Claudia Vanessa Muñoz Garcia

Expediente 33/2015 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 59 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
33/2015
Año
2015
Actuaciones
59
Última actuación
17/09/2021

Partes del expediente

  • Claudia Vanessa Muñoz Garcia
  • Claudia Vanessa Muñoz Garcia y Otros.
  • Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Titular de la Unidad Orgánica de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, Tijuana
  • Cinthia Guzman Ávalos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 59.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta, dígase a la autoridad exactora que continúa vigente la multa impuesta Cinthia Guzmán Avalos, el veintidós de septiembre de dos mil quince.

  2. Principal

    EN ATENCIÓN AL ESTADO DE AUTOS, Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, EN EL TÉRMINO INDICADO, DE LA DETERMINACIÓN QUE SE HIZO REFERENCIA EN EL AVISO DE FECHA DOS DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 29, DE LA LEY DE AMPARO, EL AUTO DE UNO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, MISMO QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia, que transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesada, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con los informes de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, rendidos por la autoridad responsable titular de la Unidad Orgánica de Delitos Sexuales y Violencia Familiar de esta ciudad, sin que la misma haya sido desahogada; en consecuencia, con apoyo en el segundo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar las constancias que obran en autos para determinar si dicho fallo se encuentra cumplido. El veinticinco de febrero de dos mil quince, este juzgado dictó sentencia, en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Cinthia Guzmán Ávalos, contra actos que reclamó de la autoridad responsable agente del Ministerio Público del Fuero Común, Titular de la Unidad Orgánica de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, en esta ciudad, para el efecto de que: "[.] deje insubsistente los acuerdos reclamados de quince y diecisiete de diciembre de dos mil catorce, dictados en la averiguación previa 1273/14/202/AP, y emita otros, en los que acuerde de conformidad la objeción planteada contra la documental privada consistente en estudio de psicodiagnóstico practicado por la psicóloga Gloria Berenice Rodríguez, a la menor ofendida Camila Zoe Quiñonez Guzmán; asimismo, admita las pruebas de inspección ocular, dictamen pericial en materia de psicología forense ofrecidas, y ordene su desahogo, conforme a las exigencia de ley; asimismo, admita la ampliación de declaración de la menor ofendida de referencia, observando para ello, el protocolo nacional e internacional en la materia, como lo son las Directrices sobre la justicia para los niños víctimas y testigos de delitos; medidas a tomar que deberá dejar asentadas en el propio acuerdo que emita de admisión. [.]" En veinte de marzo de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia, requiriendo su cumplimiento a la responsable, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo (foja 217 y 218). Ahora, mediante oficio 3565/15/202, y anexos agregados en determinación de veinticinco de marzo de dos mil quince, la autoridad responsable Titular de la Agencia Investigadora de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, de esta ciudad, dejó insubsistentes los acuerdos de quince y diecisiete de diciembre de dos mil catorce, en la indagatoria 1273/14/202/AP, de su índice; tuvo por objetada la documental consistente en el psicodiagnóstico practicado por la psicóloga Gloria Berenice Rodríguez; ordenó la práctica de la inspección ocular solicitada para que personal de su adscripción se constituyera en el domicilio señalado, para su desahogo en los términos ofrecidos; en relación a la ampliación de la declaración de la menor Camila Zoe Quiñonez Guzmán, ordenó citar al representante legal de la menor para que compareciera a la práctica de la ampliación de la declaración solicitada, y en relación al dictamen en psicología forense ordenó girar oficio al Jefe de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, a fin de designar perito en dicha materia para entrevistar y dictaminar a la menor Camila Zoe Quiñonez Guzmán (fojas 222 a 237). Sin embargo, se requirió a la responsable a fin de que remitiera las constancias conducentes en relación al desahogo de las pruebas antes precisadas. Así, por oficio 3789/15/202, la autoridad responsable titular de la agencia Investigadora de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, de esta ciudad, en auto de treinta de marzo de dos mil quince; remitió entre otros, copia certificada de la inspección ocular, y fe ministerial practicada el cinco de marzo de dos mil quince (foja 272); ampliación de declaración de la menor ofendida llevada a cabo el veinticinco de marzo de dos mil quince (foja 276); sin embargo, por auto de treinta de marzo de dos mil quince, se advirtió que en la diligencia de declaración de la menor, no se le dio intervención a la aquí quejosa, por lo que se requirió a la autoridad responsable, a fin de que diera cumplimiento en sus términos al fallo protector. Por comunicado 4109/15/202, informó a este juzgado las actuaciones que realizó, y argumentó que la participación de la quejosa en la diligencia de ampliación de declaración, no fue requerida, virtud a que pudiera generar perjuicios a la menor, por lo que a fin de evitar posibles afectaciones y que dicha diligencia no fuera traumatizante, motivó que la ampliación de la declaración de la menor Camila Zoe Quiñonez Guzmán, fuera sin la intervención de la promovente; y por lo que respecta a la pericial en psicología forense, informó que se encontraba imposibilitado a llevarla a cabo en atención que el representante legal, se opuso a que se llevara a cabo la misma; aunado que, hizo del conocimiento de este juzgado que consignó la indagatoria 1273/14/202/AP, de su índice el veintiséis de marzo de dos mil quince, al Juzgado Noveno Penal, de esta ciudad; requiriéndose a la responsable constancias con las cuales consignó la referida averiguación. Por lo anterior, mediante oficio 4219/15/202, (fojas 309 a 311), agregado en determinación de trece de abril de dos mil quince, la autoridad responsable allegó copia certificada de la constancia con la cual acredita la remisión de la indagatoria 1273/14/202/AP, de su índice, recibida por el Juzgado Noveno de lo Penal, de esta ciudad, motivo por el cual éste órgano jurisdiccional, no obstante los requerimientos realizados remitió los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, con residencia en Mexicali, para que diera trámite al incidente de inejecución de la sentencia concesoria, tocándole conocer de éste al Sexto Tribunal Colegiado de dicho Circuito, quedando registrado con número 6/2015, por lo que en sesión de catorce de mayo de dos mil quince, dicho órgano revisor determinó declarar sin materia el incidente planteado, virtud a que consideró que hasta dicho momento procesal, no quedaba evidenciada la conducta contumaz de la autoridad responsable, ordenando que este órgano jurisdiccional debía velar por que la responsable acatara enteramente la ejecutoria de amparo, por ello se requirió su cumplimiento el veintiocho de mayo siguiente (fojas 337 a 352). En ese orden de ideas, en dieciséis de junio de dos mil quince, la titular de la agencia Investigadora de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, de esta ciudad, hizo del conocimiento de este juzgado por oficio 6622/15/202, que el Juzgado Cuarto de lo Penal de esta ciudad, determinó negar la orden de aprehensión, en atención a que de las constancias remitidas no se advertía que la ejecutoria de amparo estuviera cumplida, por ello, y ante la incertidumbre probatoria en transgresión de la quejosa, se encontraba impedida de entrar al estudio del cuerpo del delito de omisión de cuidado (foja 372 a 374). Por ende, en relación al dictamen pericial en materia de psicología forense, ordenó la citación del representante legal de la menor, a fin de que procediera a la valoración psicológica y ampliación de la declaración de la misma, requiriéndose la presencia de personal adscrito a la Coordinación de Atención a Víctimas del delito, para que estuvieran presentes en las diligencias; y ordenó la citación de la quejosa para que se notificara de las diligencias a desarrollar (foja 373). Sin embargo, este juzgado requirió a la responsable para que llevara a cabo el desahogo de dichas probanzas observando el protocolo nacional e internacional en la materia, como lo son las Directrices sobre la justicia para los niños víctimas y testigos de delitos (foja 378). Previos requerimientos esgrimidos por parte de este juzgado para que la autoridad responsable cumpliera cabalmente con la ejecutoria de amparo, así como con la incomparecencia de la quejosa y del perito Ernesto Moreno Almaraz designado por esta, para llevar a cabo la ampliación de la declaración; se dio vista al superior jerárquico de la responsable y se multó a la solicitante del amparo por sus inasistencias a las diligencias ordenadas por el representante social. De ahí que, el seis de noviembre de dos mil quince, se desahogó parcialmente la diligencia de ampliación de declaración de la menor ofendida, ante la presencia de la Agente del Ministerio Público responsable, Secretario de Acuerdos de dicha adscripción, la menor ofendida Camila Zoe Quiñonez Guzmán, su representante legal; la psicóloga de la menor, Alba Moreno Grijalva; Juan Manuel Palacios Osuna como coadyuvante; la Coordinadora del Área de Atención a Víctimas del Delito y Testigos, y el psicólogo adscrito a la misma área; la perito adscrita a la Jefatura de Servicios Periciales; Cinthia Guzmán Ávalos, con los abogados Ari Alberto Morales Alfaro y José Luis García Aguilar; y el psicólogo ofrecido por la quejosa Ernesto Moreno Almaraz (fojas 632 a 641). Asimismo, el catorce de enero de dos mil dieciséis, se continuó con la ampliación de la declaración del menor ante el representante social (fojas 744 a 748). Finalmente, el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el dictamen pericial en materia de psicología rendido por el licenciado Ernesto Moreno Almaraz, perito ofrecido por la quejosa, (fojas 769 a 775), el cual fue debidamente ratificado en esa misma fecha. (776 y 777) Razón por la cual el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, con las documentales allegadas por la responsable a las cuales se les otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; toda vez que fueron expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones; ordenándose con ellas, dar vista a la quejosa, quien no realizó manifestación alguna. Ahora bien, este órgano de amparo procede a verificar si ha de declararse cumplida la resolución de amparo, para ello es menester relacionar y ponderar los efectos de la ejecutoria de amparo y la actuación por parte de la responsable, para mejor ilustración del análisis en comento, se relacionan inicialmente los efectos del amparo: Dejar insubsistente los acuerdos reclamados de quince y diecisiete de diciembre de dos mil catorce, dictados en la averiguación previa 1273/14/202/AP. Acuerde de conformidad la objeción planteada contra la documental privada consistente en estudio de psicodiagnóstico practicado por la psicóloga Gloria Berenice Rodríguez, a la menor ofendida Camila Zoe Quiñonez Guzmán. Admita las pruebas de inspección ocular, dictamen pericial en materia de psicología forense ofrecidas, y ordene su desahogo, conforme a las exigencias de ley. Admita la ampliación de declaración de la menor ofendida de referencia, observando para ello, el protocolo nacional e internacional en la materia, como lo son las Directrices sobre la justicia para los niños víctimas y testigos de delitos. Así, del examen de las documentales descritas se desprende que la autoridad responsable titular de la Unidad Orgánica de Delitos Sexuales y Violencia Familiar de esta ciudad, dió cumplimiento a la sentencia de amparo, a virtud de que realizó lo siguiente: En tres de marzo de dos mil quince, dejó insubsistentes los acuerdos de quince y diecisiete de diciembre de dos mil catorce, emitidos en la indagatoria 1273/14/202/AP, de su índice. En esa misma fecha se le tuvo por objetada la documental privada consistente en el estudio de psicodiagnóstico practicado por la psicóloga Gloria Berenice Rodríguez, a la menor ofendida Camila Zoe Quiñónez Guzmán. Ordenó el desahogo de la prueba de inspección ocular, la cual se llevó a cabo el cinco de marzo de dos mil quince, en la que se hizo constar la imposibilidad de diligenciarse en sus términos. Ordenó las diligencias pertinentes a fin de que se llevara a cabo el dictamen pericial en materia de psicología forense ofrecido por la quejosa, el cual se tuvo por recibido ante dicha autoridad responsable el diecisiete de febrero del año en curso, el cual fue ratificado en esa misma fecha. Admitió y ordenó el desahogo de la ampliación de declaración a cargo de la menor ofendida Camila Zoe Quiñónez Guzmán, observando con ello el Protocolo Nacional e Internacional en la Materia, como lo son las Directrices sobre la justicia para los niños, victimas, y testigos de delitos, asentando dicha circuntancia en el acuerdo respectivo, misma que se realizó el seis de noviembre de dos mil quince y catorce de enero de dos mil dieciséis. Luego, con ello la autoridad responsable cumplió con el fallo protector, bajo los líneamientos que para tal efecto se concedió la sentencia, motivo por el cual se concluye que lo procedente en el caso es declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado debidamente cumplido. No obsta lo anterior, la manifestación de la parte quejosa expuesta en el escrito presentado en veintinueve de enero del año en curso, relativa a que no se había desahogado la inspección ocular ofertada, ello, ya que de la diligencia de cinco de marzo de dos mil quince, se desprende la imposibilidad material de la autoridad responsable para llevar a cabo el desahogo de la misma, al encontrarse vacío el domicilio en el cual se practicaría, circunstancia ajena a la autoridad responsable, de ahí que la encomienda a ésta en el fallo protector, se ve satisfecha, respecto de la referida probanza ofertada por la quejosa. Asi, ya que en la especie, no existen diligencias pendientes por desahogar, documentos originales que devolver, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo definitivo del presente asunto, en terminos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente. En otro aspecto, de conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de referencia, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, por virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente. En cumplimiento al capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, que establece que el cuaderno principal en este juicio, es susceptible de depuración, al encuadrar en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo, por haberse concedido el amparo y protección de la justicia federal; por tanto, previa anotación en el libro de gobierno y ficha de datos que se coloque en la carátula del presente asunto; se señala como fecha probable para su depuración el cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Asimismo, se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción III, segundo párrafo del artículo Vigésimo Primero del mismo acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto, el cuatro de marzo de dos mil veintiuno; debiéndose conservar únicamente el acuerdo de veintinueve de enero de dos mil quince, y la interlocutoria de nueve de febrero de dos mil quince, por las cuales se concedió la suspensión. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, y en cumplimiento también del referido Acuerdo General, se establece que éste es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto por el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo complementario citado en el párrafo que antecede; lo anterior, desde el doce de agosto de dos mil quince, por lo tanto, toda vez que ha transcurrido el plazo de seis meses que establece el punto aludido, se precisa que ya es destruible...". LO ANTERIOR, POR NO HABER ACUDIDO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, NO OBSTANTE HABER SIDO CITADO LEGALMENTE PARA TAL EFECTO.

  3. Principal

    Glósese a los autos el oficio 1297/16/202, que signa la titular de la Unidad Orgánica de Delitos Sexuales y Violencia Familiar de esta ciudad, y atento a su contenido, téngasele informando los actos tendentes a dar cumplimiento a la sentencia de amparo; pues refiere que giró citatorio 1291/16/202, al perito en materia de psicología Ernesto Moreno Almaraz, designado por la indiciada, aquí quejosa, con la finalidad de que emita el dictamen respectivo en materia de psicología forense, ante las instalaciones de la autoridad responsable, el doce de febrero de dos mil dieciséis, a las diez horas; y para acreditarlo, remitió copia certificada de dicha actuación. En ese sentido, requiérase a la parte quejosa Cinthia Guzmán Ávalos, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que el especialista en comento, mismo que designó con motivo de la prueba pericial en materia de psicología forense ofrecida en la indagatoria 1273/14/AP, del índice de la responsable de cuenta, exhiba su opinión experta relativa a la prueba en comento, ante el titular de la Unidad Orgánica de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, con residencia en esta ciudad, a la brevedad o en su caso, en la fecha requerida por la responsable; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cien días, en términos de los artículos 236, 237, y 259, de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, del que se advierte que no obra copia certificada del dictamen en materia de psicología forense a cargo del experto ofrecido por la parte quejosa Cinthia Guzmán Ávalos; en consecuencia, requiérase a la autoridad responsable titular de la Unidad Orgánica de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, con residencia en esta ciudad, para que en el término de tres días, contado a partir del en que le surta efectos la notificación correspondiente, remita a este juzgado copia certificada del dictamen emitido por el psicólogo designado por la aquí parte quejosa Cinthia Guzmán Ávalos, en la indagatoria 1273/14/202/AP, de su índice; en el entendido que de no hacerlo, o bien, de no informar el impedimento legal que tengan para ello, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, para seguir el trámite de inejecución; misma que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación; además, se le impondrá una multa de cien días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

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