Claudia Vázquez Segura

Expediente 641/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
641/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
18/08/2023

Partes del expediente

  • Claudia Vázquez Segura

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. TRIBUNAL INFORMA ADMISIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que suscribe el actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso comunicado 13690 del índice de este juzgado, a través del cual se le remitió el original del juicio de amparo VIII-641/2023, promovido por Claudia Vázquez Segura, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios; asimismo, informa que se admitió el recurso de revisión hecho valer contra la sentencia de veintidós de junio de dos mil veintitrés, el cual se registró como amparo en revisión 260/2023; información de la que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.ROVECon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. REMISIÓN DE EXPEDIENTE Y ANEXOS A TRIBUNAL DE ALZADA Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación de cuenta, se desprende que mediante proveído de doce de julio del año en curso, se tuvo interpuesto el recurso de revisión que hizo valer el Delegado de la Comisión Mixta de Jubilación del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, en contra de la sentencia dictada en el juicio en que se actúa; así como que todas las partes dentro del presente expediente han sido notificadas de dicha determinación y de la tramitación del medio de impugnación de que se trata; en tal virtud, se provee lo siguiente: Mediante atento oficio que al efecto se gire, remítase el juicio de amparo en que se actúa, el escrito original de agravios y copia correspondiente al agente del Ministerio Público Federal adscrito al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, del Décimo Primer Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del citado medio de impugnación y fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintiuno de julio al cuatro de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/3021/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA SO SIGUIENTE: Morelia, Michoacán, doce de julio de dos mil veintitrés. SE INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por ********************, delegad de la autoridad responsable ******************** a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto; en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintidós de junio del año en curso; por lo tanto, distribúyanse entre las partes copias del escrito de agravios relativo y, en su oportunidad remítase el presente juicio de garantías, el escrito original de agravios y copia para el fiscal federal de la adscripción, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Mirna Rodríguez Calderón Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 641/2023-VIII, promovido por ********************, por su propio derecho, contra actos de la: Comisión Mixta de Jubilación del Municipio de Morelia. Secretario de Administración del Ayuntamiento de Morelia. Ambas autoridades con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y las autoridades responsables que precisó en los siguientes términos: "(.) AUTORIDADES RESPONSABLES. Comisión Mixta de Jubilación, del Municipio de Morelia, Michoacán . ACTO RECLAMADO: De la Comisión Mixta de Jubilación, del Municipio de Morelia, Michoacán, le reclamo el no darme contestación por escrito respecto de mi petición de fecha 30 de enero del año 2023, el cual a la fecha no me ha resuelto y así mismo anexo al presente el correspondiente escrito de petición y el oficio de notificación de fecha 10 de marzo del año 2023, mismo que menciona que se instaurará dicha comisión para estar en condiciones de integrar el expediente y la autoridad responsable a la fecha no ha realizado el trámite correspondiente y mucho menos el seguimiento legal, entorpeciendo el trámite para evadir la correspondiente jubilación. (.)." Actos que la promovente del amparo consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8° y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, el conocimiento de tal libelo constitucional correspondió al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el que por auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, previno la demanda de garantías a fin de que la promovente manifestara si además del acto precisado en su escrito de demanda de garantías, reclamaba también el oficio SA-DRH/1613/2023, de diez de marzo de dos mil veintitrés, emitido por el Secretario de Administración del Ayuntamiento de Morelia y en escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, la quejosa manifestó: "(.) Solicito se me tenga por reclamando como acto el oficio SA-DRH/1613/2023, de data diez de marzo del dos mil veintitrés, tomando en consideración y bajo protesta de decir verdad manifiesto que ya sesionó dicha comisión y no incluyó dicho asunto, retardándolo el mismo o entorpeciendo su procedimiento. Por lo que solicito informe ante este Juzgado la autoridad responsable cuántas veces ha sesionado desde fecha (sic) de la iniciación de dicho trámite con un informe detallado para el efecto de acreditar que no lo han incluido para su trámite. (.)." Con lo anterior en proveído de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, admitió a trámite la demanda de garantías registrándola con el número de juicio de amparo 481/2023; requirió a las autoridades responsables su informe justificado y dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. En acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, remitió por conocimiento previo el juicio de garantías señalado, por lo que en auto de veintiséis de mayo en cita, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, se avocó al conocimiento del asunto y ordenó continuar con el trámite, registrándolo con el número de juicio de amparo VI-641/2023; dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Seguido el procedimiento la audiencia constitucional -previo diferimiento-, fue celebrada el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Igualmente se considera dicha competencia legal, porque se trata de una demanda de amparo promovida contra un acto omisivo de una autoridad que reside dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción; esto es, en esta ciudad de Morelia, Michoacán. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, el acto reclamado a las responsables: Comisión Mixta de Jubilación del Municipio de Morelia. Secretario de Administración del Ayuntamiento de Morelia. Ambas autoridades con residencia en esta ciudad, son los siguientes: La omisión de atender la solicitud de jubilación presentada por la quejosa el treinta de enero de dos mil veintitrés, específicamente, pronunciarse sobre si se constituyó o no la Comisión Mixta de Jubilación para que se integre el expediente y formular opinión de procedencia correspondiente. El oficio SA-DRH/1613/2023, de data diez de marzo del dos mil veintitrés, en el que se posterga resolver sobre la jubilación solicitada por la peticionaria de garantías. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Es preciso destacar que en el particular la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dar respuesta al escrito presentado el treinta de enero de dos mil veintitrés. En ese sentido como fue señalado por las responsables al rendir el informe justificado hicieron del conocimiento que el acto señalado en el punto uno del considerando que antecede, ya fue atendido a través del oficio SA-DRH/1613/2023, de data diez de marzo del dos mil veintitrés, que incluso fue notificado a la parte quejosa pues del texto del mismo se advierte el recibo con fecha dieciséis de marzo en cita. Por lo tanto, es evidente que el acto reclamado en esta vía constitucional, consistente en la omisión de atender la petición de jubilación, quedó insubsistente a la luz de la contestación que emitió la autoridad que lo signa y la notificación que de la misma realizó a la promovente. Atento a lo anterior, al haberse realizado la notificación a la quejosa de la respuesta a su solicitud el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés es evidente que al día de presentación de la demanda de garantías que se atiende (diecinueve de abril de dos mil veintitrés) ya no existía el mencionado acto reclamado de manera que, la omisión reclamada no puede ser exigible al no existir. Orienta lo expuesto la jurisprudencia 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En las relatadas circunstancias, se impone decretar EL SOBRESEIMIENTO en el juicio con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto del acto y autoridad responsable precisada en el presente apartado. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Comisión Mixta de Jubilación del Municipio de Morelia y Secretario de Administración del Ayuntamiento de Morelia, ambas autoridades con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia del acto precisado en el punto dos del considerando segundo de este fallo, que respectivamente les fue atribuido. Tal afirmación se corrobora con la copia fotostática certificada que remitió la primera de las autoridades señaladas del expediente que se formó con motivo de la solicitud de jubilación que presentó la quejosa y que se remitió a los integrantes de la Comisión Mixta de Jubilación del Ayuntamiento Constitucional de Morelia. Medio de convicción que obra glosado al expediente y que merece valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo tanto, se tiene probada la existencia del citado acto que en esta vía constitucional es reclamado a las autoridades responsables. QUINTO. Inexistencia de causal de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTÍCULO 62.- Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin." De igual forma, resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales.". Ahora, las autoridades responsables, al momento de rendir el informe justificado, destacaron que en el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Tal afirmación la sustentaron con el argumento de que existe una cesación del acto reclamado en virtud de que la Comisión Mixta de Jubilación por conducto del Secretario de Administración del Ayuntamiento de Morelia, le dio contestación a la petición realizada por la quejosa, mediante el oficio número SA-DRH/1613/2023, de diez de marzo de dos mil veintitrés, el cual le fue notificado el dieciséis de marzo del mismo año. Sin embargo, contrario a lo afirmado por las responsables, en el asunto que se resuelve respecto del acto reclamado precisado con el numeral 1., relativo a la omisión de atender la solicitud de jubilación presentada por la quejosa el treinta de enero de dos mil veintitrés, específicamente, pronunciarse sobre si se constituyó o no la Comisión Mixta de Jubilación para que se integre el expediente y formular opinión de procedencia correspondiente. no lo constituye la omisión de dar respuesta a la petición realizada por la quejosa a través del escrito de treinta de enero de dos mil veintitrés, ya se decretó el sobreseimiento por su inexistencia, en el considerando tercero de este fallo. Mientras que el diverso acto reclamado, señalado en el punto 2 en esta vía constitucional, se conforma -como ya fue precisado en párrafos precedentes- por la postergación de las responsables de atender el fondo de la solicitud de jubilación presentada por la quejosa el treinta de enero de dos mil veintitrés, específicamente, al emitir el oficio SA-DRH/1613/2023, de data diez de marzo del dos mil veintitrés, para pronunciarse sobre si se constituyó o no la Comisión Mixta de Jubilación para que se integre el expediente y formular opinión de procedencia correspondiente. Por lo tanto, ante la aceptación de la existencia que realizaron las responsables del acto señalado, es evidente que no se actualiza la causal de improcedencia que invocan las señaladas autoridades. A más de que a la fecha no existe constancia de que se hubiera resuelto de fondo la petición. Así, al no advertirse la actualización de alguna hipótesis que torne improcedente el presente juicio, ya sea de manera oficiosa o hecha valer por alguna de las partes, lo que se impone es realizar el examen del fondo del asunto, dando respuesta a los conceptos de violación. SEXTO. Transcripción innecesaria de los conceptos de violación. De inicio, este juzgado federal estima innecesario transcribir los conceptos de violación, por considerarse que para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad exigidos por la Ley de Amparo, basta cumplir con tales requisitos al realizar el examen exhaustivo y congruente de los argumentos vertidos en la demanda de garantías. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de garantías, se desprende que la promovente de la protección constitucional aduce medularmente que las autoridades responsables violan en su perjuicio los derechos consagrados en los artículos 8º y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior porque se han abstenido o postergado constituir la Comisión Mixta de Jubilación para que, una vez integrado el expediente de jubilación de la quejosa, se formule opinión de procedencia de la solicitud de jubilación presentada por aquella el treinta de enero de dos mil veintitrés; entorpeciendo el trámite correspondiente. El único concepto de violación que la parte quejosa hace valer resulta esencialmente fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en atención a su causa de pedir. Ciertamente, la dolencia resentida por la quejosa radica en la postergación por parte de las responsables de instaurar la Comisión Mixta de Jubilación del Municipio de Morelia, con la finalidad de que una vez integrado el expediente de jubilación de la quejosa, esa Comisión formule opinión de procedencia o improcedencia de la solicitud de jubilación presentada por aquella el treinta de enero de dos mil veintitrés. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte que, tal como se hace ver en los motivos de disenso, la conducta omisiva reclamada es violatoria a la garantía de seguridad jurídica consagrada en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, debe decirse que el contenido de tal derecho humano se hace consistir en que el gobernado posea certeza sobre su situación ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus demás derechos. En ese tenor, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en el sentido de que tal garantía no debe entenderse en el sentido de que la ley señale de manera detallada un procedimiento para regular las relaciones entre las autoridades y los gobernados; sino que deben contenerse elementos mínimos en ella para hacer valer el derecho del particular y para que aquellas no incurran en arbitrariedades. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 144/2006, de rubro y contenido siguiente: "GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad." En el mismo sentido, el artículo 17 constitucional prevé el derecho fundamental de acceso pronto y expedito a la jurisdicción, lo que implica la obligación de las autoridades que ejerzan actos materialmente jurisdiccionales, a ajustar su actuación a los plazos y términos establecidos por la propia ley que rija el acto. Determinada tal cuestión, en autos se encuentra acreditado que con fecha treinta de enero de dos mil veintitrés, la quejosa presentó un escrito dirigido a los integrantes de la Comisión Mixta de Jubilación del Municipio de Morelia. En ese escrito la quejosa ******************** solicitó se abriera el expediente respectivo de trámite de jubilación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento de jubilación para los Trabajadores Municipales al Servicio del Ayuntamiento de Morelia, y se requiriera la documentación sobre su tiempo laborado y constancias necesarias, a la autoridad Municipal. Que una vez hecho lo anterior, se enviara el expediente completo a la Secretaría de Administración a fin de que emitiera opinión de procedencia o improcedencia de su petición. A pesar de ello, la autoridad responsable ha sido omisa en atender el fondo de lo solicitado, ya que si bien a través del oficio SA-DRH/1613/2023, de diez de marzo de dos mil veintitrés, informó a la promovente que su solicitud se turnaría a la Comisión Mixta de Jubilación una vez que se instaurara la misma, para así estar en condiciones de integrar el expediente conforme lo estipulado en el artículo 10 del Reglamento de Jubilación y formular la opinión de procedencia o improcedencia que establece el artículo 18 del propio ordenamiento, lo cierto es que al día de hoy la autoridad ha sido omisa en atender el fondo de lo solicitado. Ahora bien, en este punto, conviene acudir al contenido de los numerales 10 y 18 del Reglamento de jubilación para los Trabajadores Municipales al Servicio del Ayuntamiento de Morelia, que son del tenor siguiente: "Artículo 10. Se integrará una "Comisión" para que conozca los casos de los trabajadores que estén en tiempo de solicitar su jubilación, investigando, orientando asesorando e integrando los expedientes respectivos de los casos que se presenten; otorgando la Autoridad Municipal todas las facilidades administrativas y laborales a sus integrantes para el óptimo ejercicio de sus funciones. Esta "Comisión" se reunirá cada vez que se tenga conocimiento de la solicitud de jubilación de un "Trabajador", conforme a las disposiciones de este Reglamento." "Artículo 18.- El "Trabajador" que se encuentre en alguno de los casos a que se refiere el artículo 5º de este Reglamento, acudirá ante la "Comisión" en solicitud de jubilación, anexando a la misma toda la documentación necesaria, turnando posteriormente el expediente a la "Secretaría de Administración", la cual formulará opinión de procedencia o improcedencia y la turnará al "Ayuntamiento" por conducto de la "Secretaría"." De lo anterior se observa que la legislación municipal contempla que se integrará una "Comisión Mixta de Jubilación" para que conozca los casos de los trabajadores que estén en tiempo de solicitar su jubilación, investigando, orientando, asesorando e integrando los expedientes respectivos de los casos que se presenten, otorgando la autoridad municipal todas las facilidades administrativas y laborales a sus integrantes para el óptimo ejercicio de sus funciones. Que la Comisión Mixta de Jubilación se reunirá cada vez que se tenga conocimiento de la solicitud de jubilación de un trabajador. En vista de lo anterior, si la parte quejosa, al momento de instar su escrito de treinta de enero de dos mil veintitrés, solicitó que se integrara la Comisión Mixta de Jubilación para que se integrara su expediente y una vez hecho ello fuera turnado a la Secretaría de Administración para que emitiera la opinión de procedencia o improcedencia y a su vez fuera remitido al Ayuntamiento y, por su parte, la autoridad responsable a la fecha ha evadido atender dicha petición, argumentando que la solicitud se turnaría a la Comisión referida para así integrar el expediente, desde el diez de marzo de dos mil veintitrés, sin haberlo hecho. Por lo tanto, es que se torna evidente que la conducta referida conculca en perjuicio de la peticionaria de amparo, la garantía de seguridad jurídica y acceso pronto y expedito a la jurisdicción, consagradas en los artículos 16 y 17 constitucionales. Máxime que se insiste, desde el diez de marzo de dos mil veintitrés, el Secretario de Administración del Ayuntamiento de Morelia, dio contestación a la quejosa, en el sentido de que una vez que se instaurara la Comisión Mixta de Jubilación se estaría en condiciones de integrar el expediente para que se emitiera la opinión de procedencia o improcedencia de la petición de jubilación planteada, sin que a la fecha en que se dicta este fallo (tres meses y once días) se haya integrado la Comisión señalada, y atendido la petición de la quejosa, retardando aún más pronunciarse al efecto y sin mayor justificación que respalde el retraso. De manera que evadir hacerlo bajo el argumento de que aún no se integra la Comisión Mixta de Jubilación es insuficiente. De ahí que resulte fundado del concepto de violación en cuestión. En tales consideraciones, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Lo anterior sin que se inadviertan los alegatos que formula la quejosa, no obstante, al no formar parte de la Litis constitucional es innecesario ocuparse de éstos, a más que acorde al sentido de la presente sentencia, se atendieron las manifestaciones ahí expuestas. OCTAVO. Efectos del juicio de amparo. En tal virtud, ante lo sustancialmente fundado del concepto de violación analizado, con fundamento en los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, lo que se impone es CONCEDER EL AMPARO solicitado, para que las responsables, realicen lo siguiente: Se reúna la Comisión Mixta de Jubilación y acorde a lo establecido por el artículo 10 del Reglamento de Jubilación para los Trabajadores Municipales al Servicio del Ayuntamiento de Morelia, proceda a resolver de manera fundada, motivada, congruente y de fondo la solicitud de jubilación presentada por la quejosa el treinta de enero de dos mil veintitrés, conforme a derecho corresponda. En el entendido de que la concesión no implica que, de no cumplirse con los criterios de fondo y forma exigidos por la normativa que los rija, se resuelva de manera favorable la solicitud, sino que debe entenderse que el efecto concesorio se traduce únicamente en que la autoridad competente se pronuncie con relación a la procedencia o no de la petición de jubilación realizada por la quejosa. Finalmente, como dato importante, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE por inexistencia del acto precisado y en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables por las razones expuestas en el considerando séptimo del presente fallo y para los efectos precisados en el considerando séptimo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del propio juzgado que autoriza y da fe, hoy veintidós de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.Mrc*

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