales que formularon, porque ahí establecieron que cada uno de los consortes tendría la partición del 50% (cincuenta por ciento) de los bienes que se adquirieran durante la vida en común. - La liquidación de bienes propuesta por ... debió ajustarse al lineamiento indicado, al amparo del ordinal 182 Quater del Código Civil para la Ciudad de México y al no conducirse de esa forma, ya que pretende adjudicarse dos bienes cuyo valor en su conjunto excede la proporción que intenta entregar a su adversario, por lo que la conclusión es que la postura adoptada por el juzgador no puede estimarse ilegal, carente de fundamentación y motivación, ni mucho menos violatoria de los principios de claridad, precisión y congruencia, prevista en el numeral 81 del código procesal penal. Por su parte, un concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, es expresado en similares términos que los argumentos que se hicieron valer como agravios en el recurso de apelación, tal como se evidencia a continuación: "Esto en virtud, de que dicho Juzgado, al dictar la sentencia del incidente de liquidación de sociedad conyugal, no dio correcta interpretación al párrafo cuarto del artículo 271 del Código de Procedimientos Civil para la Ciudad de México. "Artículo 271. Transcurrido el plazo fijado en el emplazamiento sin haber sido contestada la demanda se hará declaración de rebeldía, sin que medie petición de parte y se procederá de acuerdo con lo prescrito por los artículos 272-A a 272-F, observándose las disposiciones del Título Noveno. Para hacer la declaración en rebeldía, el juez examinará escrupulosamente y bajo su más estricta responsabilidad si las citaciones y notificaciones precedentes están hechas al demandado en la forma legal, si el demandante no señaló casa en el lugar del juicio, y si el demandado quebrantó el arraigo. Si el juez encontrara que el emplazamiento no se hizo conforme a la ley, mandará reponerlo y lo hará del conocimiento del Consejo de la Judicatura para que imponga una corrección disciplinaria al notificador cuando resulte responsable. Se presumirán confesados lo hechos de la demanda que se deje de contestar. Sin embargo, se tendrá por contestada en sentido negativo cuando se trate de asuntos que afecten las relaciones familiares, el estado civil de las personas y en los casos en que el emplazamiento se hubiere hecho por edictos." Por lo que, para un mejor entendimiento de la incorrecta interpretación del Juzgador, realizaremos un análisis de los efectos definitivos del divorcio. Primeramente, tenemos que el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial, decretada por una autoridad administrativa o jurisdiccional, en virtud de la cual se da por terminada la vida en común de los cónyugues (sic) y algunos de los derechos y obligaciones derivados de aquél, quedando éstos en aptitud legal de contraer nuevo matrimonio. Lo que significa que el divorcio es la extinción del matrimonio lo que da como resultado que las personas divorciadas queden en aptitud legal de contraer nuevas nupcias, cesando la vida conyugal entre los consortes, y por ende los derechos y deberes que existían entre ellos. Aunado a lo anterior, tenemos como resultado de la disolución del vínculo conyugal genera para los cónyuges una nueva situación jurídica que comprende la EXTINCIÓN DEL PARENTESCO SURGIDO A RAÍZ DEL MATRIMONIO. Entendiendo dicha extinción como que al darse por terminado en vinculo matrimonial se extingue también el parentesco que se generaba entre los cónyuges y sus respectivas familias, es decir, el parentesco por afinidad, el cual, en términos del artículo 294 del Código Civil para la Ciudad de México: "Artículo 294. El parentesco de afinidad, es aquel que se adquiere por matrimonio o concubinato, entre los cónyuges y sus respectivos parientes consanguíneos." Por otro lado, encontramos que la sociedad conyugal nace como consecuencia de una voluntad expresa de los pretendientes o consortes que determinan su existencia, ya sea que nazca en el momento del matrimonio o durante el; de ahí que la doctrina considere a la sociedad conyugal como un contrato accesorio al contrato de matrimonio que tiene por objeto reglamentar las relaciones patrimoniales de los consortes entre sí y en relación con terceros durante el matrimonio. El nacimiento de la sociedad conyugal puede tener lugar en dos momentos, al celebrarse el matrimonio o bien, durante el matrimonio. Los efectos de la sociedad conyugal en relación con las partes se encuentran determinados por la ley en forma expresa, así como por la voluntad de los consortes en los términos pactados en las capitulaciones matrimoniales. Como causas de terminación del régimen de sociedad conyugal tenemos las siguientes: Por disolución del matrimonio; Por voluntad de los consortes: Por la sentencia que declare la presunción de muerte del cónyuge ausente; A petición de alguno de los cónyuges durante el matrimonio, si el socio administrador, por su notoria negligencia o torpe administración, amenaza arruinar a su consocio o disminuir considerablemente los bienes comunes; o bien, cuando el socio administrador hace cesión de bienes a sus acreedores, o es declaro en quiebra. Tenemos dos etapas dentro de las cuales puede terminar la sociedad conyugal; una dentro del matrimonio y otra a partir de su disolución. La terminación de la sociedad conyugal es una consecuencia de la disolución del vínculo matrimonial, por ministerio de ley, se procederá, desde luego, a la división de los bienes comunes. De lo anterior, es necesario precisar que la sociedad conyugal es un contrato accesorio al matrimonial, y que como consecuencia de la disolución del vínculo matrimonial tenemos la disolución de dicha sociedad que constituyeron los consortes. Y como también se mencionó la disolución de la sociedad conyugal se puede realizar en dos momentos diferentes, ya sea durante el matrimonio por voluntad de los cónyuges, o bien en el momento en que la sentencia de divorcio haya causado ejecutoria, lo que conlleva la disolución del vínculo matrimonial. Ahora bien, de lo redactado y en atención a la indebida interpretación del artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, encontramos que el A QUO al declarar la rebeldía del C. ..., tiene por contestado el incidente en sentido negativo, contrario a lo establecido por el artículo mencionado. En razón a que en atención a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que establece los efectos de la declaración de la rebeldía en caso de que, realizado el emplazamiento, la contraparte no dé contestación en el término establecido por el Juzgador. Esto es que se presumirán por confesados los hechos de la demanda que se deje de contestar. Sin embargo, se tendrá por contestado el incidente en sentido negativo cuando se trate de asuntos que afecten las relaciones familiares, el estado civil de la persona y en los casos en que el emplazamiento se hubiere hecho por edictos. Y es el caso que analizando el actuar del H. Juzgado, precisamos que el A QUO al determinar como negados los hechos del incidente de liquidación de sociedad conyugal, está dando una indebida interpretación, en virtud de que la liquidación de la sociedad conyugal no está relacionado con los supuestos en los que el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles determina que deben de ser contestados en sentido negativo, ya que como se mencionó anteriormente el divorcio es la extinción de la relación familiar entre los cónyuges y la aptitud de los consortes a contraer un nuevo matrimonio, lo que genera un cambio en su estado civil, más no es el patrimonio familiar. Lo que nos deja concluir que el A QUO debió de tomar por confesados los hechos y por ende aceptar la propuesta de liquidación de sociedad conyugal, propuesta por la C. ..., en razón a que el asunto en cuestión no afecta relaciones familiares, ni el estado civil de las personas que son parte del juicio, ya que eso se resolvió en juicio principal, con la declaración e inscripción del divorcio. Todo lo anterior, en contravención de los artículos 14 y 16 constitucionales Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.) En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.) Ante lo anterior, cabe mencionar que en concordancia a la obligación que tiene el Juzgador de emitir una sentencia debidamente fundada y motivada, conforme al artículo 16 Constitucional recae indudablemente el Juzgador Primero de lo Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, la obligación improrrogable que sus resoluciones se encuentren debidamente fundadas y motivadas esto es, la obligación de señalar o citar con precisión los artículos en el caso en concreto que definen o resuelven la litis (fundar) y posteriormente tiene que dar las consideraciones fácticas que hacen que al caso en concreto se puedan aplicar los fundamentos legales citados o aplicables (motivar) sin embargo al caso concreto ESTAMOS ANTE UNA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN Y UNA INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. (.)." En ese sentido, como se adelantó, los motivos de inconformidad precisados devienen inoperantes, al ser una reproducción de los agravios formulados por el peticionario de amparo al momento de impugnar la interlocutoria de cinco de octubre de dos mil veinte, lo que implica que no controvierten lo resuelto en el fallo impugnado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia con de la Novena Época, Registro: 192315, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Materia(s): Común, Tesis: II.2o.C. J/11, Página: 845, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil." En efecto, el inconforme se abstiene de controvertir las respuestas que le dio la Sala responsable a esos agravios y se limita a reiterar los argumentos formulados en ellos; es decir, no alegó respecto a lo determinado por la autoridad en cuanto a que el incidente de liquidación de la sociedad conyugal no actualiza los casos de excepción descritos en el número 271 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, por lo que, contrario a lo determinado por el juzgador de origen, se debieron tener por confesos los hechos imputados, empero, ello no era razón suficiente para tener aprobado el proyecto de partición de bienes formulado por la inconforme, pues éste no se hizo acorde con las capitulaciones matrimoniales que formularon al contraer matrimonio. Lo anterior, demuestra que lejos de atacar las consideraciones efectuadas por la autoridad de origen, la inconforme se limita a reiterar lo que hizo valer en su escrito de agravios. De ahí la inoperancia de estos conceptos de violación, pues la impugnante no se puede concretar o limitar a repetir los argumentos expresados en su escrito primigenio (el de agravios), ni a esgrimir argumentos genéricos, subjetivos o novedosos en la instancia de alzada o en el medio de impugnación procesal, sino que tiene la carga de fijar su posición argumentativa, frente a la asumida por el órgano que tomó la anterior decisión, con razonamientos orientados a evidenciar que las consideraciones que fundan la resolución recaída a su solicitud no están ajustadas a Derecho. Así, puede continuar sucesivamente esta forma de proceder si decide acudir al juicio de amparo en contra de la resolución dictada en el recurso, porque la sentencia recaída en éste constituye un acto nuevo en contra del cual se debe enderezar argumentación específica del subsecuente medio de defensa, que es la respuesta del impugnante a la resolución dictada por la autoridad, en cada juicio o recurso promovido. Por tanto, se puede colegir que al no combatirse las argumentaciones que sirvieron de apoyo a la autoridad responsable para confirmar la interlocutoria apelada, devienen inoperantes los motivos de disenso hechos valer y, por tanto, debe quedar incólume la resolución combatida. Al respecto sirve de sustento la jurisprudencia V.2o. J/18, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 77, Tomo IX, Febrero de 1992, octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, PORQUE NO COMBATEN LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Si el quejoso no se ocupa de atacar las consideraciones de la responsable, que dieron respuesta a lo que ante dicha autoridad se adujo a manera de agravios y que se reitera en los conceptos de violación, debe considerarse que tales consideraciones no combatidas, en las que no se advierte incorrección alguna, subsisten como sustento de la sentencia reclamada y rigen a ésta." También es aplicable al caso, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 330, Tomo XIII, Marzo de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUANDO SON INOPERANTES EN MATERIA CIVIL. Es evidente la inoperancia de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso cuando omite controvertir jurídicamente los razonamientos que sustentan la sentencia impugnada." Igualmente, se cita, la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 83, Tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Si el quejoso, substancialmente repite, en sus conceptos de violación, los agravios que hizo valer ante el tribunal responsable, pero se olvida de impugnar los fundamentos de la sentencia reclamada, que dieron respuesta a tales agravios, debe concluirse que dichos conceptos son inoperantes porque, por una parte en el amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal dictado sino si los fundamentos de la sentencia reclamada, que se ocuparon de aquellos agravios, son o no violatorios de garantías; y por otra, porque si tales fundamentos no aparecen combatidos en la demanda de amparo, se mantienen vivos para continuar rigiendo la sentencia que se reclama." En las relatadas circunstancias, ante lo inoperante de los conceptos de violación esgrimidos, lo procedente es negar el amparo y protección solicitado. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 107 fracción II párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 76 a 79 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ..., contra actos de la Primera Sala Familiar de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso último. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy veintiocho de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

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