Claudia Tellez Bonilla
Expediente 1731/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 110 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1731/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 110
- Última actuación
- 20/05/2022
Partes del expediente
- Claudia Tellez Bonilla
- Secretaria de Seguridad Publica del Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 110.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformó contra el auto de ocho de abril del año en curso, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; por ende, el proveído de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. En consecuencia, como no existe más por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir el expediente en que se actúa al archivo de este juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal (artículo 18, fracción I, inciso b del acuerdo en cita). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración pues se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados (artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General). 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, (artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención). 4. A consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 18 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, trascurrido dicho término se procederá a la depuración, para posteriormente remitirse al Centro archivístico respectivo. Una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará físicamente al archivo. Previo a que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; ocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, evidencian que feneció el plazo de tres días concedido a la quejosa Claudia Téllez Bonilla, para que realizara las manifestaciones que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y toda vez que no desahogó dicha vista, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinticinco de marzo del año en curso, procediéndose a valorar si el fallo protector se encuentra cumplido, acorde con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, materia Común, con número de registro 192174, titulada: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Expuesto lo anterior, es menester precisar que mediante sentencia de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, se resolvió el asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a por Claudia Téllez Bonilla contra el acto y autoridad señalados en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia." Inconforme con dicha determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión, el cual por cuestión de turno tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mismo que mediante ejecutoria dictada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, determinó: "PRIMERO. Se revoca la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 1731/2018, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Claudia Téllez Bonilla contra los actos dictados dentro del procedimiento administrativo de separación SS/CHJ/PS/071/2017, tramitado ante la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, para los efectos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria." La Superioridad concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para que las responsables realizaran lo siguiente: "a) El pago de la indemnización consistente en tres meses de sueldo y veinte días por cada año de servicio y demás prestaciones a que la quejosa tenga derecho, en el entendido de que éstas son las remuneraciones diarias ordinarias, beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones, o cualquier otro concepto que dejó de percibir por la prestación de sus servicios, las cuales se deben computar por un periodo máximo de doce meses posteriores al quince de enero de dos mil dieciocho, momento en que se concretó la separación en el expediente SS/CHJ/PS/071/2017, de acuerdo a lo previsto en el artículo 181, párrafo segundo, de la Ley de Seguridad del Estado de México. b) La anotación en el expediente personal de la servidora pública, así como el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que ésta fue separada de manera injustificada." En ese orden, mediante auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se requirió el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto a las autoridades responsables. Luego, mediante oficio recibido en este juzgado Federal el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Director de Procedimientos y Defensa Jurídica de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México, en representación de las autoridades responsables, realizó diversas manifestaciones en relación a la ejecutoria de amparo, en el sentido de que la resolución del expediente SS/CHJ/PS/071/2017, no se notificó a la quejosa, y por tanto, la misma no surtió efectos, razón por la cual consideraba que no correspondía pago alguno a la quejosa. No obstante ello, este órgano jurisdiccional determinó que como se había establecido en el diverso auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, la falta de notificación que aducía la autoridad responsable, no era razón de imposibilidad jurídica ni material para dar cumplimiento, no obstante ello y toda vez que de la ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, se advierte que la protección constitucional se otorgó, entre otras cosas, para que se realizara a la quejosa el pago de la indemnización consistente en tres meses de sueldo y veinte días por cada año de servicio y demás prestaciones a que la quejosa tenga derecho, las cuales se deben computar por un periodo máximo de doce meses posteriores al quince de enero de dos mil dieciocho, momento en que se concretó la separación en el expediente SS/CHJ/PS/071/2017, de acuerdo a lo previsto en el artículo 181, párrafo segundo, de la Ley de Seguridad del Estado de México. Con fundamento en los artículos 193 con relación a los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, se ordenó la apertura del incidente innominado a efecto de precisar las cantidades que se debían pagar a la quejosa. Substanciado el procedimiento en el referido incidente, el dos de septiembre de dos mil veintiuno, se emitió la interlocutoria correspondiente, en la que se estableció la cantidad a pagar a la quejosa Claudia Tellez Bonilla, siendo la de $108,693.34 (ciento ocho mil seiscientos noventa y tres pesos 34/100, moneda nacional), por los conceptos de indemnización y demás prestaciones a que tenía derecho, en cumplimiento al fallo protector. Por lo que una vez que adquirió firmeza dicha determinación, por auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos precisados en el incidente innominado tramitado. En atención a ello, mediante oficios signados por el Director de Procedimientos y Defensa Jurídica de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México, en representación de las autoridades responsables, informó que la quejosa firmó el recibo para el trámite de pago, por lo que dicho documento se enviaría para la autorización correspondiente a la Dirección de Remuneraciones al Personal, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. De igual manera, por oficio signado por la Directora de lo Contencioso en suplencia por ausencia del Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, y éste en representación de la Dirección General de Personal y de la Dirección de Remuneraciones al Personal, ambas de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, comunicó que el recibo para trámite de pagos a nombre de la quejosa, con número de folio 411 le fue entregado a la Secretaría de Seguridad del Estado de México, para que continuara con el trámite correspondiente, asimismo remitió copias certificadas de las constancias con las que acreditó lo anterior. De igual forma, por comunicado 20600005010000S/UAJIG/DPDJ/0652/2022 de veintiocho de enero de dos mil veintidós, el Director de Procedimientos y Defensa Jurídica de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México, remitió copia del diverso oficio en donde el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, refirió que una vez que se libere la partida presupuestal 2022 se realizaría de manera inmediata el trámite de pago a la quejosa Claudia Téllez Bonilla, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Asimismo, mediante oficio 20600005010000S/UAJIG/DPDJ/1543/2022 de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, el Director de Procedimientos y Defensa de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género de la Secretaria del Gobierno del Estado de México, informó que la parte quejosa se presentó en las instalaciones de la autoridad responsable con la finalidad de recibir el contra recibo original por la cantidad de $108,693.34 (ciento ocho mil seiscientos noventa y tres pesos 34/100, moneda nacional). No obstante ello, por auto de quince de marzo de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional determinó que existía defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues si bien, de las constancia remitidas por el representante legal de las autoridades responsables, se advertía que realizaron el pago a la quejosa de la cantidad de $108,693.34 (ciento ocho mil seiscientos noventa y tres pesos 34/100, moneda nacional), por los conceptos de indemnización y demás prestaciones a que tenía derecho, en cumplimiento al fallo protector, no menos cierto es que, no remitieron las constancias de las que se advierta que realizaron la anotación en el expediente personal de la servidora pública, así como el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que ésta fue separada de manera injustificada. En consecuencia, se requirió nuevamente a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días contados legalmente, acreditaran ante este órgano jurisdiccional el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, remitieran las constancias de las que se advierta que realizaron la anotación en el expediente personal de la servidora pública, así como el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que ésta fue separada de manera injustificada. En cumplimiento a dicha determinación, por oficios recibidos en este juzgado de Distrito el veinticuatro y veinticinco de marzo del presente año, el Director de Procedimientos y Defensa Jurídica de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México, informó el cumplimiento al fallo protector, y remitió copias certificadas de los diversos del Jefe del Departamento de Registro de Personal y Control Asistencial y del Director de Tecnología y Registros, ambos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en donde el primero de los nombrados, comunicó que se dejó constancia de la anotación en el expediente personal de Claudia Téllez Bonilla, de que ésta fue separada de manera injustificada, y el segundo de ellos, manifestó que la aquí quejosa no cuenta con inscripción de sanción alguna en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, y para acreditar su dicho, remitió copia de la hoja de servicio, situación actual, fechada el veintidós de marzo pasado. Así, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, pues las responsables realizaron el pago a la quejosa de la cantidad de $108,693.34 (ciento ocho mil seiscientos noventa y tres pesos 34/100, moneda nacional), por los conceptos de indemnización y demás prestaciones a que tenía derecho, y procedieron a la anotación en el expediente personal de la servidora pública, así como el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, de que ésta fue separada de manera injustificada. Con lo cual se colige, se acataron los lineamientos del fallo protector, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo. En tales circunstancias, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo en términos del artículo 196 de la ley de la materia. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, del rubro: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Se hace del conocimiento de la quejosa, que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA II CITATORIO QUEJOSA SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEIDO DE OCHO DE ABRIL DE ESTE AÑO Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, evidencian que feneció el plazo de tres días concedido a la quejosa Claudia Téllez Bonilla, para que realizara las manifestaciones que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y toda vez que no desahogó dicha vista, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinticinco de marzo del año en curso, procediéndose a valorar si el fallo protector se encuentra cumplido, acorde con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, materia Común, con número de registro 192174, titulada: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Expuesto lo anterior, es menester precisar que mediante sentencia de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, se resolvió el asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a por Claudia Téllez Bonilla contra el acto y autoridad señalados en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia." Inconforme con dicha determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión, el cual por cuestión de turno tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mismo que mediante ejecutoria dictada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, determinó: "PRIMERO. Se revoca la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 1731/2018, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Claudia Téllez Bonilla contra los actos dictados dentro del procedimiento administrativo de separación SS/CHJ/PS/071/2017, tramitado ante la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, para los efectos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria." La Superioridad concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para que las responsables realizaran lo siguiente: "a) El pago de la indemnización consistente en tres meses de sueldo y veinte días por cada año de servicio y demás prestaciones a que la quejosa tenga derecho, en el entendido de que éstas son las remuneraciones diarias ordinarias, beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones, o cualquier otro concepto que dejó de percibir por la prestación de sus servicios, las cuales se deben computar por un periodo máximo de doce meses posteriores al quince de enero de dos mil dieciocho, momento en que se concretó la separación en el expediente SS/CHJ/PS/071/2017, de acuerdo a lo previsto en el artículo 181, párrafo segundo, de la Ley de Seguridad del Estado de México. b) La anotación en el expediente personal de la servidora pública, así como el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que ésta fue separada de manera injustificada." En ese orden, mediante auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se requirió el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto a las autoridades responsables. Luego, mediante oficio recibido en este juzgado Federal el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Director de Procedimientos y Defensa Jurídica de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México, en representación de las autoridades responsables, realizó diversas manifestaciones en relación a la ejecutoria de amparo, en el sentido de que la resolución del expediente SS/CHJ/PS/071/2017, no se notificó a la quejosa, y por tanto, la misma no surtió efectos, razón por la cual consideraba que no correspondía pago alguno a la quejosa. No obstante ello, este órgano jurisdiccional determinó que como se había establecido en el diverso auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, la falta de notificación que aducía la autoridad responsable, no era razón de imposibilidad jurídica ni material para dar cumplimiento, no obstante ello y toda vez que de la ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, se advierte que la protección constitucional se otorgó, entre otras cosas, para que se realizara a la quejosa el pago de la indemnización consistente en tres meses de sueldo y veinte días por cada año de servicio y demás prestaciones a que la quejosa tenga derecho, las cuales se deben computar por un periodo máximo de doce meses posteriores al quince de enero de dos mil dieciocho, momento en que se concretó la separación en el expediente SS/CHJ/PS/071/2017, de acuerdo a lo previsto en el artículo 181, párrafo segundo, de la Ley de Seguridad del Estado de México. Con fundamento en los artículos 193 con relación a los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, se ordenó la apertura del incidente innominado a efecto de precisar las cantidades que se debían pagar a la quejosa. Substanciado el procedimiento en el referido incidente, el dos de septiembre de dos mil veintiuno, se emitió la interlocutoria correspondiente, en la que se estableció la cantidad a pagar a la quejosa Claudia Tellez Bonilla, siendo la de $108,693.34 (ciento ocho mil seiscientos noventa y tres pesos 34/100, moneda nacional), por los conceptos de indemnización y demás prestaciones a que tenía derecho, en cumplimiento al fallo protector. Por lo que una vez que adquirió firmeza dicha determinación, por auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos precisados en el incidente innominado tramitado. En atención a ello, mediante oficios signados por el Director de Procedimientos y Defensa Jurídica de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México, en representación de las autoridades responsables, informó que la quejosa firmó el recibo para el trámite de pago, por lo que dicho documento se enviaría para la autorización correspondiente a la Dirección de Remuneraciones al Personal, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. De igual manera, por oficio signado por la Directora de lo Contencioso en suplencia por ausencia del Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, y éste en representación de la Dirección General de Personal y de la Dirección de Remuneraciones al Personal, ambas de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, comunicó que el recibo para trámite de pagos a nombre de la quejosa, con número de folio 411 le fue entregado a la Secretaría de Seguridad del Estado de México, para que continuara con el trámite correspondiente, asimismo remitió copias certificadas de las constancias con las que acreditó lo anterior. De igual forma, por comunicado 20600005010000S/UAJIG/DPDJ/0652/2022 de veintiocho de enero de dos mil veintidós, el Director de Procedimientos y Defensa Jurídica de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México, remitió copia del diverso oficio en donde el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, refirió que una vez que se libere la partida presupuestal 2022 se realizaría de manera inmediata el trámite de pago a la quejosa Claudia Téllez Bonilla, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Asimismo, mediante oficio 20600005010000S/UAJIG/DPDJ/1543/2022 de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, el Director de Procedimientos y Defensa de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género de la Secretaria del Gobierno del Estado de México, informó que la parte quejosa se presentó en las instalaciones de la autoridad responsable con la finalidad de recibir el contra recibo original por la cantidad de $108,693.34 (ciento ocho mil seiscientos noventa y tres pesos 34/100, moneda nacional). No obstante ello, por auto de quince de marzo de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional determinó que existía defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues si bien, de las constancia remitidas por el representante legal de las autoridades responsables, se advertía que realizaron el pago a la quejosa de la cantidad de $108,693.34 (ciento ocho mil seiscientos noventa y tres pesos 34/100, moneda nacional), por los conceptos de indemnización y demás prestaciones a que tenía derecho, en cumplimiento al fallo protector, no menos cierto es que, no remitieron las constancias de las que se advierta que realizaron la anotación en el expediente personal de la servidora pública, así como el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que ésta fue separada de manera injustificada. En consecuencia, se requirió nuevamente a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días contados legalmente, acreditaran ante este órgano jurisdiccional el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, remitieran las constancias de las que se advierta que realizaron la anotación en el expediente personal de la servidora pública, así como el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que ésta fue separada de manera injustificada. En cumplimiento a dicha determinación, por oficios recibidos en este juzgado de Distrito el veinticuatro y veinticinco de marzo del presente año, el Director de Procedimientos y Defensa Jurídica de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México, informó el cumplimiento al fallo protector, y remitió copias certificadas de los diversos del Jefe del Departamento de Registro de Personal y Control Asistencial y del Director de Tecnología y Registros, ambos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en donde el primero de los nombrados, comunicó que se dejó constancia de la anotación en el expediente personal de Claudia Téllez Bonilla, de que ésta fue separada de manera injustificada, y el segundo de ellos, manifestó que la aquí quejosa no cuenta con inscripción de sanción alguna en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, y para acreditar su dicho, remitió copia de la hoja de servicio, situación actual, fechada el veintidós de marzo pasado. Así, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, pues las responsables realizaron el pago a la quejosa de la cantidad de $108,693.34 (ciento ocho mil seiscientos noventa y tres pesos 34/100, moneda nacional), por los conceptos de indemnización y demás prestaciones a que tenía derecho, y procedieron a la anotación en el expediente personal de la servidora pública, así como el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, de que ésta fue separada de manera injustificada. Con lo cual se colige, se acataron los lineamientos del fallo protector, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo. En tales circunstancias, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo en términos del artículo 196 de la ley de la materia. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, del rubro: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Se hace del conocimiento de la quejosa, que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguense para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y al físico una vez que las labores del juzgado lo permitan, los oficios de cuenta signados por el Director de Procedimientos y Defensa Jurídica de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México, por medio de los cuales comunican las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y remite copias de las constancias con las que pretende acreditar su dicho. Por tanto, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo adjunto, dése vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días legalmente computados, manifieste lo que a su derecho convenga, en el entendido de que desahogue o no dicha vista, este juzgado se pronunciará sobre si la ejecutoria está cumplida o no, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 917781, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
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