Claudia Selena Baldenegro Martínez

Expediente 855/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
855/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
20/12/2019

Partes del expediente

  • Claudia Selena Baldenegro Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron el auto de veintiocho de noviembre del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo.

  2. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese la comunicación que remite el Actuario adscrito a la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, al que anexa copia certificada del proveído de veintiuno de noviembre actual, en el que la aludida Sala tuvo cumplida la sentencia dictada en el juicio de nulidad 1344/2016-IV y ordenó el archivo de ese expediente como asunto total y definitivamente concluido. Al respecto, de las actuaciones se advierte que la parte quejosa reclamó la abstención de la Sala responsable de adoptar las medidas necesarias para ejecutar la sentencia dictada en el referido juicio de nulidad. En ese sentido, de las constancias que remitió el fedatario adscrito a la autoridad responsable se advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo por cesación de los efectos del acto reclamado, la cual se configura cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica y patrimonial. Esto, pues como se dijo, la quejosa acudió a esta instancia constitucional a fin de reclamar la abstención de la Sala responsable de adoptar las medidas necesarias para ejecutar la sentencia dictada en el juicio de nulidad 1344/2016-IV. Sin embargo, en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud que como se advierte de las documentales remitidas por el Actuario adscrito a la autoridad responsable, el veintiuno de noviembre actual emitió un proveído en el que tuvo cumplida la sentencia dictada en el juicio de nulidad 1344/2016-IV y ordenó el archivo de ese expediente como asunto total y definitivamente concluido; lo anterior, en razón del informe de cumplimiento de sentencia presentado por la autoridad demandada en el juicio de origen, así como que el trece del referido mes y año, se le entregó a la actora el cheque consignado, por concepto de bono de pensión con sus respectivos intereses. En mérito de lo anterior, en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que la omisión impugnada ha dejado de existir. Consecuentemente, el juicio de garantías es improcedente en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que obliga a decretar el sobreseimiento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento en consulta. No es obstáculo para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, pues es de tal manera clara y evidente la causa de improcedencia que conduce al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a.J, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 386 y 387, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Cabe destacar que la jurisprudencia 1ª/J 49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 49, diciembre de 2017, tomo I, página 386, establece: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ése es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No pasa inadvertido el criterio de jurisprudencia invocado, pero no resulta aplicable al caso concreto porque si bien estableció que por regla general la negativa del acto reclamado no constituye causa notoria, manifiesta e indudable para decretar sobreseimiento fuera de audiencia, se refiere a los actos en que la negativa le arroja la carga procesal a la parte quejosa para comprobar la existencia del acto reclamado. Sin embargo, en el presente asunto el sobreseimiento no deriva de acto negativo simple que arroje la carga de la prueba a la peticionaria de amparo para comprobar la existencia del acto reclamado, sino se actualiza a partir de acto positivo (acuerdo en que se tuvo cumplida la sentencia y se ordenó el archivo del expediente, de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve), que pone de manifiesto que la autoridad responsable, con fecha posterior a la de la admisión de la demanda de garantías, se pronunció en torno al cumplimiento de la sentencia por parte de la autoridad demandada en el juicio de origen. En consecuencia, no es aplicable la jurisprudencia ya que la causa de sobreseimiento deriva de la emisión del referido acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve que demuestra que posterior a la fecha de la admisión de la demanda de garantías, la responsable tuvo cumplida la sentencia y ordenó el archivo del expediente de origen, lo que hace innecesario esperar la celebración de la audiencia constitucional si esa actuación no cambiará, de ahí el sobreseimiento fuera de audiencia decretado. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del trece de diciembre de dos mil diecinueve. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.Así lo acordó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido del licenciado José Manuel Íñiguez Ramos, Secretario que autoriza y da fe.Agréguese la comunicación que remite el Actuario adscrito a la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, al que anexa copia certificada del proveído de veintiuno de noviembre actual, en el que la aludida Sala tuvo cumplida la sentencia dictada en el juicio de nulidad 1344/2016-IV y ordenó el archivo de ese expediente como asunto total y definitivamente concluido. Al respecto, de las actuaciones se advierte que la parte quejosa reclamó la abstención de la Sala responsable de adoptar las medidas necesarias para ejecutar la sentencia dictada en el referido juicio de nulidad. En ese sentido, de las constancias que remitió el fedatario adscrito a la autoridad responsable se advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo por cesación de los efectos del acto reclamado, la cual se configura cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica y patrimonial. Esto, pues como se dijo, la quejosa acudió a esta instancia constitucional a fin de reclamar la abstención de la Sala responsable de adoptar las medidas necesarias para ejecutar la sentencia dictada en el juicio de nulidad 1344/2016-IV. Sin embargo, en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud que como se advierte de las documentales remitidas por el Actuario adscrito a la autoridad responsable, el veintiuno de noviembre actual emitió un proveído en el que tuvo cumplida la sentencia dictada en el juicio de nulidad 1344/2016-IV y ordenó el archivo de ese expediente como asunto total y definitivamente concluido; lo anterior, en razón del informe de cumplimiento de sentencia presentado por la autoridad demandada en el juicio de origen, así como que el trece del referido mes y año, se le entregó a la actora el cheque consignado, por concepto de bono de pensión con sus respectivos intereses. En mérito de lo anterior, en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que la omisión impugnada ha dejado de existir. Consecuentemente, el juicio de garantías es improcedente en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que obliga a decretar el sobreseimiento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento en consulta. No es obstáculo para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, pues es de tal manera clara y evidente la causa de improcedencia que conduce al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a.J, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 386 y 387, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Cabe destacar que la jurisprudencia 1ª/J 49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 49, diciembre de 2017, tomo I, página 386, establece: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ése es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No pasa inadvertido el criterio de jurisprudencia invocado, pero no resulta aplicable al caso concreto porque si bien estableció que por regla general la negativa del acto reclamado no constituye causa notoria, manifiesta e indudable para decretar sobreseimiento fuera de audiencia, se refiere a los actos en que la negativa le arroja la carga procesal a la parte quejosa para comprobar la existencia del acto reclamado. Sin embargo, en el presente asunto el sobreseimiento no deriva de acto negativo simple que arroje la carga de la prueba a la peticionaria de amparo para comprobar la existencia del acto reclamado, sino se actualiza a partir de acto positivo (acuerdo en que se tuvo cumplida la sentencia y se ordenó el archivo del expediente, de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve), que pone de manifiesto que la autoridad responsable, con fecha posterior a la de la admisión de la demanda de garantías, se pronunció en torno al cumplimiento de la sentencia por parte de la autoridad demandada en el juicio de origen. En consecuencia, no es aplicable la jurisprudencia ya que la causa de sobreseimiento deriva de la emisión del referido acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve que demuestra que posterior a la fecha de la admisión de la demanda de garantías, la responsable tuvo cumplida la sentencia y ordenó el archivo del expediente de origen, lo que hace innecesario esperar la celebración de la audiencia constitucional si esa actuación no cambiará, de ahí el sobreseimiento fuera de audiencia decretado. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del trece de diciembre de dos mil diecinueve.

  3. Principal

    Culiacán, Sinaloa, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede de la cual se desprende que en el presente juicio de amparo, se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional. Sin embargo, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que le puede revestir el carácter de autoridad responsable al Actuario adscrito a la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, virtud que la quejosa hace referencia a la tardanza en la notificación de los acuerdos a las partes. Por tanto, requiérase a la quejosa para que en el término de quince días, manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable a la autoridad citada en el párrafo que antecede, con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo concedido, se continuará con el trámite de este juicio en la forma planteada en el escrito inicial de demanda de amparo. En el entendido que, en caso de manifestar su conformidad con lo anterior, dicha ampliación de demanda deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 108, de la Ley de Amparo, para el trámite correspondiente. En virtud de lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las once horas con diez minutos del trece de diciembre del año en curso, para su celebración. Por otra parte, de autos se advierte que el trece de noviembre actual se agregó el oficio signado por el Actuario de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remitió copia certificada del auto de veintidós de octubre del año en curso, dictado en el expediente 1344/2016-IV, del índice de dicha Sala, por el que informó que dio vista a la parte actora por el término de tres días con los escritos, oficios, anexos y cheque que allegaron las autoridades Director Jurídico del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, Director de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno y Visitador General de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para que manifestara lo que a su derecho corresponda; asimismo, se corrió traslado a la parte actora con dichas constancias. Luego, toda vez que en el presente juicio uno de los actos reclamados lo es la abstención de la responsable de adoptar las medidas necesarias para ejecutar la sentencia dictada en el juicio de nulidad 1344/2016-4. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que tenga conocimiento del presente proveído, informe si la parte actora en el juicio de origen hizo manifestación alguna respecto a la vista otorgada en proveído de veintidós de octubre del año en curso; asimismo, si declaró cumplida la sentencia dictada en el expediente 1344/2016-IV, y en su caso, remita copia certificada de las constancias respectivas. Se le apercibe que de no hacerlo se le aplicará multa de cincuenta unidades de medida y actualización, lo anterior, en términos del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del auto de veintidós de octubre del año en curso, dictado en el expediente 1344/2016-IV, del índice de dicha Sala, por el que informa que dio vista a la parte actora por el término de tres días con los escritos, oficios, anexos y cheque que allegaron las autoridades Director Jurídico del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, Director de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno y Visitador General de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para que manifestar lo que a su derecho corresponda; asimismo, se corrió traslado a la parte actora con dichas constancias,

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