Claudia Vázquez Corona
Expediente 22/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 22/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Claudia Vázquez Corona
- Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y como se advierte de la primera certificación, ya transcurrió el término de diez días que concede el la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión, contra la resolución dictada que negó el amparo sin que hasta estos momentos lo hicieran valer las partes. En relación con la segunda certificación, al realizarse una búsqueda en el libro de registro de correspondencia, así como en el sistema de seguimiento de expedientes, no se encontró promoción alguna tendente a la interposición del citado medio de impugnación. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la de la materia, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este expediente es susceptible de depuración, toda vez que se negó el amparo; y no existen documentos originales. Devolución de constancias. Devuélvanse a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, sin que sea necesario solicitarles acuse de recibo, en virtud de que el sello de recibido por las citadas autoridades hará las veces de acuse. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el asunto como concluido. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente a la quejosa, así como a la tercera interesada.
- Principal
CITATORIO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A JUAN MANUEL SUÁREZ ESCAMILLA, EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA DE 07 DE FEBRERO DE 2020.
- Principal
..."ESTUDIO DE FONDO En obvio de repeticiones innecesarias se tienen por reproducidos los conceptos de violación, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a su trascripción en la sentencia; sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que se hayan hecho valer. Además, se analizarán en apartados diferentes por virtud de los temas propuestos. ."En el segundo y cuarto conceptos de violación la quejosa propone dos violaciones formales. En efecto, la inconforme asevera que no se emitió una resolución clara, precisa y congruente ya que no se especificó en forma veraz y clara por qué se determinó cancelar a favor de la hoy quejosa el 15% del 35% de pensión alimenticia que recibían ella y su menor hijo, cuando que en la sentencia de origen no se especificó el porcentaje para cada uno, esto es del menor y de la quejosa. Que la Sala no valoró adecuadamente las pruebas que ofreció e incluso algunas ni las tomó en consideración y si por el contrario le otorgó valor a las de su contraparte sin haber hecho un estudio exhaustivo y emitir su resolución. Mientras que en otra parte de los motivos de disenso mencionados, alega: Que se violó en su perjuicio el debido proceso legal, seguridad jurídica y legalidad consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales dado que hay una falta de aplicación de los artículos 81 y 82 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Que se le dejó en estado de indefensión al privarle del debido proceso, pues la consideración en el sentido de que la interlocutoria apelada resolvió acorde con las constancias de autos y en atención a los principios del debido proceso legal y de congruencia previstos en los numerales 55 y 81 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, sin embargo, no entró al estudio concreto del artículo 320, fracción ll, del Código Civil para esta Ciudad, por lo que estima que la responsable no fundó ni motivó su sentencia. Que la resolución reclamada no está debidamente fundada ni motivada, ya que la autoridad responsable omitió entrar al estudio de cada uno de los puntos de controversia, por lo que se debe emitir una nueva sentencia que se ajuste a los principios fundamentales y derechos humanos de los gobernados y cumplir con los requisitos constitucionales del debido proceso, seguridad jurídica y legalidad consagradas en nuestra carta magna y no dejarle en estado de indefensión. Como puede verse, en el particular, la parte quejosa propone dos violaciones formales, consistentes en que el acto reclamado resultó incongruente y que no está debidamente fundado y motivado, alegaciones que por cuestión de técnica jurídica se analizarán en primer orden. En relación a la violación formal en la que propone que el acto reclamado es incongruente, la hace depender de que la Sala responsable no analizó los agravios, así como sendos preceptos de las legislaciones sustantiva y adjetiva para la Ciudad de México, aunado a que la incongruencia la hacen depender de las omisiones y falta de exhaustividad y a partir de esa premisa establece que el acto reclamado está indebidamente fundado y motivado. Al respecto, debe precisarse que contrario a lo referido por la quejosa, el acto reclamado no incumplió con los principios de congruencia y exhaustividad; como se expone a continuación. ."Derivado de lo anterior, se debe precisar que los argumentos de la parte quejosa no evidenciaron que la resolución reclamada haya transgredido los principios de congruencia y exhaustividad que rigen a toda resolución jurisdiccional, por lo que no hay falta de exhaustividad o la incongruencia de ésta. Para evidenciar que no se infringió el principio aquí analizado, se atiende a las consideraciones que la Sala responsable, quien después de referir a las constancias de autos y sintetizar los agravios sometidos a su potestad, los desestimó con base en las consideraciones que en resumen son: Que la juez de origen en el considerando tercero en relación con el segundo punto resolutivo de la sentencia interlocutoria de once de septiembre de dos diecinueve, canceló la pensión alimenticia que le correspondía a la apelante y hoy quejosa; y decretó una pensión alimenticia definitiva únicamente a favor del menor Juan Manuel Vazquez Suárez, por el veinte por ciento de los ingresos ordinarios y extraordinarios, previos descuentos de ley que obtiene el deudor alimentario Juan Manuel Suárez Escamilla; lo que hizo acorde con las constancias de autos y en atención a los principios del debido proceso legal y de congruencia previstos en los en los numerales 55 y 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, por lo que desestimó el agravio. Refirió que el actor incidentista, demandó la cancelación de la pensión alimenticia, decretada a favor de la ahí apelante y del menor hijo de las partes, con base en el hecho de que la demandada incidentista dejó de necesitar los alimentos al contar ya con un trabajo remunerado al laborar en una estética, de la cual se dijo es propietaria; y, que vive con una nueva pareja al parecer de nombre Gerardo Juárez. Que el juez del conocimiento en ejercicio de la facultad establecida en el numeral 402 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, realizó la valoración de las pruebas aportadas y admitidas de ambas partes en su conjunto, en atención a las reglas de la lógica y de la experiencia; y, expuso los fundamentos de su decisión jurídica. La Sala estableció que el juez, al valorar la confesional a cargo de la demandada en el incidente Claudia Vázquez Corona, desahogada en la audiencia incidental del once de abril de dos mil diecinueve, refirió en específico a la posición veintisiete la cual transcribió para destacar la respuesta de la hoy quejosa, que se hizo consistir en que hace algunos cortes para subsistir con sus gastos necesarios, que con esa confesión reconoció un hecho que hacía prueba plena sin que le reste valor probatorio la aclaración que hizo en el sentido de que solamente hacía algunos cortes. Que si esos ingresos eran insuficientes para cubrir sus gastos necesarios para subsistir, ella tenía la carga de la prueba en términos de los dispuesto en el artículo 281 del código procesal de la materia para demostrar esa afirmación respecto de los ingresos que obtiene y refirió no apreció prueba para demostrar tal aseveración. Consideró que el juez al valorar dicha confesional de la ahí recurrente, de acuerdo con las reglas de la lógica y la experiencia y adminicular esa confesión con diversos medios de convicción con constituyeron indicios, como lo fueron las fotografías y las grabaciones de audio y video reproducidos en audiencia incidental del once de abril de dos mil diecinueve, lo cual enfatizó fue reconocido expresamente por la demandada en escrito del veintitrés de abril de esa anualidad. Mencionó que también se adminiculó la instrumental de actuaciones, particularmente la razón actuarial de seis de marzo de dos mil diecinueve, de la cual refirió a su contenido en el aspecto de que a la fedataria se le informó al preguntar por la hoy quejosa, por quien dijo responder al nombre de ser Martha Alicia González, ser prima de la quejosa, y le manifestó que no contaba con identificación oficial alguna, pero que la buscada trabajaba en la estética. Que no obstante que la apelante objetó las fotografías y grabaciones, con el argumento de que en ellas no se especificó el día, la hora y el lugar, sin embargo constituyen un simple indicio, la juzgadora procedió a vincularlas con la confesional a cargo de la enjuiciada, quien reconoció expresamente que era cierto que hacía comentarios con sus vecinos en el sentido de que trabaja cortando el cabello. En ese sentido, la responsable consideró que los medios de convicción demostraron que la ahí apelante trabaja en una estética, corta el cabello y por ello obtiene ingresos al ser una actividad remunerada. Al efecto, la Sala para desestimar el agravio estableció que la juez natural hizo la valoración de las pruebas documentales ofrecidas y admitidas a la demandada incidentista, y que contrario a lo que ésta esgrimió, determinó que no le fueron útiles para demostrar su defensa. Desestimó el planteamiento relativo a los diversos padecimientos de salud que tiene, pues consideró que la recurrente no se está incapacitada para desempeñar actividades laborales o físicas; aunado a que después de relacionar los documentos que la apelante allegó, la responsable los catalogó como documentos privados provenientes o producidos por terceros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 334 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, los cuales fueron objetados en cuanto a su alcance y valor probatorio en términos del diverso numeral 340 de dicha codificación, por lo que no hicieron prueba plena, pues no fueron ratificados ante la presencia judicial quienes los expidieron de conformidad como lo dispone el ordinal 335 del ordenamiento legal citado. Así, la Sala, continúo desestimando los planteamientos de la quejosa, y atendió a la prueba testimonial que ésta ofertó a cargo de José Alberto Cruz Corona y María del Carmen Hernández Moro, la que estimó que careció de valor convictivo pleno como lo estableció la juzgadora, pues indicó que al contestar el interrogatorio desahogado en la audiencia incidental del trece de mayo de dos mil diecinueve, aun cuando declararon al responder a las preguntas que su presentante se dedica al hogar y al cuidado de su hijo, no señalaron circunstancias de tiempo, modo y lugar ni los medios por los cuales se percataron de que la demandada padece enfermedades que la incapacitan para trabajar; tampoco cómo les constaba que se dedicara al hogar, de ahí que, esa probanza la estimó insuficiente, tal como la valoró la juez, esto es, inútil para demostrar los hechos constitutivos de las pretensiones de la enjuiciada, acorde con el numeral 281 del código procesal local. Consideró que se actualizó la hipótesis establecida en la fracción II del artículo 320 del Código Civil para la Ciudad de México, porque estimó que si bien es cierto no puede fijarse a cargo de la madre, quien se demostró que trabaja, un monto especifico, en razón de que tiene incorporado al menor a su domicilio; y, el artículo 164-bis del código en cita prescribe que de esta forma se cumple con la obligación alimentaria, dado que lo que no alcance a cubrir el deudor alimentario con la pensión que le proporcione al hijo, deberá cubrirlo la madre, ahí apelante, en la medida de sus posibilidades. Apuntó que de constancias de autos la juez natural resolvió de acuerdo al principio de proporcionalidad al establecer como pensión alimenticia definitiva para e menor hijo de las partes la cantidad equivalente al 20% (veinte por ciento) del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias del deudor alimentario, actor en el incidente Juan Manuel Suárez Escamilla, en su fuente de trabajo; por consiguiente, la cancelación de la pensión alimenticia para la demandada Claudia Vázquez Corona, en la proporción de la cantidad equivale e al 15% (quince por ciento) del total de ingresos del enjuiciante. En ese sentido, estableció que si el deudor alimentario obtiene ingresos mensuales netos por $48,225.74 (cuarenta y ocho mil doscientos veinticinco 74/100 M.N.), sin los descuentos de ley, como consta en el certificado de percepciones de Juan Manuel Suárez Escamilla, expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional de cuya cantidad se va a deducir el equivalente al 20% (veinte por ciento), previos los descuentos de ley, de forma mensual por concepto de pensión alimenticia definitiva únicamente para el menor hijo de las partes, es proporcional, como Io determinó la juez, a las posibilidades de deudor alimentario y a las necesidades del infante, al tomarse en consideración que la progenitora trabaja; en consecuencia, de conformidad con el precepto 303 y en concordancia con el numeral 312 del Código Civil para la Ciudad de México, ambos padres están obligados a dar alimentos al menor, ante la posibilidad de hacerlo, pues ambos trabajan. Consideró que si la juez estableció de manera proporcional a las actividades remunerativas de ambos progenitores; y, a las necesidades del menor, fue acorde con el principio revisto en el dispositivo 311 del Código Civil para la Ciudad de México, al fijar el monto de la pensión alimenticia definitiva a favor del infante menciona en la cantidad equivalente al veinte por ciento de los ingresos mensuales del deudor alimentario. Tal consideración la sustentó en el criterio de rubro: "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO. OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN ALIMENTARIA, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 27 DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO." Por ello, con fundamento en los principios del debido proceso legal y de congruencia establecidos en los artículos 55 y 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México; así como, por los razonamientos lógicos y jurídicos que mencionó, confirmó la interlocutoria de once de septiembre de dos mil diecinueve, sin hacer condena en costas. Como puede verse, el acto reclamado no adolece de congruencia ni de exahustividad, por lo que se concluye que la violación formal analizada es infundada. En síntesis, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en el que éste va a operar o surtir sus efectos. En conclusión, para que una autoridad cumpla con la debida fundamentación y motivación a que se refiere el derecho de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución, es necesario que en sus determinaciones se citen los preceptos legales que le sirvan de apoyo y, además, debe expresar los razonamientos lógicos y jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los supuestos de la norma que invoca...." Además, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. ."De las consideraciones que se sintetizaron con antelación y que resulta innecesario volver a plasmar en esta parte de la sentencia que se dicta, se concluye que el acto reclamado sí está debidamente fundado y motivado, de las que se advierten los motivos que sustentan la desestimación de los agravios y que se apoyaron en los preceptos aplicables de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, además de los criterios que estimó aplicables. En ese sentido debe decirse que no asiste razón a la quejosa al pretender establecer que la sentencia reclamada carezca de fundamentación y motivación, Ahora bien, la quejosa argumenta que a lo largo de su exposición: Que ni el Juez de origen ni la Sala responsable emiten una resolución clara, precisa y congruente. Tales alegaciones resultan inoperantes, al impugnar lo resuelto por el juez en primer orden y luego el actuar de este para vincularlo a la determinación de la Sala responsable. ."En parte del primer y segundo conceptos de violación, sostiene: Que se debió analizar si el actor incidentista hoy tercero interesado acreditó los extremos de su acción para que operara la cancelación de la pensión alimenticia que se le venía otorgando y que el Juez de origen determinó en 15%, de ahí que debió haber entrado al estudio de los siguientes puntos: a) Que el acreedor alimentista deje de necesitar los alimentos y b) Que hayan cambiado las circunstancias que le dieron origen. Situaciones que no analizó la responsable dejándole en estado de indefensión, al no haber entrado al estudio de esos elementos para que una vez que estuvieran comprobados plenamente emitiera una sentencia condenatoria. Esgrime que la Sala no analizó esos elementos y ello la dejó en estado de indefensión, para determinar si estaban comprobados plenamente. Que no se hizo algún estudio socioeconómico ni de gastos que tuvieran las partes para establecer las condiciones económicas del obligado y acreedor alimentista y se limitó a decir que de acuerdo al principio de proporcionalidad establece como pensión alimenticia definitiva para el menor la cantidad del 20% (veinte por ciento) del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias que obtiene el deudor alimentario, violando con ello sus derechos de seguridad jurídica y al debido proceso. Tales motivos de inconformidad deben desestimarse, pues contrario a lo que argumenta la impetrante, fue precisamente el hecho de que el deudor alimentario y actor incidentista demostró los extremos de la acción intentada que concluyeron con la cancelación de la pensión únicamente por lo que se destinaba a la inconforme. Aunado a que atendió precisamente a la nueva circunstancia que rodea el asunto, en el sentido de que ambos padres trabajan y que la quejosa al tener incorporado al menor, eso forma parte de los alimentos que ésta debe suministrar al infante. Además, de la síntesis que se realizó de las consideraciones que sustentan la resolución reclamada se advierte que se atendió a los ingresos del progenitor y deudor alimentario para determinar el monto que debe cubrir por concepto de alimentos a su menor hijo, amén de que no establece que a pesar de ello el porqué era necesaria un estudio socioeconómico, pues los datos objetivos que obraron en autos permitieron determinar el porcentaje que por alimentos debe entregarse al menor hijo de las partes. Por ende, es inconcuso que al haberse atendido a las causas generadoras del incidente de cancelación de pensión y que este solamente procediera respecto de la quejosa, se ajusta, como lo consideró la Sala responsable a la obligación de ambos padres de allegar a su menor hijo los alimentos, bajo la hipótesis de que la hoy impetrante ya tiene ingresos propios conjuntamente con los del progenitor del menor. .."Además, la carga probatoria recayó en la acreedora alimenticia, hoy quejosa, pues si bien el marido o el concubino está obligado a proporcionar alimentos a su hijo y cónyuge o como en el caso, concubina; la necesidad de éstos de recibir alimentos se presume. Sin embargo, si en el caso se pidió la cancelación de la pensión y se decretó respecto de la impetrante únicamente, fue por el hecho de que ésta tiene ingresos propios, por lo que esa obligación de proporcionarle los alimentos cesa por ese hecho, en principio la obligación del deudor, aunado a que ella no puede desconocer la obligación que también tiene para con su menor hijo, tan es así, que el tribunal de alzada enfatizó que el menor vive con la impetrante y ello es parte de los alimentos que debe proporcionar, por lo que no puede a partir de que se canceló la pensión establecida a su favor, como un factor negativo en la que recibe a su vez el hijo de los litigantes. Cabe destacar que excepcionalmente se puede seguir teniendo el carácter de deudor alimentista, pero para que esta hipótesis se actualice se requiere que los ingresos de la acreedora sean insuficientes para proveer a sus necesidades y que aquél está en posibilidad de otorgarle la parte complementaria que requiera para sufragar sus gastos alimentarios. En ese caso, la carga de la prueba es para la acreedora, quien en consecuencia debe probar: a) Que lo que percibe es insuficiente para atender sus necesidades de alimentos; b) Que su consorte está en posibilidad de contribuir a proporcionárselos otorgándole una pensión equitativa en relación a sus ingresos. En el caso, la peticionaria no asumió su fatiga procesal, pues en ese aspecto, debió ofrecer medios de convicción como lo es el estudio socioeconómico que refiere, pues solamente la incidencia se delimitó a pedir la cancelación de la pensión que recibía, sin que ello abarcara al menor hijo delas partes, por lo que no existía en ese aspecto la obligación de recabar medios de prueba, pues ello en ese aspecto corre a cargo de las partes, por lo que no es dable que se debiere recabar oficiosamente el estudio que refiere la inconforme, pues el tema a debate se constriñó a determinar que ella ya tiene ingresos propios y por ello procedía cancelar la pensión de la cual venía gozando. En ese orden, la quejosa en parte de los conceptos de violación segundo y tercero, propone temas relacionados con el acervo probatorio y su valoración, a saber: En el tercer motivo de disenso, afirma que la responsable no valoró ni tomó en consideración las pruebas que ofreció en el incidente de cancelación de pensión alimenticia a las cuales no les dio valor alguno. Contrario a lo sostenido por la inconforme, la Sala refirió al caudal probatorio, tanto del allegado por ella como por el aportado por el hoy tercero interesado, estableció los alcances en cuanto al valor de las probanzas, por lo que no hay omisión en ese sentido y evidencia lo infundado de su alegación, pues ello lo hace depender del resultado desfavorable que a sus pretensiones llevó tal análisis. Respecto del valor que se dio a los medios de prueba estos se relacionaron precisamente con la litis incidental, constreñida a establecer la procedencia de la cancelación de la pensión; pues al efecto, se acreditó que la hoy inconforme ya tiene un ingreso, tema que se agotó en la instancia correspondiente, por lo que los medios de prueba se enderezaron a demostrar ese extremo y el hecho de que no se diera valor a las probanzas de la quejosa, se sustenta en el evento de que ya obtiene ingresos propios, por lo que éstas no pudieron destruir la acción incidental intentada. No pasa inadvertido para el suscrito, que la quejosa no combate la consideración toral que sustentó el acto reclamado en ese tópico y en el cual, la Sala responsable refirió al reconocimiento que hizo de las grabaciones y de las fotografías, consideración que por sí sola avala el sentido en que resolvió, pues la inconforme nada dice para controvertir ese reconocimiento que hizo de los medios de convicción aludidos que generaron la cancelación de la pensión que se le venía otorgando. Más aún, la quejosa no controvierte la aseveración de la Sala en la cual sostiene que no solamente ya tenía ingresos propios, sino además, que ya contaba con una nueva pareja, pues tales particularidades que rodearon a la quejosa, llevaron a la responsable a confirmar el fallo apelado. IX. DECISIÓN Al haberse desestimado los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que en el particular deba suplirse la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente fundado y motivado; además, ." SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no AMPARA ni PROTEGE a Claudia Vázquez Corona, contra el acto que reclamó de la Primera Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Notifíquese personalmente a las partes una vez que se normalicen las actividades de este juzgado de Distrito, ello con fundamento en el artículo 11, fracción I, del acuerdo general 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, en relación con los puntos 1, 2 y 3 de la circular SECNO/29/2020, emitida por la Secretaría Ejecutiva del Creación de Nuevos Órganos, pues no se trata de un asunto considerado como urgente, ni es de los substanciados bajo la modalidad de juicio en línea.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,550 expedientes
- Claudia Rocha Zavala461/2023
- Claudia Rossana Pérez Pascual77/2018
- Claudia Santiago Aguilar308/2023
- Claudia Selene Pérez Mar477/2015
- Claudia Soto González1329/2019
- Claudia Teresa García Márquez185/2023
- Claudia Veronica Sánchez Guzmán217/2023
- Claudio MArtinez Santos1385/2023
- Claus Klinckwort Irmscher115/2017
- Clementina Sondon Saavedra533/2013
- Clicerio González Mendoza386/2019
- Coastal Energy Solutions, PTE., LTD681/2021